I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO RESPECTIVO (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y AMPARO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN RELACIÓN CON EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD POLÍTICA (ARTÍCULO 15 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 4, 9, 16 Y 24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN RELACIÓN CON EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD POLÍTICA (ARTÍCULO 21, FRACCIÓN XXXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN REPRESENTACIÓN DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD POLÍTICA (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA DE SU DESISTIMIENTO CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES MUNICIPALES [DECRETOS NÚMEROS NOVECIENTOS NOVENTA (990) Y NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO (991) EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE UN DECRETO EMITIDO POR EL CONGRESO DE DICHO ESTADO (DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PREVISTO POR LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS Y SU FE DE ERRATAS, ASÍ COMO EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO Y CUARTO DEL DECRETO ORIGINAL). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LAS NORMAS IMPUGNADAS POR CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO DEBIDO A REFORMAS POSTERIORES (ARTÍCULOS 2, 8, FRACCIÓN VIII, 12, 13, 26, 41, 42 Y 43 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE MORELOS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LAS NORMAS IMPUGNADAS POR CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO DEBIDO A REFORMAS EXPEDIDAS POSTERIORMENTE (ARTÍCULOS 26 BIS, 26 TER, 38 BIS, 38 TER, 38 QUÁTER Y 54, 54 BIS Y 54 TER DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, AL NO HABER SIDO MODIFICADOS LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS [ARTÍCULOS 136 BIS Y 136 TER DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, ADICIONADOS MEDIANTE EL DECRETO NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (992), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DE DICHO DECRETO]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO QUE LA PROMUEVE PARA CONTROVERTIR DECRETOS QUE REGULAN LA AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE CORRESPONDEN AL ESTADO, AL NO AFECTAR LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL [DECRETOS NÚMEROS NOVECIENTOS NOVENTA (990) Y NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO (991) EMITIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS]. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA IMPUGNAR LA REGULACIÓN QUE ESTABLECE EL COBRO DE INTERESES Y LO OBLIGA A RETENER Y ENTERAR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ARTÍCULOS 8 Y 52 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DE MORELOS). XV. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS. OBLIGACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ENTERAR LAS APORTACIONES, ASÍ COMO RETENER Y ENTERAR LAS CUOTAS DE LOS AFILIADOS Y LOS PAGOS DE LAS AMORTIZACIONES RESPECTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS, ASÍ COMO
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2016. MUNICIPIO DE MAZATEPEC, ESTADO DE MORELOS. 22 DE MARZO DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de marzo de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Villegas Toledo, quien se ostentó como síndica municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo del mencionado Estado, entre otras autoridades, en la que solicitó la invalidez de:
2. A. Los artículos 2, 3, fracciones XII y XXVI, 8, fracciones II, III y VIII, en la porción normativa de "intereses", 12, 13, 15, fracciones III y XII, 18, fracción XI, 25, fracción IV, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 49 y 52 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, expedidos mediante Decreto Número 988, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, así como sus artículos transitorios segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo.
3. B. El Decreto Número 990 por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano, a afectar como fuente de pago del mismo las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, así como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que funja como mecanismo de pago del financiamiento o empréstito que se contrate, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintiuno de julio de dos mil dieciséis. En particular sus artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, así como las disposiciones transitorias tercera y cuarta.
4. C. El Decreto Número 991 por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a través del Poder Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano, a afectar como fuente de pago del mismo las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, así como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que funja como mecanismo de pago del financiamiento o empréstito que se contrate, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintiuno de julio de dos mil dieciséis. En especial sus artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, y las disposiciones transitorias tercera y cuarta.
5. D. Los artículos 26 Bis, 26 Ter, 38 Bis, 38 Ter, 38 Quater, 54, 54 Bis y 54 Ter, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, modificados mediante Decreto Número 992, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintidós de julio de dos mil dieciséis, así como su artículo quinto transitorio.
6. E. Los artículos 136 Bis y 136 Ter de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, modificada mediante Decreto Número 992, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el veintidós de julio de dos mil dieciséis.
7. F. El decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas con relación a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo previsto por la Ley de Transporte del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el catorce de agosto de dos mil dieciséis y su fe de erratas de quince de agosto de dos mil dieciséis. En particular se reclaman sus artículos primero, segundo, tercero, cuarto y la disposición transitoria tercera.
8. G. El decreto por el que se reforma el diverso por el que se establecen diversas medidas administrativas con relación a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo previsto por la Ley de Transporte del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.
9. SEGUNDO.—Antecedentes. La parte actora narra, en síntesis, los antecedentes siguientes:
10. En sesiones de catorce y quince de agosto del año dos mil dieciséis se aprobaron, en la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, los Decretos Números 988, 990, 991 y 992 cuya invalidez se demanda.
11. Con estos decretos el Congreso Local transgredió el contenido de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; asimismo, desatendió disposiciones en materia de disciplina financiera, servicio público de transporte y obras públicas, así como la autonomía municipal.
12. En atención a que se invadieron las esferas constitucionales del Ayuntamiento de Mazatepec, éste promueve la presente controversia constitucional.
13. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez siguientes:
14. A. Inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, reformadas mediante Decreto Número 998.
15. -Los artículos impugnados transgreden lo establecido en los artículos 1o., 16, 25 y 115 de la Constitución Federal.
16. -Los artículos 2, 3, fracciones XII y XXVI, 8, fracciones II, III y VIII, en la porción normativa de "intereses", 12, 13, 15, fracciones III y XII, 18, fracción XI, 25, fracción IV, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 49, 52 y transitorios segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo son contrarios a la autonomía hacendaria y lesionan la autonomía financiera.
17. -La implementación de estas normas requiere una adecuación a las condiciones materiales, jurídicas y administrativas del Municipio, pues de lo contrario se enfrentará a los trabajadores municipales con la administración pública municipal.
18. -El Decreto combatido vulnera los artículos 1o., 16, 115, 127 y 128 de la Constitución General y transgrede la división de poderes y pesos y contrapesos que requiere un sistema democrático, republicano y representativo.
19. -El artículo 2 de la ley impugnada resulta inconstitucional, ya que establece una facultad de interpretación a cargo del titular del Poder Ejecutivo Estatal, lo que es contrario a la división de poderes, representatividad y democracia, porque esta facultad debería pertenecer al consejo directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
20. -Los artículos 3, fracción XII, 8, fracciones II, III y VIII, 18, fracción XI, 26, 27, 28, 42, 43, 52 y disposiciones transitorias segunda, cuarta a la octava, en relación con el numeral 25, fracción IV, de la ley impugnada, lesionan la autonomía municipal al obligar al Ayuntamiento a enterar las aportaciones, así como a retener a los afiliados las cuotas y los pagos de las amortizaciones respecto de los créditos otorgados, lo cual genera cargas administrativas complejas sin reportar beneficio alguno al Municipio.
21. -Los artículos 12 y 13 de la ley impugnada que establecen la conformación del consejo directivo del instituto, permiten que el Poder Ejecutivo esté sobrerrepresentado y no establece participación para los Municipios, lo que ocasiona que los Municipios se encuentren en desventaja.
22. -Al establecer el artículo 15, fracción III, del decreto combatido, como facultad del consejo directivo del instituto la de aprobar reservas financieras para asegurar la recuperación de cuentas incobrables e incosteables derivadas del otorgamiento de créditos, pero no definir que son "cuentas incobrables de los entes obligados", permite que se puedan presentar casos de malos manejos, corrupción, comisión de delitos y tratos diferenciados con respecto a otros Municipios, ya que la norma genera excepciones con otros Municipios o Poderes y no establece claramente en qué casos se configurará una situación de impagable. Además, la falta de representación en los órganos de gobierno del instituto, aunado a lo anterior, puede prestarse a fraudes en perjuicio de la constitucionalidad, legalidad, transparencia e incluso la autonomía financiera del Municipio.
23. -El legislador local se excedió al establecer como un deber de los sujetos obligados por la ley combatida, el aportar cuotas al Instituto de Crédito del Estado de Morelos, ya que éste no está contenido en la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos o en las condiciones generales que regulan la vida interna de los servidores públicos de poderes y Municipios, afectando sus ingresos de manera retroactiva, los cuales son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, por lo que se transgrede el artículo 123 de la Constitución General.
24. -El artículo 41 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos establece una aportación obligatoria del 6% sobre las percepciones de los trabajadores, por lo que los priva de un salario remunerador y merma la calidad de vida de los empleados del Municipio.
25. -Conforme al artículo segundo transitorio, la norma impugnada ya está en vigor sin haberse adecuado el presupuesto de egresos municipal, por lo que se invade la autonomía municipal para determinar su hacienda en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución General.
26. -Anteriormente, a los trabajadores se les retenía un 4.25% quincenal y 2.3% mensual a su salario base para el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno al Estado de Morelos; sin embargo, esto no constituye un consentimiento al régimen obligatorio, así como al incremento al 6% sobre el salario integrado y demás percepciones constantes, ya que se afecta de manera ilegal el salario y atenta contra el derecho de los trabajadores del Municipio de percibir una remuneración adecuada, incidiendo en su calidad de vida, alimentación, salud y todos los derechos humanos que les corresponden.
27. -El descuento de la cuota del 6% es inconstitucional e inconvencional, ya que de ningún ordenamiento legal se desprende que el trabajador deba aportar una cuota para el instituto de crédito mencionado.
28. -No existe motivo legal para que la ley combatida establezca un porcentaje del 6% a deducir por concepto de cuotas sin indicar si será quincenal, mensual o anual y qué parámetros sirvieron para fijar dicha cifra. Tampoco se explicitan las razones para establecer dicho porcentaje o los intereses que prevén los artículos 8, fracción VIII y 52 de la ley impugnada, como podrían ser estudios actuariales o financieros, o la finalidad que tendrá dicha retención. Es decir, el porcentaje no está motivado.
29. -Si bien, la norma establece un esquema para la adquisición de vivienda de los sujetos obligados, el porcentaje de las cuotas es muy alto, por lo que se viola el Estado social de derecho en donde el Estado debe procurar que el derecho a la vivienda sea universal y accesible, no lesivo de derechos fundamentales, como lo es la obligatoriedad de cuotas al 6% del salario integrado, sin que se produzca un mínimo producto para el trabajador.
30. -La ley no especifica el destino que deberá darse a los intereses y productos que se obtengan, por lo que se vulnera el artículo 25, párrafos primero al cuarto, en relación con el 115, fracción II, de la Constitución General.
31. -Los artículos combatidos, así como el precepto 25, fracción IV, de la ley del instituto, trasgreden el artículo 115 constitucional, ya que le impone al Municipio obligaciones sobre sus ingresos y el manejo que deben darles, así como la administración de su nómina e información generada.
32. -De igual manera el artículo 28 del decreto combatido, establece que en caso de que no se enteren las cuotas, se suspenderán los derechos que otorga la ley, sin atender a la causa que origine la suspensión, lo cual es arbitrario e inconstitucional.
33. B. Inconstitucionalidad de los Decretos Números 990 y 991 por los que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos a través del Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero.
34. -El Poder Legislativo Local no cumplió con las obligaciones que deben atenderse para la aprobación de deuda pública, conforme al artículo 134, párrafos primero y del quinto al octavo, de la Constitución General.
35. -El Congreso Local no cumplió con las formalidades del proceso legislativo, establecidas en su reglamento y disposiciones legales aplicables, ya que no se sesionaron las iniciativas que dieron lugar a los Decretos 990 y 991 en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, como lo dispone el artículo 63 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
36. -Tampoco se cumplió con lo dispuesto en los artículos 104, 106 y 107 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, en la formulación del proyecto del dictamen, o 43, fracción III, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.
37. -No se realizó el estudio y análisis de las circunstancias que justifiquen la autorización o el destino que se dará a los recursos autorizados, conforme al artículo 12 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. De igual manera, no se hizo la relación de obras en las que se invertirán los recursos de la deuda pública, acreditando la inversión pública productiva generadora de beneficios colectivos o generales, violando el artículo citado, así como el 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General.
38. -No se cumplió con el artículo 73 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, en la integración del expediente de las iniciativas que dieron lugar a los Decretos Números 990 y 991.
39. -Por otra parte, el Poder Ejecutivo no acompañó a su iniciativa el catálogo o relación de obras, a realizar con los recursos solicitados, los estudios de impacto ambiental y demás documentación de conformidad con las disposiciones aplicables y que deben estar integradas en los expedientes de las obras de inversión pública productiva. Tampoco se incluyó el monto de los ingresos a percibir con las obras generadas en la Ley de Ingresos 2016 presentada al Congreso del Estado o las cantidades de las amortizaciones y pagos a realizar a las instituciones crediticias en el presupuesto de egresos 2016 presentado al Congreso del Estado. Por esto se generó la expectativa de construcción de vialidades sin especificar cuáles son las programadas donde la generalidad y falta de especificaciones afectan al Municipio actor, aunado a que la falta de socialización de obras que podrían ser en beneficio social termina por ser impugnada por los vecinos, comerciantes y organizaciones.
40. -Se pretende destinar los recursos al pago de obras ya realizadas y a rubros distintos a la inversión pública productiva, en contravención al artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General. Al no destinarse los recursos a bienes que satisfagan las necesidades de la sociedad o el destino de los mismos se causa un perjuicio al Municipio.
41. -Los decretos impugnados transgreden los artículos 14 y 16 de la Constitución General.
42. -Se violan los principios de equidad y proporcionalidad previstos en el artículo 25 constitucional, porque no se destinarán los recursos a la inversión pública productiva, sino es un hecho notorio que se han destinado al pago de deuda pública.
43. -Los Decretos autorizan un plazo no mayor a veinte y veinticinco años, respectivamente, para cubrir los empréstitos, lo cual compromete el buen desempeño de las siguientes tres administraciones estatales y más de seis municipales. Los créditos afectan la hacienda pública estatal y municipal de las siguientes administraciones, hipotecando su futuro inmediato.
44. -Al establecerse que el pago de los préstamos se realizará con el fondo de participaciones federales que le corresponde al Estado, se afecta la hacienda pública municipal, se lesiona la autonomía financiera y se dejan en incertidumbre las finanzas municipales.
45. -El Estado de Morelos y sus treinta y tres Municipios dependen de manera fundamental de las participaciones federales hoy comprometidas para el pago de créditos, lo cual pone en riesgo al Estado de colapsar financieramente, afectando a sus Municipios.
46. C. Constitucionalidad de los artículos 26 Bis, 26 Ter, 38 Bis, 38 Ter, 38 Quater, 54, 54 Bis, 54 Ter, y quinto transitorio, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos; y, 136 Bis y 136 Ter, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, adicionados y reformados mediante Decreto Número 992.
47. -El artículo 115, fracciones III, inciso h), y V, incisos d) y h), de la Constitución General la facultad de los Municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros y otorga a los Municipios la facultad para regular el tránsito municipal.
48. -El Decreto combatido deriva de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo el catorce de julio de dos mil dieciséis, dictaminada y aprobada en la sesión ordinaria del Congreso del Estado que tuvo inicio el mismo día y culminó al día siguiente, es decir el quince del mismo mes y año, sin que se acredite su participación en la formulación o aplicación del programa de transporte público de pasajeros.
49. -Se violaron las normas del debido procedimiento legislativo debido a que, por la premura de la aprobación, el Congreso no emitió el dictamen correspondiente.
50. -El artículo 26 de la Ley del Transporte del Estado de Morelos otorga facultades a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos para establecer zonas de tránsito controlado en zonas urbanas específicas, cuando ésta es una facultad del Concejo Municipal conforme al artículo 115, fracciones III, inciso h), y V, inciso h), de la Constitución Federal, así como 21 de la ley estatal citada.
51. -La Ley de Transporte del Estado de Morelos no está fundada y motivada.
52. -Los artículos 136 Bis y 136 Ter de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable violan las disposiciones de autonomía municipal e invasión de atribuciones, porque pretenden restringir las facultades municipales por parte del Gobierno del Estado.
53. -Es inaceptable que el Estado asuma arbitrariamente la programación, construcción y administración de la infraestructura carretera y equipamiento vial, así como reglamentación y control de tránsito en sus vías de comunicación.
54. -El decreto es lesivo de los intereses del Municipio, al no atender al desarrollo del mismo con inversiones y sistemas modernos de transporte público de pasajeros, por lo que se le discrimina.
55. -El artículo cuarto transitorio deroga tácitamente todas las disposiciones que se opongan al decreto que se tilda de inconstitucional, generando incertidumbre total para todo el Municipio.
56. D. Inconstitucionalidad del decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas con relación a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo Previsto por la Ley de Transporte del Estado de Morelos y su fe de erratas. 57. -El decreto discrimina al Municipio porque, al crear un sistema de transporte masivo, sólo comprende a los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzalic, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, todos del Estado de Morelos.
58. -Se transgrede el contenido de los artículos 128 y 133 de la Carta Magna, toda vez que con la emisión de los decretos impugnados no se cumple con la obligación de los funcionarios públicos de hacer guardar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen.
59. -El artículo segundo transitorio deroga tácitamente todas las disposiciones que se opongan al decreto, lo cual genera incertidumbre jurídica.
60. CUARTO.—Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. Se señalaron como violados los artículos 1o., 14, 16, 25, 27, 73, fracción XXI, inciso a), 115, 123, 126, 127, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
61. QUINTO.—Formación, registro y turno. Por acuerdo de uno de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el presente asunto y turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, por existir conexidad con la diversa controversia constitucional 94/2016, que le fue turnada previamente.
62. SEXTO.—Admisión. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como los secretarios de Gobierno y de Movilidad y de Transporte (en cuanto al refrendo de los decretos impugnados), a quienes ordenó emplazar para que presentaran su contestación de demanda, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones, así como para que enviaran los antecedentes de los decretos impugnados. De igual manera, se dio vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que en su representación correspondiera.
63. SÉPTIMO.—Desistimiento. Por escrito depositado el quince de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Villegas Toledo, síndica municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, Estado de Morelos, presentó desistimiento en la presente controversia constitucional, ratificado ante la fe de José Antonio Ordóñez Ocampo, notario público uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en Tetecala de la Reforma, Morelos, como consta en acta dos mil cuatrocientos noventa y seis, asentada en el volumen CVI de fecha veintiséis de octubre del año en cita.
64. En acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito de la síndica municipal y se le requirió para que en el plazo de tres días enviara copia certificada del acta de Cabildo en la que constara que, en términos del artículo 46, párrafo primero, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se le autorizó desistirse de este medio de control constitucional.
65. Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Villegas Toledo, síndica municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, Estado de Morelos exhibió copia certificada del acuerdo de sesión de Cabildo de trece de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se le autoriza para desistirse de la presente controversia constitucional.
66. En acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a la síndica municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, Estado de Morelos desahogando el requerimiento de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Toda vez que en el escrito inicial de demanda se impugnaron normas generales, se determinó que se resolvería lo que en derecho procediera al momento de dictar sentencia.
67. OCTAVO.—Contestaciones de demanda. Las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda en los términos siguientes:
68. A. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
69. Mediante oficio recibido el quince de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario de Gobierno del Estado, Matías Quiroz Medina formuló contestación de demanda.
70. Por su parte, el encargado del despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, José Anuar González Cianci Pérez y Octavio Ibarra Ávila, ambos en representación del Poder Ejecutivo Local formularon contestación de demanda mediante oficio recibido el quince de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
71. En ambas contestaciones se hicieron valer los mismos conceptos de invalidez y distintas causas de improcedencia.
72. I. Causas de improcedencia comunes.
73. -El Municipio actor carece de legitimación porque la autoridad demandada (secretario de Gobierno y Poder Ejecutivo del Estado de Morelos) no ha realizado acto alguno que invada su competencia.
74. -Carece de legitimación pasiva la autoridad demandada (secretario de Gobierno y Poder Ejecutivo) porque no ha realizado acto alguno que invada o afecte la competencia del Municipio actor.
75. -Los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que no ha sido eficazmente combatida por la parte actora, en tanto no señala o concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, por lo que su pretensión es inatendible, toda vez que no logra construir y proponer una causa de pedir.
76. -La parte actora no se duele de un acto en específico, sino reclama de forma general los ordenamientos combatidos.
77. -Los conceptos de invalidez expresados por el Municipio carecen de un planteamiento atendible encaminado a demostrar intromisión, dependencia, subordinación o transgresión alguna al principio de división de poderes, cuando éste es un requisito para la procedencia del estudio del fondo de la controversia constitucional. Además, tampoco existe un principio de afectación a la esfera de atribuciones del Municipio actor.
78. II. Causa de improcedencia formulada únicamente por el secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
79. El refrendo y la publicación de la ley impugnada (único acto atribuido a esta autoridad demandada) se realizó con apego a las facultades legales establecidas en los artículos 70, fracción XVII y 76 de la Constitución Local, sin incurrir en violación a las normas señaladas por la parte actora.
80. III. Causas de improcedencia formuladas únicamente por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
81. -El Municipio actor no reclama por vicios propios los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado.
82. -El Poder Ejecutivo llevó a cabo la promulgación y publicación de las normas con fundamento en el artículo 70, fracción XVI, en relación con la diversa fracción XVII, inciso a), de la Constitución Local, así como en el 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
83. -El Municipio actor carece de interés legítimo, ya que su impugnación la hace depender de una supuesta violación a los "derechos fundamentales" de sus habitantes, sin que exista una relación con su competencia constitucional.
84. IV. Contestación a los conceptos de invalidez.
85. IV.1. Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
86. -El Municipio actor no precisa porqué el artículo 2 de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, al establecer que su interpretación corresponde al Poder Ejecutivo, es lesivo de los principios de división de poderes, representatividad y democracia. Además, la interpretación de su texto no puede hacerse de forma arbitraria y a falta de disposición expresa se establecen diversos ordenamientos supletorios.
87. -La parte actora no tiene el carácter de ente obligado de la ley, hasta tanto se suscriba un convenio de incorporación, en términos del artículo 25, fracción IV, de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos en relación con el numeral 3, fracción XII, lo cual no ha acontecido. Por lo tanto, los artículos 3, fracción XII, 8, fracciones II, III y VII, 18, fracción XI, 26, 27, 28, 42, 43 y 52, así como transitorios segundo y del cuarto al octavo, no lesionan la autonomía municipal del actor, pues no lo son aplicables.
88. -No se lesiona la autonomía municipal porque no se afecta el libre manejo de su patrimonio o su facultad reglamentaria para establecer contribuciones, administrar su hacienda o alguna de las facultades establecidas en su favor por el artículo 115 constitucional.
89. -El Congreso Local actuó dentro de las facultades que le confieren los artículos 116, fracción VI y 40, fracción XX, de la Constitución del Estado de Morelos, por lo que no se invade la esfera de competencias del Municipio al tratarse del ejercicio de una facultad exclusiva del Congreso Local.
90. -En términos del artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal, los Municipios estás obligados a cumplir con lo dispuesto en las leyes estatales, como es el caso de la ley impugnada.
91. -Si bien el artículo 25, fracción IV, de la ley combatida, señala como entes obligados a los Ayuntamientos del Estado de Morelos y los numerales 26 y 27 del mismo ordenamiento establecen obligaciones a su cargo, no se vulnera la autonomía municipal, ya que la ley busca dar oportunidad a los trabajadores para ejercer su derecho a la vivienda, permitirles un mejor desarrollo laboral y mayor productividad, por lo que es falso que no exista algún beneficio para el Municipio. Asimismo, la ley impugnada busca el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, mediante el ot
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30747-23021067/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-persona-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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