I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (LA ORDEN VERBAL O ESCRITA PARA QUE SE RETENGAN O DEJEN DE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO ACTOR POR CONDUCTO DE SU TESORERO MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS EFECTOS DE LA RETENCIÓN, EL RETRASO O LA OBSTACULIZACIÓN EN LA ENTREGA DE TALES RECURSOS; ENTRE OTROS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA (RESOLUCIÓN DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO DENTRO DEL RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS, RADICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JDCI/12/2014 Y SU ACUMULADO JDCI/13/2014; ENTRE OTROS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2014. 29 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de abril de dos mil quince.
VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por oficio recibido el catorce de abril de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de Síndico Primero del Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
AUTORIDADES DEMANDADAS:
1. Poder Judicial del Estado de Oaxaca, específicamente, el Tribunal Estatal Electoral.
2. Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, específicamente, las Secretarías de Finanzas y General de Gobierno.
ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:
1. La resolución dictada el catorce de marzo de dos mil catorce, por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano dentro del régimen de los sistemas normativos internos, radicado con el número de expediente ********** y su acumulado **********.
2. La orden verbal o escrita para que se retengan o dejen de realizar los pagos correspondientes a las participaciones y aportaciones federales del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, por conducto de **********, en su carácter de Tesorero Municipal, quien se encuentra legalmente facultado para ello, así como los efectos de la retención, el retraso o la obstaculización en la entrega de tales recursos.
3. La orden de revocar o dejar sin efecto las acreditaciones expedidas el veintinueve de enero de dos mil catorce, por la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a favor de **********, **********, **********, ********** y **********, como Síndico Primero, Regidor de Hacienda, Regidor de Cultura y Turismo, Regidor de Obras Públicas Municipales y Secretaria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, del Estado mencionado.
4. La orden de acreditar como Síndico Municipal Único, Regidor de Hacienda, Regidor de Obras Públicas Municipales, Regidor de Cultura y Turismo y Secretaria Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, a personas distintas a las mencionadas en el punto anterior, acreditadas en dichos cargos por la dependencia especificada.
5. La indebida acreditación de ********** como Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, expedida el veintiocho de febrero de dos mil catorce, por la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado, no obstante haberse hecho del conocimiento de la referida dependencia la revocación de su nombramiento por parte del Ayuntamiento desde el siete de febrero anterior.
6. La negativa de expedir la acreditación a favor de ********** como Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, pese a haber sido legalmente designado para ocupar tal cargo y haberse solicitado por escrito la acreditación correspondiente.
7. La falta de trámite y contestación al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil catorce ante la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual se solicitó la cancelación de la indebida acreditación expedida a favor de ********** como Tesorera Municipal, al haberse revocado su nombramiento en sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce.
SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. El primero de enero de dos mil catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se llevó a cabo la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, con la presencia total de los concejales, quienes rindieron la protesta de ley correspondiente.
2. En sesión ordinaria de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce, se asignaron las regidurías, en términos del artículo 43, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, quedando integrado el Ayuntamiento por **********, como Presidente Municipal; **********, como Síndico Primero; **********, como Síndico Segundo; **********, como Regidor de Hacienda; **********, como Regidor de Obras Públicas Municipales; **********, como Regidor de Cultura y Turismo; y **********, como Regidor de Educación; a quienes el Presidente Municipal tomó la protesta de ley correspondiente. De igual forma, se nombró a ********** y **********, como Secretaria y Tesorera Municipal, respectivamente.
3. El veintinueve de enero de dos mil catorce, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, expidió las acreditaciones de **********, **********, **********, ********** y **********, como Síndico Primero, Regidor de Hacienda, Regidor de Cultura y Turismo, Regidor de Obras Públicas Municipales y Secretaria Municipal, respectivamente.
4. En sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los concejales, se removió del cargo de Tesorera Municipal a ********** y, en su lugar, se nombró a **********, quien rindió protesta de ley en ese mismo acto, expidiéndosele el nombramiento correspondiente.
5. Mediante escrito de siete de febrero de dos mil catorce, suscrito por la mayoría de los concejales del Municipio, se informó a la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, la revocación del nombramiento y la designación referidos en el numeral anterior, solicitando formalmente la acreditación del nuevo Tesorero Municipal y exhibiendo para tal efecto copia del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce.
6. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, no obstante haber tenido conocimiento de la revocación de su nombramiento, la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, expidió la acreditación de ********** como Tesorera Municipal.
7. No fue sino hasta la segunda quincena de marzo de dos mil catorce que la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca entregó las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio por conducto de **********.
8. El primero de abril de dos mil catorce, el Síndico Primero y el Tesorero acudieron al Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca para que se les entregaran las participaciones federales, informándoseles que era el último pago que se realizaría a través de **********, ya que se había recibido la orden de realizar los pagos tanto de las participaciones como de las aportaciones federales a través de persona distinta.
Así también, se presentaron ante la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con la finalidad de preguntar sobre el trámite que se había dado a la solicitud de acreditación del nuevo Tesorero Municipal, informándoseles que se había recibido la orden de revocar y/o dejar sin efectos las acreditaciones expedidas a **********, **********, **********, ********** y **********, como Síndico Primero, Regidor de Hacienda, Regidor de Cultura y Turismo, Regidor de Obras Públicas Municipales y Secretaria Municipal, respectivamente y, además, que no se expediría la acreditación de ********** como Tesorero Municipal.
9. Los concejales ********** y ********** impugnaron ante el Tribunal Estatal Electoral, a través del juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, el acta de sesión ordinaria de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce, en la que fueron designados como Síndico Segundo y Regidor de Educación, respectivamente.
10. El catorce de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Estatal Electoral emitió sentencia en el expediente número ********** y su acumulado **********, en la cual conminó al Presidente Municipal y al Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, a convocar y llevar a cabo la sesión de Cabildo ordenada por la asamblea general de ciudadanos celebrada el veinte de enero de dos mil catorce en dicha comunidad, a fin de llevar a cabo la asignación de los concejales en la forma y términos ahí estipulados.
TERCERO. Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 115, fracciones I, II y IV, 124 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
Primer concepto de invalidez.
En relación con la procedencia de la controversia constitucional en contra de la sentencia de catorce de marzo de dos mil catorce:
Dicha sentencia no debe considerarse un acto de naturaleza electoral, pues si bien fue emitida por un órgano jurisdiccional especializado en dicha materia, no tiene relación con algún proceso electoral, ni incide sobre cuestiones electorales, ni se alega violación de algún derecho político electoral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 125/2007, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL."
Además, no existe recurso ordinario que pueda hacer valer el Municipio actor en contra de la referida sentencia, pues si bien es cierto que el Ayuntamiento fue parte en el juicio del que ésta derivó, también lo es que las autoridades que tuvieron el carácter de responsables en la instancia local, no están legitimadas para promover algún medio de impugnación. Al efecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 04/2003, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "LEGITIMACIÓN ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL LOCAL CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL."
Por último, se resalta que aun cuando se impugna una resolución jurisdiccional en sentido estricto, se combate la invasión a la esfera competencial de un órgano originario del Estado, actualizándose, en este sentido, una excepción a la regla general de improcedencia de la controversia constitucional en contra de este tipo de resoluciones, de conformidad con la tesis P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."
En cuanto a la inconstitucionalidad de la sentencia de catorce de marzo de dos mil catorce:
La sentencia mencionada, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, resulta violatoria de los artículos 14, 16, 115, párrafo primero, fracciones I y II, y 116, fracciones III y IV, de la Constitución Federal, al obligar al Ayuntamiento a convocar a sesión de Cabildo e indicarle cómo debe quedar integrado.
De conformidad con los artículos 43, fracción XXXIV, y 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, es facultad exclusiva del Ayuntamiento asignar en la primera sesión ordinaria de Cabildo las regidurías por materia que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y la prestación de los servicios públicos a su cargo; siendo necesario el voto de la mayoría calificada de sus miembros para el cambio de titular de éstas.
Tanto la asignación como el cambio de titular de las regidurías se enmarcan dentro de las facultades de organización, funcionamiento y división del trabajo interno del Ayuntamiento, tendientes al adecuado ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por lo que no pueden considerarse de naturaleza electoral e incidir en aspectos relacionados con la elección, proclamación o acceso al cargo de algún ciudadano.
En el considerando primero de la sentencia de catorce de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Estatal Electoral funda su competencia en los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, 25, apartado D, y 111, apartado A, fracción I, de la Constitución Local y 153, fracción I, y 98 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, ninguno de los cuales le otorga facultades para interferir en asuntos propios del Municipio, mucho menos, en lo relativo a la integración y conformación del Ayuntamiento.
En efecto, el artículo 153, fracción I, ni siquiera existe, pues la ley sólo consta de ciento treinta y seis artículos; en tanto que los demás preceptos otorgan competencia al Tribunal Estatal Electoral, como máxima autoridad jurisdiccional electoral a nivel local, para conocer de la impugnación de las elecciones de concejales de los Ayuntamientos bajo los regímenes de partidos políticos y de usos y costumbres, así como de presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votado en las elecciones de los municipios y comunidades que se rigen bajo sistemas normativos internos.
No obstante, el proceso electoral en el Municipio actor concluyó con el agotamiento de los medios de impugnación que en su momento fueron interpuestos en contra de los actos derivados de la elección de los concejales del Ayuntamiento; sin que la integración de este órgano pueda considerarse un acto de naturaleza electoral, pues forma parte del derecho administrativo municipal, cuyo conocimiento y resolución no es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Estatal.
La naturaleza del referido acto no sólo obedece a la especialidad del órgano que lo emite, sino que es necesario que implique en sí mismo una determinación en materia electoral, lo que no acontece en la especie, pues en todo caso, ante la existencia de conflictos reiterados entre la mayoría o la totalidad de los integrantes de un Ayuntamiento, es la Legislatura Local la que, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados, podrá suspenderlo, declarar que ha desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, de conformidad con los artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 58, fracción IV, y 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
De esta forma, la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Local invade la esfera de competencia constitucional y legalmente establecida a favor del Municipio actor, pues éste cuenta con facultades reservadas respecto de la designación y el cambio de titular de las regidurías del Ayuntamiento.
Segundo concepto de invalidez.
La orden verbal o escrita para retener las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio actor, o bien, para dejar de realizar los pagos por conducto de **********, en su carácter de Tesorero Municipal, quien se encuentra legalmente facultado para ello, así como los efectos de la retención, el retraso o la obstaculización en la entrega de tales recursos, resultan violatorios de los artículos 14, 16, 115, 124 y 134, párrafos primero y quinto, de la Constitución Federal, pues vulneran los principios de libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales, así como el sistema nacional de coordinación fiscal.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, el Tesorero es el funcionario legalmente facultado para recibir los recursos correspondientes a las participaciones y aportaciones federales.
El treinta y uno de enero de dos mil catorce, en términos del artículo 43, fracción XIX, de la citada Ley Orgánica, por unanimidad de votos de los concejales que integran el Ayuntamiento del Municipio actor, se removió del cargo de Tesorera a ********** y, en su lugar, se designó a **********. Hasta la segunda quincena del mes de marzo de dos mil catorce, las participaciones y aportaciones federales del Municipio se enteraron por conducto de **********; sin embargo, el primero de abril de dos mil catorce, el Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas del Estado informó que, en lo subsecuente, los pagos serían retenidos o, en su caso, se entregarían a una persona distinta.
Lo anterior resulta inconstitucional, ya que no existe norma de orden federal o local que faculte a los Poderes del Estado para retener provisionalmente o pagar a través de persona distinta al Tesorero Municipal las cantidades que corresponden a la hacienda pública del Municipio actor. Conforme al sistema nacional de coordinación fiscal, la intervención del Estado respecto de las participaciones federales que corresponden a los Municipios es de mediación administrativa y respecto de las aportaciones federales, además de mediación, de control y supervisión de su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención.
Tercer concepto de invalidez.
La orden de revocar o dejar sin efecto las acreditaciones expedidas por la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca el veintinueve de enero de dos mil catorce, a favor de **********, **********, **********, ********** y **********, como Síndico Primero, Regidor de Hacienda, Regidor de Cultura y Turismo, Regidor de Obras Públicas Municipales y Secretaria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio actor, así como la orden de acreditar en tales cargos a personas distintas de las mencionadas, resultan violatorias de los artículos 14, 16, 115 y 124 de la Constitución Federal, pues no derivan de un procedimiento en el que se hayan observado las formalidades esenciales que permitiesen a dichas personas aportar pruebas y formular alegatos, además de que no se encuentran debidamente fundadas y motivadas.
La sesión ordinaria de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce no ha sido declarada nula por alguna autoridad, por lo que las asignaciones de regidurías y nombramientos en ella aprobados, con excepción del de ********** como Tesorera Municipal, que fue revocado en sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero siguiente, siguen siendo válidos para todos los efectos legales.
De este modo, debe declararse la invalidez de las referidas órdenes, así como de la indebida acreditación de ********** como Tesorera Municipal, la negativa de expedir la acreditación de ********** como Tesorero Municipal y la falta de trámite y contestación al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil catorce ante la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado, mediante el cual se solicitó la cancelación de la indebida acreditación de favor de ********** como Tesorera Municipal; por vulneración a la autonomía municipal y afectación al adecuado funcionamiento del Ayuntamiento y a la prestación de servicios públicos por parte del Municipio.
CUARTO. Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil catorce, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 36/2014 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
En auto de veintiuno de abril de dos mil catorce, el Ministro instructor desechó la demanda, por considerar que, en el caso, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia relacionado con la fracción II del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al no poderse impugnar a través de la controversia constitucional una resolución en materia electoral, ni actos emitidos como consecuencia de dicho fallo, que adquieren la misma eficacia que deriva de la sentencia en que tienen su razón de ser y no podrían someterse a control constitucional en este medio sin atender a la cuestión de asignación de regidurías que fue decidida en la vía jurisdiccional electoral.
En contra del anterior proveído, el Municipio actor interpuso recurso de reclamación, al que correspondió el número **********. Del mismo conoció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante resolución de trece de agosto de dos mil catorce, determinó que el recurso era procedente y fundado ya que la causa de improcedencia invocada por el Ministro instructor no se actualiza de manera manifiesta e indudable pues desde la demanda de controversia, el Municipio actor cuestionó la competencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca para emitir la sentencia impugnada, por lo que subsiste un conflicto competencial que actualiza una excepción a la regla general de improcedencia en contra de resoluciones jurisdiccionales, y en relación al resto de los actos impugnados, la determinación de constituir o no actos consecuencia de la referida sentencia se debe determinar al resolver el fondo y después de decidirse si la autoridad jurisdiccional electoral local era competente o no.
En cumplimiento a la referida resolución del recurso de reclamación, el Ministro instructor, mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil catorce, admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Judicial -al que pertenece el Tribunal Electoral Estatal- y Ejecutivo del Estado de Oaxaca -no así a las Secretarías de Finanzas y General de Gobierno del Estado, por tratarse de autoridades subordinadas al segundo de los Poderes mencionados-, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y mandó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Este Poder contestó la demanda en los siguientes términos:
I. Causas de improcedencia.
1. Falta de legitimación procesal activa.
Se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal y 11 de la propia Ley Reglamentaria, pues ********** no tiene el carácter de Síndico Primero del Municipio actor.
El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al resolver el catorce de marzo de dos mil catorce los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos identificados con los expedientes ********** y su acumulado **********, conminó al Presidente Municipal a convocar y llevar a cabo la sesión de Cabildo ordenada por la asamblea de ciudadanos celebrada el veinte de enero del año citado y realizar las asignaciones de los concejales ********** y ********** en la forma y términos ahí estipulados (Síndico Municipal Único y Regidor de Hacienda, respectivamente).
Lo anterior fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia dictada el cuatro de junio de dos mil catorce en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con el expediente **********.
No pasa inadvertido que cuando ********** promovió la presente controversia constitucional (catorce de abril de dos mil catorce), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no resolvía la impugnación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de conformidad con el artículo 6, numeral 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los procedimientos no tienen efecto suspensivo, de ahí que el Tribunal Estatal Electoral, mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil catorce, haya declarado cumplida su sentencia, determinando con plenitud de jurisdicción que ********** es el Síndico Municipal Único y, por tanto, representante jurídico del Municipio actor.
2. Impugnación de un acto en materia electoral.
En el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, por impugnarse en la presente controversia constitucional un acto formal y materialmente electoral.
En atención a la autoridad que lo emite, la sentencia de catorce de marzo de dos mil catorce, que se combate, fue dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral a nivel estatal y órgano competente para resolver los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos identificados con los expedientes ********** y su acumulado **********.
Del mismo modo, en atención a la naturaleza intrínseca de la controversia resuelta en la sentencia impugnada, ésta es electoral, pues versa sobre la posible vulneración del derecho a ser votado de los ciudadanos ********** y **********, en la modalidad de acceso y permanencia en el cargo de concejales propietarios (segundo y tercero, respectivamente) del Ayuntamiento del Municipio actor.
3. Impugnación de una resolución jurisdiccional.
En el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la tesis número P./J. 117/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES", pues el promovente pretende controvertir por este medio de control constitucional los fundamentos y motivos de la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil catorce por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, sin que se actualice, en este sentido, el supuesto previsto en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, al no invadir el Estado la competencia del Municipio actor.
La sentencia que se combate en la presente controversia ya fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, de conformidad con el artículo 99, fracciones IV y V, de la Constitución Federal; habiéndose reconocido la competencia del Tribunal Estatal Electoral para conocer y resolver respecto de la posible vulneración del derecho de acceso y permanencia en el cargo de los concejales del Ayuntamiento, dado que la designación, en particular, del Síndico y el Regidor de Hacienda estuvo determinada por las normas de derecho indígena bajo las que se llevó a cabo la asamblea electiva de primero de diciembre de dos mil trece.
De esta forma, al haberse resuelto en definitiva la controversia ante las instancias electorales correspondientes, debe sobreseerse en este juicio, que no puede convertirse en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en aquéllas.
II. Contestación a los conceptos de invalidez.
Son infundados los conceptos de invalidez planteados por el actor, toda vez que la sentencia impugnada no viola lo dispuesto por los artículos 14, 16, 115, fracciones I y II, y 116, fracciones III y IV, de la Constitución Federal.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca no invade la competencia del Municipio actor, ya que de conformidad con los artículos 4, numeral 3, inciso d), 5, numeral 5, y 98 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia a nivel local y se encuentra facultado para analizar la posible vulneración de los derechos a votar y ser votado en las elecciones que se celebren en los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos -tal como lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con el expediente **********-.
De las constancias que obran en los expedientes identificados con los números ********** y su acumulado **********, se advirtió la existencia de un contexto determinado por la conflictividad y caracterizado no sólo por un Cabildo dividido, sino también por dos asignaciones de concejales electos respecto de las regidurías con que debe funcionar el Municipio actor: una, mediante sesión de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce, cuyo sustento fue una minuta de conciliación ante un representante del Gobierno Estatal y otra, por medio de asamblea de ciudadanos de veinte de enero siguiente.
La sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil catorce por el Tribunal Estatal Electoral, impugnada en la presente controversia, declaró no vinculante la asignación referida en primer término, por violar d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200050-86029078/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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