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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD (ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F-998, AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHONTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 182/2016. · Registro digital (IUS): 28942
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-16
Promovente: MUNICIPIO DE CHONTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Pág. 1418.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 182/2016. MUNICIPIO DE CHONTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 13 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Elisa Ponce Zequefra (sic), en su carácter de representante legal del Municipio de Chontla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de diversos actos emitidos por las autoridades siguientes:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Actos cuya invalidez se demanda:

"a) Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones Federales que le corresponden al Municipio actor, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año dos mil dieciséis hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta su puntual entrega. Así como la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y pago Número F-998, celebrado por una parte, como fideicomitentes, El Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y diversos Municipios de la entidad entre los cuales se encuentra el de Chontla, Veracruz, y por otra parte, como fiduciario, Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.—b) La omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponde al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetaran las Participaciones Federales.—c) La omisión del demandado de resarcirle económicamente, al Municipio actor, con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil cinco a la fecha de presentación de demanda, conforme en lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251, el pago de los intereses correspondiente (sic). ..." (énfasis añadido)

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes antecedentes:

1. Que el Municipio de Chontla es una parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz.

2. Que el principio de legalidad tributaria, establecido en los artículos 31, fracción IV, y 115, primer párrafo, de la Constitución Federal, se traduce en que las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público de los Municipios deben estar definidas en una ley en sentido formal y material.

3. Aduce que el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto consiste en armonizar el ejercicio de la potestad tributaria y evitar una múltiple tributación, así como participar de la recaudación de los gravámenes de carácter federal, a los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, con base en un fondo general y fondos específicos.

4. Señala que el dos de enero de mil novecientos setenta y nueve, la Federación se obligó mediante el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a beneficiar al Estado de Veracruz y a sus Municipios con la entrega de cuatro participaciones en términos de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación; a cambio, el Congreso de Veracruz se comprometió a no establecer contribución, estatal o municipal, en favor de los Municipios sobre actos o hechos jurídicos que ya sean objeto de un impuesto federal.

5. Refiere que por lo anterior, el Municipio debe recibir las participaciones que le correspondan, por conducto del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días a que dicha entidad las reciba de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su retraso da lugar al pago de intereses, de conformidad con lo previsto en los artículos 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, y 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.

6. Sostiene que el Gobierno del Estado de Veracruz ha incumplido con la entrega puntual de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor desde el año dos mil cinco –con retrasos de alrededor de los veintiocho días siguientes contados después de la fecha límite de cinco días–, no obstante que éste las recibe puntualmente conforme al calendario publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; pese al retraso, refiere que el Gobierno de Veracruz no ha realizado el pago correspondiente de los intereses devengados. Señala que dicha situación se desprende de la simple lectura de los oficios relativos a la entrega de las participaciones federales, correspondientes a los meses de enero del dos mil cinco a octubre de dos mil siete, expedidos por el demandado, por conducto del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz.

7. Considera inconstitucional, el actuar del Gobierno del Estado de Veracruz, toda vez que, pese a haber incurrido en los retrasos señalados, no ha efectuado el pago de los intereses devengados, tal como lo establecen los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 10 de la Ley Número 251, que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las participaciones federales que le corresponden al Municipio.

8. Se afirma que el ramo 33 ha representado una de las expresiones más claras del federalismo al descentralizar hacia las entidades federativas y los Municipios, responsabilidades de ejercicio y vigilancia de los recursos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros. En ese sentido, refiere que las aportaciones federales son definidas como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios del país, condicionado a que el gasto se ejerza en la consecución y el cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, recursos que se aplican, en términos del artículo 25 de la misma ley, en los fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples;

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica de Adultos;

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, y el Distrito Federal; y

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Al respecto, el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con un porcentaje de la recaudación federal participable a la que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, se transcribe el subsecuente artículo 33, en la parte que refiere a los rubros a los que deben destinarse en exclusiva los fondos que integran el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a saber, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

Por otro lado, se hace referencia al artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal que establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) debe distribuirse por las Entidades Federativas a los Municipios, conforme a una fórmula que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para lo cual deben utilizar la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal de las demarcaciones territoriales, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De igual manera, se refiere que la Secretaría de Desarrollo Social debe publicar en el Diario Oficial de la Federación las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales para cada entidad, como apoyo a las entidades para la aplicación de las fórmulas.

Atendiendo a lo previsto, las entidades federativas y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social deben calcular las distribuciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) que corresponderán a sus Municipios y demarcaciones territoriales; mismas que deberán publicarse junto con la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento, en los respectivos órganos oficiales de difusión, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable.

En tal contexto, refiere que el veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicaron dos acuerdos en el número extraordinario cuarenta y dos de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por medio de los cuales el Poder Ejecutivo del Estado dio a conocer las distribuciones de recursos para el ejercicio de dos mil dieciséis relativos: i) al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y ii) al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, respectivamente (FISMDF). Del primer fondo, se asignó al Municipio de Chontla la cantidad de $7'346,940.00 (Siete millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); consignándose, en el apartado quinto del acuerdo, la entrega de los recursos del fondo una vez recibida la ministración correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al calendario publicado el dieciocho de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación.

Respecto del segundo fondo, en el acuerdo correspondiente se estableció que correspondía al Municipio de Chontla la cantidad de $22’703,048.00 (Veintidós millones setecientos tres mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.); señalándose en el apartado décimo que la entrega de los recursos se haría tan pronto fueran recibidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, conforme a lo establecido en el artículo quinto del "Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de esta anualidad", publicado el dieciocho de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, en el que también se especifican las fechas de radicación para la entidad federativa, y la fecha límite de radicación para los Municipios.

No obstante lo anterior, el Gobierno del Estado de Veracruz ha incumplido sistemáticamente con los pagos conforme a los calendarios establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin que haya justificación alguna, y a la fecha de presentación de la controversia constitucional, está pendiente el pago de tres meses del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en contravención al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, se alega que la referida omisión de la entidad federativa constituye una ilegal retención, que impide que al Municipio el ingreso a que tiene derecho y por ende le imposibilita atender con oportunidad sus requerimientos de gasto.

La actora señala que las cantidades que se adeudan, de acuerdo a cada programa y las fechas en que debieron ser depositadas, son las que se muestran en las tablas siguientes:

Ver tablas

Asimismo, se refiere que el Gobierno del Estado y diversos Municipios, entre ellos el de Chontla, constituyeron el Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F-998, el cual celebraron en su calidad de fideicomitentes con el fiduciario Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria. El objetivo de la constitución del fideicomiso bursátil fue la de obtener recursos adicionales que aseguraran el cumplimiento de las metas de crecimiento y desarrollo planteadas en los distintos planes municipales de desarrollo de dos mil catorce a dos mil dieciséis. De esta forma, atendiendo a la enorme necesidad de los Municipios participantes de obtener recursos adicionales para menguar las necesidades de infraestructura de alto impacto social, el gobernador del Estado resolvió otorgar un peso por cada peso, proveniente del proceso de bursatilización que los Municipios participantes destinen a la realización de obra pública de impacto social.

En sesión extraordinaria del fideicomiso celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil ocho, el comité técnico autorizó la incorporación al catálogo de obras e inversiones del fideicomiso de la cantidad que será destinada al programa "peso por peso". El veintidós de octubre posterior se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo por el cual se autorizó la incorporación de las obras e inversiones del fideicomiso al catálogo y la liberación de los recursos solicitados para el programa "peso por peso".

Por último, se refiere que, no obstante la existencia de un convenio de colaboración, entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio de Chontla con el objeto de que el gobierno estatal otorgara el apoyo financiero por una suma equivalente a los recursos netos que se recibieran, el Ayuntamiento no ha recibido ninguno de los apoyos pactados, siendo éstos retenidos, pese a que el fiduciario ha cumplido a cabalidad con su función en el esquema del fideicomiso. Lo anterior, se dice, se corrobora del ocurso del delegado fiduciario que se le envió al Municipio de Chontla en el que se indica que los remanentes del fideicomiso le fueron depositados al fideicomitente estatal, el nueve de agosto de dos mil dieciséis; oficio en el que la parte actora refiere que se encuentra contenida la información relativa al porcentaje de distribución de remanentes que le corresponde al Municipio de Chontla, mismo que no ha sido recibido por éste.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la parte actora expuso las siguientes consideraciones:

a) Se vulnera el régimen de libre administración hacendaria y el principio de integridad de sus recursos económicos, contenidos en el artículo 115 de la Constitución, toda vez que el Gobierno del Estado de Veracruz no ha entregado puntualmente las participaciones federales que le corresponden al Municipio, es decir, de forma sistemática se han entregado tardíamente los recursos y no se ha regularizado su entrega a los tiempos marcados en la ley. De igual manera, se vulneran dichos principios debido a que se ha omitido el subsecuente pago de los intereses.

b) Las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales, en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstas en el ramo veintiocho del Presupuesto de Egresos Federal y reguladas en los capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal. Al respecto, se entiende que las participaciones federales deben ser libremente administradas por el Municipio una vez que las legislaturas locales, mediante disposiciones generales, determinen las bases, montos y plazos para ello.

c) En el caso concreto, se infringió un perjuicio al Municipio, al retrasarse las autoridades demandadas con la entrega de las participaciones y el pago de los intereses devengados, quedando éste en la imposibilidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto, de acuerdo a la normativa aplicable y en armonía con sus necesidades colectivas. Entregas que debían realizarse de forma ágil y directa conforme a la calendarización preestablecida, con lo que se vulneró la autonomía financiera que el artículo 115 de la Constitución Federal garantiza a los Municipios.

d) En el caso concreto, no existe alguna justificación para que la autoridad demandada retrase la entrega de recursos; por lo que al estar constitucionalmente garantizada su efectiva percepción, no existe un verdadero cumplimiento de la obligación de transferir los recursos, hasta que el Municipio reciba las cantidades que le correspondían en su valor real, es decir, junto con los intereses correspondientes cuando en su entrega se ha producido un retraso indebido.(1)

e) Debe declararse la invalidez de los actos impugnados, en términos del artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, a efecto de que: i) se paguen los intereses devengados al Municipio actor con motivo del retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, así como los intereses que se sigan generando hasta que se haga la entrega puntual de las participaciones; y que ii) se condene a la autoridad demandada a entregar las futuras participaciones dentro del plazo establecido en los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251.(2)

f) Se estima procedente la controversia constitucional interpuesta en función de que las retenciones hechas por el Gobierno del Estado de Veracruz afectan ampliamente la autonomía establecida en la Constitución, el federalismo que articula la división territorial del poder en México y el sistema de coordinación fiscal vigente. En este sentido, la participación de las entidades federativas en el flujo de los recursos hacia los Municipios se reduce a una mediación administrativa y nunca a la disposición, suspensión o retención de éstas.

g) El caso en cuestión no se relaciona con ninguno de los supuestos en los que excepcionalmente la ley permite la retención de las participaciones, de modo que resulta incuestionable que la suspensión en la entrega de los recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, establecidos en el artículo 115 constitucional, además del sistema federal de coordinación fiscal. Por lo que, la retención ejercida por el Gobierno del Estado de Veracruz sobre los recursos del Municipio importa una sanción del pago de intereses que privan a éste de ejercer sus obligaciones constitucionales.(3) CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional, bajo el expediente 182/2016, designándose instructor del procedimiento al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.(4)

Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, ordenó emplazarlo, requiriéndolo para que al momento de formular su contestación, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; no tuvo como demandada a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, al tratarse de una dependencia, subordina a dicho Poder; asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde, y mandó formar cuaderno incidental, a efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada.(5)

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:(6)

I. Señaló que la contestación de la demanda fue presentada oportunamente.

II. En relación con los hechos, no niega, ni afirma los antecedentes relatados por la actora en relación a que se ha incurrido en un retraso sistemático y constante de los recursos reclamados por el Municipio, toda vez que no son hechos propios de la administración pública estatal que tuvo inicio el uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Refiere que debe otorgarse el valor probatorio que corresponda a las manifestaciones espontáneas de la actora, en relación a: i) que conocía el plazo en que debía recibir los recursos, siendo omiso en hacer valer en tiempo y forma la acción que pretende, ii) que conocía que la Federación había remitido al Gobierno del Estado los recursos que reclama, y iii) que la entrega efectivamente se ha realizado.

No hizo referencia al resto de las manifestaciones de la actora, ya que no constituyen propiamente hechos, sino consideraciones jurídicas sobre las que el Alto Tribunal deberá pronunciarse.

III. En el apartado de causas de improcedencia adujo lo siguiente:

- Sobre la prescripción (identificado en el sub-apartado A del escrito de contestación) estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto.

En este sentido, señala que la actora misma señaló, expresamente, que sí existió la transferencia de los recursos, sólo que éstos se efectuaron con retraso respecto del plazo establecido por la ley; situación que redunda en un defecto del acto, pero no en una omisión.

Del acto señalado con el inciso a) por el Municipio se colige: i) que el Municipio conocía los plazos en los que debió recibir los recursos que reclama y, por tanto, el momento en que se estaba incurriendo en el retraso, y ii) que el Municipio recibió una entrega de los recursos en comento, con retraso respecto de la fecha programada, pero al fin entrega, por lo que en cualquier caso el plazo establecido en la ley reglamentaria para la interposición de la demanda transcurrió en exceso.

De igual manera, señala que no es obstáculo que en el acto reclamado como inciso b), el Municipio promovente pretenda ajustar la oportunidad de la presentación de su demanda, aduciendo que se encuentra reclamando una omisión, puesto que de la interpretación de su demanda se desprende que la omisión de "regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la ley" deviene de un acto.

En este sentido, se destaca que la omisión reclamada por la parte actora deriva de un acto positivo, por lo que el Municipio tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al que ocurrió la entrega retrasada de los recursos. Al respecto, señala que no es válido sujetar la controversia al plazo que rige la impugnación de las omisiones, toda vez que dicha regla no es aplicable cuando las omisiones que se impugnan derivan de un acto positivo que se hizo del conocimiento del actor y no se controvirtió oportunamente.(7)

Así, el acto positivo es la entrega retrasada de los recursos, según el dicho de la parte actora, mientras que la consecuencia directa es: "la omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la ley."

Adicionalmente, se señala que, aun cuando la administración que encabeza inició el uno de diciembre de dos mil dieciséis y que niega los actos que reclama el Municipio por no ser hechos propios, ello no es obstáculo para que al Municipio promovente le corresponda probarlos y ceñirse al plazo de treinta días para su impugnación. De lo contrario, se llegaría al absurdo de que los Municipios, pese a que se encuentran obligados a manejar su patrimonio de conformidad con la ley, y el artículo 115 constitucional, omitieran ejercitar las acciones legales pertinentes en tiempo y forma, y las pretendieran ejercitar cuando el ejercicio fiscal para el que fueron previstos los recursos hubiere concluido y fenecido el plazo para inconformarse.

Al respecto, existe una obligación correlativa al derecho de los Municipios contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución, la cual se traduce en hacer uso de los medios legales a su alcance, en tiempo y forma, para garantizar la disposición y ejercicio de los recursos de origen federal para los fines que se encuentren destinados. De otra forma no habría manera de asegurar que los recursos efectivamente se destinaren a los fines previstos, si no es, entendiendo que el Municipio debe asumir una participación activa y ejercitar, en el momento en que resulta oportuno, las acciones pertinentes para disponer de dichos recursos.

Así, sin soslayar el derecho de los Municipios a recibir los recursos de marras de manera oportuna, existe una obligación para ellos de agotar las instancias legales a su alcance, las cuales deberían ejercitarse de manera inmediata al fenecimiento de los plazos establecidos para la recepción de los recursos; pues de interpretarse lo contrario, se permitiría que los recursos de referencia no se ejercieran para los fines y los periodos para los que se encontraban dispuestos, lo que en todo caso los desvía de su finalidad primordial.

El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz dio a conocer los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibiría cada Municipio de la entidad del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para los ejercicios fiscales de dos mil catorce a dos mil dieciséis; contenidos en los números extraordinarios sesenta y cuatro, publicados el trece de febrero de dos mil catorce, trece de febrero de dos mil quince y trece de febrero de dos mil dieciséis.(8)

En esa tesitura, el Municipio actor conocía de antemano las fechas en las que debía recibir los recursos federales, siendo que el cómputo del término para inconformarse inició y concluyó sin que el interesado haya hecho valer su reclamo. En este sentido, no se omite señalar que, si bien el artículo 31 de la ley de la materia declara inadmisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles.(9)

Finalmente, menciona que las consideraciones anteriores, además de ser aplicables al acto que el Municipio actor reclama con el inciso b), también le son aplicables al acto que reclama con el inciso c); toda vez que, ambos se tratan de una omisión derivada de un acto positivo.

- Sobre la omisión de agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto [sub-apartado B) del escrito de contestación], particularmente del acto impugnado identificado con el inciso c), señala que existe una obligación de agotar la vía prevista en la ley para la solución del conflicto, por lo que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria.

Lo anterior, en cuanto a que el pago de intereses a que alude el Municipio actor se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, y no en la Constitución. De manera que resulta aplicable al caso concreto el artículo 5o. de esta última, que establece que los Municipios podrán dirigir sus inconformidades a la Legislatura del Estado, respecto de la aplicación de dicha ley.

En este sentido, se afirma que no existe afectación alguna a la espera de competencias del Municipio actor y, en su caso, de existir violación en relación con su derecho de recibir el pago de intereses, en modo alguno implicaría una violación directa e inmediata a la Constitución Federal. De modo que, la excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria no se actualiza, quedando obligado el promovente a agotar la vía correspondiente.(10)

Por último, solicita que este Alto Tribunal analice de oficio las causales de improcedencia que pudieren actualizarse en el presente asunto, con fundamento en el artículo 19, último párrafo de la ley reglamentaria.(11)

IV. En el apartado de razones o fundamentos jurídicos en relación con el acto cuya inval

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28942-92047ec5/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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