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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO RESPECTIVO (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y AMPARO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN RELACIÓN CON EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD POLÍTICA (ARTÍCULOS 15 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 4, 9, 16 Y 24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN RELACIÓN CON EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD POLÍTICA (ARTÍCULO 21, FRACCIÓN XXXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN REPRESENTACIÓN DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD POLÍTICA (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE UN DECRETO EMITIDO POR EL CONGRESO DE DICHO ESTADO (DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PREVISTO POR LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS Y SU FE DE ERRATAS, ASÍ COMO EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO Y CUARTO DEL DECRETO ORIGINAL). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LAS NORMAS IMPUGNADAS POR CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO DEBIDO A REFORMAS POSTERIORES (ARTÍCULOS 2, 8, FRACCIÓN VIII, 12, 13, 26, 41, 42 Y 43 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE MORELOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LAS NORMAS IMPUGNADAS POR CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO DEBIDO A REFORMAS EXPEDIDAS POSTERIORMENTE (ARTÍCULOS 26 BIS, 26 TER, 38 BIS, 38 TER, 38 QUÁTER Y 54, 54 BIS Y 54 TER DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA AL NO HABER SIDO MODIFICADOS LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS [ARTÍCULOS 136 BIS Y 136 TER DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, ADICIONADOS MEDIANTE EL DECRETO NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (992) PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DE DICHO DECRETO]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO QUE LA PROMUEVE PARA CONTROVERTIR DECRETOS QUE REGULAN LA AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE CORRESPONDEN AL ESTADO, AL NO AFECTAR LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL [DECRETOS NÚMEROS NOVECIENTOS NOVENTA (990) Y NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO (991) EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA IMPUGNAR LA REGULACIÓN QUE ESTABLECE EL COBRO DE INTERESES Y LO OBLIGA A RETENER Y ENTERAR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ARTÍCULOS 8 Y 52 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE MORELOS). XIV. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS. OBLIGACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ENTERAR LAS APORTACIONES, ASÍ COMO RETENER Y ENTERAR LAS CUOTAS DE LOS AFILIADOS Y LOS PAGOS DE LAS AMORTIZACIONES RESPECTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE INTERESES MORATORIOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO (ARTÍCULOS 3, FRACCIONES XII Y XXVI, 8, FRACCIONES II Y III, 15, FRACCIONES III Y XII, 18, FRACCIÓN XI, 25, FRACCIÓN IV, 27, 49, 52 Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MOR

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2016. · Registro digital (IUS): 30746
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-07-01
Promovente: MUNICIPIO TLAQUILTENANGO, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo II, Pág.1329.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2016. MUNICIPIO TLAQUILTENANGO, ESTADO DE MORELOS. 23 DE MARZO DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Velázquez Flores, síndica municipal de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo del mencionado Estado, entre otras autoridades, en la que solicitó la invalidez de:

2. A. Los artículos 2, 3, fracciones XII y XXVI, 8, fracciones II, III y VIII, en la porción normativa de "intereses", 12, 13, 15, fracciones III y XII, 18, fracción XI, 25, fracción IV, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 49 y 52 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, expedidos mediante Decreto Número Novecientos Ochenta y Ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, así como sus artículos transitorios segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo.

3. B. El Decreto Número Novecientos Noventa por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano, a afectar como fuente de pago del mismo las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, así como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que funja como mecanismo de pago del financiamiento o empréstito que se contrate, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintiuno de julio de dos mil dieciséis. En particular sus artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, así como las disposiciones transitorias tercera y cuarta.

4. C. El Decreto Número Novecientos Noventa y Uno por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano, a afectar como fuente de pago del mismo las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, así como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que funja como mecanismo de pago del financiamiento o empréstito que se contrate, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintiuno de julio de dos mil dieciséis. En especial sus artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y las disposiciones transitorias tercera y cuarta.

5. D. Los artículos 26 Bis, 26 Ter, 38 Bis, 38 Ter, 38 Quater, 54, 54 Bis y 54 Ter de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, modificados mediante Decreto Número Novecientos Noventa y Dos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintidós de julio de dos mil dieciséis, así como su artículo quinto transitorio.

6. E. Los artículos 136 Bis y 136 Ter de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, modificada mediante Decreto Número Novecientos Noventa y Dos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintidós de julio de dos mil dieciséis.

7. F. El Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas con relación a la implementación del sistema integrado de transporte masivo previsto por la Ley de Transporte del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el catorce de agosto de dos mil dieciséis y su fe de erratas de quince de agosto de dos mil dieciséis. En particular se reclaman sus artículos primero, segundo, tercero, cuarto y la disposición transitoria tercera.

8. G. El Decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen diversas medidas administrativas con relación a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo previsto por la Ley de Transporte del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.

9. SEGUNDO.—Antecedentes. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes antecedentes:

10. En sesiones de catorce y quince de agosto del año dos mil dieciséis se aprobaron en la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos los Decretos Números Novecientos Ochenta y Ocho, Novecientos Noventa, Novecientos Noventa y Uno y Novecientos Noventa y Dos, cuya invalidez se demanda.

11. Con estos decretos el Congreso Local transgredió el contenido de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; asimismo, desatendió disposiciones en materia de disciplina financiera, servicio público de transporte y obras públicas, tránsito, así como autonomía municipal e igualdad. De igual forma, se discriminó al Municipio actor.

12. En atención a que se invadieron las esferas constitucionales del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, éste promueve la presente controversia constitucional.

13. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

14. A. Inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, reformadas mediante Decreto 998

15. I. Los artículos impugnados son violatorios de los preceptos 1, 16, 25 y 115 de la Constitución General.

16. II. Los artículos 2, 3, fracciones XII y XXVI, 8, fracciones II, III y VIII, en la porción normativa de "intereses", 12, 13, 15, fracciones III y XII, 18, fracción XI, 25, fracción IV, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 49, 52 y transitorios segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo son contrarios a la autonomía hacendaria y lesionan su autonomía financiera.

17. III. La implementación de estas normas requiere una adecuación a las condiciones materiales, jurídicas y administrativas, pues de lo contrario se enfrentará a los trabajadores municipales con la administración pública municipal.

18. IV. Las normas vulneran los artículos 1, 16, 115, 127 y 128 de la Constitución General y transgreden la división de poderes y pesos y contrapesos que requiere un sistema democrático, republicano y representativo.

19. V. El artículo 2o. de la ley impugnada resulta inconstitucional porque establece una facultad de interpretación a cargo del titular del Poder Ejecutivo Estatal; lo anterior es contrario a la división de poderes, representatividad y democracia porque esta facultad debería pertenecer al Consejo Directivo de dicho instituto.

20. VI. Los artículos 3, fracción XII, 8, fracciones II y III y VIII, 18, fracción XI, 26, 27, 28, 42, 43, 52 y disposiciones transitorias segunda, así como las cuarta a octava, en relación con el numeral 25, fracción IV, de la ley impugnada lesionan la autonomía municipal al obligar al Ayuntamiento a retener y enterar las aportaciones, lo cual genera cargas administrativas complejas sin reportar beneficio alguno al Municipio.

21. VII. Los artículos 12 y 13 de la ley impugnada que establecen la conformación del Consejo Directivo del instituto, permiten que el Poder Ejecutivo esté sobrerrepresentado y no establece participación para los Municipios en este órgano.

22. VIII. La falta de representación del Municipio en los artículos 15, fracciones III y XII, 26, 27, 28, 49, 52 y disposiciones transitorias deja al Municipio en desventaja y discriminación.

23. IX. El artículo 15, fracción III, que establece como facultad del Consejo Directivo del instituto la de aprobar reservas financieras para asegurar la recuperación de cuentas incobrables e incosteables derivadas del otorgamiento de créditos, no define: "incobrables de los entes obligados" lo cual se puede prestar a casos de malos manejos, corrupción, comisión de delitos y tratos diferenciados con respecto a otros Municipios. La falta de representación en los órganos de gobierno del instituto aunado a lo anterior pudiera prestarse a fraudes, en perjuicio de la constitucionalidad, legalidad, transparencia e, incluso, la autonomía financiera del Municipio.

24. X. El legislador estableció una obligación a cargo de los servidores públicos que afecta directamente el salario, que no está contenida en la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos o en las condiciones generales que regulan la vida interna de los servidores públicos de poderes y Municipios, afectando sus ingresos de manera retroactiva, que a la fecha son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, por lo que se transgrede el artículo 123 de la Constitución General.

25. XI. El artículo 41 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos establece una aportación obligatoria del 6% sobre las percepciones de los trabajadores, por lo que los priva de un salario remunerador y merma la calidad de vida de los empleados del Municipio.

26. XII. Conforme al artículo segundo transitorio la norma impugnada ya está en vigor sin haberse adecuado el presupuesto de egresos municipal, por lo que se invade la autonomía municipal para determinar su hacienda en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución General.

27. XIII. Anteriormente, a los trabajadores se les retenía un 4.25% quincenal y 2.3% mensual a su salario base para el instituto de crédito para los trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos, sin que esto constituya un consentimiento al régimen obligatorio que establece un 6% sobre el salario integrado y demás percepciones constantes.

28. XIV. Argumenta que el referido descuento es contrario a convenios internacionales.

29. XV. La ley no especificó la base de la cantidad a deducir, ni precisa si será quincenal, mensual o anual. Tampoco se explicitan las razones para dicho porcentaje de 6% o los intereses que establecen los artículos 8, fracción VIII y 52, tales como estudios actuariales o financieros, o la finalidad que tendrá dicha retención. Es decir, el porcentaje no está motivado.

30. XVI. La ley no obliga al trabajador a cubrir una cuota para el instituto de crédito, sino sólo establece el descuento de dicho concepto a su salario. La retención no está motivada y causa mayores perjuicios que los derechos que otorga.

31. XVII. Que si bien la norma establece un esquema para la adquisición de vivienda de los sujetos obligados, el porcentaje de las cuotas es muy alto, por lo que se viola el Estado social de derecho en donde el Estado debe procurar que el derecho a la vivienda sea universal y accesible, no lesivo de derechos fundamentales.

32. XVIII. La ley no especifica el destino que deberá darse a los intereses y productos que se obtengan, por lo que se vulnera el artículo 25, párrafos primero al cuarto, en relación con el 115, fracción II, de la Constitución General.

33. XIX. El artículo 25, fracción IV, de la ley del instituto le impone al Municipio obligaciones sobre sus ingresos y el manejo que deben darles de manera autónoma, así como la administración de su nómina e información de la misma.

34. XX. De igual manera, el artículo 28 establece que en caso de que no se enteren las cuotas, se suspenderán los derechos que otorga la ley, sin atender a la causa que origine la suspensión, lo cual es arbitrario e inconstitucional.

35. B. Inconstitucionalidad de los Decretos novecientos noventa y novecientos noventa y uno por los que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos a través del Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero

36. I. El Poder Legislativo Local no cumplió con las obligaciones que deben atenderse para la aprobación de deuda pública, conforme al artículo 134, párrafos primero y del quinto al octavo, de la Constitución General.

37. II. El Congreso Local no cumplió con las formalidades del procedimiento legislativo, establecidas en su reglamento.

38. III. Lo anterior en virtud de que no se sesionaron las iniciativas que dieron lugar a los Decretos novecientos noventa y novecientos noventa y uno en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, como lo dispone el artículo 63 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

39. IV. Tampoco se cumplió con lo dispuesto en los artículos 104, 106 y 107 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, en la formulación del proyecto del dictamen; o 43, fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

40. V. No se realizó el estudio y análisis de las circunstancias extraordinarias que justifiquen la autorización o el destino que se dará a los recursos conforme al artículo 12 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. De igual manera, no se hizo la relación de obras en las que se invertirán los recursos de la deuda pública, acreditando la inversión pública productiva generadora de beneficios colectivos o generales, violando el artículo citado, así como el 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General.

41. VI. De esta manera no se cumplió con el artículo 73 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos en la integración del expediente de las iniciativas que dieron lugar a los Decretos novecientos noventa y novecientos noventa y uno.

42. VII. Por otra parte, el Ejecutivo no acompañó a su iniciativa el catálogo o relación de obras a realizar con los recursos solicitados, los estudios de impacto ambiental y demás documentación de conformidad con las disposiciones aplicables y que deben estar integradas en los expedientes de las obras de inversión pública productiva. Tampoco se incluyó el monto de los ingresos a percibir con las obras generadas en la Ley de Ingresos 2016 presentada al Congreso del Estado o las cantidades de las amortizaciones y pagos a realizar a las instituciones crediticias en el presupuesto de egresos 2016 presentado al Congreso del Estado. Por esto se generó la expectativa de construcción de vialidades sin especificar cuáles son las programadas donde la generalidad y falta de especificaciones afectan al Municipio actor, aunado a que la falta de socialización de obras que podrían ser en beneficio social terminan por ser impugnadas por los vecinos, comerciantes y organizaciones.

43. VIII. Por el contrario, se pretende destinar los recursos al pago de obras ya realizadas y a rubros distintos a la inversión pública productiva, en contravención al artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General. Al no destinarse los recursos a bienes que satisfagan las necesidades de la sociedad o el destino de los mismos se causa un perjuicio al Municipio.

44. IX. Estimó que la norma impugnada transgrede los artículos 14 y 16 de la Constitución General.

45. X. Adujo que se violan los principios de equidad y proporcionalidad del artículo 25 constitucional porque no se destinarán los recursos a la inversión pública productiva, sino es un hecho notorio que se han destinado al pago de deuda pública.

46. XI. Los decretos autorizan un plazo no mayor a veinte y veinticinco años, respectivamente, para cubrir los empréstitos, lo cual compromete el buen desempeño de las siguientes tres administraciones estatales y más de seis municipales. Los créditos afectan la hacienda pública estatal y municipal de las siguientes administraciones, hipotecando su futuro inmediato.

47. XII. Al garantizarse el pago con las participaciones federales se afecta la hacienda pública municipal, se lesiona la autonomía financiera y se dejan en incertidumbre las finanzas municipales.

48. XIII. El Estado de Morelos y sus treinta y tres Municipios dependen de manera fundamental de las participaciones federales hoy comprometidas para el pago de créditos, lo cual pone en riesgo al Estado de colapsar financieramente, afectando a sus Municipios.

49. C. Constitucionalidad de los artículos 26 Bis, 26 Ter, 38 Bis, 38 Ter, 38 Quater, 54, 54 Bis, 54 Ter, y quinto transitorio, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; y, 136 Bis y 136 Ter de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, adicionados y reformados mediante Decreto Número Novecientos Noventa y Dos

50. I. Que el artículo 115, fracciones III, inciso h), y V, incisos d) y h), de la Constitución General reconoce la facultad de los Municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros y otorga a los Municipios la facultad para regular el tránsito municipal.

51. II. En la especie, el Municipio de Tlaquiltenango no ha participado en la formulación o aplicación del programa de transporte público de pasajeros.

52. III. Asimismo, adujo que se violaron las normas del debido proceso legislativo debido a que la premura en la aprobación hizo que el Congreso no emitiera el dictamen correspondiente.

53. IV. El artículo 26 de la Ley del Transporte del Estado de Morelos otorga facultades a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos para establecer zonas de tránsito controlado en zonas urbanas específicas, cuando ésta es una facultad del Concejo Municipal conforme al artículo 115, fracciones III, inciso h), y V, inciso h), de la Constitución General, así como 21 de la ley estatal citada.

54. V. Además, sostuvo que la Ley de Transporte del Estado de Morelos no está fundada y motivada.

55. VI. Los artículos 136 Bis y 136 Ter de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable violan las disposiciones de autonomía municipal e invasión de atribuciones porque pretenden restringir las facultades municipales por parte del Gobierno del Estado.

56. VII. Luego de citar dichos artículos adujo que es inaceptable que el Estado asuma arbitrariamente la programación, construcción y administración de la infraestructura carretera y equipamiento vial, así como reglamentación y control de tránsito en sus vías de comunicación.

57. VIII. Adujo que el decreto es lesivo de los intereses del Municipio, al no atender al desarrollo del mismo con inversiones y sistemas modernos de transporte público de pasajeros, cuando es la segunda concentración demográfica en el Estado de Morelos, por lo que se estima que lo discrimina porque es la segunda concentración demográfica del Estado.

58. IX. El artículo cuarto transitorio deroga tácitamente todas las disposiciones que se opongan al decreto que se tilda de inconstitucional, generando incertidumbre total para todo el Municipio.

59. D. Inconstitucionalidad del Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas con relación a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Previsto por la Ley de Transporte del Estado de Morelos y su fe de erratas.

60. I. El decreto discrimina al Municipio porque, al crear un sistema de transporte masivo, sólo comprende a los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzalic, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, todos del Estado de Morelos.

61. II. De igual manera, transgrede el contenido del artículo 128 de la Constitución General y en consecuencia al diverso numeral 133. 62. III. El artículo segundo transitorio deroga tácitamente todas las disposiciones que se opongan al Decreto, lo cual genera incertidumbre jurídica.

63. CUARTO.—Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. Se señalaron como violados los artículos 1o., 14, 16, 25, 27, 73, fracción XXI, inciso a), 115, 123, 126, 127, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

64. QUINTO.—Formación, registro y turno. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el presente asunto y turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

65. SEXTO.—Admisión. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como los secretarios de Gobierno y de Movilidad y de Transporte (en cuanto al refrendo de los decretos impugnados), a quienes ordenó emplazar para que presentaran su contestación de demanda, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones, así como para que enviaran los antecedentes de los Decretos impugnados. De igual manera, se dio vista a la procuradora general de la República.

66. SÉPTIMO.—Contestaciones de demanda. Mediante oficio recibido el quince de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Matías Quiroz Medina, formuló contestación de demanda.

67. Por su parte, el encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, José Anuar González Cianci Pérez y Octavio Ibarra Ávila, ambos en representación del Poder Ejecutivo Local formularon contestación de demanda mediante oficio depositado el quince de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

68. En ambas contestaciones se hicieron valer los mismos argumentos y distintas causas de improcedencia.

69. A. Causas de improcedencia comunes

70. I. El Municipio actor carece de legitimación, porque ni el secretario de Gobierno ni el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos han realizado acto alguno que invada su competencia.

71. II. De igual manera, carece de legitimación pasiva el secretario de Gobierno o el Poder Ejecutivo porque no ha realizado acto alguno que invada o afecte la competencia del Municipio actor.

72. III. Los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que no ha sido eficazmente combatida por la parte actora, en tanto no señala o concreta algún razonamiento capaz de ser analizado ni como causa de pedir.

73. IV. La parte actora no se duele de un acto en específico, sino reclama de forma general los ordenamientos combatidos.

74. V. Los conceptos de invalidez expresados por el Municipio carecen de un planteamiento atendible encaminado a demostrar intromisión, dependencia, subordinación, o transgresión alguna al principio de división de poderes, cuando éste es un requisito para la procedencia del estudio de fondo de la controversia constitucional. Por otra parte, tampoco existe principio de afectación a la esfera de atribuciones del Municipio actor.

75. B. Causa de improcedencia formulada por el secretario de Gobierno del Estado de Morelos

76. I. El refrendo y la publicación de la ley impugnada (único acto atribuido a esta autoridad demandada) se realizó con apego a las facultades legales establecidas en los artículos 70, fracción XVII y 76 de la Constitución Local, sin incurrir en violación a las normas señaladas por la parte actora.

77. II. El Municipio actor no demuestra un principio de afectación que implique una intromisión en cualquier grado en la esfera de atribuciones del Municipio actor.

78. C. Causas de improcedencia formuladas por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

79. I. El Municipio actor no reclama por vicios propios los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado.

80. II. El Poder Ejecutivo llevó a cabo la promulgación y publicación de las normas con fundamento en el artículo 70, fracción XVI, en relación con la diversa fracción XVII, inciso a), de la Constitución Local, así como en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

81. III. El Municipio impugna actos por estimarlos violatorios de los derechos de sus habitantes, como trabajadores sin tener interés legítimo.

82. D. Contestación a los conceptos de invalidez

83. D.1. Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

84. I. El Municipio actor no precisa por qué el artículo 2 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, al establecer que su interpretación corresponde al Poder Ejecutivo, es lesivo de los principios de división de poderes, representatividad y democracia. Precisa que la interpretación de su texto no puede hacerse de forma arbitraria y a falta de disposición expresa se establecen diversos ordenamientos supletorios.

85. II. La parte actora no tiene el carácter de ente obligado de la ley, hasta tanto se suscriba un convenio de incorporación, conforme al artículo 25, fracción IV, en relación con el numeral 3, fracción XII, ambos de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, lo cual no ha acontecido. Por lo anterior, los artículos 3, fracción XII, 8, fracciones II, III y VII, 18, fracción XI, 26, 27, 28, 42, 43 y 52, así como transitorios segundo y del cuarto al octavo, no lesionan la autonomía municipal del actor.

86. III. Adujo que no se lesiona la autonomía municipal porque no se afecta el libre manejo de su patrimonio o su facultad reglamentaria para establecer contribuciones, administrar su hacienda o alguna de las facultades establecidas en su favor por el artículo 115 constitucional.

87. IV. El Congreso Local actuó dentro de las facultades que le confieren los artículos 116, fracción VI y 40, fracción XX, de la Constitución del Estado de Morelos, por lo que no se invade la esfera de competencias del Municipio al tratarse del ejercicio de una facultad del Congreso Estatal.

88. V. El Municipio está obligado a cumplir con lo dispuesto en la ley impugnada conforme al artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal.

89. VI. Argumentó que si bien el artículo 25, fracción IV, de la ley del instituto en comento señala como entes obligados a los Ayuntamientos del Estado de Morelos y los numerales 26 y 27 establecen obligaciones a su cargo, no se vulnera la autonomía municipal porque la ley busca dar oportunidad a los trabajadores para ejercer su derecho a la vivienda, permitirles un mejor desarrollo laboral y mayor productividad, por lo que es falso que no exista algún beneficio para el Municipio. Asimismo, la ley impugnada busca el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, mediante el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales, conforme a los artículos 43, fracción VII, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5 de la ley del instituto impugnada. Sin embargo, como se ha dicho, para ejercer este derecho se debe suscribir el convenio de incorporación con el instituto, lo cual no ha sucedido en la especie.

90. VII. El artículo 30 de la ley del instituto dispone que los derechos y obligaciones nacen con el pago de las cuotas y aportaciones, de lo contrario, si no se enteran al instituto las aportaciones del ente obligado y el monto de las retenciones realizadas a los afiliados dará origen al pago de intereses moratorios y es causa de suspensión.

91. VIII. El Poder Ejecutivo adujo que el texto anterior a la reforma se encontraba en los mismos términos que la ley ahora vigente, posteriormente realizó un cuadro comparativo de los artículos impugnados y de los artículos 9, fracciones III y V, 43, 46 y 47 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos abrogada.

92. IX. Al no demostrarse la inconstitucionalidad de los artículos impugnados debe prevalecer su validez.

93. X. El Municipio no precisa de qué manera los artículos 12 y 13 de la ley violan su autonomía municipal.

94. XI. El órgano de gobierno del instituto cuya integración se establece en el artículo 12 de la ley del instituto es acorde con lo que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos (artículos 54 y 80) porque ésta no señala como requisito para la debida integración del mismo la participación de los Municipios. Se citan también los artículos 46, 47 y 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

95. XII. El concepto de invalidez relativo a la inconstitucionalidad del artículo 15, fracción III, de la ley del instituto se basa en especulaciones que no se traducen en una violación a su autonomía porque el término de "cuentas incobrables" es claro y específico, sin que sea necesario que se señale un listado específico de posibilidades, porque se limitaría la libre apreciación de las autoridades encargadas de aplicarlo.

96. XIII. La ley del instituto no transgrede de manera retroactiva el ingreso de los servidores públicos, en primer lugar, debido a que el Municipio actor no ha firmado el convenio de incorporación del instituto; por otra parte, la ley reformada aún no tiene aplicación porque no se encuentra publicado su reglamento. Por esto, es imposible que se esté aplicando de manera retroactiva la norma, pues aún no se ejecuta.

97. XIV. Los Municipios se ven beneficiados porque se garantizan las prestaciones laborales previstas en la Ley del Servicio Civil que en su artículo 43, fracción VIII, estatuye como derecho de los trabajadores disfrutar los beneficios que ot

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30746-8db46b00/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-persona-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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