I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DEL ACTO RECLAMADO (ARTÍCULOS 12 Y QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 8 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2017. PODER JUDICIAL DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de marzo de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 12/2017, promovida por Edel Humberto Álvarez Peña, quien se ostentó como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz en contra de un decreto legislativo mediante el cual se modificó el presupuesto asignado para dicho Poder Judicial en el dos mil diecisiete.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO
1. Interposición de la demanda. El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del mencionado poder (de ahora en adelante el poder actor) en la que impugnó de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad lo siguiente:
• La invalidez del Decreto Número 8 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal del 2017, publicado el treinta de diciembre del año dos mil dieciséis en el número extraordinario 522 en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
2. Como antecedentes, se señaló que con fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 26 fracción I, inciso b); 33 fracción I y 38 de la Constitución Política Local; 18, fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, emitió el citado Decreto Número 8 de Presupuesto de Egresos para el estado de Veracruz Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2017, en donde se asignó un determinado presupuesto al Poder Judicial Estatal. La problemática radica en que en dicha asignación no se tomó en consideración que la normatividad local prevé un presupuesto mayor y determinado para el Poder Judicial del Estado de Veracruz, por lo que su disminución implica una invasión a la esfera competencial, afectando el esquema social del derecho a la impartición de justicia pronta, gratuita y expedita.
3. Trámite de la demanda. Al respecto, el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de la Suprema Corte tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 12/2017 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
4. En consecuencia, el ministro instructor, por acuerdo de veinte de enero siguiente, admitió la demanda, determinando el carácter de autoridades demandas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz. Consecuentemente, los emplazó para que dieran contestación a la demanda, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad. Además, ordenó dar vista del asunto al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera.
5. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el poder actor sostuvo los siguientes razonamientos:
a) Las autoridades demandadas transgredieron en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 20 y 116 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 55, 56 y 60, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los artículos 3, fracciones VII y XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese Estado.
b) Ello, pues en el decreto impugnado no se asignó al poder actor el dos por ciento del presupuesto general para dicha entidad federativa, tal como se exige en la normatividad local. Es decir, aunque el Poder Legislativo aprobó la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, ello fue soslayado al asignar un presupuesto inferior al que le corresponde constitucionalmente. De ahí que se actualiza una invasión a la esfera competencial y de atribuciones de aquél poder actor en menoscabo del principio de impartición de justicia.
c) Aunado a lo anterior, a través del artículo Quinto Transitorio que se combate, el Congreso del Estado, al otorgar al Ejecutivo la posibilidad de modificar dicho presupuesto con la finalidad de reducirlo para subsanar el déficit presupuestal, contravino la disposición expresa del referido artículo 60, ya que dicha disposición señala específicamente que el presupuesto del Poder Judicial del Estado no podrá ser menor al dos por ciento del Presupuesto total de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.
d) Por tanto, es cuestionable la constitucionalidad del decreto impugnado, ya que en esencia, la cantidad asignada no obedece a lo señalado en las disposiciones mencionadas, afectando las garantías de independencia y autonomía judicial prevista en el artículo 116 de la Constitución Federal.
e) Asimismo, se sostiene que se violentó el principio de división de poderes en razón de que el poder actor no pudo erigirse como autónomo ya que se le privó de los beneficios que prevé el aludido artículo 60 de la Constitución local.
f) Así, la asignación presupuestal constituye una condición necesaria para que el Poder Judicial pueda ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y autonomía, razón por la cual no puede quedar sujeta a las limitaciones impuestas por los otros poderes, como aconteció en el caso que nos ocupa.
g) En la especie, se debió tomar en consideración que la autonomía de la gestión presupuestal tiene como fundamento el artículo 17 de la Constitución General de la República, pues en ésta se instruye la garantía de la impartición de la justicia la cual debe ser de manera pronta, gratuita y expedita, así como la obligación del legislador ya sea el ámbito Federal o local, de garantizar la independencia de los Tribunales, cuestión que difícilmente podría cumplirse sin que la autonomía presupuestal misma que se contiene dentro del citado precepto de la constitución local, la cual garantiza la independencia de los Tribunales. Sin embargo, contrario a ello, las autoridades demandadas desestimaron esa independencia presupuestal estableciendo un presupuesto menor del que estaba establecido en la disposición local.
h) Dicha disminución incidió directamente en el cumplimiento de la impartición pronta, gratuita y expedita, señalado por el artículo octavo transitorio de la reforma en materia penal y de seguridad pública de dieciséis de junio de dos mil ocho, siendo entonces imposible para el Poder Judicial la creación de la infraestructura suficiente así como la capacitación necesaria para tal efecto.
i) En suma, se solicita sea declarada la invalidez de los actos impugnados y, consecuentemente, se asigne el presupuesto en los términos que fueron señalados en la demanda.
6. Contestación de demanda. Seguido el trámite de la controversia, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por escrito recibido en esta Suprema Corte el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los razonamientos que siguen:
a) Se actualiza la causal de sobreseimiento contenido en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II del cuerpo normativo antes invocado, esto atendiendo a que en el Estado de Veracruz existe un procedimiento y mecanismos de control constitucional atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
b) Correlacionado con lo anterior, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, dentro de sus facultades, reconoce como tal resolver las controversias constitucionales que surjan entre los diversos Órganos Estructurales del Estado de Veracruz, pues el caso que nos encontramos dirimiendo es una disposición general que deviene del Poder Ejecutivo, la cual es aprobada por esta Soberanía y surte sus efectos con todos y cada uno de los órganos del estado incluso aquellos que tienen autonomía; de igual manera el presupuesto fue aprobado por las dos terceras partes de esta entidad, razón por la cual, le reviste el carácter de norma general, por lo cual la Fiscalía General del Estado de Veracruz (sic), tenía la obligación de agotar el procedimiento previsto por la Constitución Política del Estado de Veracruz, antes de incursionar en este Máximo Tribunal.
c) Si bien los criterios jurisprudenciales admiten como excepción el no agotar el recurso o medio de defensa legal previsto en la solución del conflicto en el caso que nos ocupa contrario a lo que pretende hacer valer el órgano quejoso, se encuentra reclamando el cumplimiento de una disposición de carácter local que nada incide e violaciones a la Ley fundamental, pues se debe tomar en cuenta que según lo dispone el artículo 56 de la Constitución Política local, el Poder Judicial del Estado tiene la facultad de anular leyes y los decretos que sean contrario a ella, razón por la cual es procedente sobreseer el presente juicio de controversia constitucional, ya que el mismo se debió haber interpuesto ante el Poder Judicial del Estado de Veracruz, quien tiene la facultad para garantizar la supremacía de la Constitución Local, atento a lo dispuesto en el artículo citado.
d) De igual manera, existe diverso trámite legal, mediante el cual las unidades presupuestales pueden solicitar las modificaciones respectivas al presupuesto ejercer en el ejercicio fiscal próximo tal, y como se puede advertir el Poder Judicial del Estado inobservó los alcances del artículo 166 del Código Financiero del Estado de Veracruz.
e) El Congreso del Estado respetó las formalidades esenciales del procedimiento legislativo al aprobar el decreto impugnado, pues se actuó de acuerdo a los artículos 34 y 35 de la Constitución Política Local.
f) Así, el único concepto de invalidez hecho por el Poder Judicial se debe declarar infundado e inoperante, esto atendiendo a que el Congreso del Estado al aprobar el presupuesto de egresos de ninguna manera violentó el artículo 116 de la Constitución Federal, atendiendo a que el decreto 8 del presupuesto de egresos no quebranta la autonomía constitucional del Poder Judicial del Estado, mucho menos se inmiscuyó en las facultades propias del órgano impartidor de justicia y de ninguna manera determinó la dependencia de dicho órgano.
g) El Congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos acorde a lo establecido en la Constitución Política local y si bien es cierto que el importe que se fijó para el Poder Judicial del Estado, lo cierto es que éste no justificó el diverso poder que la asignación establecida fuere insuficiente para cubrir las obligaciones que impone la Constitución Local.
h) Asimismo, el Poder Judicial ha sido omiso en ejercitar aquellas acciones necesarias para proteger la autonomía presupuestal que le reconoce la Constitución Política Local, ya que ha dejado de ejercitar aquellas acciones necesarias para proteger la autonomía presupuestal que le reconoce la Constitución Política Local; ya que ha dejado de cumplir con la obligación que le imponen los artículos 3, 10 17, 19 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en los cuales se determina el procedimiento interno a seguir del Tribunal Superior de Justicia para elaborar el proyecto del presupuesto anual de egresos, atribución que implica hacer del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y del Gobernador del Estado, así como el hacer del conocimiento que el presupuesto que le fue asignado resulta insuficiente para solventar las necesidades de dicho órgano autónomo, situación de la cual no tiene conocimiento este poder legislativo.
i) Así, se debe tener en cuenta que previo a la promoción del presente juicio, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado debió atender el procedimiento previsto en el artículo 166 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, numeral que determina cual es el método que deben seguir las unidades presupuestales cuando las asignaciones establecidas sean insuficientes; esto es, que el actor debe en un inicio acreditar que la suma aprobada, resultó insuficientes para solventar las necesidades de esa institución; acto seguido, debe enviar al Congreso la modificación del presupuesto y esta Soberanía en su caso determinará la aprobación de la modificación del presupuesto de egresos al tratarse de un Poder del Estado de Veracruz.
j) Las jurisprudencias planteadas por el Poder Judicial, para tratar de acreditar que el decreto impugnado vulneró la independencia presupuestaria de dicho poder; no le son aplicables al caso que nos ocupa, ello porque la aprobación del presupuesto no quebranta los principios que define la división de poderes, es decir, no atentan contra las facultades del Poder Judicial del Estado.
k) De ahí que no existe la violación a la autonomía financiera del Poder Judicial, pues dicho precepto va encaminado, a que el actor sea quien defina en qué va a gastar el presupuesto que le fue asignado, y el Congreso del Estado en ningún momento podrá ordenar, qué uso le deberá dar el propio actor a sus recursos, esto es en esencia lo que se determinó en la resolución de la controversia constitucional 32/2000, pues en su consideración décimo; en ese tenor al aprobarse el presupuesto de egresos se actuó con una facultad exclusiva de este ente soberano, pues no se ejerció ningún acto que implique la intromisión, la dependencia o la subordinación del Poder Judicial para el Congreso del Estado, por lo que al emitir el decreto impugnado no se violenta el espíritu del principio de división de poderes, es decir, no alteran en modo alguno la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno de los poderes, es decir, no alteran en modo alguno la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno de los poderes públicos.
l) Del proceso anteriormente descrito, se concluye lógicamente que el Congreso del Estado, recibe el presupuesto cuando fue analizado y aprobado por los órganos dependientes del Ejecutivo, en ese sentido el Congreso del Estado no causó intromisión alguna en las facultades de la Fiscalía General del Estado o de cualquier otro órgano, no obstante lo anterior tiene expeditas las vías planteadas con antelación para que sea el propio Estado de Veracruz quien pueda definir y modificar el presupuesto que le fue asignado a dicha autoridad presupuestal, siendo este el previsto por los artículos 56 y 54 de la Constitución Local y el diverso 166 del Código Financiero del Estado de Veracruz.
m) Si el quejoso hubiese analizado los alcances del Decreto número 8 se hubiese percatado que el Presupuesto de Egresos sufrirá un ajuste, razón por la cual el decreto impugnado no es definitivo y en ese tenor no puede pronunciarse un criterio relativo a la validez o invalidez del mismo en ese tenor si existe el decreto impugnado no es definitivo y en ese tenor no puede pronunciarse un criterio relativo a la invalidez o invalidez del mismo en ese tenor si existe decreto alguno que deberá impugnar el Presidente del Poder Judicial, será aquél que resulte del cumplimiento al transitorio quinto del decreto en mención, por lo que el Poder Judicial deberá atender las disposiciones que en materia de presupuesto prevé el libro cuarto en su título primero del Código Financiero para el Estado de Veracruz.
n) Finalmente al no haber agotado el Poder Judicial del Estado, los mecanismos de control constitucional que prevé el Estado de Veracruz, se debe declarar la invalidez del Decreto número 8 de presupuesto de egresos del Estado de Veracruz, pues a pesar de tener establecido un porcentaje del presupuesto esto es una situación otorgada por el poder la Constitución Local, que de ninguna manera violenta el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de facultades, razón por la cual debe decretarse infundados los conceptos de invalidez planteados por la Fiscalía General del Estado.
7. Contestación de la demanda por el Poder Legislativo. El Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dio contestación de la demanda en los términos siguientes:
a) En el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplado en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia, en razón de que la documental que se anexa al escrito de contestación, consistente en el ejemplar de la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, con número extraordinario 522, tomo I, de fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se advierte que no existe el acto materia de la controversia constitucional.
b) Así las cosas, no se niega la existencia del acto materia de la controversia en su concepción como documento. Sin embargo, se niega como acto jurídico, en razón que el acto que demanda su invalidez la parte actora radica, en esencia, en la asignación que de acuerdo con el Decreto número 8 de Presupuesto de Egresos corresponde al Poder Judicial del Estado de Veracruz.
c) Dicha asignación no puede tenerse como definitiva habida cuenta que en el artículo Quinto transitorio del Decreto de mérito, se concedió al Poder Ejecutivo del Estado, un plazo no mayor a noventa días contados a partir de su entrada en vigor, para presentar ante el Congreso una propuesta de ajustes a la Ley de Ingresos al Presupuesto de Egresos para el ejercicio dos mil diecisiete.
d) Ello con la finalidad que, entre otras cuestiones, se cuente con una previsión más real de ingreso que se percibirá, así como establecer una nueva distribución de los recursos asignados a cada una de las unidades presupuestales consignadas en el Decreto reclamado.
e) De lo anterior se sigue que, mientras no transcurra el plazo previsto en el artículo transitorio mencionado y se agote la disposición en él establecida, la cantidad asignada para el Poder Judicial del Estado, advertida del Presupuesto documento, no se trata de la cantidad que como acto jurídico pueda tenerse como definitivo y, en consecuencia, atacable.
f) Se concluye que el acto materia de controversia no constituye un acto cierto y determinado que pueda ser invalidado a través de la controversia promovida, por lo que se encuentra sujeto a variaciones, bien por la nueva propuesta que deberá realizar el Poder Ejecutivo del Estado en términos del artículo Quinto Transitorio del Decreto multicitado, bien por la solicitud de modificación que haga la propia Fiscalía General, en términos del artículo 166 del Código Financiero del Estado. En tales condiciones, procede el sobreseimiento del fondo del asunto.
8. Referencia a la opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.
9. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por interpuestos los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución. 10. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se abocó a su estudio por auto de ocho de noviembre siguiente.
II. COMPETENCIA
11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.
III. PRECISIÓN DE LA LITIS
12. En la demanda de controversia constitucional, se advierte que el Poder Judicial Local únicamente cuestionó la validez de los artículos 12 y Quinto Transitorio del Decreto Número 8 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal del 2017,(1) el cual consta a esta Suprema Corte que fue publicado el treinta de diciembre del año dos mil dieciséis en el número extraordinario 522 de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
IV. CAUSA DE IMPROCEDENCIA
13. Resulta innecesario pronunciarnos sobre la oportunidad, legitimación y demás aspectos procesales del asunto, ya que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, en relación con el artículo 45 del mismo ordenamiento.(2)
14. El artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en estos juicios se pronuncia no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal. Este criterio se refleja en la tesis jurisprudencial número 54/2001 de rubro y texto siguientes:
CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.(3)
15. En el presente caso cobra aplicación el criterio anterior, pues de la demanda de controversia constitucional se advierte que el Poder Judicial Local impugna dos disposiciones que forman parte del Presupuesto de Egresos del Gobierno de Veracruz para el Ejercicio Fiscal del 2017: la primera, en donde se establece el presupuesto asignado a dicho poder (artículo 12) y, la segunda, la relativa a la facultad concedida al Poder Ejecutivo tras la emisión de dicho presupuesto para ajustar tanto la Ley de Ingresos como el propio Presupuesto de Egresos a ciertas medidas (artículo quinto transitorio).
16. En ese sentido, se estima que al día de hoy no es posible emitir ningún pronunciamiento sobre tales disposiciones, toda vez que ya cesaron en sus efectos al estar condicionadas para el ejercicio fiscal de 2017. De conformidad con el inciso a) de la fracción I del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 33 del mismo ordenamiento,(4) el Presupuesto de Egresos del Estado está sujeto a una condición de anualidad y, del contenido de los aludidos preceptos, no se advierte que tengan ultra-actividad para el 2018.
17. Por ende, cobra aplicación el criterio Tribunal Pleno consultable en la tesis jurisprudencial número 9/2004 de rubro y texto siguientes:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante el ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigencia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria.(5)
18. En consecuencia, la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia se actualiza en el caso concreto, en virtud que la parte actora, como se dijo, solicita la invalidez de la determinación que se hizo en el Presupuesto de Egresos de la referida entidad para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete y el ejercicio fiscal para el cual debió estar vigente la asignación presupuestal cuya invalidez se demanda ya concluyó. Por lo tanto, es claro que la posible afectación que pudiera resentir el Poder Judicial actor en su esfera de atribuciones quedó sin efectos.
19. Lo anterior es así, dado que aun y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y se llegare a declarar, en su caso, la invalidez, la sentencia no podría surtir plenos efectos, toda vez que como se señaló, no tendría efectos retroactivos, al existir la limitante expresa del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia.
V. DECISIÓN
20. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con el artículo 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 20(6) del propio ordenamiento legal.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.- Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese, por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de la Ministra y los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de esta Primera Sala.
Firma la Presidenta de la Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA
MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
MINISTRO PONENTE
ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
___________________
1. "Artículo 12. El importe para el Poder Judicial, asciende a la cantidad de $1,479,547,177.00 (Un mil cuatrocientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y siete mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.), distribuidos en Tribunal Superior de Justicia $356,300,000.00 (Trescientos cincuenta y seis millones trescientos mil pesos 00/100 M. N.), Tribunal de lo Contencioso Administrativo $80,750,000.00 (Ochenta millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), Tribunal de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200441-a777677b/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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