APORTACIONES FEDERALES. SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DA LUGAR AL PAGO DE INTERESES.
APORTACIONES FEDERALES. LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA, AL HABER ENTREGADO EXTEMPORÁNEAMENTE LOS FONDOS DE FORTALECIMIENTO Y DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DISTRITO DE JUCHITÁN, RESPECTO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. LA FECHA QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA VERIFICAR SU ENTREGA OPORTUNA ES EL MOMENTO EN EL CUAL EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, POR CONDUCTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS, ACUSA RECIBO DE LOS FONDOS RELATIVOS, SIN MENOSCABO DE QUE LOS CHEQUES RESPECTIVOS SE HUBIERAN EXPEDIDO PREVIAMENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE NO SEAN DEFINITIVOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ EXCEPCIONALMENTE PUEDE SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.
PARTICIPACIONES FEDERALES. LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA, AL HABER ENTREGADO EXTEMPORÁNEAMENTE LOS FONDOS GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y DE FOMENTO MUNICIPAL AL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DISTRITO DE JUCHITÁN, RESPECTO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2012. 24 DE ABRIL DE 2013. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DISTRITO DE JUCHITÁN, DEL ESTADO DE OAXACA. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de abril de dos mil trece, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 96/2012, promovida por el Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, del Estado de Oaxaca, por conducto del síndico municipal, Benito López Zárate, en la que demandó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades que se indican:(1)
Ver tabla 1
I. Antecedentes
1. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:
a) Los integrantes del Ayuntamiento fueron electos bajo el sistema de usos y costumbres en los respectivos cargos que ostentan durante el trienio del primero de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
b) El veintitrés de diciembre de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca expidió la constancia de mayoría por el sistema de usos y costumbres, por la cual se ratificó la validez del acta de asamblea general de elección de autoridades municipales de veintiocho de noviembre de dos mil diez.
c) El primero de enero de dos mil once, el Ayuntamiento saliente dio posesión de los cargos a los nuevos integrantes propietarios, por lo que a partir de esta fecha el cabildo entró en funciones.
d) El siete de septiembre del dos mil doce, la Legislatura Local pretendió y dictó órdenes con el objeto de privar del cargo a los integrantes del Ayuntamiento, violando así, la constancia de mayoría y validez de la elección por usos y costumbres expedida, que los acredita como propietarios legalmente en funciones para el periodo del primero de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
e) Las autoridades demandadas incitaron a grupos de choque con el objeto de generar condiciones de inestabilidad política y social, así como tratar de desaparecer al Ayuntamiento, además dictaron órdenes para retener, dilatar e impedir la entrega de las participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio de los Ramos 28 y 33, Fondos III y IV.
2. Conceptos de invalidez. Violación al artículo 115, fracciones I, II, III, IV y V, de la Constitución Federal. En su único concepto de invalidez el Municipio actor, señaló, en síntesis que:
Los actos y pretensiones de la Legislatura Local fueron dictados con el objeto de privar del cargo a todos los integrantes del Ayuntamiento, violando con ello la constancia de mayoría y validez de la elección para el periodo que comprende del primero de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, lo que genera inestabilidad económica y social dentro del propio Municipio, al no poder funcionar adecuadamente en un clima de paz y armonía, además de que no se ha iniciado procedimiento alguno en el que hayan sido oídos y vencidos en juicio.
Los actos que retienen, dilatan e impiden la entrega de las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio -Ramos 28 y 33, Fondos III y IV-, violan la autonomía municipal, ya que los Municipios son autónomos para determinar el modo de ejercer su hacienda municipal en forma directa, o bien por quienes autoricen en términos de ley.
Mediante decreto emitido por la Legislatura Local se establecieron los montos que corresponden al Municipio de Santa María Chimalapa, Juchitán, Oaxaca, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.(2) En este sentido, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado tiene la obligación de entregar las sumas que corresponden al Municipio actor de manera ágil, y sin limitaciones ni restricciones, en la forma y términos señalados, en consecuencia, la falta y demora de la entrega de los recursos es un acto que causa un detrimento patrimonial y limita el cumplimiento de las obligaciones municipales en perjuicio de los habitantes, ya que se dejan de prestar los servicios públicos municipales y genera la obligación a la secretaría de pagar intereses a la tasa prevista por el Congreso de la Unión para los recargos en el pago de contribuciones federales, razón por la que debe declararse la ilegalidad de dichos actos por atentar contra la autonomía municipal.
3. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violado el artículo 115, fracciones I, II, III, IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Trámite de la controversia constitucional
4. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(3)
5. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al síndico del Municipio actor y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, emplazándolos para que formularan su contestación; finalmente, dio vista a la entonces procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(4)
6. Contestación a la demanda. Los poderes demandados en sus respectivas contestaciones señalaron, en síntesis, que:
7. Poder Legislativo del Estado de Oaxaca
No es cierto que pretenda ordenar que se prive del cargo a los concejales del Ayuntamiento de Santa María Chimalapa, y tampoco existe decreto alguno por el que se ordene desaparecer al Ayuntamiento, ya que no ha iniciado ningún procedimiento que tenga como finalidad desaparecer al citado Ayuntamiento.
No ha ordenado la suspensión de la entrega de participaciones y aportaciones federales de los Ramos 28 y 33, Fondos, III y IV, que corresponden al Municipio actor.
No es cierto que la Legislatura Local esté "azuzando a grupos de choque" para causar conflictos en el Municipio actor.
La Legislatura Local ha recibido diversas solicitudes de ciudadanos del Municipio actor, mediante las cuales solicitan la desaparición del Ayuntamiento, así como que se le practique una auditoría al gasto de los recursos asignados, lo que ha derivado en la apertura de los expedientes 656 y 696, del índice de la Comisión Permanente de Gobernación, y el expediente 909 del índice de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, sin que se haya iniciado formalmente el procedimiento para suspender al Ayuntamiento, ni para ordenar la realización de la auditoría, en virtud de que las citadas solicitudes se han turnado a dichas comisiones para su atención, y no se ha emitido ningún acuerdo en los expedientes 656 y 909.
En el expediente 696, el veintiocho de septiembre de dos mil doce, se dictó un acuerdo por el que se tuvo como recibida la solicitud de desaparición del Ayuntamiento y se ordenó requerir la ratificación de la mencionada solicitud. El tres de octubre siguiente, se llevó a cabo la diligencia de ratificación. En este orden, se encuentra pendiente que la Comisión Permanente de Gobernación emita otro acuerdo en el que, en su caso, ordene el emplazamiento a los concejales del Ayuntamiento para que comparezcan a deducir sus derechos de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
No es cierto que se esté vulnerando la autonomía municipal en perjuicio del Municipio actor, por lo que deben desestimarse los conceptos de invalidez y sobreseerse en la presente controversia constitucional, ante la inexistencia de los actos impugnados.
8. Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Deberá decretarse el sobreseimiento de la controversia, ya que no existen los actos impugnados al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, especialmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, como órgano subordinado de dicho poder.
Los actos de retención, dilación e impedimento en la entrega de participaciones y aportaciones que le corresponden al Municipio actor son inexistentes, en virtud de que la Secretaría de Finanzas del Estado ha entregado oportunamente al Municipio actor sus participaciones y aportaciones federales relativas a los Ramos 28 y 33, Fondos III y IV, correspondientes al ejercicio dos mil doce, mismos que fueron transferidos mediante el mecanismo de pago denominado "Sistema de Pago Electrónico Interbancario" (SPEI) autorizado para tal fin por el propio Ayuntamiento en tiempo y forma.
Para corroborar lo anterior, se presentan los recibos de pago oficial expedidos y firmados por el tesorero municipal del Municipio actor, Ulises López González, a favor de la Secretaría de Finanzas de la entidad, así como con los recibos de transferencias realizados mediante el Sistema de Pago Electrónico Interbancario (SPEI), correspondientes al ejercicio fiscal dos mil doce.
En virtud de que son inexistentes los actos impugnados, el Municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, toda vez que no existe afectación alguna en su esfera jurídica y, por tanto, debe declararse improcedente la controversia, sin que sea obstáculo que dicho Municipio tenga legitimidad para promover controversias constitucionales, pues no todo acto es susceptible de ser controvertido en esta vía, sino sólo en aquellos que sean lesivos de alguna atribución que constitucionalmente le haya sido asignada a la parte promovente.
9. Opinión del procurador general de la República: Este funcionario, al rendir su opinión, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, y quien la promovió goza de legitimación procesal activa para ello.
En el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del numeral 20 de la ley reglamentaria de la materia, porque el Municipio actor no aportó prueba alguna tendente a acreditar la existencia de los actos impugnados; al contrario, el Poder Ejecutivo Local aportó pruebas para acreditar la inexistencia de los actos, tales como el cuadernillo que contiene los recibos de pago oficial correspondientes a los meses de enero a agosto de dos mil doce, expedidos y firmados por el tesorero municipal del Municipio actor.
Por tanto, al no haber quedado acreditada en autos la existencia de los actos impugnados atribuidos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad, procede el sobreseimiento en la controversia constitucional.
Por otra parte, del informe emitido por el Poder Legislativo se advierte la existencia de un procedimiento que se sigue ante la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso Local, registrado con el expediente 696, derivado de la solicitud de la desaparición del Ayuntamiento del Municipio actor. En relación con ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el expediente 696 se encuentra en trámite, es decir, dicho procedimiento aún no concluye y, por tanto, no tiene el carácter de definitivo, puesto que se está en espera de que la Comisión Permanente de Gobernación emita acuerdo por el que se ordene el emplazamiento a los concejales integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos.
10. Desechamiento de la ampliación de demanda. Por acuerdo de dos de enero de dos mil trece, el Ministro instructor desechó la ampliación de la demanda de controversia constitucional que fue promovida por el síndico del Municipio actor,(5) en virtud de que en su escrito de ampliación no se impugnaban hechos nuevos que hubiere conocido la parte actora con motivo de la contestación de demanda, ni hechos supervenientes.(6)
11. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(7)
12. Radicación en la Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
III. Competencia
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto único del Acuerdo General Plenario Número 3/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, porque se plantea un posible conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca y el Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, de la misma entidad federativa, en el que no existe planteamiento de inconstitucionalidad de norma general alguna, por lo que se surte la competencia de esta Primera Sala para resolver este conflicto.
IV. Existencia de actos
14. En virtud de que las autoridades demandadas niegan la existencia de los actos impugnados, resulta necesario determinar su realidad pues, de no existir, deberá sobreseerse en la controversia respecto de aquéllos, conforme al artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.
15. De la demanda se advierte que el Municipio actor impugna diversos actos, los cuales consisten en:
Ver diversos actos
16. Ahora bien, respecto a los mencionados actos, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca informó que no es cierto que pretenda ordenar que se prive del cargo a los concejales del Ayuntamiento de Santa María Chimalapa del Estado, y que no existe decreto alguno por el que se ordene desaparecer al Ayuntamiento, en virtud de que no ha iniciado procedimiento que tenga esa finalidad, y tampoco es cierto que haya ordenado la suspensión de la entrega de recursos de participaciones de los Ramos 28 y 33, Fondo III y IV.
17. Al respecto, esta Primera Sala estima que los actos impugnados, atribuidos al Poder Legislativo Local, son inexistentes, ya que en el expediente no obra constancia alguna que pruebe su existencia, siendo que el Municipio actor no aportó ningún documento que desvirtúe esta afirmación. En efecto, de las constancias de autos no se advierte prueba alguna de la existencia de "la pretensión u órdenes dictadas para privar del cargo a los integrantes del Ayuntamiento que entraron en funciones el primero de enero de dos mil doce", ni de ningún "decreto por el que se pretenda desaparecer al Ayuntamiento".
18. No pasa desapercibido para esta Primera Sala, que si bien el Congreso del Estado de Oaxaca, al rendir su contestación a la demanda informó que existen tres expedientes abiertos ante la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca con motivo de las solicitudes de ciudadanos del Municipio para que se inicien procesos de desaparición del Ayuntamiento y de auditoría al gasto de los recursos asignados al Ayuntamiento -expedientes 696 y 656 turnados a la Comisión Permanente de Gobernación y el expediente 909, turnado a la Comisión Permanente de Vigilancia(8)-, respecto de dos de los expedientes, manifestó que no se ha emitido acuerdo alguno -656 y 909-, siendo que sólo en el caso de uno de los expedientes -696, turnado a la Comisión Permanente de Gobernación-, el veintiocho de septiembre de dos mil doce, se dictó un acuerdo por el que se determinó,(9) entre otras cosas, que:
a) Se tuvo por recibida la solicitud de desaparición del Ayuntamiento promovida por ciudadanos del Municipio;(10) y
b) Se señaló una fecha cierta -tres de octubre de dos mil doce- para que comparecieran los solicitantes ante la Comisión Permanente de Gobernación para la ratificación de dicha solicitud.
19. En este tenor, y de las documentales que obran en el expediente, esta Primera Sala advierte que, posteriormente a la emisión del acuerdo referido y concretamente el día tres de octubre de dos mil doce, el Congreso Local llevó a cabo la diligencia de ratificación de la solicitud aludida;(11) asimismo, se advierte que la Comisión Permanente de Gobernación, mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil doce, declaró el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de Santa María Chimalapa, Juchitán, Oaxaca, ordenando la notificación de dicho acuerdo al Ayuntamiento para emplazarlo al procedimiento, otorgándole un término de diez días hábiles para que conteste, por escrito, lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, se le presumiría confeso de los hechos referidos en la solicitud.(12)
20. Pues bien, no obstante que de autos se advierte la existencia del inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de Santa María Chimalapa, Juchitán, Oaxaca, en el expediente 696, lo cierto es que este acto no puede ser considerado en esta controversia constitucional como un acto impugnado por el Municipio actor. En efecto, como ya dijimos, el Municipio actor señaló en su demanda, como actos impugnados atribuidos al Congreso Local: a) la pretensión u órdenes dictadas para privar del cargo a los integrantes del Ayuntamiento que entraron en funciones el primero de enero de dos mil doce; y, b) el decreto por el que se pretende desaparecer al Ayuntamiento, actos respecto de los cuales no se acreditó su existencia, siendo que en el caso, el acto consistente en el inicio del procedimiento de desaparición de Ayuntamiento, es un acto concreto que surgió posteriormente a la presentación de la demanda, que no fue impugnado por el Municipio actor en una ampliación a la demanda, por lo que no puede tenerse como acto impugnado en esta vía.
21. Cabe señalar que incluso, aun cuando se pretendiera que dicho inicio del procedimiento de desaparición de Ayuntamiento, sí debiera tenerse como un acto impugnado, lo cierto es que, tal y como acertadamente lo afirmó en su opinión la procuradora general de la República, la controversia constitucional tendría que sobreseerse al no tratarse de un acto definitivo y, por ende, actualizarse la causa de improcedencia establecida en la fracción VI, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución, en relación con el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento,(13) teniendo aplicación la tesis de jurisprudencia número P./J. 12/99,(14) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA."
22. En este sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de estos actos impugnados y atribuidos del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto por el ya referido artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.
23. Por su parte, por lo que se refiere a los actos que se impugnan del Poder Ejecutivo Local, cabe señalar que este poder, en su contestación a la demanda, solicitó decretar el sobreseimiento ante la inexistencia de los actos impugnados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, como órgano subordinado a dicho poder, ya que manifestó que no ha dado ninguna "orden de suspender la entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden al Municipio", señalando incluso que, por el contrario, la Secretaría de Finanzas ha ministrado oportunamente al Municipio actor sus recursos correspondientes al ejercicio dos mil doce, mismos que fueron transferidos, a través de la persona legalmente facultada para tal efecto, esto es, a través de Ulises López González, tesorero del Municipio actor, en tiempo y forma.
24. Al respecto, dicho motivo de sobreseimiento debe desestimarse, ya que es una situación que involucra el estudio de fondo del asunto, máxime si el Municipio actor, en una parte de su concepto de invalidez, hace manifestaciones en el sentido de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado tiene la obligación de entregarle los recursos federales que le corresponden de manera ágil y oportuna, por lo que la demora en la entrega de los mismos genera la obligación de pagar intereses a la tasa prevista por el Congreso de la Unión para los recargos en el pago de contribuciones federales, de lo que se deriva que también impugna una demora en la entrega de los recursos federales.
25. En efecto, debe desestimarse esta causa de improcedencia, porque su estudio involucra cuestiones del fondo del asunto, ya que para determinar si la Secretaría de Finanzas ha ministrado o no, y, además, de manera oportuna al Municipio actor los recursos económicos a los que tiene derecho, es necesario estudiar los planteamientos en el estudio de fondo. Sirve de apoyo la tesis número P./J. 92/99,(15) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."
26. Por tanto, lo procedente es estudiar en el fondo si la autoridad demandada -Poder Ejecutivo Local- ha realizado o no los actos que se le imputan, consistentes en una supuesta suspensión en la entrega y una demora en dicha entrega de los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor.
V. Oportunidad
27. Para el análisis de este tópico, se toma en cuenta lo manifestado por el Municipio actor en su demanda, en la que señaló expresamente: "Todos los actos impugnados no han sido notificados legalmente a la fecha al Ayuntamiento que represento; sin embargo, por derivar de actos omisivos son susceptibles de hacerse valer en cualquier tiempo."
28. De lo anterior, se advierte que el Municipio actor precisa que los actos que impugna son "actos omisivos" y que no le han sido notificados, por tanto, para realizar el cómputo de la oportunidad en la presentación de la demanda, esta Primera Sala tomará en cuenta el criterio del Tribunal Pleno establecido en la tesis de jurisprudencia P./J. 43/2003,(16) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.", conforme al cual, cuando lo que se impugna en una controversia constitucional es un acto omisivo el plazo para hacerlo se estima indefinido y, por tanto, la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día, mientras prevalezca la inactividad que se cuestiona, ya que la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional no previó disposición específica para esta situación.
29. De este modo, si lo que se impugna es una supuesta suspensión en la entrega de los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor -así como una demora en dicha entrega-, lo cual se puede entender de inicio como una posible omisión de la autoridad demandada en la entrega de las recursos económicos correspondientes al Municipio actor, esta Primera Sala considera que se debe atender al momento en que el Municipio actor presentó la demanda de controversia constitucional -doce de septiembre de dos mil doce-, ya que como hemos dicho, al tratarse de la impugnación de una omisión, la oportunidad para la presentación de la demanda se actualiza día a día. Además, dicha fecha también servirá de base para determinar el inicio del periodo a partir del cual se hará la revisión de la supuesta omisión en la entrega de los recursos económicos, o en caso de que los recursos sí se hubiesen entregado, y analizar si a partir de dicho momento, ello se ha realizado de manera oportuna o no.
VI. Legitimación activa
30. El actor es el Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, del Estado de Oaxaca, y en su representación promueve la demanda Benito López Zárate, quien se ostenta con el carácter de síndico municipal. Dicho carácter se acredita con los siguientes documentos:
A) Constancia de mayoría y validez de la elección por el sistema de usos y costumbres de concejales a Ayuntamientos expedida por el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca el veintitrés de diciembre de dos mil diez, de la que se advierte que Benito López Zárate fue electo como concejal propietario para la integración del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca.(17)
B) Acta de asamblea general de elecciones de las autoridades municipales, celebrada con base en los usos y costumbres de veintiocho de noviembre de dos mil diez, de la que se advierte que Benito López Zárate fue electo como síndico municipal del Municipio actor.(18)
C) Copia certificada del acta de toma de protesta de ley a los concejales electos en la sesión celebrada el primero de enero de dos mil once, de la que se advierte que se tomó protesta a dichos funcionarios, entre los que se encuentra Benito López Zárate, signando como síndico municipal.(19)
D) Copia certificada del nombramiento expedido por Raymundo Zárate Zárate, en su carácter de presidente municipal, a favor de Benito López Zárate, como síndico municipal para el periodo dos mil once a dos mil trece.(20)
E) Copia certificada de la credencial expedida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a favor de Benito López Zárate, acreditándolo como síndico municipal para el periodo de enero de dos mil once a diciembre de dos mil trece.(21)
31. Ahora, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(22) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen estén facultados para representarlo. En este sentido, el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca dispone que los síndicos son los representantes jurídicos del Municipio, y en su fracción I indica, entre otras cosas, que deben representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos sean parte.(23) Por tanto, Benito López Zárate, en su carácter de síndico municipal, tiene la representación necesaria para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio actor. Máxime que, en este asunto, no se advierte algún planteamiento que cuestione la legitimación de este funcionario, así como de las personas autorizadas para recibir los recursos económicos a que tiene derecho el Municipio actor.
VII. Legitimación pasiva
32. En el auto admisorio de trece de septiembre de dos mil doce, el Ministro instructor tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y se les requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.(24)
33. Poder Legislativo Local. Por este poder compareció el diputado Juan Mendoza Reyes, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, personalidad que acreditó con copias certificadas del acta de la sesión de catorce de noviembre de dos mil once, correspondiente al octavo periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio de dicha legislatura, de la que se advierte que Juan Mendoza Reyes asumió el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo a partir del quince de noviembre de dos mil once, y que tomó la protesta respectiva en dicho cargo.(25)
34. Al respecto, el artículo 40 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca establece, entre otras cosas, que la representación legal del Congreso la tiene el presidente de la Junta de Coordinación Política, por tanto, se concluye que el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política que contesta la demanda, goza de la representación legal del Congreso Local y cuenta con la debida legitimación procesal para representar en este medio de control constitucional al Poder Legislativo Local.(26)
35. Poder Ejecutivo Lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24514-ce386820/aportaciones-federales-su-entrega-extemporanea-da-lugar-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- APORTACIONES FEDERALES. SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DA LUGAR AL PAGO DE INTERESES. (1a. CCXXII/2013 (10a.))
- SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA PAGOS A CARGO DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. AL CONSTITUIR PRESUPUESTO DEVENGADO, SU MONTO DEBE INCLUIRSE CON (P./J. 9/2011)
- SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA PAGOS A CARGO DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. AL CONSTITUIR PRESUPUESTO DEVENGADO, SU MONTO DEBE INCLUIRSE CON (1579)
- PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS NO SON FIJAS SINO VARIABLES Y ATIENDEN AL PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓN QUE EFECTIVAMENTE CAPTE LA F (56)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis