I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL SI SE ACREDITA QUE AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN YA NO OSTENTABA ESE CARGO (LA ORDEN VERBAL O ESCRITA PARA RETENER EL PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 103/2018. MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA. 5 DE DICIEMBRE DE 2018. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cinco de diciembre de dos mil dieciocho.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Sánchez Ortiz, en su carácter de Síndico Municipal de Santiago Xanica, Miahuatlán Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
• Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
• Secretario de Finanzas.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
Las órdenes, determinaciones y acuerdos dictados por las autoridades demandadas, de manera conjunta o separada, verbal o escrita para que retuvieran y no se entregaran a diversa persona los recursos económicos que le corresponden al Municipio de las participaciones fiscales y aportaciones federales del ejercicio fiscal 2018.
Las órdenes, determinaciones y acuerdos que en forma conjunta o separada dictaron las autoridades responsables de manera verbal o escrita para que se suspenda la entrega de los recursos que le corresponden de los diversos ramos al Municipio.
La orden dada a la Institución Bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, conocido comercialmente como BANORTE, a fin de que se congelen las cuentas con números 0593156270, 0593158498, 0593159516, las tres de la sucursal 4417, cuyo titular es el Municipio de Santiago Xanica y de la cual se encuentran autorizados Ricardo Luria y Ausencio Rodríguez Ramírez, Presidente y Tesorero Municipal de Santiago Xanica, Oaxaca, vulnerando con ello el artículo 115 de la Constitución Federal; el pago y entrega de dichas prestaciones y los intereses respectivos hasta el momento en que sean reintegrados, cabe señalar que la reintegración empezó en abril de dos mil dieciocho.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1.Que el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, los Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, emitieron el Acuerdo IEEPCO –CG-SIN-09/2018, mediante el cual declararon calificar como parcialmente válida la elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Xanica, Oaxaca que electoralmente se rige por Sistemas Normativos Indígenas, celebrada el veintiuno de enero de dos mil dieciocho porque cumple con los requisitos constitucionales y legales establecidos en el ordenamiento jurídico mexicano.
El uno de enero de dos mil dieciocho se levantó Acta de Asamblea General Comunitaria, en la cual se nombra la mesa de los debates e integrantes de un Consejo Ciudadano. Se tuvo por presentes a los ciudadanos Arturo Matías y Tomás González Cruz como integrantes del Consejo Ciudadano Electos en la Asamblea General Comunitaria del uno de enero de dos mil dieciocho. Cabe señalar que, los ciudadanos mencionados, el día uno de enero de dos mil dieciocho, fecha en la que se dice fue llevada a cabo dicha Asamblea no se encontraban acreditados como Agentes Municipales ante la autoridad correspondiente, ni asistieron a la misma, ni estamparon el sello de las agencias que representan cada uno de ellos.
En dicha Asamblea se acordó lo siguiente:
"...Aprovechando que se encontraban los Agentes Municipales de San Felipe Lachilló, San Antonio Ozolotepec y Santa María Coixtepec, manifestaron que se realizara de manera formal y legal la Asamblea General Comunitaria.
...Por unanimidad que se nombre un Consejo Ciudadano quien será el órgano responsable de conducir, organizar y vigilar los trabajos que de la asamblea emane, ya que la autoridad responsable, en este caso el Presidente Municipal y todos sus integrantes han hecho caso omiso al llamado de la asamblea general comunitaria a la cual se deben."
Con base en determinaciones aprobadas en dicha Asamblea se eligieron como parte del Consejo Ciudadano a los ciudadanos Sergio Antonio García Cruz, Jacinto López Cruz, Rolando Lorenzo López, Roberto Guadalupe Cruz Jerónimo, Magdalena Teresa Cortez García, Tomás González Cruz, Arturo Matías y Luis Hernández Aragón.
De igual forma se acordó que el Consejo Ciudadano tendría que comunicar sobre su conformación y que éste tendría que llevar a cabo lo siguiente:
Emitir la convocatoria con bases y orden del día para la realización de una nueva asamblea a llevarse a cabo el domingo siete de enero de dos mil dieciocho, a las diez de la mañana y solicitar al IEEPCO que asistiera personal de dicha institución como observador electoral. En tal Asamblea fueron utilizados los supuestos sellos del Agente Municipal de San Felipe Lachilló, de San Antonio Ozolotepec y de Santa María Coixtepec.
El Agente Municipal de San Felipe Lachilló detuvo a Juan Carlos Ramírez Martínez por falsificación del sello y firmas del Agente, en los términos en que lo dio a conocer ante el IEEPCO, mediante escrito recibido el siete de febrero de dos mil dieciocho, en donde se resalta que la Dirección de Gobierno le había solicitado dar de baja el sello del año 2017 y dar de alta el nuevo sello de 2018. El sello que tiene el escrito es muy diferente al que se encuentra estampado en la Asamblea General Comunitaria de uno de enero de dos mil dieciocho, ello es perceptible a simple vista ya que las letras que contienen el sello que se dice es de la Agencia de San Felipe y además no contiene la firma del Agente Andrés Aguilar.
De igual forma sucede lo mismo con el sello del Agente Municipal de Santa María Coixtepec, debido a que no coincide con el tamaño de letras de las que contiene el sello de la asamblea de uno de enero de dos mil dieciocho con las del escrito fechado el cuatro de abril de dos mil dieciocho ni mucho menos la firma que se dice estampó dicho Agente en la Asamblea coincide en lo mínimo con lo que aparece en sus dos escritos presentados ante el IEEPCO.
Lo mismo sucede con la firma y sello que aparece tanto en la Asamblea General de uno de enero de dos mil dieciocho con el sello y firma del Agente Municipal de San Antonio Ozolotepec, Oaxaca.
Las firmas de diversos representantes son diferentes a las estampadas en varias asambleas comunitarias de fecha anterior al siete de enero de dos mil dieciocho, así como el sello que aparece en las fojas de los supuestos ciudadanos que firmaron, de los números 235 a 435, con sellos que se dice son de la agencia municipal de Santa María Coixtepec, Municipio de Santiago Xanica, Miahuatlán, Oaxaca, es diferente de tamaño y letra.
En las asambleas de los días 2, 3, 7, 9 y 21 de enero de dos mil dieciocho se acordó entre otras cosas, la terminación anticipada del período para el que fueron electas para el caso del Presidente y Síndico Municipal para lo que resta del periodo 2017-2019 y elegir a las siete regidurías de hacienda, obras, salud, educación, agencias y rancherías, deporte y ecología para 2018.
La terminación anticipada del encargo público de varios funcionarios, se dio a raíz de la simulación del desahogo de actas de asambleas de fechas 1, 2, 3 y 7 de enero de dos mil dieciocho, las cuales trajeron como consecuencias jurídicas y legales, la simulación también del desahogo de Asambleas Generales Comunitarias de fechas 9 y 21 de enero de dos mil dieciocho.
La terminación del encargo público del Síndico se dio sin el derecho de audiencia previa violando el debido proceso y las garantías de certeza y seguridad jurídicas porque nunca se le escuchó ni venció respecto a la aplicación de una figura jurídica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había determinado inconstitucional.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, los siguientes:
1. La determinación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca de retener al Municipio los recursos financieros por medio de las Secretarías de Gobierno y de Finanzas de la entidad, contraviene las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales en virtud de que tal determinación no estuvo sustentada en un procedimiento legal que garantice la defensa del afectado, además de que careció de fundamento que facultara a la autoridad para emitir dicho acto
La Ley de Coordinación Fiscal Federal y su correlativo del Estado de Oaxaca, establecen que las participaciones federales son inembargables, que no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios con autorización de las Legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Poder Ejecutivo Local viola lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, primer párrafo y IV, incisos correlativos del ordenamiento local en virtud de que dichas normas reconocen en la Institución Municipal un nivel de gobierno investido de personalidad jurídica propia, facultado para manejar su patrimonio conforme a la ley y administrar libremente su hacienda. También se vulnera la autonomía municipal en atención a que no debe existir autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y la toma de sus determinaciones.
El Secretario General de Gobierno y de Finanzas del Estado de Oaxaca carece de atribuciones constitucionales o legales para ordenar la retención de la entrega de recursos financieros del Municipio actor correspondientes a los ramos 28 y 33, fondos III y IV.
Los estados cuentan con facultades de fiscalización pero con ellas no se pueden imponer limitaciones o restricciones desvinculadas del control de los fines para lo que se utilizan, ni tampoco pueden imponerse sanciones que impliquen embargo, afectación o gravamen ya que no se vulneran los artículos 32, 36 y 49, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
Las responsables vulneran lo dispuesto en el artículo 115 constitucional relacionado con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es conveniente señalar que a las participaciones y aportaciones federales, las rigen los principios de inmediatez y agilidad. La Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 6º que los recursos federales participables se entregarán a los municipios de manera ágil e incondicionada y el artículo 32 de la ley normativa dispone que el fondo de aportaciones para la infraestructura social se enterará mensualmente a los municipios por conducto de las entidades de manera ágil y directa sin más limitaciones o restricciones, incluso de carácter administrativo que las previstas en el artículo 33 de dicha legislación.
Si bien en el Fondo de Fortalecimiento Municipal no se establece una regla expresa en cuanto a la rapidez en la entrega de los recursos; también lo es que dicho principio irradia la totalidad de aportaciones federales, tomando en cuenta que estos recursos están destinados a las necesidades básicas y urgentes de los Municipios.
De tal forma resulta que, tanto las participaciones como las aportaciones federales que corresponden a los municipios en términos del sistema de coordinación fiscal, deben ser entregadas de manera inmediata a través de las entidades federativas.
La determinación emitida por las demandadas para que se suspenda el suministro de las percepciones que constitucionalmente le corresponden al Municipio de Santiago Xanica, Miahuatlán Oaxaca, no tiene fundamento legal ni motivo constitucionalmente adecuado para hacerlo, implica un desconocimiento sin audiencia de sus derechos fundamentales como autoridad de conglomerado indígena que se rige por los usos y costumbres; ello ocurre sin audiencia previa de sus autoridades ni mandato escrito que dirigido a los suscritos como sus representantes legales y constitucionales tienen derecho a ejercer dichos recursos.
El mandato de suspensión y retención de los recursos no tiene sustento legal ni constitucional en cuanto a la calificación de una nueva elección sustentada en la figura de la terminación anticipada, porque si bien está prevista en el artículo 283 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, ésta remite su regulación a la Ley Orgánica Municipal, cuyo artículo 65 Bis fue declarado inconstitucional y consecuentemente no aplica para los efectos de la demanda como representantes legítimos del municipio como se podrá constatar con los informes relativos.
El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca está obligado en todo momento a velar por la inmediatez en la entrega de los recursos federales participables al municipio de Santiago Xanica, Mihuatlán, Oaxaca, sin que la inestabilidad política del municipio haya suspendido el cumplimiento de dicha obligación.
El Gobierno estatal conserva los recursos que la Federación le transfirió y que le correspondían al Municipio actor tales como el Fondo Municipal de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo Municipal de Compensación y el Fondo Municipal de Impuestos a las Ventas finales de gasolina y diésel; y por concepto de aportaciones tales como el Fondo de Aportaciones para la infraestructura social y Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios.
Además, solicitó la suspensión para el efecto de que no se retuvieran los recursos del Municipio, bajo la apariencia del principio del buen derecho que le asiste para ello, para que se descongelaran las cuentas bancarias y para que no se autorizara la entrega de los mismos a personas diversas a las que promovieron la demanda hasta en tanto se resolviera la presente impugnación.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son 1º, 2º, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 103/2018, y turnó el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor.(1)
Mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Ministro instructor previno al promovente para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación del acuerdo, aclarara cuáles eran los fondos, los meses y los montos específicos que reclamaba, es decir, que precisara los actos impugnados, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se proveería con los elementos aportados en el escrito inicial de demanda.(2)
En desahogo de la prevención señalada, el actor manifestó:
"...Los fondos, los meses y los montos específicos que reclamo son:
Desde el mes de Abril de 2018 a la fecha, como lo hice valer en el punto VII, capítulo CONCEPTOS DE INVALIDEZ, último párrafo, no han sido entregados ni depositados los fondos y aportaciones a que tiene derecho mi representada, ni mucho menos lo correspondiente al mes de MAYO.
a).- Del Ramo 28, desde el mes de abril de 2018 a la fecha no han sido depositados quincenalmente ni entregados por el Banco a la persona autorizada para ello 130,000.00 pesos (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
B).- Del fondo 4 (fondo de gastos municipales) no han sido depositados ni entregados mensualmente a los autorizados en el banco para ello, $156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) en el mes de abril de 2018.
C).- Del ramo 33: NO han sido depositados i entregados a los autorizados en el banco para ello, desde el mes de abril de 2018 a la fecha $864,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) cantidad que es depositada mensualmente.
D).- En relación al acto cuya invalidez se reclama, también los conceptos correspondientes al mes de mayo del año en curso y los que se sigan generando:
E).- Del Ramo 28, del mes de mayo de 2018 a la fecha no han sido depositados quincenalmente 130,000.00 pesos (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.) ni entregados al apersona autorizada para ello por el banco.
F).- Del fondo 4 (fondo de gastos municipales) por el mes de mayo, no han sido depositados mensualmente 156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
G).- Del ramo 33: NO han sido depositados ni entregados en el mes de mayo de 2018, $ 864,000.00 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que es depositada mensualmente misma que no ha sido entregada a la persona autorizada para ello en el Banco.
También se reclaman los montos de meses subsecuentes que no lleguen a entregar más los intereses moratorios que se generen y vayan generando con motivo de la retención que realicen las demandadas por los mismos montos.
..."
En acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho el Ministro Instructor tuvo por cumplida la prevención al aclarar los fondos, meses y montos específicos que reclama en su escrito de demanda y, atento a ello, admitió la demanda de controversia constitucional, se le tuvo al promovente designando delegados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y ofreciendo como pruebas las documentales que acompaña a su escrito de demanda; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mas no así, a la Secretaría de Finanzas ni a la Secretaría General de Gobierno, ambas del Estado de Oaxaca, ya que se trata de dependencias subordinadas a dicho Poder, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en el presente asunto. Se ordenó emplazar al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que formulara su contestación; además de que se le requirió para que al contestar la demanda remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. Ordenó dar vista al Procurador General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde, asimismo ordenó formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.(3)
SEXTO. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, ostentándose como representante legal del Poder Ejecutivo del Estado, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:(4)
• Hizo valer la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 11, 19, fracción VIII y 20, fracción II, todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debido a que la demanda de controversia constitucional se encuentra suscrita por Carlos Sánchez Ortíz, ostentándose con el carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santiago Xanica, Oaxaca y éste carece de legitimación para hacer valer la presente instancia legal debido a que al momento de interponer la demanda no contaba con el carácter de Síndico.
El escrito se recepcionó el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho a las 10:44 horas y de acuerdo a la constancia de la mayoría expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo número IEEPCO-SIN-09/2018, de cuatro de mayo de dos mil dieciocho se reconoció entre otros concejales electos al C. Juan Marcelino Cruz como segundo concejal propietario, y quien ostentó el cargo de Síndico Municipal de Santiago Xanica, a partir de la fecha citada y por tanto, otra persona, no tenía facultades legales para hacerlo porque la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, es muy expresa en cuanto a qué figura legal (Síndico Municipal) es el único que cuenta con la representación legal de los Municipios de dicha entidad.
• Que la ministración de los recursos económicos que le corresponden al Municipio de Santiago Xanica se ha realizado, mediante diversas transferencias electrónicas interbancarias por parte de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado al Municipio. Los recursos económicos destinados provenientes de los ramos 28 y 33 fondos III y IV del Presupuesto de Egresos de la Federación, se han transferido a las cuentas bancarias señaladas por el Municipio de Santiago Xanica, Oaxaca, conforme lo dispone la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y en ningún momento se ha retenido o suspendido recurso alguno.
• Que se actualiza la causal de sobreseimiento de conformidad con la fracción VIII del artículo 19, en relación con el artículo 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el Poder Ejecutivo en ningún momento ha invadido la esfera de derechos del municipio actor en cuanto a la autonomía municipal contemplada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto en la ministración de los recursos económicos que le corresponden al Municipio de Santiago Xanica, Oaxaca.
• Sostiene que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 20, fracción III de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para acreditarlo, aduce que mediante oficio SGG/SUBGOB/DG/594/2018, de doce de abril de dos mil dieciocho, el Director de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, informó a la Secretaría de Finanzas, que se dejaron sin efectos las acreditaciones que esa instancia gubernamental expidió a favor de los CC Ausencio Rodríguez Ramírez e Higinio Martínez Luna, que los acreditaba como Tesorero Municipal y Secretario Municipal respectivamente, por considerar que la ratificación del tesorero y el nombramiento de Secretario Municipal que realizaron los integrantes del cabildo municipal, mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo de 31 de diciembre de 2017 fue efectuada con dolo, es decir, se excedieron en sus atribuciones al realizar la citada acta de sesión porque únicamente fueron nombrados para desempeñarse durante el ejercicio fiscal 2017 y no para el ejercicio fiscal 2018.
• También considera que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20 fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debido a que los actos reclamados no existen ya que, si lo son la supuesta retención o suspensión de recursos, dicha suspensión o retención es inexistente debido a que de las documentales públicas ofrecidas como prueba se observa que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo ha ministrado en forma puntual y legal por conducto del medio legalmente autorizado los recursos económicos que le corresponden al Municipio.
SÉPTIMO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República se abstuvo de formular pedimento.
OCTAVO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se relacionaron las pruebas documentales que obran en el expediente, no se presentaron alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el municipio actor, y el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO. Improcedencia. Se considera innecesario realizar el estudio de la oportunidad de la demanda, toda vez que, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia,(5) de la cual se advierte que las controversias constitucionales, devendrán improcedentes cuando dicha improcedencia derive de alguna disposición de la propia ley. Por lo que, procede sobreseer en la presente controversia constitucional, conforme al artículo 20, fracción II de la aludida Ley Reglamentaria(6) en atención a las siguientes consideraciones:
Los artículos 10, fracción I y 11 primer párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional prevén literalmente:
"ARTÍCULO. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
(...)
i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
(...)".
Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"ARTÍCULO 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I.- Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;...".
"ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario...".
De acuerdo con los artículos transcritos se tiene que entre las entidades, poderes u órganos, que tienen legitimación para promover una controversia constitucional, se encuentran los municipios de los estados; asimismo que, las entidades poderes u órganos actores, demandados o terceros interesados en una controversia constitucional, comparecerán a juicio por conducto de los servidores públicos que conforme a las normas que los rigen estén facultados para representarlos.
Ahora, para mayor comprensión de este asunto, se estima conveniente relatar los antecedentes(7) del caso:
a) Mediante acuerdo IEEPCO-CG-SNI-300/2016, el Consejo General calificó como jurídicamente válida la elección de autoridades de Santiago Xanica, en donde los ciudadanos Ricardo Luria y Carlos Sánchez Ortiz, fueron electos como Presidente y Síndico Municipal, para fungir durante el periodo 2017-2019.
Los Regidores electos, solo durarían en su cargo, para el año 2017, pues estos solo fungen durante un año.
b) El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se celebró una asamblea general comunitaria, a efecto de que los ciudadanos de Santiago Xanica, Oaxaca, eligieran a los ciudadanos que fungirían como Regidores de ese Municipio, para el año dos mil dieciocho.
c) El treinta de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-69/2017, por el que calificó como jurídicamente no válida la elección ordinaria de Santiago Xanica, para los concejales propietarios y suplentes que fungirían para el año dos mil dieciocho, realizada en asamblea general de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Y en el mismo acuerdo, se ordenó la celebración de una elección extraordinaria para elegir a los regidores que fungirán durante el año que transcurre.
d) El día cuatro de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Ciudadano convocó al Presidente, Síndico y Concejales (sin especificar el nombre de dichos concejales) de Santiago Xanica, para asistir a la asamblea general comunitaria programada.
e) En la asamblea general comunitaria de siete de enero del año en curso, se determinó lo siguiente:
- Dar por terminado de manera anticipada, el mandato del Presidente y Síndico Municipal por lo que resta del periodo 2017-2019.
- Elegir a los siete Regidores para lo que resta del período 2018.
- El consejo emitiría una convocatoria con bases y orden del día, para la realización de una asamblea general comunitaria de elección simultánea en la cabecera municipal y en las tres agencias, la cual se realizaría el día veintiuno de enero del referido año.
- Se distribuyeron las concejalías a elegirse entre las cuatro comunidades que conforman el Municipio de Santiago Xanica (cabecera y tres agencias).
- Se programó la asamblea general comunitaria para el veintiuno de enero del año en curso.
f) Mediante asambleas generales comunitarias simultáneas, celebradas en cada una de las comunidades que integran el Municip
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200452-93460f0b/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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