I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO RECAE SOBRE EL SÍNDICO, PERO EL CONFLICTO QUE DIO ORIGEN A AQUÉLLA ES ENTRE ÉSTE Y ALGÚN INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO, DEBE RECONOCERSE LEGITIMACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO CUANDO NO SE ACREDITA LA AUSENCIA DEL SÍNDICO (ARTÍCULO 68, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE LA INVALIDEZ DE LA SESIÓN DE CABILDO EN LA QUE SE LE DESIGNÓ COMO SU REPRESENTANTE (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 58/2018. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO, ESTADO DE OAXACA. 9 DE AGOSTO DE 2018.CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de agosto de dos mil dieciocho.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación y contenido de la demanda. Por escrito recibido el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo García Ríos, quien se ostentó como Presidente Municipal del Ayuntamiento de San José Tenango Oaxaca, promovió controversia constitucional para demandar la invalidez de los actos se mencionan a continuación:
"(...)
IV.- NORMA GENERAL O ACTOS CUYAS INVALIDEZ SE DEMANDA.-
• Del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca:
1. La suspensión total de la entrega de recursos económicos que legalmente le corresponden al municipio actor, de suspender los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden a mi representada correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados al Municipio actor, a partir de la primera quincena del mes de febrero de dos mil dieciocho, y todos aquellos que la Secretaría siga reteniendo a la presente resolución.
2. La negativa de entregar los recursos de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados a mi representada, por conducto del Presidente Municipal quien se encuentra facultado por la Ley Orgánica en términos del artículo 68, fracción XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
3. El desconocimiento de la debida designación del Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San José Tenango, Oaxaca, que realiza la Secretaría de Finanzas referida.
4. La devolución de los enteros mensuales que le corresponden al Municipio actor correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados al Municipio actor, asimismo se solicita que se obligue a la autoridad responsable restituir con sus intereses legales los recursos económicos retenidos y los que sigan reteniendo.
SEGUNDO. Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez siguientes:
"(...)
Como premisa inicial, cabe señalar que todos los actos reclamados adolecen de fundamentación y motivación, además de que pretenden realizarse sin respetar los procedimientos previamente establecidos, violando las garantías de audiencia, defensa y legalidad.
En el caso, las determinaciones de la autoridad responsable, de ordenar suspender totalmente los recursos financieros al Municipio de San José Tenango, Oaxaca, y la negativa de entregar los recursos económicos, así como el desconocimiento expreso del Tesorero Municipal; contraviene las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que dichos actos no tienen sustento en un procedimiento legal que garantizase la debida defensa del ente afectado.
Así, las determinaciones que adopta la autoridad señaladas como responsable, son contrarias a lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, inciso b) y c), último párrafo de la Constitución Federal y sus correlativos del ordenamiento local; artículo 113, tercer párrafo, fracción II, incisos b) y c), último párrafo, en virtud de que dichas normas reconocen en la institución municipal un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultado para tomar sus propias determinaciones de Gobierno, con autonomía, sin que ningún otro poder pueda intervenir en su esfera competencial, asimismo se le reconoce que puede manejar su patrimonio conforme a la ley y administrar libremente su hacienda.
En ese sentido, la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, carece de atribuciones constitucionales o legales para ordenar y ejecutar los actos que se les reclama, ya que en su caso se deben ajustar a los procedimientos establecidos en el orden jurídico nacional.
A la luz de las puntualizaciones anteriores es pertinente esbozar el estudio siguiente:
I. En el caso concreto, la Secretaría de Finanzas, viola en perjuicio del Municipio que legalmente represento la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 y 16 Constitucional, ya que los actos que se reclaman se pretenden realizar fuera de todo procedimiento legal alguno, en el que garantice la debida defensa del Municipio.
I.Los actos que se reclaman a las autoridades responsables, redundan en una afectación directa a la institución del Ayuntamiento, lo cual es violatorio del artículo 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, incisos b) y c), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo con la pretensión de suspender o revocar el mandato al presidente municipal, se viola el derecho Constitucional que tiene todo Ayuntamiento de estar debidamente integrado por ser un nivel de gobierno electo por la soberanía popular.
En opinión del Municipio que legalmente represento, es pertinente analizar en primer lugar los aspectos relacionados con el principio de legalidad, porque entrañan un pronunciamiento de mayor amplitud y alcance que el relativo a la violación a la garantía de audiencia, reservado para el final el pronunciamiento relativo a la violación del artículo 115 constitucional, en tanto que ésta se hace derivar de los restantes argumentos.
I. Análisis relativo a la violación al artículo 16 constitucional
Los actos que se reclaman a las autoridades señaladas como responsables, los cuales inminentemente serán ejecutados no trascienden de manera inmediata a la esfera jurídica de los particulares, por ello el estándar de revisión para efectos del principio de legalidad difiere del tradicional, que exige a cita exacta de los preceptos legales aplicables, el señalamiento preciso de las razones tomadas en cuenta para la emisión del acto y una relación de adecuación entre ambos.
En efecto, tratándose de actos entre ámbitos internos de gobierno que no trascienden a la esfera jurídica de los particulares, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia P./J. 50/2000, ha sostenido que la garantía de fundamentación se satisface con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido, así como mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en lo que disponga la ley; mientras que la motivación, se cumple con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente.
Por tanto, en opinión, del Municipio actor, el examen que debe emprender ese Alto Tribunal consiste en determinar si existe una norma legal que atribuya a las autoridades responsables la posibilidad de ejecutar los actos que se reclaman, sin ningún procedimiento previo donde se respeten las garantías de audiencia y defensa.
II. Análisis sobre la garantía de audiencia
Si bien la doctrina jurisprudencial en torno a la garantía de audiencia que prevé el artículo 14 constitucional, se ha centrado en la situación propia de los particulares afectados por actos de autoridad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que aquélla proyecta sus efectos a casos en que los Municipios no actúan propiamente como autoridades, dado que sus atribuciones están sometidas y condicionadas a las actuaciones pertinentes de otro poder.
Así, en la medida en que la Autonomía del Municipio actor se ve afectada por la determinación de otro poder público, el estándar de revisión respecto de la garantía de audiencia requiere la constatación de los siguientes extremos: 1) Que se comunicó al Municipio la existencia de un procedimiento cuya culminación podía afectar sus intereses; 2) Que se hicieron de su conocimiento las cuestiones que serían materia de dicho procedimiento; 3) Que se le dio oportunidad de expresar su opinión al respecto y de presentar pruebas en apoyo de sus afirmaciones, y 4) Que se emitió una resolución final en la que atendieron las cuestiones planteadas por el Municipio.
En el caso concreto, el Municipio actor le fue suspendido totalmente sus recursos económicos, lo cual es violatorio, porque no le han garantizado el derecho de audiencia, defensa y debido proceso.
III. Análisis sobre la violación al artículo 115 constitucional
La conducta irregular de la autoridad señalada como responsable y la determinación que adopta, además de ser violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, también viola el principio de autonomía municipal contenida de los preceptos constitucionales comprendidos en los Artículos 115, Fracciones I, Tercer Párrafo, II, Primer Párrafo; y, IV, Último Párrafo, Parte In Fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en virtud de que dichas normas reconocen en la Institución Municipal un nivel de Gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultada para manejar su patrimonio conforme a la Ley y administrar libremente su Hacienda, además viola el derecho Constitucional que tiene todo Ayuntamiento de estar debidamente integrado por ser un nivel de gobierno electo por la Soberanía Popular.
En esa circunstancia, la Secretaría de Finanzas no tiene facultades para intervenir en la autonomía municipal sin seguir previamente los procedimientos del orden jurídico nacional, tampoco para suspender los recursos económicos de San José Tenango, Oaxaca.
En otro orden, los actos que emita la Secretaría de Finanzas no se encuentran fundados ni motivados, por ende vulneran lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Suprema y de igual forma se transgrede el principio de legalidad pues por ningún motivo, salvo las excepciones que establece el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, se pueden retener o suspender las participaciones, pero nunca las aportaciones federales, por lo tanto, la orden impugnada viola lo dispuesto por el artículo constitucional citado en relación con el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Asimismo, como ha sido criterio de este Alto Tribunal respecto al alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, en lo referente al tema Municipio-Hacienda, al respecto ha señalado lo siguiente:
a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre.
b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual deviene del régimen que estableció el poder reformador de la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, con el fin de que estos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de los fines púbicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo estos los que de mejor manera y en forma más cercana lo conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaron a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.
También el alto Tribunal Constitucional ha establecido que tanto las aportaciones como las participaciones federales que las mismas se encuentran protegidas por el principio de integridad de los recursos municipales, el cual consiste básicamente, en que los municipios tienen derecho a la percepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos, pues en caso de que se entreguen de forma extemporánea se generara el pago de intereses correspondientes.
Lo anterior, también se sustenta con la tesis jurisprudencial P./J. 46/2004 que indica [transcribe]
De lo anterior, se evidencia que en el caso concreto, se actualiza una violación a la autonomía municipal de San José Tenango, Oaxaca, ya que con tal acto no se le permite al Municipio manejar y aplicar los recursos federales que legalmente le correspondan para satisfacer las necesidades públicas a su cargo, dado que, como hemos sostenido, existe la suspensión de los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponde, así como de los recursos de carácter federal por conducto de la Secretaría de Finanzas.
Además, la Garantía de la no afectación de las participaciones municipales. La Ley de Coordinación Fiscal Federal y su correlativa del Estado de Oaxaca son puntuales al establecer que las participaciones federales que corresponden a Entidades Federativas y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los mismos, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además de que dichas participaciones necesariamente deberán ser cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo las excepciones expresamente previstas.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca viola lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, inciso b) y c), en virtud de que dichas normas reconocen en la institución municipal un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultada para manejar su patrimonio conforme a la ley y administrar libremente su hacienda, la que se formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre éstos las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen las mismas Legislaturas Locales.
(...)"
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Registro, admisión y trámite. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 58/2018 y se ordenó turnarla al Ministro José Fernando Franco González Salas. En proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados y ordenó emplazar al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y ordenó dar vista a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo. Por escrito presentado en las oficinas del Servicio Postal Mexicano, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del Gobernador de la Entidad, presentó su contestación a la demanda, en la que, en lo que interesa para el sentido del presente asunto, argumentó lo siguiente.
I. IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
PRIMERA. Es importante hacer valer ante Usted Ministro de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 11, 19, fracción VIII y 20, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se tiene que la demanda de controversia constitucional en comento, se encuentra suscrita por el ciudadano Hugo García Ríos, ostentándose con el carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San José Tenango, Oaxaca.
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, establece: [transcribe]
Del precepto legal antes citado, se desprende que las entidades, poderes u órganos que sean actor, demandado o tercero interesado en una controversia constitucional, deben comparecer a juicio por conducto de los servidores públicos que, conforme a las normas que los rigen, estén facultados para representarlos, y en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario; siendo ésta la única forma de representación permitida, aunque, por medio de oficio, pueden acreditarse delegados, los que podrán, entre otras cuestiones, interponer recursos.
Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia, de la novena época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII septiembre de 2003, que a continuación se transcribe: [transcribe)
En este sentido, el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, establece que la representación jurídica del Municipio recae en los Síndicos: [transcribe]
En el presente caso, el ciudadano Hugo García Ríos, promovió escrito de demanda de la controversia constitucional que nos ocupa, ostentándose como Presidente Municipal del Ayuntamiento de San José Tenango, Oaxaca, adjuntando para acreditar tal carácter, copia de la acreditación expedida por la Secretaría General de Gobierno, como Presidente Municipal de San José Tenango, Oaxaca,
Por lo que, resulte claro que el hoy actor, carece de legitimación para hacer valer la presente instancia legal, ya que, como lo ha señalado esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio actor, como entidad actora, y conforme lo señala el artículo 11 de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, corresponde exclusivamente a el o a los Síndicos Municipales, instaurar dicha instancia constitucional ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues quien en este caso, promovió ante ese órgano jurisdiccional la controversia constitucional, lo es el C. Hugo García Ríos, en su carácter de Presidente Municipal, por lo que no puede admitirse que otra persona a nombre del Municipio, pretenda interponer la controversia constitucional que nos ocupa, pues no tiene facultades legales para hacerlo, dado que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, es muy expresa en cuanto a qué figura legal (Síndico Municipal) es el única que cuenta con la representación legal de los Municipios en esta entidad.
Esto que se expone es así, pues de los documentos que obran en los archivos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, se advierte, que le fue conferido a la ciudadana Liliana Carrera García, el cargo público de Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional del municipio en estudio, tal y como se puede acreditar en autos de la controversia constitucional y que los hoy actores de referencia, reconocen expresamente en la formulación de la ampliación de la demanda que se contesta.
En razón de lo anterior, se tiene que el señor Hugo García Ríos, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San José Tenango, Oaxaca, carece de interés legítimo para instaurar la presente instancia legal, dado que como se expuso con antelación, corresponde dicha facultad legal al Síndico Municipal del Municipio citado.
Resulta aplicable la tesis 165839, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX diciembre de 2009, cuyo rubro y texto es el siguiente:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO TIENE LA REPRESENTACIÓN ORIGINAL DEL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS EN QUE ÉSTE FUERE PARTE, SALVO QUE EL LEGISLADOR O EL AYUNTAMIENTO EXPRESAMENTE SE LA CONFIERA AL PRESEIDENTE MUNICIPAL EN LOS CASOS ESPECÍFICOS SEÑALADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA.) (...)
Por lo anterior, ante la falta de interés legítimo de Hugo García Ríos, en sus carácter de Presidente Municipal de San José Tenango, le solicito a usted Ministro de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualice la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 11, 19 fracción VIII y 20 fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia que nos ocupa, solicito se tenga como hecho notorio, el criterio emitido por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación 25/2011-CA, promovido por el Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca; criterio en el cual el Ministro Ponente Sergio A. Valls Hernández, expuso la falta de interés legítimo en cuanto a la promoción que realizó el Ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.
SEGUNDA. De la misma manera, se considera por parte de este Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que se actualiza a favor del Municipio actor, la causal de procedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 11, 19 fracción VIII y 20 fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La hipótesis jurídica contenida en los artículos precisados en el párrafo que antecede, se actualizan derivado de que quien promueve la controversia constitucional en el presente juicio constitucional, no tiene legitimación procesal para hacerlo como representante legal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio en estudio.
Para abordar la falta de legitimación procesal del señor Hugo García Ríos, en la presente ampliación de demanda de la controversia constitucional, es importante señalar que según los criterios que ha emitido esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, (...)
En ese tenor de lo señalado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos advertir claramente que el C. Hugo García Ríos, Presidente Municipal de San José Tenango, Oaxaca, en la presente controversia constitucional que instaura, carece de la legitimación ad causam, así como la legitimación ad procesum.
Lo anterior es así, dado que tomando en consideración el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado deberán de comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos; así como lo estipulado por el artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; se advierte que en el caso que nos ocupa, corresponde exclusivamente al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San José Tenango, Oaxaca, representar jurídicamente al Municipio citado en esta instancia legal.
En efecto la legitimación procesal activa para promover la controversia constitucional a nombre del Municipio de San José Tenango, Oaxaca, la tiene el Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional perteneciente al Municipio citado, es decir, en el presente asunto corresponde dicha facultad a la ciudadana Liliana Carrera García, dado que acorde a lo señalado por el numeral 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en completa relación con el artículo 2 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; es el único que puede interponer el medio de defensa en comento, al disponer literalmente el artículo de referencia, lo siguiente: (...)
Por consecuencia, no cabe lugar a dudas que el único que puede promover en este caso la presente controversia constitucional ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, representando legalmente al órgano de gobierno municipal de San José Tenango, Oaxaca, es el Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional, por disposición expresa del artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca vigente, en completa relación con el artículo 2 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; se advierte que a quien le corresponde el cargo público de Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de referencia, lo es la ciudadana Liliana Carrera García; por lo tanto, es a esta persona a quien en dado caso de estar inconforme el órgano de gobierno municipal con los actos que lleva a cabo el Poder Ejecutivo que represento, debió haber interpuesto, en su caso, dicho medio de defensa.
(...)
En conclusión de lo expuesto, se tiene que la presente demanda de controversia constitucional promovida por Hugo García Ríos, es a todas luces improcedente, dado que no cuenta con legitimación activa, es decir, con la representación legal del Ayuntamiento Constitucional de San José Tenango, para instaurar dicho medio de defensa ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en consideración lo que dispone el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones II y III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; razón por la cual se actualiza a todas luces la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 19 fracción VIII y 20 fracción II, todos de la Ley de la materia.
TERCERA. De la misma manera y a consideración de este Poder que represento, se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en los artículos 11, 19 fracción VIII y 20 fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, por falta de legitimación del ciudadano Hugo García Ríos, ostentándose con el carácter de Presidente Municipal de San José Tenango, Oaxaca, para instaurar el presente medio de defensa.
(...)
En atención a lo anterior, se advierte que la ciudadana Liliana Carrera García, fue designada como Síndico Municipal, para representar al Ayuntamiento Constitucional de San José Tenango, Oaxaca, en los asuntos relacionados con la representación jurídica del municipio en asuntos de litigio cuando este fuera parte, conforme lo establece el artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca vigente.
Ahora bien, Hugo García Ríos, Presidente Municipal de San José Tenango, Oaxaca, en la presente demanda pretende acreditar su legitimación con el acta de sesión de cabildo de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciocho, por medio de la cual se le facultó para asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que sea parte; sin embargo, dentro del acta de sesión de cabildo, se desprende lo siguiente: "En el presente punto del orden del día corresponde analizar y discutir la propuesta para facultar al Presidente Municipal para que represente legalmente al Municipio ante la ausencia temporal del Síndico Municipal ello debido a que el Síndico solicitó permiso para ausentarse de sus funciones del Cabildo durante tres meses, mismos que pueden ser prorrogables,..." por lo tanto, se tiene que conforme a lo señalado en el acta, la Síndico Municipal, solicitó permiso para ausentarse de sus funciones, siendo necesario precisar que no acompaña documental alguna para acreditar lo señalado, es decir, que efectivamente la Síndico Municipal, haya solicitado licencia para ausentarse y, en su caso, convocado al suplente para los efectos legales correspondientes, ya que únicamente se limita a decir lo siguiente: "... hasta el día de hoy no se ha presentado el suplente a manifestar si es su deseo asumir provisionalmente el cargo de la Sindicatura...", por lo que, conforme lo señala el artículo 68 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, única y exclusivamente a falta de Síndico Municipal o cuando el Síndico Municipal esté ausente o impedido, el ciudadano Hugo García Ríos, Presidente Municipal de San José Tenango, Oaxaca, podrá asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios como lo es en este caso la controversia constitucional que intenta promover ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De lo estipulado por el artículo 68 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se advierte que existen tres supuestos jurídicos que se deben acreditar fehacientemente por parte del señor Hugo García Ríos, Presidente Municipal del Municipio en estudio, para que pueda reconocérsele la legitimación activa y por consecuencia representar jurídicamente al Ayuntamiento de referencia, en los litigios que se lleven ante autoridades, en este caso en la controversia constitucional que se contesta ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación; siendo la primera, la falta del Síndico Municipal, la segunda la ausencia del Síndico Municipal y la tercera que el mismo se encuentre impedido legalmente a ejercer dicho cargo público.
En ese sentido, se tiene que, en la demanda constitucional que se contesta, no se advierte con las pruebas documentales fehacientes que el órgano de gobierno municipal de San José Tenango, Oaxaca, no cuente con un Síndico Municipal, es decir, que el Congreso del Estado de Oaxaca o Tribunales Electorales o diverso órgano jurisdiccional, hayan revocado o suspendido del cargo público a la ciudadana Lilian
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200438-d4f1b8e2/i-controversia-constitucional-si-conforme-a-la-legislacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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