CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE DECLARE LA INVALIDEZ DE ACTOS O NORMAS CON TRASCENDENCIA NO SÓLO JURÍDICA, SINO TAMBIÉN MATERIAL, CORRESPONDERÁ EMITIR UNA SENTENCIA CON EFECTOS RESTITUTORIOS Y NO SIMPLEMENTE DECLARATIVOS, TOMANDO EN CUENTA QUE ÉSTAS EXCEPCIONALMENTE PUEDEN SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES. RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA. EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, POR CONDUCTO DE SU SECRETARÍA DE FINANZAS, AL RECONOCER Y ENTREGAR AQUÉLLOS A PERSONAS SUPUESTAMENTE DESIGNADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, EN UNA SESIÓN EN LA QUE NO SE ACATA LA INTEGRACIÓN DE DICHO ÓRGANO, VALIDADA POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES CORRESPONDIENTES, VULNERA LA AUTONOMÍA Y EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DICHO MUNICIPIO, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2014. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, ESTADO DE OAXACA. 15 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, QUE HIZO SUYO EL ASUNTO EN SUSTITUCIÓN DE SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de octubre de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el tres de abril de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antonio Rey Enriques, quien se ostentó como síndico municipal del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra de la Secretaría de Finanzas del Gobierno y de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, por los siguientes actos:
a) De la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca:
1. La orden de realizar el pago de las participaciones municipales correspondientes al Municipio de Santa María Atzompa, a concejales que no se encuentran facultados para ello.
2. La negativa de realizar pagos al presidente municipal, tesorero municipal, síndico municipal y regidor de Hacienda del Municipio de Santa María Atzompa, facultados legalmente para ello.
b) De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca:
1. La negativa de extender las acreditaciones del síndico municipal que promueve la controversia, como regidor de Hacienda.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, corresponden a los siguientes:
"1. Mi Municipio denominado ‘Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca’, es un Municipio indígena que pertenece al pueblo indígena zapoteco del Estado de Oaxaca, uno de los 15 pueblos indígenas reconocidos por el artículo 16 de la Constitución Política de dicha entidad federativa. Se afirma lo anterior, en virtud de que mi Municipio se integra por pobladores que descienden de los antiguos indígenas zapotecos que habitaban las tierras que ocupamos desde antes del establecimiento de las actuales fronteras del Estado Mexicano y de la entidad federativa de Oaxaca; asimismo, conservamos la mayoría de nuestras costumbres políticas, jurídicas, sociales, culturales, entre otros, la Asamblea General de Ciudadanos, máxima autoridad comunitaria y municipal; el sistema de cargos; el tequio comunitario, los sistemas tradicionales de producción; las festividades y tradiciones; las formas propias de hacer justicia; la propiedad colectiva de la tierra; así como nuestra relación especial con ella y con la naturaleza; la gastronomía propia; asimismo, porque nuestros habitantes se reconocen o autoadscriben como indígenas. Todo lo anterior a pesar de que en los últimos años, se han asentado a vivir un gran número de personas provenientes del interior del Estado. Conforme al Catálogo de Municipios que se rigen por sus propios sistemas normativos internos, nuestro Municipio es considerado indígena, pues conserva sus propias normas para la elección de nuestras autoridades. Por todo lo anterior, somos comunidad-Municipio indígena en los términos señalados por el artículo 2o. de la Constitución Federal y 1 del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. 2. Como he señalado, mi Municipio elige a sus autoridades a través de sus propios sistemas normativos internos. Conforme a dichas normas y sistema normativo, en el año 2013 se llevó a cabo la elección de concejales en mi Municipio, mismos que fungiremos en el periodo 2014-2016. En dicho proceso resultamos electos los siguientes concejales: Primer concejal: Francisco Jaime López García. Segundo concejal: Antonio Rey Enriques. Tercer concejal: Luis Filiberto García Blanco. Cuarto concejal: Jorge Álvarez López. Quinto concejal: Milton Onasis Hernández Aguilar. Sexto concejal: Pedro López Martínez. Séptimo concejal: Antonio García Hernández. Dicha elección fue validada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, expidiendo la constancia de mayoría el catorce de diciembre de dos mil trece. Debo señalar que la elección tuvo lugar después de múltiples esfuerzos de entendimiento, ya que durante el pasado trienio no fue posible contar con una autoridad surgida de un proceso electoral, sino que nuestro Municipio fue conducido por un administrador municipal. El Ayuntamiento electo en el 2013, se integró con concejales con claros intereses partidistas y ambiciones personales. También es importante señalar, que en los días previos a la elección, al dar a conocer nuestra planilla, públicamente se comunicó a la ciudadanía el nombre de quienes la integrábamos, así como los cargos para los que éramos propuestos, por lo que la ciudadanía emitió su voto consciente de nuestros respectivos cargos. 3. El 1o. de enero de 2014, los concejales antes indicados, tomamos protesta de ley para asumir los cargos a los que fuimos electos. En los días subsecuentes, se inició un conflicto al interior del Ayuntamiento, en virtud de que un grupo de concejales manifestó su pretensión de ocupar la sindicatura y la regiduría de Hacienda, desconociendo la posición que teníamos en la planilla y constancia de mayoría, así como el sistema normativo interno, ya que nuestra ciudadanía nos eligió para un cargo específico. La situación fue de tal polarización, que el día 16 de enero de dos mil catorce suscribieron un convenio ante la Secretaría General de Gobierno para repartirse las posiciones en el Ayuntamiento, creando una nueva sindicatura y desconociendo los cargos para el que fuimos electos conforme a nuestras normas internas. 4. En cumplimiento de dicho convenio, el día 18 de enero de 2014 se llevó a cabo una sesión de Cabildo, mediante el cual se consumó la violación a las normas de nuestro Municipio y, desde luego, nuestros derechos políticos electorales, ya que al suscrito me desplazaron como síndico municipal, de igual modo, se desplazó al regidor de Hacienda. Con este mecanismo ilegal e inconstitucional, fueron acreditados por la Secretaría General de Gobierno los concejales del Ayuntamiento de mi Municipio de Santa María Atzompa, asimismo, con base en este mecanismo y las acreditaciones de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas ordenó el pago o ministración de los recursos que corresponden a mi Municipio a los concejales Jorge Álvarez López, Antonio García Hernández, Pedro López Martínez y Milton Onasis Hernández Aguilar, desplazando en su cobro al presidente municipal, síndico municipal y regidor de Hacienda. Se desconoce cuál es el destino de dichos recursos municipales, ya que no se están aplicando para proveer a la ciudadanía de los servicios públicos ni de seguridad pública. 5. Para restituir nuestros derechos electorales, así como la legalidad y constitucionalidad del funcionamiento de nuestro Municipio, el suscrito y el C. Luis Filiberto García Blanco, interpusimos juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano dentro de los sistemas normativos indígenas, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, instancia que, al resolver los expediente (sic) JDCI/12/2014 y JDCI/13/2014, determinaron anular el acta de sesión de Cabildo celebrada el 18 de enero de 2014, ordenando llevar a cabo otra en la que se nos respete en los cargos de síndico municipal y regidor de Hacienda. Esta determinación fue notificada al Gobierno del Estado de Oaxaca. 6. El día 21 de marzo de 2014, se llevó a cabo la sesión de Cabildo, ordenada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, confirmando al suscrito en el cargo de síndico municipal. 7. Con esta determinación judicial y acuerdo de Cabildo, acudimos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a solicitar el pago de los recursos municipales provenientes de las participaciones federales correspondientes a los Ramos 28 y 33, a los funcionarios municipales que legalmente están facultados para recibirlos y administrarlos para conforme a la Ley Municipal del Estado de Oaxaca. Sin embargo, en dicha instancia de gobierno, nos manifestaron que existe una orden de no hacer entrega de dichos recursos al presidente municipal, regidor de Hacienda, síndico municipal y tesorero municipal, ya que continuarían entregando dichos recursos a los otros concejales y, en todo caso, de que se pida no entregar los recursos, tenían órdenes de suspender la ministración de los recursos. De igual manera, acudimos a la Secretaría General de Gobierno a solicitar nuestras respectivas acreditaciones, a lo que manifestaron que tenían órdenes de negarse a expedírnosla, en virtud de que son otros quienes están acreditados como síndico municipal y regidor de Hacienda, situación que, nos manifestaron, ya habían notificado a la Secretaría de Finanzas para que no se nos hiciera entrega de ningún recurso económico. 8. Debo señalar que los concejales que hasta ahora han cobrado las participaciones municipales, no despachan en el Municipio, no se han presentado a sus labores para el que fueron electos, por lo que, de continuar ministrándoles los recursos, se afectaría gravemente el funcionamiento de la institución municipal en detrimento de nuestra ciudadanía, por esta razón, y al no contar con ningún otro medio para impugnar los ilegales e inconstitucionales actos de las responsables que está propiciando esta situación en mi Municipio, me veo en la necesidad de interponer la presente controversia constitucional."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
• Primer concepto de invalidez
El promovente refiere que los actos que impugna, afectan la esfera de atribuciones del Municipio, a través de la falta de reconocimiento del nombramiento del presidente, síndico y regidor de Hacienda en contra de lo dispuesto por el artículo 115, fracciones I, II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en sus artículos 1, apartado 1, inciso b), y apartado 2, 2, apartados 1 y 2, este último en sus incisos a), b) y c), 7, apartado 1. y 8, apartados 1, 2 y 3, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 3, 4 y 5
Lo anterior, en tanto considera que no se respeta la administración del patrimonio municipal, ni las atribuciones correspondientes al presidente municipal, síndico municipal y regidores, conforme a lo dispuesto por los artículos 68, fracciones VII, IX, XVI y XVII; 71, fracciones I, III, VII, y 73, fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que indican que las atribuciones principales en materia de administración del patrimonio municipal, vigilancia y fiscalización corresponden al presidente y síndico municipal.
Así pues, el presidente municipal es el responsable directo de la administración municipal; mientras que el síndico debe gestionar los negocios de la hacienda pública y vigilar su correcta aplicación, por lo que la negativa de la Secretaría de Finanzas de entregar los recursos al presidente municipal, síndico y regidor de Hacienda elegidos, invaden la esfera de atribuciones del Ayuntamiento en su conjunto y del Municipio de Atzompa.
El otorgamiento de facultades, por parte del Poder Ejecutivo Local, a personas no autorizadas del Municipio de Atzompa, genera como consecuencia la imposibilidad de prestar a la población de éste, los servicios y seguridad pública conforme lo indica el artículo 115 constitucional.
La entrega de participaciones a los concejales Jorge Álvarez López, Antonio García Hernández, Pedro López Martínez y Milton Onasis Hernández Aguilar, por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado, resulta inconstitucional, pues se les otorgan facultades que no poseen, ya que no acuden a laborar aun cuando cuentan con espacio para ello y tampoco aplican al Municipio los recursos que han cobrado, disponiendo de estos últimos a nombre de la municipalidad.
• Segundo concepto de invalidez
El promovente aduce como inconstitucional la acreditación que lleva a cabo la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca a favor de personas que no fueron electas para determinados cargos del Ayuntamiento, así como la negativa de acreditar a aquellos que sí fueron electos, lo anterior, en contra de lo dispuesto en los artículos 2o. de la Constitución Federal y 43, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica Municipal, que establece que el Ayuntamiento, mediante sesión de Cabildo, otorgará las regidurías por materia, pero sin que permita que, hechas las elecciones, se puedan crear nuevas sindicaturas que no sean producto de una elección popular.
De este modo, la determinación de la Secretaría General de Gobierno, de acreditar a concejales en los cargos para los que no fueron electos, vulnera también derechos reconocidos a favor de los pueblos indígenas.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son los artículos 1o., 2o., fracción I, y 115, así como 16 de la Constitución del Estado de Oaxaca; los artículos 1, 2, 7 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
QUINTO. Por acuerdo de cuatro de abril de dos mil catorce, la Ministra Decana Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, presidenta en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ausencia del Ministro Juan N. Silva Meza, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 33/2014 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de ocho de abril de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su respectiva contestación y mandó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Ejecutivo de ese Estado, en su contestación de demanda, expuso, en síntesis, lo siguiente:
1. Considera que debe sobreseerse en el juicio con base en lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, debido a que no existen los actos materia de la misma, lo anterior, en tanto que se ha llevado la entrega de las participaciones y aportaciones al Municipio de Santa María Atzompa, a través del sistema acordado y por conducto de la autoridad reconocida por el Ayuntamiento.
Al efecto, refiere que los recursos han sido entregados a Roberto Antonio Cabrera García, tesorero municipal en funciones acreditado en la Secretaría de Finanzas, para lo cual acompaña diversas copias de transferencias electrónicas a la cuenta que los integrantes del Ayuntamiento le brindaron, de conformidad con las sesiones de treinta y uno de enero y doce de febrero de dos mil catorce, así como de diversos cheques.
Indica que no existen recursos pendientes de ministrar al Municipio en cita, es decir, los relativos a los Ramos 28 y 33, Fondos III y IV, y que independientemente al conflicto que impera en el Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca, el Poder Ejecutivo de la entidad, por conducto de la Secretaría de Finanzas, ha ejercido sus facultades en estricto apego a las disposiciones legales y constitucionales, respetando la autonomía de aquél, al entregar puntual y satisfactoriamente los recursos correspondientes.
2. Que no ha entregado los recursos que corresponden al Municipio de Santa María Atzompa, a concejales no autorizados para tal efecto.
3. Niega que exista una orden de nulidad, por parte del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, de la sesión de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce por el Ayuntamiento de Santa María Atzompa.
4. Refiere que es falsa la existencia de una orden de suspensión de ministración de los recursos correspondientes al Municipio actor, ya que, como se indicó en párrafos anteriores, ha entregado en tiempo y forma los mismos.
5. Considera que debe declararse la improcedencia de la controversia constitucional, debido a la falta de existencia de afectación en la esfera de competencias del Municipio actor.
6. Manifiesta que, si bien es cierto que conforme al artículo 2o. de la Constitución, los pueblos indígenas poseen libertad para decidir sobre sus normas internas y que tal libertad puede ser ejercida válidamente a través de la Asamblea General de Ciudadanos, la elección de representantes mediante el sistema de derecho consuetudinario no puede ser ilimitada, pues los actos deben ser observados por parte de la autoridad electoral competente, quien formaliza el acuerdo adoptado, motivo por el cual, los convenios emanados con posterioridad no pueden tomarse como válidos por el Ejecutivo del Estado.
Además, señala que para realizar la correcta ministración de recursos que corresponden al Municipio de Santa María Atzompa, acorde a lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, el Ejecutivo Estatal debe tomar en cuenta los acuerdos que legalmente hubieren sido adoptados por los concejales integrantes del Ayuntamiento, reconocidos por el Instituto Electoral Local.
7. Aduce que la dependencia municipal facultada para recibir los recursos es la Tesorería Municipal, lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil catorce.
Bajo ese contexto, se manifiesta que el Ejecutivo Local se encuentra impedido legalmente para ministrar recursos a través de algún concejal distinto al tesorero municipal, quien acorde con los artículos 93 y 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, es quien ejerce la titularidad de dicho órgano de recaudación.
8. Afirma que entrega, a través de la Secretaría de Finanzas, los recursos que corresponden al Municipio de Santa María Atzompa, a quien es designado por los concejales integrantes del Ayuntamiento, en pleno ejercicio de la facultad contenida en la fracción XIX del artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, circunstancia que impide la entrega de tales recursos a cualquier otro funcionario municipal, independientemente del cargo que ostente, lo que garantiza el respeto al principio de integridad de los recursos municipales.
9. Refiere que el Municipio actor, por la totalidad de sus integrantes, acordó realizar la designación del tesorero municipal a nombre de Mayra Cruz Juárez, como se puede advertir del acta de sesión ordinaria de Cabildo, de dieciocho de enero de dos mil catorce, la cual, si bien fue impugnada por Antonio Rey Enriques y Luis Filiberto García Blanco, no trasciende al acuerdo relativo a la designación de secretario y tesorero municipales en ella adoptado, pues el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en los expedientes acumulados JDCI/12/2014 y JDCI/13/2014, se limitó a pronunciarse respecto al acuerdo de designación de cargos, vinculando al Ayuntamiento para que mediante una nueva sesión de Cabildo realizara las asignaciones conforme a lo ahí establecido.
10. Indica, que la impugnación descrita no afecta al correcto procedimiento de ministración de los recursos por parte del Ejecutivo Local, toda vez que mediante sesión extraordinaria de treinta y uno de enero de dos mil catorce, se removió del cargo de tesorero municipal a Mayra Cruz Juárez y se designó a Roberto Antonio Cabrera García, a lo cual se le otorga validez, al haberse expedido bajo las formalidades expedidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
En ese sentido, manifiesta que, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, para la remoción y nombramiento del tesorero municipal, se requiere de la mayoría simple del Ayuntamiento para la calificación del acuerdo, por lo que considera que, al ser votada por cuatro de los siete integrantes, el acta de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce, sí reúne los requisitos contemplados en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
Al respecto, refiere que el mismo trato debe darse a las sesiones de Cabildo de seis y doce de febrero, así como de veintiocho de marzo de dos mil catorce, a través de las cuales, el Municipio actor designó las cuentas bancarias para recibir los recursos que corresponden y ratificó los acuerdos adoptados en las actas de treinta y uno de enero y seis de febrero.
11. Estima como inaceptable que se considere como responsable directo de la administración pública, al presidente municipal y que de manera conjunta con el síndico y regidor de Hacienda Municipal, integren la comisión de hacienda, pues dentro de sus facultades se encuentra la de vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación del servicio público, tal como lo indica el artículo 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que refiere que las comisiones son órganos de consulta y vigilancia, no operativos.
12. Señala que de ninguna de las disposiciones hechas valer por el promovente se desprende la obligación del Ejecutivo Local de entregar los recursos al presidente, al síndico o regidor de Hacienda municipales, en contra de lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Ingresos municipales, pues tales autoridades no son competentes para el cobro de los recursos que corresponden al Municipio, como lo es el tesorero municipal.
13. El poder demandado concluye que se ministran los recursos correspondientes a Santa María Atzompa, en atención a las disposiciones legales vigentes en la entidad, es decir, a través del tesorero municipal en funciones, dejando a salvo las facultades del presidente, síndico y regidor de Hacienda para vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos que corresponden al Municipio.
SÉPTIMO. El procurador general de la República no formuló opinión en la presente controversia constitucional.
OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el siete de agosto de dos mil catorce se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
DÉCIMO. Por acuerdo de uno de octubre de dos mil catorce, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha Sala se avocara al conocimiento del presente asunto.
DÉCIMO PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de octubre de dos mil catorce, Milton Onasis Hernández Aguilar, síndico municipal del Municipio de Santa María Atzompa, presentó una promoción en la que solicitó que se resolvieran en conjunto las controversias constitucionales 33/2014 y 36/2014, al considerar que se encuentran íntimamente relacionadas; sin embargo, esta Segunda Sala, en sesión de quince de octubre de dos mil catorce, resolvió que no se actualiza el supuesto señalado en el artículo 38 de la ley reglamentaria de la materia, por lo que no ha lugar a acordar de conformidad su petición.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de un conflicto entre el Estado de Oaxaca, a través de su Poder Ejecutivo y el Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, en que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Por ser una cuestión de estudio preferente, en el presente considerando se verificará sobre la existencia de los actos impugnados por el Municipio actor, dado que la demandada los niega y, al efecto, se precisarán aquellos materia de la litis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 41 de la ley reglamentaria de la materia.
De la lectura de la demanda interpuesta se desprende que los actos en contra de los que se promueve la presente controversia constitucional fueron los siguientes:
1. La no entrega de pagos correspondientes al Municipio a los concejales y tesorero del Municipio de Santa María Atzompa, legalmente facultados para ello, en términos de las actas de sesión de Cabildo de primero y veinte de enero de dos mil catorce.
2. El reconocimiento de personas como autorizados para recibir los recursos del Municipio, designados por actas de Cabildo de dieciocho y treinta y uno de enero de dos mil catorce y, por ende, la entrega de éstos a concejales que no se encuentran facultados para ello.
3. Orden de suspensión de la emisión de recursos al Municipio de Santa María Atzompa.
Al efecto, recordemos que el Poder Ejecutivo, en su contestación de demanda, manifestó: (i) que no existen los actos cuya invalidez se demanda, toda vez que han ministrado en tiempo y forma los recursos al Municipio actor; (ii) que no existe orden alguna mediante la cual se hubiere determinado la suspensión de la ministración de recursos a favor del Municipio de Santa María Atzompa; y, (iii) que toda vez que han entregado correctamente los recursos a tal Municipio, no existe afectación en la esfera de competencias del actor y debe sobreseerse en el juicio de controversia constitucional que nos ocupa.
Indicado lo anterior, debe precisarse que, en su contestación de demanda, el Poder Ejecutivo refirió que sus funciones administrativas las lleva a cabo con base únicamente en los acuerdos tomados por el Cabildo del Municipio actor, cuando éstos reúnen los requisitos exigidos por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, es decir, el ser votados por mayoría.
Asimismo, que ha ministrado los pagos de los recursos financieros del orden federal por conducto de las personas que el Municipio actor autorizó en cumplimiento del artículo 95, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, y que éstos han sido entregados por medio del tesorero nombrado en sesiones de dieciocho y treinta y uno de enero de dos mil catorce, es decir, a favor de Mayra Cruz Juárez y Roberto Antonio Cabrera García.
Con base en lo anterior, es posible determinar la existencia de los dos primeros actos referidos con anterioridad, toda vez que el Poder Ejecutivo Local ha entregado los recursos del Municipio de Santa María Atzompa, a los ciudadanos Beatriz González Álvarez y Roberto Antonio Cabrera García, de conformidad con las actas de sesión de Cabildo de dieciocho y treinta y uno de enero de dos mil catorce, al considerar que reunían los requisitos exigidos por la Ley Orgánica Municipal de la entidad, es decir, haber sido aprobadas por mayoría, sin observar la toma de protesta de los integrantes del Ayuntamiento de Santa María Atzompa, en sesión de Cabildo de primero de enero, y la determinación de la asamblea de ciudadanos de veinte de enero del mismo año en que se desconoce la sesión de dieciocho de enero y se establecen los cargos de los integrantes del Municipio, así como del tesorero, de lo que se puede concluir, sin prejuzgar respecto de la validez de las referidas actas, que el poder demandado se basó únicamente en las dos primeras actas -dieciocho y treinta y uno de enero- para hacer entrega de los recursos al tesorero que determinó como idóneo.
De este modo, esta Sala considera que debe desestimarse el argumento del poder demandado, en el sentido de que no existen tales actos contenidos en la demanda, ya que de constancias se desprende, que los pagos que se han realizado al Municipio actor sí han sido ministrados por conducto de las personas señaladas en las actas de sesiones de Cabildo de dieciocho y treinta y uno de enero de dos mil catorce.
De ese modo, debe desestimarse el argumento referente a que procede sobreseer en el juicio, al no haber afectación de la esfera del Municipio, porque los actos impugnados son inexistentes; lo anterior, puesto que en ello consiste la cuestión efectivamente planteada en la presente controversia, es decir, en el análisis de la entrega correcta de los recursos correspondientes al Municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca.
Por su parte, por cuanto hace al tercer acto referido, resultan válidos los argumentos vertidos por el Poder Ejecutivo, al indicar que no existe orden de suspensión alguna a través de la cual se hubiere determinado la suspensión de ministración de recursos al Municipio de Santa María Atzompa, lo anterior, debido a que el Municipio actor no desvirtúa tal afirmación y de autos no se desprende que así sea, por tanto, debe sobreseerse en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la ley regla
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25419-88fb7a29/controversia-constitucional-cuando-se-declare-la-invalidez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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