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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPA EL CARGO DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULO 88, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN X, Y 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, Y 15, FRACCIÓN XXXII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE DESEMPEÑA EL CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE AMPAROS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN AQUÉLLA EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULO 24, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (OFICIO NÚMERO SFP/189/2019). V. DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. DIVISIÓN DE PODERES. CONSTITUYE UNA REGLA EVOLUTIVA DE CONTENIDO FLEXIBLE QUE DEBE ADAPTARSE A CADA MOMENTO HISTÓRICO PARA PROYECTAR SU IDEAL REGULATIVO DE PESOS Y CONTRAPESOS A CADA ARREGLO INSTITUCIONAL Y CONSTITUCIONAL. VII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. DIVISIÓN DE PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA VULNERACIÓN A LA AUTONOMÍA O INDEPENDENCIA JUDICIAL IMPLICA NECESARIAMENTE UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. X. INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL. DENTRO DE LOS PRINCIPIOS QUE LA GARANTIZAN SE ENCUENTRA EL DE AUTONOMÍA PRESUPUESTAL. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. XII. AUSTERIDAD REPUBLICANA. EL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD SE ENCUADRA EN LOS DIVERSOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA). XIII. AUSTERIDAD REPUBLICANA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL PODER LEGISLATIVO LOCAL PUEDE OTORGAR UNA FACULTAD REGLAMENTARIA AL PODER JUDICIAL DE ESE ESTADO PARA QUE, DENTRO DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA, REGULE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS PÚBLICOS A LA LUZ DE LOS MANDAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY LOCAL DE AUSTERIDAD (ARTÍCULOS 1 Y 11 DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). XIV. AUSTERIDAD REPUBLICANA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA LEY QUE LA REGULA REGLAMENTA LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL GASTO PÚBLICO SIN QUE PRETENDA DESARROLLAR PARÁMETROS PARA CALCULAR EL SALARIO BUROCRÁTICO A NIVEL LOCAL (ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XV. AUSTERIDAD REPUBLICANA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LOS LÍMITES A LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD IMPUESTOS POR LA LEY LOCAL RESPECTIVA, ENCUENTRAN SU ORIGEN EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XVI. INAMOVILIDAD JUDICIAL. CUANDO EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE HA ESTABLECIDO EL HABER DE RETIRO PARA LAS MAGISTRATURAS LOCALES, ÉSTE PASA A FORMAR PARTE DE AQUELLA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XVII. AUSTERIDAD REPUBLICANA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA PROHIBICIÓN DE HABERES DE RETIRO O REGÍMENES ESPECIALES DE JUBILACIÓN O PENSIÓN PARA LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XVIII. AUSTERIDAD REPUBLICANA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA AUSENCIA DE UN CONCEPTO CLARO PARA LA EXPRESIÓN "FUNCIONES DE ALTO RIESGO" PREVISTA EN LA NORMA LOCAL, CUANDO PROHÍBE EL ESTABLECIMIENTO DE HABERES DE RETIRO O REGÍMENES ESPECIALES DE JUBILACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS, SALVO PARA AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS Q

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2019. · Registro digital (IUS): 33730
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-07
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.252.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 27 DE ENERO DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ Y DANIELA CARRASCO BERGE.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintisiete de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Por la que se resuelve la controversia constitucional 24/2019, promovida por el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en contra de la Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, y del oficio SFP/189/2019, emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz el ocho de enero de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

1. Escrito de demanda. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Poder Judicial del Estado de Veracruz promovió la presente controversia constitucional, a través del Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la entidad, en contra de: i) la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz (Ley de Austeridad local) y ii) el oficio SFP/189/2019, emitido el nueve de enero de dos mil diecinueve por la Secretaría de Finanzas del Estado, por el que se sostiene que se aplica la norma impugnada (oficio impugnado).

2. El promovente formuló los siguientes siete conceptos de invalidez:

3. Primer concepto de invalidez. El Poder Judicial del Estado de Veracruz plantea que los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de Austeridad local vulneran el principio de división de poderes porque le imponen la obligación de emitir lineamientos para cumplir con la Ley impugnada. Lo anterior, a pesar de que el Poder Judicial cuenta con plena autonomía conforme a los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal y el artículo 17 de la Constitución local.

4. El artículo 1, que vincula al cuerpo de dicha ley al Poder actor, interpretado en armonía con el artículo 11 que ordena al Poder Judicial del Estado a emitir las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, generan una vulneración directa al principio de división de poderes porque le ordena ajustarse a parámetros administrativos ajenos a su voluntad.

5. El actor sostiene que la autonomía en la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones básicas y que con la entrada en vigor de la Ley de Austeridad Local se actualiza el nivel máximo de vulneración al principio de división de poderes: la subordinación.

6. Esto es así puesto que se ordena al Poder Judicial local emitir los lineamientos necesarios para cumplir con la Ley impugnada con el fin de regular la gestión presupuestal y establecer parámetros específicos y limitaciones concisas en rubros propios de la administración interna del actor sin permitir un curso de acción distinto al que se establece.(1)

7. Entonces, como manifestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 35/2000, la violación de los principios de autonomía e independencia judiciales implica necesariamente la violación del principio de división de poderes, pues la injerencia en la autonomía o en la independencia de un Poder Judicial Local es una condición necesaria y suficiente de la ruptura del principio de división de poderes.

8. Segundo concepto de invalidez. El Poder Judicial actor plantea que se vulnera el principio de división de poderes porque se limita la autonomía de gestión presupuestal ya que se ordena un ajuste en las remuneraciones de las personas servidoras públicas conforme al artículo 2, en relación con los diversos 1, 11 y 13 de la Ley de Austeridad Local.

9. El actor sostiene la inconstitucionalidad del artículo 2 dado que contraviene la plena autonomía en la gestión presupuestal, prevista en los artículos 17, fracción II, y 116, fracción III, párrafos segundo y sexto, de la Constitución Federal y 17, 60 y 62 de la Constitución local.

10. La orden dada al Poder Judicial actor de regular sus salarios, en específico, los que rebasen el tope previsto en la legislación impugnada, genera la subordinación de un Poder autónomo e independiente, suprimiendo la capacidad de gestionar su presupuesto y de establecer remuneraciones adecuadas para sus trabajadores.

11. Además, también se transgrede la inmutabilidad salarial de los magistrados y jueces locales, como uno de los principios básicos para el autogobierno judicial consagrado en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal.

12. El Poder Judicial local sostiene que el artículo 2 impugnado debe analizarse en conjunto con las referencias que hace a los artículos 127 de la Constitución Federal y 82 de la Constitución de Veracruz, así como a la luz de la decisión alcanzada en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018.

13. Aunado a lo anterior, el accionante sostiene que cuenta con derechos adquiridos, por lo que, si bien el Congreso local se encuentra facultado para emitir leyes que modifiquen el sistema de gobierno y administración del ámbito judicial, de ninguna manera pueden realizarlas de forma regresiva, restringiendo y limitando los derechos humanos que habían sido reconocidos.

14. Tercer concepto de invalidez. El actor plantea que el artículo 3 de la Ley de Austeridad local, interpretado con los artículos 1 y 11, prohíbe establecer prestaciones de seguridad social, como haberes de retiro y seguros privados de gastos médicos y que, en consecuencia, vulnera el principio de división de poderes, su autonomía e independencia.

15. Argumenta que los artículos impugnados merman la capacidad de autogestión presupuestal y autodeterminación del Poder Judicial local pues le obligan a ajustar las prestaciones de seguridad social de los servidores públicos de la institución.

16. El artículo 3 impugnado perjudica directamente la esfera de derechos de las personas servidores públicas del Poder actor, especialmente, la estabilidad económica y salarial de los funcionarios jurisdiccionales que debe salvaguardarse en términos de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal.

17. Aunado a lo anterior, el artículo 3 de la Ley de Austeridad local contraviene lo dispuesto por los artículos 17, fracción XXII, y 103, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y genera incertidumbre a las personas servidoras públicas que podría someterlos a presiones externas, vulnerando con ello el desempeño de su función.

18. Sobre ese particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el haber de retiro es un componente directo de las garantías constitucionales de la función jurisdiccional, en los casos de nombramientos no vitalicios.

19. La estabilidad y la inamovilidad son garantías de la independencia en el ejercicio de la magistratura o judicatura porque es necesario que los titulares tengan asegurada su permanencia en el cargo de modo que no exista amenaza o temor de ser separado o afectado en el ejercicio de sus funciones, de manera arbitraria como represalia, por las decisiones jurisdiccionales que deben adoptar.

20. Además, sostiene que ha adquirido derechos, por lo que, si bien es cierto que las legislaturas locales se encuentran facultadas para emitir leyes que supongan una modificación al sistema de gobierno y administración del ámbito judicial, de ninguna manera pueden realizar modificaciones de forma regresiva.

21. Cuarto concepto de invalidez. El Poder Judicial Local sostiene que el artículo 4, en relación con los artículos 1 y 11, de la Ley impugnada vulnera el principio de división de poderes porque ordena un límite a la creación de nuevas plazas y obstaculiza la optimización de los recursos humanos del Poder Judicial local.

22. Lo anterior, en contravención de los artículos 17, fracción II, y 116, fracción III, de la Constitución Federal y los diversos 17, 55, 56, fracción IX, 60 y 62 de la Constitución local, que otorgan autonomía a los poderes judiciales locales para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

23. Los artículos impugnados obligan al Poder Judicial del Estado a emitir lineamientos respecto de la creación de nuevas plazas. Esto configura una transgresión a la autonomía e independencia judicial y, en consecuencia, al principio de división de poderes por generar una subordinación que no le permite un curso de acción distinto al Poder Judicial local.

24. De verse limitada la creación de nuevas plazas, se vería lesionada no solo la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial actor, sino la eficiente administración de justicia, prevista en el artículo 17 constitucional.

25. En síntesis, el Poder Judicial del Estado es el único ente público facultado legalmente para crear o suprimir los órganos jurisdiccionales necesarios para el buen funcionamiento de la administración de justicia dentro del territorio del Estado de Veracruz.

26. Quinto concepto de invalidez. El Poder Judicial local argumenta que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Austeridad local, en relación con los diversos 1 y 11, vulneran el principio de división de poderes y limitan la autonomía presupuestal pues le impiden tomar decisiones propias en materia de contratación de servicios, adquisición de bienes muebles, seguridad privada, vehículos oficiales, propaganda oficial y otros que pueden ser necesarios para cumplir con diversas atribuciones.

27. Además, los artículos 5, 6, 8 y 9 impugnados recurren a conceptos vagos como: servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad (artículo 5), Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades prioritarias (artículo 6), sólo se autorizarán los viajes oficiales que resulten estrictamente indispensables, en atención a las necesidades del servicio público (artículo 8). La ambigüedad en la redacción de las porciones normativas mencionadas permite que sean interpretadas discrecionalmente, en detrimento de la certeza jurídica que deben otorgar las normas.

28. Sexto concepto de invalidez. La ley impugnada transgrede el principio de división de poderes porque otorga facultades constitucionales del Poder Judicial local a otros poderes. El Poder Judicial actor se encuentra en un claro estado de indefensión, pues si emite los lineamientos, previstos en el artículo 11 impugnado, viola la Constitución Federal pues estaría consintiendo una subordinación lo cual rompe con la división de poderes y, por el otro lado, si no cumple con Ley, entonces incumple con una obligación legal, lo que les traería a sus representantes consecuencias graves de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la misma Ley de Austeridad local.

29. Séptimo concepto de invalidez. El actor sostiene que los artículos 1, 2, 3 y 11 de la Ley de Austeridad local vulneran el derecho a la seguridad jurídica dada su redacción ambigua e imprecisa.

30. Los preceptos impugnados vulneran el marco constitucional porque pretenden realizar una remisión a los artículos 127 de la Constitución Federal, 33 y 82 la Constitución local y pierden de vista que estos son de aplicación distinta, dejando en indefensión al Poder Judicial sobre la forma en la cual se debe cumplir el indicado mandato legal o constitucional.

31. De aplicarse dichos preceptos se podría entender que el Poder Judicial debe realizar los ajustes pertinentes en las remuneraciones de sus servidores públicos, en contravención al artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal que establece que los magistrados y jueces locales recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, que no podrá ser disminuida durante su encargo. Es decir, el Congreso local perdió de vista que la Constitución Federal establece garantías con la intención de salvaguardar la autonomía de decisión y de actuación de los órganos jurisdiccionales.

32. En este orden de ideas, como no se precisa la forma en que debe observarse el contenido del mandato del numeral 116, fracción III, constitucional, la Ley de Austeridad impugnada vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica.

33. Además, de aplicarse las disposiciones reclamadas, existe el riesgo de que se violen los principios de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad, pues el artículo 13 impugnado establece que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley constituye una falta administrativa grave que deberá ser sancionada en términos de la ley correspondiente.

34. El principio de taxatividad, en el derecho administrativo sancionador, exige racionalidad lingüística para que el legislador garantice, por un lado, la certeza jurídica y, por otro, la imparcialidad. Así, el Congreso local debió establecer disposiciones suficientemente precisas, a fin de poder interpretar con claridad y precisión las conductas prohibidas y las sanciones aplicables.

35. Contrario a esto, el artículo 13 impugnado, además de establecer una remisión a otra ley, que genera oscuridad e imprecisión, prevé dogmáticamente que todas las faltas administrativas serán consideradas como graves, cuestión que transgrede el artículo 22 de la Constitución Federal y omite considerar el principio de proporcionalidad.

36. Al pretender encuadrar todas las conductas previstas en la Ley de Austeridad local como faltas administrativas graves conforme al artículo 13 impugnado, debió considerar las diferencias entre los medios comisivos y las circunstancias particulares del infractor o cuando menos, el principio de proporcionalidad de las penas.

37. El artículo 13 impugnado genera un espectro de inseguridad jurídica pues, en virtud de la naturaleza de la materia, no es posible realizar una interpretación por simple analogía o mayoría de razón, sino que existe la exigencia de que el grado de determinación de la conducta sea tal que el destinatario pueda conocer lo que está prohibido.

38. En otro orden de ideas, la aplicación de la Ley de Austeridad impugnada vulneraría los derechos de igualdad y no discriminación porque genera una distinción injustificada entre servidores públicos.

39. Como puede advertirse del artículo 3 de la ley impugnada, la porción normativa con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo hace una indebida distinción entre los servidores públicos en general y aquellos que realizan función de alto riesgo, dejando una vez más a la imprecisión normativa de definir quiénes tienen esa calidad.

40. En el caso, en lugar de generar esa indebida distinción entre servidores públicos se debió dejar a criterio de los órganos encargados de administrar los recursos, buscar las mejores condiciones para proporcionar los conceptos comprendidos en el artículo 3 y conceder a todos los servidores públicos los haberes de retiro de jubilación o pensión, seguros privados que conforme a la ley se tenga derecho, sin importar la forma o mecanismo de pago de estos. Al final, el actor considera que lo relevante del caso es cumplir con el otorgamiento de una prestación que puede llegar a constituir parte integrante del sueldo o salario correspondiente.

41. Registro, turno y admisión. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.

42. Mediante auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 24/2019 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.

43. Por auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.

44. Informe del Poder Ejecutivo.(2) El Poder Ejecutivo local señaló, en síntesis, las siguientes razones para sostener la validez de la Ley de Austeridad impugnada.

45. En primer lugar, sostiene que el Congreso local está facultado para legislar en la materia conforme a los párrafos primero y cuarto del artículo 134 de la Constitución Federal, así como los artículos 33, fracciones I y IV, y 79 de la Constitución local.

46. El Ejecutivo local también sostiene que el contenido de la Ley impugnada no rebasa los parámetros previstos en los artículos 33, fracción XXVIII, 79 y 82, de la Constitución local, y los artículos 116, fracciones II y III, 127 y 134 de la Constitución Federal.

47. Por otra parte, argumenta que no se contravienen los principios de independencia judicial y división de poderes, ya que la Ley impugnada no interfiere en la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor ni en su aplicación.

48. Así, plantea que los preceptos de la Ley impugnada no deben evaluarse únicamente a la luz del artículo 116, fracción III, sino que deben ser interpretados también conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 49, 74, 75, 127 y 133 de la Constitución Federal, pues en estos se encuentran consignados diversos principios y reglas como son la austeridad, anualidad, economía, racionalidad, correcta aplicación de los recursos públicos, límite de remuneraciones, prohibición de afectación a los recursos públicos, regulación de salarios y las atribuciones de los Congresos Locales para la aprobación de los presupuestos de egresos correspondientes.

49. La ley impugnada es respetuosa de la independencia y autonomía del Poder Judicial Local ya que no invade los principios relativos a: a) el establecimiento de la carrera judicial; b) la previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado, así como las características que éstos deben tener; c) el derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo y d) la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo.

50. El Poder Ejecutivo local sostiene que la irreductibilidad de las remuneraciones de los magistrados durante su encargo no es en sí misma un derecho humano, sino que únicamente constituye una garantía en relación con el derecho a un sueldo digno, decoroso y adecuado. Además, este principio debe ser entendido en relación con distintos artículos constitucionales. El artículo 123, apartado B, fracción IV, contiene el principio de anualidad que estipula que los sueldos pueden variar cada año, sin que se pueda disminuir en ese periodo, a condición de dicha remuneración sea adecuada y se ciña al artículo 127 constitucional. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los Congresos locales son los órganos autorizados para aprobar en definitiva la aplicación de los recursos del Estado anualmente mediante los presupuestos de egresos correspondientes, incluyendo lo relativo a las remuneraciones de los servidores públicos de la entidad federativa.

51. Por lo que la facultad del Poder Judicial actor para proponer las remuneraciones que perciban sus funcionarios no es absoluta, resultando válido que deba ajustarse a las bases del artículo 127 de la Constitución Federal.

52. Por lo anterior, la Ley de Austeridad impugnada no vulnera la división de poderes, ni la autonomía presupuestal del Poder Judicial actor pues materializa el límite de las remuneraciones establecidas en los artículos 127 de la Constitución Federal y 82 de la Constitución Local.

53. Informe del Poder Legislativo local.(3) El Congreso de Veracruz sostuvo la validez de las normas impugnadas, en los siguientes términos.

54. En primer lugar, sostiene que la Legislatura local emitió la Ley de Austeridad impugnada conforme a lo previsto en los artículos los artículos 124 y 127, fracción VI, de la Constitución Federal, en relación con las facultades asignadas en los artículos 33, fracciones I y IV, y 38 de la Constitución local y los diversos 18, fracción I, y 47, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 55. Además, la Ley impugnada se ajusta a las medidas de austeridad reguladas en los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Federal, incluyendo la obligación de las legislaturas locales de expedir las leyes secundarias necesarias para la implementación de las políticas de austeridad.

56. Por lo tanto, no asiste razón al Poder Judicial actor, pues pretende la declaración de invalidez de una norma inatacable conforme al principio de supremacía constitucional. Además, el propio promovente reconoce que el artículo 1 impugnado por sí solo no causa afectación alguna, lo que marca la pauta para el resto de los preceptos.

57. En línea con lo anterior, sostiene que la Ley de Austeridad local se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que el Congreso Estatal actuó dentro de sus atribuciones constitucionales. En este sentido, los motivos que llevaron a la creación de la Ley de Austeridad pueden englobarse en cinco puntos medulares.

• El objeto y propósito de la Ley, plasmados en su artículo 1, son congruentes con el artículo 79 de la Constitución local y el artículo 134 de la Constitución Federal.

• Se buscó establecer la sobriedad en el gasto público a fin de destinar los recursos al bienestar social.

• La legislación respeta los principios constitucionales que rigen el ejercicio de los recursos públicos.

• La Ley de Austeridad local es armónica con la Constitución Federal.

• Se tratan de establecer salarios justos y equitativos a las personas servidoras públicas, a fin de proteger sus derechos individuales y colectivos.

58. Derivado de lo anterior, el Congreso local concluye que los argumentos planteados por el actor resultan infundados al no haber una intromisión en su esfera competencial pues permanece a salvo la libertad de gestión presupuestal del Poder Judicial local, dado que tiene la posibilidad de emitir las disposiciones administrativas generales que considere necesarias.

59. El Poder Legislativo local sostiene que se respeta la autogestión presupuestal y autodeterminación del Poder Judicial actor, en tanto puede establecer las remuneraciones de sus servidores públicos conforme a sus disposiciones internas, siempre y cuando no sobrepasen lo establecido en la Constitución Federal. Además de prever excepciones específicas para los casos de procuración e impartición de justicia en los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 impugnados.

60. En respuesta a los conceptos de invalidez primero y sexto, el Congreso de Veracruz sostiene que los artículos 1, 11 y 13 impugnados son acordes con lo previsto por los artículos 127 y 134 constitucionales, que establecen los principios que deben regir en el ejercicio de los recursos públicos del Estado.

61. Ahora bien, el artículo 11 impugnado establece que los Poderes del Estado de Veracruz, así como los organismos constitucionales autónomos deben emitir las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley, cuestión que permite salvaguardar su autonomía al dejarlos en libertad de establecer sus propios lineamientos administrativos generales en el ámbito de su competencia de la forma en que ellos consideren necesaria.

62. Respecto al segundo concepto de invalidez, el Congreso local estima que la Ley de Austeridad impugnada establece límites y topes salariales a todos los funcionarios públicos conforme a la Constitución Federal, que prevé que ninguna persona servidora pública podrá ganar más que el Presidente de la República y, en el caso, que el Gobernador de Veracruz.

63. Asimismo, se prevén y protegen las excepciones a los trabajos que por su naturaleza, responsabilidad o dificultades técnicas se requiere que sobrepasen los límites marcados por la norma en comento. Este es el caso de los impartidores de justicia, quienes de un estudio armónico y sistematizado en la Ley de Austeridad impugnada y de la Constitución Federal es claro que no se afecta su salario.

64. En relación con el tercer concepto de invalidez, el Poder Legislativo arguye que el actor no precisa cómo es que la norma impugnada trasgrede su esfera jurídica. Además, la Ley impugnada no suprime el derecho a un retiro digno de los jueces y magistrados pues prevé que todos los servidores públicos gozarán de los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente, lo que indudablemente protege el derecho humano al retiro y a la seguridad social.

65. Por lo que hace al cuarto concepto de invalidez, el Poder Legislativo local sostiene que tiene competencia para establecer los lineamientos sobre la creación de plazas de trabajo, siendo válido lo previsto en el artículo 4 impugnado. La adecuada interpretación del artículo implica que el Poder Judicial actor no está impedido para crear nuevas plazas, pero dichas previsiones se deben realizar anualmente y a través de un estudio que genere certidumbre. Además, argumenta que el Poder Judicial local no precisa las consecuencias que tendría la implementación de las políticas de austeridad en su adecuado funcionamiento.

66. Sobre el quinto concepto de invalidez, el Congreso de Veracruz argumenta que no existe violación alguna al principio de gestión presupuestaria, pues únicamente se generan medidas de austeridad para el uso racional de los recursos públicos. En este sentido, el Poder Judicial Local es libre para decidir sobre la adquisición de servicios, bienes muebles, seguridad privada, vehículos oficiales, propaganda oficial y otros, siempre y cuando cumpla con los lineamientos de austeridad marcados por la legislación impugnada.

67. Aunado a lo anterior, no se demostró de forma clara y precisa cómo es que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 impugnados transgreden la esfera competencial del Poder actor, ni cómo le afectan las prohibiciones a las que hace alusión.

68. Respecto del último concepto de invalidez, el Poder Legislativo manifestó que lo infundado de los argumentos se extrae de lo argumentado en el resto de su informe.

69. Para concluir, el Congreso local consideró que la Ley de Austeridad impugnada no violenta los principios de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad, además de que tal estudio no es propio del presente mecanismo de control constitucional, al no evidenciar un principio de afectación.

70. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión alguna al respecto.

71. Audiencia. El doce de septiembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas; se hizo constar que no se formularon alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

II. COMPETENCIA

72. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal,(4) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(5) —aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación(6)—. Lo anterior, por tratarse de un conflicto sobre la constitucionalidad de una disposición general y su primer acto de aplicación entre el Poder Judicial del Estado de Veracruz y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad.

III. OPORTUNIDAD

73. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria en la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma:(7)

74. Tratándose de actos:

a) A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;

c) A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

75. Tratándose de normas generales:

a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;

b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

76. En el caso del Oficio impugnado por el que presuntamente se produjo el primer acto de aplicación de las normas impugnadas de la Ley de Austeridad local, el Poder Judicial actor fue notificado el nueve de enero de dos mil diecinueve. El plazo para su impugnación transcurrió del diez de enero al veintidós de febrero de dos mil diecinueve.(8)

77. Por su parte, la Ley de Austeridad impugnada se publicó el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho en la Gaceta Oficial de la entidad federativa, por lo que el plazo para su impugnación transcurrió del dos de enero al catorce de febrero de dos mil diecinueve.(9)

78. Siendo así, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, cabe concluir que su interposición es oportuna en ambos aspectos.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

79. En términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal,(10) el Poder Judicial de Veracruz tiene legitimación para promover este medio de control constitucional.

80. En representación del Poder Judicial local compareció el Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Veracruz. Personalidad que acreditó mediante copia certificada del acta de sesión extraordinaria cel

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33730-8a57415a/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupa-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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