I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (ARTÍCULO 63, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO POR EL DECRETO NÚMERO 089, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). V. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA (ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO NÚMERO 089, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS QUE MODIFICÓ VARIOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). VI. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SERÁN INTRASCENDENTES SI LA IMPRECISIÓN NO SE PRESENTA ENTRE EL TEXTO APROBADO POR EL LEGISLADOR Y EL PUBLICADO Y PORQUE LA IMPRECISIÓN NO INTERFIRIÓ CON LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR NI TRASCENDIÓ AL CONTENIDO DE LA NORMA EFECTIVAMENTE APROBADA (ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO NÚMERO 089, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS QUE MODIFICÓ VARIOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN). VII. DIVISIÓN DE PODERES. FINALIDAD Y LÍMITES DE ESE PRINCIPIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLAS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. X. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XI. DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA. XII. DIVISIÓN DE PODERES. CORRESPONDE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOCAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL ESTABLECER LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES, DEBEN CONSIDERAR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 63, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO POR EL DECRETO NÚMERO 089, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). XIII. PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL EJECUTIVO LOCAL SÍ TIENE UN ÁMBITO DE COMPETENCIAS PROPIO DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOCAL YA QUE LA CONSTITUCIÓN LOCAL LO FACULTA PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO, ASÍ COMO PARA REALIZAR OBSERVACIONES UNA VEZ QUE LA LEGISLATURA LO HAYA APROBADO (ARTÍCULO 63, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO POR EL DECRETO NÚMERO 089, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). XIV. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ÓRGANOS Y PODERES PÚBLICOS ÚNICAMENTE PUEDEN EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE EXPRESAMENTE LES CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS CONSTITUCIONES LOCALES –EN EL CASO DE AUTORIDADES Y NIVELES DE GOBIERNO LOCAL– Y LAS DEMÁS LEYES QUE A ELLAS SE AJUSTEN (ARTÍCULO 63, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO POR EL DECRETO NÚMERO 089, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). XV. PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL CONGRESO LOCAL PARA SU ELABORACIÓN DEBE SUJETARSE INELUDIBLEMENTE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 63, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO POR EL DECRE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2016. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 27 DE AGOSTO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO. COLABORÓ: JOSÉ VLADIMIR DUARTE YAJIMOVICH.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de agosto de dos mil veinte, por el que se emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional promovida por el gobernador del Estado de Nuevo León en contra del Decreto Número 089, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día ocho de abril de dos mil dieciséis.(1)
I. ANTECEDENTES
1. Presentación de demanda. El gobernador del Estado de Nuevo León promovió controversia constitucional(2) en contra del decreto referido y por virtud del que "Se reforma por modificación la fracción VII del artículo 63; el primer párrafo de la fracción IX del artículo 149; y por adición de un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 149, recorriéndose los subsecuentes, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León."
2. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar, registrar el expediente y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para que fungiera como instructor.(3) Éste admitió la demanda; tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y lo emplazó para que formulara su contestación, y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que correspondiera,(4) sin que éste lo hiciera.
3. Una vez que se recibió la contestación de demanda por parte del Congreso Local(5) y que se realizó la audiencia en términos del artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, "ley de la materia" o "ley reglamentaria"),(6) se puso el expediente en estado de resolución.
II. REQUISITOS PROCESALES
4. En el presente asunto se acreditan los requisitos procesales que son necesarios para que el tribunal emita una resolución.
5. Competencia. El tribunal es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León.
6. Oportunidad. El actor impugna un decreto legislativo que reformó diversas disposiciones de la Constitución Local. Al tratarse de una norma general se debe tomar en cuenta el plazo de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria para computar si la demanda fue presentada en tiempo.(7) Si el decreto fue publicado el ocho de abril de dos mil dieciséis, dicho plazo transcurrió del once de abril al veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.(8) Por lo tanto, la demanda es oportuna pues se presentó en el último día de ese plazo.(9)
7. Legitimación. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria(10) cada una de las partes en la controversia debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarlas. Situación que se acredita en el caso.
a. Legitimación activa. La parte actora es el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y sí cuenta con ella. Por un lado, porque tiene legitimación en la causa al encuadrarse en el supuesto del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal,(11) al impugnar la constitucionalidad de una reforma a la Constitución Local. Por otro lado, porque quien presentó la demanda tiene legitimación en el proceso. Conforme al artículo 81 de la Constitución Política de ese Estado,(12) el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el gobernador y la demanda fue presentada por Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón,(13) quien se ostenta y acredita tal carácter con copia certificadas de la sesión en la que tomó protesta como tal ante el Congreso Local.(14)
b. Legitimación pasiva. El demandado es el Poder Legislativo Local. De conformidad con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León(15) es el presidente de su Mesa Directiva el facultado para representarlo, y en los periodos de receso tal representación recae en el presidente de la Diputación Permanente, en términos del artículo 86-BIS del referido ordenamiento.(16) Consecuentemente, son ellos quienes tienen la legitimación pasiva para acudir a esta vía. En el proceso compareció el diputado Daniel Carrillo Martínez en su carácter de presidente de la Diputación Permanente de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, y acreditó esa personalidad con copias certificadas del acta de la sesión en que se instaló la LXXIV Legislatura y en la que se le designó como presidente.(17)
III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
8. El Poder Legislativo no hizo valer algún motivo de improcedencia.(18) No obstante, este tribunal advierte que se actualiza la prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 20, fracción II, y 22, fracción VII, de la ley reglamentaria, y debe sobreseerse la controversia respecto de la fracción VII del artículo 63 de la Constitución Local, pues el actor no enderezó ningún argumento para demostrar su inconstitucionalidad. Este Pleno ha sostenido que aunque la ley reglamentaria lo obliga a corregir la cita de preceptos y examinar los argumentos de las partes en su conjunto, así como suplir la deficiencia de la demanda, contestación y alegatos o agravios al momento de dictar sentencia, lo cierto es que se presupone que cuando menos debe existir una causa de pedir. Por ello, ante la ausencia de conceptos de invalidez o de razonamientos que constituyan una causa de pedir respecto de un precepto señalado como reclamado, debe sobreseerse conforme a los artículos referidos.(19) En el presente caso, el actor no enderezó alguno contra la fracción VII del artículo 63, que prevé la facultad del Congreso Local para modificar la Ley de Ingresos. Únicamente se concentró en impugnar la misma facultad para el Presupuesto de Egresos, sin hacer siquiera referencia a cómo la modificación de la Ley de Ingresos por el Congreso afecta su ámbito competencial. Así, en su demanda solamente lo citó como norma impugnada por haber sido modificada por el Decreto 089, lo cual es insuficiente para tenerlo por impugnado.
IV. ESTUDIO
9. En este apartado se dará respuesta a los argumentos planteados por el actor. La metodología que se utilizará será la siguiente: primero se identificará el contenido introducido por las normativas impugnadas. Posteriormente, se sintetizarán los conceptos de invalidez planteados por el gobernador y los argumentos que presentó el Congreso Local en su contestación de demanda. Finalmente se procederá a resolver los puntos controvertidos.
10. Las normas modificadas por el decreto impugnado se presentan en un cuadro comparativo. La columna izquierda presenta el texto previo a su modificación y en ella se marcan los textos suprimidos por la reforma impugnada. La columna derecha presenta el texto derivado de esa reforma y se resalta con negrillas y subrayados lo que específicamente se adicionó:
Ver cuadro comparativo
11. De la comparación se aprecia, en primer lugar, que antes de la reforma impugnada el Congreso Local tenía la facultad de "examinar" y "aprobar" tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos, sin que se precisara expresamente si podía alterar su contenido. Es derivado de esa reforma que se otorgó explícitamente al Congreso la facultad de modificar tales instrumentos normativos. En segundo lugar, que el Presupuesto de Egresos seguirá el trámite previsto en el artículo 71 de la Constitución Local con la salvedad de que en lugar de diez días, el Ejecutivo tendrá únicamente tres para formular observaciones. Finalmente, que las adiciones o reformas a la Constitución Local podrán ser votadas en el mismo periodo de sesiones, condición que antes estaba proscrita.
12. En contra de esas modificaciones el Ejecutivo Local formuló los siguientes conceptos de invalidez:
A. Incongruencia del artículo único del Decreto 089
• Primer concepto de invalidez.(20) El artículo único del decreto impugnado no guarda correspondencia exacta con el texto de las modificaciones efectivamente realizadas. De su literalidad se desprende que: "Se reforma por modificación la fracción VII del artículo 63; el primer párrafo de la fracción IX del artículo 149; y por adición de un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 149, recorriéndose los subsecuentes, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León". Sin embargo, se modificó la fracción VII del artículo 63 y no del 149.
• La deficiencia es reprochable a grado de invalidez porque la falta de la técnica legislativa no es subsanable por interpretación o fe de erratas. Cita los siguientes criterios: XX.2o. J/22,(21) 1a. XLVI/2001,(22) X.1o.(XI Región) 1 A (10a.).(23)
13. El actor sostiene que existe una incongruencia entre el artículo único del decreto impugnado y su contenido, pues los artículos señalados como reformados en el primero no concuerdan con los efectivamente modificados. En relación con este concepto de invalidez, el Poder Legislativo señala en su contestación de demanda(24) que:
• No existe incongruencia entre el artículo único y el texto de los artículos reformados. De los debates legislativos puede advertirse la congruencia entre la intención de la Legislatura con las disposiciones efectivamente modificadas.
• La "falla administrativa" advertida no es suficiente para declarar inconstitucional el decreto reclamado, porque ni se violó el proceso legislativo ni la Constitución Federal.
14. Para dar contestación a este argumento se estima necesario transcribir el decreto impugnado.
Decreto
Núm... 089.
"Artículo único. Se reforma por modificación la fracción VII del artículo 63; el primer párrafo de la fracción IX del artículo 149; y por adición de un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 149, recorriéndose los subsecuentes, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para quedar como sigue:
"Artículo. 63. Corresponde al Congreso: ...
"VII. Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del gobernador, la Ley de Ingresos del Estado y los proyectos y arbitrios de pública utilidad. Una vez analizado y discutido el proyecto de Ley de Ingresos de Estado que corresponda, el Congreso podrá modificarlo, motivando y justificando los cambios realizados.
"...
"IX. Examinar y aprobar anualmente, a propuesta del gobernador, el Presupuesto de Egresos de los Poderes del Estado y los proyectos y arbitrios de pública utilidad. Una vez analizado y discutido el proyecto de ley correspondiente, el Congreso podrá modificarlo, motivando y justificando los cambios realizados; además establecerá en él, los sueldos aplicables al gobernador del Estado y a los secretarios que le reporten, así como las partidas autorizadas para remuneraciones del personal de cada secretaría;
"El presupuesto seguirá el proceso establecido en el artículo 71 de esta Constitución con excepción del plazo para hacer las observaciones que será de tres días.
"Artículo 149. Tomadas en consideración las adiciones o reformas se publicarán y circularán profusamente con extracto de la discusión, pudiendo ser votadas en ese mismo periodo de sesiones, siguiendo el procedimiento para su discusión y aprobación que establece la ley de la materia.
Transitorios
"..."(25)
15. De ella queda claro que, tal como lo afirma el promovente, existe una incongruencia entre el artículo único y los preceptos reformados. Por un lado, el primero enuncia una modificación a un artículo que no sólo no se tocó, sino que no existe, pues el 149 no tiene fracciones. Por otro, porque se adicionó un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 63, sin que este cambio se anuncie en el artículo único. Sin embargo, esta incongruencia no es suficiente para invalidar el decreto impugnado.
16. Conviene precisar que en este concepto de invalidez el promovente no señala cuál es el precepto constitucional que se vulnera ni la competencia que estima transgredido. En su demanda se limita a señalar que esa "falta de técnica legislativa" no es subsanable por una fe de erratas, sino que "se requeriría un proceso legislativo diverso a fin de agotar las etapas relativas". A partir de sus muy limitadas consideraciones, este tribunal estima que su causa de pedir se relaciona con una posible violación al procedimiento legislativo que pudiera tener un efecto invalidante. Sin embargo, el promovente se equivoca en cuanto a que el error es suficiente para anular el decreto.
17. Aunque es cierto que algunos precedentes de este tribunal sostienen que existen violaciones al procedimiento legislativo que pueden llegar a tener un efecto invalidante, también lo es que algunos otros, como los de carácter formal, no lo tienen. Se ha sostenido que no todo vicio procedimental lleva a invalidar la norma que de él derivó. La diferencia radica en si los vicios son trascendentes para la toma de la decisión por parte del órgano Legislativo.(26)
18. El error que ahora se analiza –suponiendo que pudiera considerarse una violación procesal– no afectó ni vició la voluntad del órgano Legislativo Local. Desde la exposición de motivos de la que derivó la reforma en estudio queda claro que el órgano legislativo buscó modificar los artículos 63, fracciones VII y IX, párrafo segundo, así como 149 de la Constitución Local para que: a) el Congreso Local pudiera expresamente hacer modificaciones y aportaciones a la planeación financiera del Estado que le envía el Ejecutivo Local, y b) se flexibilizara el procedimiento de reformar la Constitución Local.(27) Dichos artículos fueron los efectivamente modificados en el decreto ahora impugnado y, precisamente, su modificación buscó cumplir al pie de la letra los objetivos pretendidos por la iniciativa.
19. Además, tal incongruencia no trastocó las reglas de votación, el quórum legal, ni el debate parlamentario; cuestiones que sí podrían tener un potencial efecto invalidante. En todo caso, se trata de un vicio formal que es intrascendente por dos razones. Primero, porque la imprecisión no se presenta entre el texto aprobado por el legislador y el publicado. Segundo, porque la imprecisión no interfirió con la voluntad del legislador ni trascendió al contenido de las normas efectivamente aprobadas. De ahí que, incluso, no son aplicables las tesis referidas por el promovente, pues refieren al caso de discrepancia entre lo efectivamente aprobado por el legislador y lo publicado. Finalmente, es importante precisar tal incongruencia no incide en las competencias del Poder Ejecutivo Local.
20. A partir de tales condiciones este tribunal concluye que el error señalado ni se contrapone ni interfirió con la voluntad que el legislador persiguió durante el desarrollo del procedimiento de reforma a la Constitución Local. Por tal razón, es infundado este concepto de invalidez.
B. Violación al principio de división de poderes
21. En sus restantes conceptos de invalidez, el actor considera que se vulnera la división de poderes porque:
"• Segundo.(28) La Suprema Corte de Justicia ha señalado que para que cierto Poder pueda realizar funciones que se relacionen o que originalmente correspondan a otro Poder, es necesario que lo disponga la Constitución Federal y, además, que se prevean reglas o límites a los que se sujetará el ejercicio de esa atribución. Esta condición no se cumple porque no se fijaron límites o restricciones para que el Congreso Local pueda modificar el presupuesto de egresos local que le envíe el Ejecutivo Local.
"• No se previeron supuestos, reglas y parámetros que el legislador debe seguir cuando pretenda modificar la propuesta.
"• No se estableció que el Congreso deba justificar los cambios que realice, ni se le obligó a atender a los parámetros que el Ejecutivo Local sigue para elaborar su propuesta –a) criterios de política económica; b) situación de las finanzas públicas estatales; c) techos globales del gasto, y d) objetivos, estrategias y metas de la planeación estatal–.
"• Si se hubiera querido homologar las facultades del Congreso Estatal con el Federal, se debió establecer un proceso para el examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos por parte del Poder Legislativo, así como mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Ejecutivo y Legislativo Locales. Unos y otros sí existen a nivel federal.
"• Tercero.(29) Se redujo injustificadamente el plazo para que el Ejecutivo Local realice observaciones al decreto de presupuesto de egresos. La disminución produce un desequilibrio en perjuicio del Ejecutivo Local.
"• El artículo 71 de la Constitución Local establece un plazo genérico de 10 días para que el Ejecutivo realice observaciones a las leyes o decretos aprobados por el Congreso Local.(30) Sin embargo, la reforma al 63, fracción IX, párrafo segundo, introdujo una excepción: únicamente contará con 3 días para realizar observaciones a las modificaciones que el Congreso realice a su propuesta de Presupuesto de Egresos.
"• No se justificó por qué se estableció un plazo diferenciado. Además, el plazo de 3 días no es razonable. Coloca al Ejecutivo Local en desventaja porque reduce sus posibilidades para presentar razones que lleven al legislativo a reconsiderar su decisión. Esta situación evidencia una clara intención por subordinar al Ejecutivo Local.
"• Las previsiones sobre el modelo estructural de funcionamiento del Estado son límites al ejercicio reformador de la Constitución. Sin embargo, el legislador local los modificó y ello se traduce en una intromisión exorbitante del Congreso en aspectos que competen primordialmente al Ejecutivo, tal como lo es la disposición de información financiera de la entidad.
"• Cuarto.(31) Al modificar el artículo 149 de la Constitución Local se permite al Congreso discutir en un mismo periodo de sesiones las iniciativas de reforma constitucional. Ello faculta a la Legislatura para incursionar en temas competenciales reservados al Poder Ejecutivo, sin una reflexión intensa y exhaustiva."
22. En relación con estos argumentos, el Poder Legislativo sostiene(32) que:
"• No es inconstitucional que el Congreso participe en la distribución del gasto público, pues es una de las principales atribuciones inherentes a su naturaleza. Además, su participación es necesaria para generar un equilibrio de Poderes y evitar que las decisiones presupuestales se concentren en un solo individuo. Sería absurdo que su participación deba ceñirse a aceptar o rechazar lisa y llanamente la propuesta del Ejecutivo. La reforma constitucional impugnada es acorde con el modelo federal en el que el Congreso de la Unión puede modificar la propuesta de presupuesto de egresos que el Ejecutivo le envíe.
"• No es inconstitucional prever un plazo de 3 días para que el Ejecutivo realice observaciones al decreto aprobado por el Congreso. No existe impedimento para que los representantes de ambos Poderes intercambien opiniones y razones para expedir un presupuesto de egresos realista y equilibrado.
"• Permitir a la Legislatura aprobar una reforma a la Constitución Local en un mismo periodo no invade la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo. Además, que dichas reformas se aprueben un mismo periodo no conlleva que el Congreso estatal omita una intensa y exhaustiva reflexión."
23. Previo a dar contestación a tales planteamientos es necesario reiterar que aun cuando el decreto impugnado igualmente facultó a la Legislatura Local para modificar tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos, el promovente dirige sus argumentos para cuestionar las atribuciones relacionadas con el último de los instrumentos normativos. Por tal razón, y en congruencia con el sobreseimiento decretado respecto de la facultad de modificar la Ley de Ingresos, las preguntas que orientarán nuestro análisis son las siguientes:
• ¿La ausencia de reglas, procedimientos o criterios expresos que el Congreso Local deba seguir para modificar la propuesta de Presupuesto de Egresos que le envía el Ejecutivo implica que no existan límites para ejercer tal atribución? ¿Se afecta el equilibrio o contrapeso necesario para proteger la división de poderes?
• ¿El Congreso Local debió justificar por qué disminuyó o estableció un plazo diferenciado para que el Ejecutivo Local realice observaciones al Presupuesto de Egresos aprobado? ¿Al establecer un plazo de 3 días subordina al Ejecutivo Local y/o viola la división de poderes?
• ¿Se vulneran las atribuciones o se subordina al Ejecutivo Local porque se permite aprobar una reforma a la Constitución Local en el mismo periodo en que se presentó la iniciativa?
24. Como las impugnaciones cuestionan supuestas violaciones a la división de poderes, se les dará respuesta tras explicar qué valores protege el principio y qué contenidos proscribe. Ese principio está previsto en la Constitución Federal en los siguientes términos:
"Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar."
25. Más allá de que su literalidad proscribe que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial se depositen en una sola persona o corporación, al interpretar tal precepto este tribunal ha señalado, entre otros aspectos:
26. En primer lugar, que nuestro Texto Constitucional establece una división funcional de atribuciones. Ello implica que las autoridades públicas sólo pueden actuar conforme a las atribuciones que expresamente les confiere el ordenamiento jurídico, sobre la base de lo que prevea la Constitución Federal para los órganos superiores del Estado Mexicano.(33) Así, para identificar las facultades que corresponden a uno u otro Poder se debe partir de un análisis positivo del Texto Constitucional y no de uno esencialista.
27. En segundo lugar, que nuestra Constitución no establece un sistema "rígido" de división de poderes sino uno de carácter flexible.(34) Así, no debe entenderse que cada uno sólo podrá realizar actos propios de su función –esto es, que el Judicial exclusivamente puede realizar actos materialmente jurisdiccionales; el Ejecutivo únicamente actos administrativos y el legislativo los relativos a la creación de normas jurídicas generales, abstractas e impersonales–. Por el contrario, conforme a nuestro sistema constitucional es válido que ciertas atribuciones que histórica o dogmáticamente se asocien o se estimen "propias" de un Poder determinado pueden, de hecho, asignarse a otro. En este sentido, por ejemplo, la flexibilidad permite conferirle facultades jurisdiccionales –tradicionalmente asignadas al Poder Judicial– a autoridades administrativas o a órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo.(35)
28. Además, que nuestra Constitución establezca un régimen flexible de división de poderes también implica que las atribuciones que se le encomiendan a cada Poder no están aisladas o separadas de las que corresponden a los otros, sino que se interrelacionan. Ello quiere decir que habrá casos en que para realizar determinado acto o función será indispensable la intervención conjunta de dos o más Poderes u órganos –como sucede con el nombramiento de algunos funcionarios públicos–, y también que existirán otros casos en que las funciones "propias" de un órgano serán revisadas por otro Poder. De hecho este tribunal ha sostenido que entre los diversos Poderes del Estado no sólo existe sino que debe presentarse una coordinación o colaboración tendiente a lograr un equilibrio de fuerzas y/o un control recíproco del actuar estatal, como elemento indispensable para preservar el Estado de derecho.(36)
29. En nuestros precedentes también se ha precisado que entender el principio de división de poderes como flexible no permite a un Poder determinado "arrogarse" atribuciones que corresponden a otro, ni tampoco que en leyes ordinarias les puedan atribuir funciones normativas de forma indiscriminada. Así, para que cierta función pueda asignarse a un Poder distinto al que originalmente corresponde se requiere: a) que así lo disponga expresamente la Constitución Federal, o b) que esa función sea "estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas" por disposición constitucional, caso en que la asignación legal se entiende y debe interpretarse como excepción, y no como una regla amplia.(37)
30. En tercer lugar, para analizar el principio de división de poderes en relación con las entidades federativas se debe partir de que el artículo 40 constitucional configura a nuestro Estado como una República Federal compuesta por "Estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior",(38) y que esta cláusula les confiere un amplio margen de libertad para configurar o diseñar las relaciones entre sus Poderes, conforme a sus necesidades e intereses particulares.
31. Esa libertad no es absoluta, puesto que, por un lado, la Constitución Federal sí establece disposiciones que las entidades federativas necesariamente deben atender para respetar el principio de división de poderes. Esto es, aun cuando se ha entendido que las entidades federativas no necesariamente deben seguir el arreglo o diseño que se prevea en la Constitución Federal para los Poderes Federales, puesto que tal premisa haría nugatoria la amplia potestad que la Constitución les confiere en tanto entidades libres y soberanas, no obstante, sí deben atender a los contenidos mínimos que se prevén en las diversas fracciones del artículo 116 constitucional.(39) Es decir, su arreglo competencial no debe pasar por alto los mandatos, obligaciones y prohibiciones que se prevén en dicho precepto.
32. Conviene precisar que calificar como "principios mínimos" lo previsto por el artículo 116 constitucional conlleva que no es posible sostener que al tratarse de contenidos expresos ello se traduce en la incompetencia de las entidades federativas para regular, adicionar o matizar contenidos sobre la misma temática en sus textos locales, en términos del artículo 124 constitucional.(40) Por el contrario, en reiteradas ocasiones este tribunal ha sostenido que tal interpretación, al relacionarse con la configuración del régimen político-administrativo local, pasaría por alto que las entidades gozan de libertad configurativa y que ello les permite adicionar o matizar las previsiones del artículo 116, siempre que no los contravengan. En este sentido, el Tribunal Pleno consideró que los requisitos previstos en la Constitución Federal para ser gobernador o para ocupar un cargo público pueden ser modificables y agregables en las Constituciones Locales.(41) De igual modo, recientemente este Alto Tribunal determinó que la Ciudad de México podía establecer requisitos adicionales para reformar su Constitución, pues con ello se abonaría a la rigidez constitucional.(42)
33. Por otro lado, se ha interpretado que del propio Texto Constitucional se desprenden diversos principios que las entidades federativas deben seguir al configurar su arreglo competencial. En este sentido, por ejemplo, del artículo 116 constitucional este tribunal ha desprendido tres principios que los Estados deben respetar: a) la no intromisión; b) la no dependencia; y, c) la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. Esto quiere decir que al reglamentar su régimen interior las entidades deben evitar fórmulas o arreglos que permiten a un Poder inmiscuirse en una cuestión propia de otro, inclusive cuando no sea determinante para la toma de decisiones (intromisión). Asimismo, deben evitar que un Poder impida a otro tomar decisiones (dependencia), o imposibilitarlo de plano para tomar autónomamente sus decisiones por estar sometido a la voluntad de otro poder (subordinación).(43) Es decir, las entidades federativas deben evitar normas que explícita o implícitamente prescriban alguna obligación, prohibición o facultad que implique la intromisión dependencia o subordinación de un Poder a otro. De lo contrario, esto es, cuando se presente alguna de esas situaciones, se infringirá el principio de división de poderes.
34. Finalmente, en cuarto lugar, el principio de división de poderes se entiende como un principio teleológico, puesto que la distribución de funciones, en última instancia, busca garantizar el correcto funcionamiento del Estado.(44) Así entendido, y dado que las entidades gozan de libertad para configurar su régimen interno que les permitiría inclusive asignar competencias "propias" de cierto Poder a otro, este Tribunal Pleno ha establecido que se vulnerará el principio de división de poderes cuando cierto arreglo competencial provoque "un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la entidad".(45)
35. Tomando en cuenta este parámetro se procede a analizar y dar respuesta a los planteamientos del promovente.
B.1 ¿La ausencia de reglas, procedimientos o criterios expresos que el Congreso Local deba seguir para modificar la propuesta de Presupuesto de Egresos que le envía el Ejecutivo implica que no existan límites para ejercer tal atribución? ¿Se afecta el equilibrio o contrapeso necesario para proteger la división de poderes?
36. El decreto impugnado modificó el artículo 63, fracción IX, primer párrafo, de la Constitución Local para precisar que el Congreso podrá modificar la propuesta de Presupuesto de Egresos que el Ejec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29997-8d2b77d7/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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