APORTACIONES ESTATALES A LOS MUNICIPIOS. EL OFICIO NÚMERO DAMOP/360/2013, DE 8 DE JULIO DE 2013, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR EL QUE DETERMINA, CONFORME AL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE EGRESOS DE ESE ESTADO PARA EL AÑO 2013, AFECTAR LAS APORTACIONES DE LOS FONDOS DESCENTRALIZADOS QUE CORRESPONDÍAN AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, A EFECTO DE CUBRIR UN ADEUDO, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2013, AL HABER CESADO SUS EFECTOS Y ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2013. MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 26 DE FEBRERO DE 2014. MAYORÍA DE 3 VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. DISIDENTES: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de febrero de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio recibido el dieciséis de agosto de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro Salgado Almaguer y Claudia González Rodríguez, en su carácter de presidente y síndico segundo, respectivamente, del Municipio de San Nicolás de los Garza, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandaron la invalidez de la norma y el acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1. El Congreso del Estado de Nuevo León.
2. El gobernador del Estado de Nuevo León.
3. El secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León.
4. El secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León.
5. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
6. El director de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
7. El director del Hospital Universitario del Estado de Nuevo León.
Norma general cuya invalidez se demanda:
El artículo 9, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013, publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
Acto cuya invalidez se demanda:
El oficio número DAMOP/360/2013, de ocho de julio de dos mil trece, emitido por el director de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en el que informa al titular de la dependencia que, de conformidad con el artículo 9, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013, procederá a la afectación de los fondos descentralizados que corresponden al Municipio de San Nicolás de los Garza, a efecto de saldar la deuda que éste tiene con el Hospital Universitario del Estado, por la cantidad de $8'134,273.45 (ocho millones ciento treinta y cuatro mil doscientos setenta y tres pesos 45/100 M.N.).
SEGUNDO.-Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:
a) La norma impugnada vulnera el principio de seguridad jurídica, al no señalar con claridad qué autoridad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado resulta competente para afectar fondos descentralizados correspondientes a los Municipios.
De igual forma, no establece el procedimiento, los parámetros y las circunstancias concretas que deben ser tomados en cuenta para llevar a cabo tal afectación, ni contempla la posibilidad de que los Municipios manifiesten lo que a su derecho convenga previo a que se afecten los fondos descentralizados que les corresponden, con lo cual las decisiones son tomadas de manera unilateral por la autoridad.
Tampoco aclara qué debe entenderse por obligaciones directas o contingentes a cargo de los Municipios, dejándolos en total estado de indefensión, al no establecerse adecuadamente las causas por las que pueden ser afectados los fondos descentralizados a que tienen derecho y otorgarse, en este sentido, absoluta discrecionalidad a la autoridad para realizar los descuentos.
b) El acto impugnado viola el principio de legalidad, por falta de fundamentación, al no precisar las atribuciones con que cuenta el director de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para afectar los fondos descentralizados correspondientes a los Municipios, a efecto de saldar las deudas que éstos hayan contraído y decidir a favor de qué entidades puede realizarse el pago.
Al respecto, no se advierte la existencia de alguna disposición que faculte a dicha autoridad para disponer y/o administrar los fondos descentralizados que corresponden al Municipio actor, lo cual genera incertidumbre jurídica, pues se desconoce la probidad con que son utilizados tales recursos, así como las autoridades que tienen acceso a los mismos.
Así también, el acto impugnado viola el principio de legalidad por falta de motivación, al no explicar la relación entre la afectación de los fondos descentralizados a que tiene derecho el actor y la deuda con el Hospital Universitario, pues aunque la autoridad demandada funda su actuar en el artículo 9, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013, en el que se establece que se podrá autorizar la afectación de las aportaciones previstas para los Municipios con objeto de garantizar o pagar obligaciones directas o contingentes relacionadas con el destino de las mismas, del oficio combatido no es posible advertir la acreditación de dicho supuesto normativo.
Del mismo modo, viola la garantía de audiencia, al no haberse dado oportunidad al Municipio actor de oponerse y/o refutar el requerimiento de pago hecho por el Hospital Universitario, previo a la afectación de sus fondos descentralizados; además de que tampoco se solicitó información para verificar la existencia de tal deuda.
TERCERO.-El actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 115, fracción IV, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.-Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 95/2013 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
En auto de diecinueve de agosto siguiente, el Ministro instructor previno al Municipio actor, a efecto de que exhibiera copia certificada del oficio impugnado y precisara si ya se había efectuado el descuento a los fondos descentralizados, referido en dicho oficio.
Previo desahogo de la prevención antes mencionada, mediante proveído de treinta de agosto de dos mil trece, se admitió la demanda; se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a los secretarios general de Gobierno y de Finanzas y tesorero general, todos del Estado de Nuevo León -no así al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, al director de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales y al director del Hospital Universitario, por tratarse de órganos subordinados del Poder Ejecutivo del Estado-, a los que se ordenó emplazar a efecto de que formularan sus respectivas contestaciones; y se mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.-El consejero jurídico -en representación del titular del Poder Ejecutivo- y el secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Nuevo León, formularon su contestación en los siguientes términos:
La norma impugnada se contiene en el Decreto Número 047 y no en el 163, como erróneamente afirma el Municipio actor. De igual forma, el texto a que éste se refiere corresponde al párrafo cuarto y no al tercero, como se afirma en la demanda. Finalmente, el nombre correcto de la norma es Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013, de acuerdo con la fe de erratas de catorce de enero de dos mil trece.
La promulgación, publicación y refrendo de la norma impugnada se realizaron en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 75, 77, 85, fracción X, 87, párrafo primero, y 88 de la Constitución Política del Estado.
En el caso, se actualiza el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, pues tanto la norma como el acto impugnado no les son atribuibles, por razón de competencia.
Los conceptos de invalidez resultan inoperantes, por tratarse de meras afirmaciones subjetivas que no constituyen propiamente un agravio; no señalarse concretamente qué autoridad demandada fue la que incurrió en las supuestas irregularidades que se refieren; y no exponerse razonamientos lógico-jurídicos de los que se advierta el perjuicio que el actor presuntamente resintió en su esfera jurídica, con motivo de un acto u omisión del titular del Poder Ejecutivo o del secretario general de Gobierno.
SEXTO.-El consejero jurídico de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en representación del titular de la dependencia, al dar contestación a la demanda, manifestó, esencialmente, lo siguiente:
Debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 20, fracción II, del propio ordenamiento, dado que el actor hace valer cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad.
La controversia constitucional no es la vía idónea para impugnar los fundamentos y motivos de las resoluciones dictadas por las autoridades demandadas, aun cuando el actor alegue violaciones a la Constitución Federal, pues tal situación haría de este medio de control una ulterior instancia o medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en otros procedimientos; resultando aplicable la tesis P./J. 6/2012 (10a.), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR MOTIVOS DE MERA LEGALIDAD Y NO POR UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVA A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA."
Así también, debe sobreseerse en la controversia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 20, fracción II, del propio ordenamiento, dado que el actor debió acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para revocar y, en su caso, suspender el acto administrativo que en esta instancia impugna, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
En relación con los conceptos de invalidez formulados respecto de la norma impugnada, es posible advertir que, en su fracción III, párrafo tercero, se establece la facultad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para determinar que se cubran los adeudos que los Municipios tengan con el Gobierno del Estado y sus entidades paraestatales, con cargo a las aportaciones de los fondos descentralizados. El supuesto a que se refiere la norma se actualizó en el caso, pues el Municipio actor tenía un adeudo con el Hospital Universitario, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado, en términos del artículo 1 de la ley orgánica que rige a esta institución.
Al respecto, debe, asimismo, tenerse en cuenta que los fondos descentralizados son aportaciones que el Estado destina a los Municipios, las cuales, dada su especial naturaleza, se rigen por disposiciones estatales. En este sentido, aun cuando llegan a formar parte de la hacienda municipal, no están comprendidos dentro del régimen de libre administración de los Municipios, pues corresponde al Estado autorizar su destino y aplicación; se citan como apoyo las tesis P./J. 8/2000 y P./J. 9/2000, de rubros: "APORTACIONES FEDERALES. CARACTERÍSTICAS." y "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA."
Por otro lado, de la norma impugnada, es posible desprender, implícitamente, que es facultad del Poder Legislativo establecer que con los fondos descentralizados pueden regularizarse los adeudos que los Municipios tengan con el Estado y las entidades paraestatales, como acontece a nivel federal con las aportaciones que corresponden a los Estados, que pueden utilizarse para compensar los adeudos que éstos tengan con la Federación.
De este modo, el artículo 9, fracción III, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el año 2013 prevé, expresamente, que el Ejecutivo del Estado pueda afectar los fondos descentralizados que corresponden a los Municipios, de actualizarse los supuestos que en él se contemplan, de acuerdo con los montos y plazos programados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, sin que tal cuestión deba someterse a consideración previa de los Municipios.
Al interior de la referida secretaría, se encuentra la Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales que, de acuerdo con el artículo 17 del reglamento interior de dicha dependencia, se encarga de elaborar el anteproyecto de presupuesto de las aportaciones y apoyos financieros que el Estado otorga a los Municipios, así como de establecer el mecanismo de coordinación para la programación y entrega de participaciones y aportaciones federales y estatales que corresponden a los Municipios, conforme al destino y aplicación respectivos.
Así pues, la norma impugnada es clara en establecer que será facultad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado determinar que se cubran los adeudos que los Municipios tengan con el Estado o las entidades paraestatales, sin que resulte necesario que defina todos los conceptos a que se refiere, tales como obligaciones directas o contingentes.
En este sentido, en relación con los conceptos de invalidez formulados respecto del acto impugnado, debe señalarse que éste fue emitido por el director de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, en ejercicio de sus atribuciones, por corresponder a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la programación y entrega de los fondos descentralizados y colmarse el supuesto previsto en el tercer párrafo de la fracción III del artículo 9 de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013.
Aunado a lo anterior, esta disposición faculta a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para determinar que, con cargo a las aportaciones de los fondos descentralizados, se cubran los adeudos que los Municipios tengan con el Estado y sus entidades paraestatales, razón por la cual, en el caso, sólo dio aviso al Municipio actor de que procedería a realizar el descuento correspondiente. Al efecto, debe tenerse en cuenta que, en materia fiscal, la garantía de audiencia es posterior al acto de molestia.
SÉPTIMO.-En su contestación de demanda, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León adujo, en síntesis, lo siguiente:
En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, por falta de legitimación procesal de quienes promueven la controversia constitucional en representación del Municipio actor, ya que, en ningún momento, demuestran que la decisión haya surgido de una decisión colegiada del Ayuntamiento; se cita como apoyo la tesis P./J. 54/97, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL."
Así también, resulta improcedente la controversia, en términos de la fracción VI del artículo 19 de la citada ley reglamentaria, pues el artículo 96 de la Constitución Política del Estado faculta al Tribunal Superior de Justicia para resolver las controversias constitucionales que se presenten a nivel local, siendo éste el medio que debió agotar el actor.
En relación con los conceptos de invalidez formulados por el actor, debe quedar de manifiesto que la norma impugnada, en modo alguno, transgrede lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues establece de forma categórica que la facultad de afectar los fondos descentralizados que corresponden a los Municipios se ejercerá por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, debiendo entenderse que será el titular de esta dependencia o el funcionario al que se delegue dicha facultad quien llevará a cabo tal afectación.
En cuanto a que no se prevé un procedimiento de afectación de fondos descentralizados y, en este sentido, no existe garantía de audiencia para que los Municipios hagan valer lo que a su derecho convenga, debe tenerse en cuenta que la referida garantía no rige en el procedimiento legislativo, por lo que el Congreso no está obligado a oír y dar oportunidad de defensa a todas las personas que se ubiquen en los supuestos de las normas que emita.
Finalmente, por lo que respecta a la falta de definición de lo que debe entenderse por obligaciones directas o contingentes, es preciso señalar que el legislador no está obligado a definir cada uno de los conceptos a que se refiere la norma, además de que tal aspecto no la torna inconstitucional.
OCTAVO.-Al formular su opinión, el procurador general de la República apuntó, sustancialmente, lo siguiente:
En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, dado que la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013 es de carácter anual, lo cual implica que, para dos mil catorce, será sustituida por otra y cesará, por tanto, en sus efectos.
Así también, el acto impugnado ha cesado en sus efectos, pues, mediante oficio sin número de ocho de agosto de dos mil trece, el jefe de Cobranza y Tesorería del Hospital Universitario informó al actor que el diecisiete de julio anterior el gobernador había realizado el pago de la deuda que tenía con dicho hospital. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos en controversia constitucional se actualiza cuando el acto o la norma dejan de tener los efectos que motivaron su impugnación, en tanto que la declaratoria de invalidez que pudiera llegar a pronunciarse no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia penal.
En relación con el motivo de sobreseimiento que hacen valer el gobernador y el secretario general de Gobierno del Estado, contrario a lo manifestado por éstos, el acto impugnado existe y consiste en el oficio número DAMOP/360/2013, de ocho de julio de dos mil trece. En todo caso, el hecho de que éste no les sea atribuible por razón de competencia, constituye una cuestión que deberá ser resuelta en el fondo.
La causal de improcedencia planteada por el Poder Legislativo y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en relación con la falta de agotamiento de la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, debe declararse infundada, toda vez que el Municipio actor hace valer violaciones a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, que deben ser analizadas en el presente medio de control constitucional.
Del mismo modo, resulta infundada la causal de improcedencia invocada por el Poder Legislativo del Estado, relacionada con la falta de legitimación del Municipio actor, pues, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto el presidente municipal como el síndico se encuentran legitimados para acudir a esta vía.
Ahora bien, por lo que respecta a la norma impugnada, debe señalarse que los recursos que integran los fondos descentralizados son aportaciones estatales que, dada su especial naturaleza, se rigen por disposiciones de este tipo, como la Ley de Egresos. Al respecto, el artículo 9, fracción III, párrafo tercero, de este ordenamiento, establece expresamente que los fondos descentralizados podrán utilizarse para cubrir los adeudos que tengan los Municipios con el Estado o sus entidades paraestatales.
La violación a la garantía de audiencia previa debe declararse inexistente, pues ésta es de observancia obligatoria tratándose de actos privativos, mas no de actos de molestia, como el que se actualiza en la especie, al no pretenderse privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos.
Resulta infundado el argumento en el que el actor manifiesta que la norma impugnada no establece la autoridad a la que corresponderá llevar a cabo la afectación de los fondos descentralizados, ya que ésta dispone expresamente que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado podrá autorizar el pago o afectación de dichos fondos, a efecto de que los Municipios paguen deudas o garanticen obligaciones directas o contingentes a su cargo, relacionadas con el fin previsto para tales aportaciones.
NOVENO.-Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el nueve de enero de dos mil catorce se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO.-En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, dado el sentido de la presente resolución.
SEGUNDO.-Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
En su escrito de demanda, el Municipio de San Nicolás de los Garza, Estado de Nuevo León, impugna lo siguiente:
a) El artículo 9, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013, publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
b) El oficio número DAMOP/360/2013, de ocho de julio de dos mil trece, emitido por el director de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, en el que informa al titular de la dependencia que, de conformidad con el artículo 9, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013, procederá a la afectación de los fondos descentralizados que corresponden al Municipio de San Nicolás de los Garza, a efecto de saldar la deuda que éste tiene con el Hospital Universitario del Estado, por la cantidad de $8'134,273.45 (ocho millones ciento treinta y cuatro mil doscientos setenta y tres pesos 45/100 M.N.).
El artículo 9, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el año 2013, constituye una norma general, toda vez que cuenta con los elementos de generalidad y abstracción, al ser aplicable a todo sujeto que se coloque en la hipótesis normativa y no encontrarse dirigido a un caso particular, ni agotarse al momento de su aplicación.
En tanto, el oficio número DAMOP/360/2013, constituye un acto en sentido estricto, por referirse a una situación particular y concreta.
Atento a lo anterior, a efecto de determinar si la demanda fue promovida oportunamente respecto de la norma impugnada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que establece que, tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación o al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"...
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
En el caso, atendiendo a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la impugnación del artículo 9, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el año 2013, resulta notoriamente extemporánea, toda vez que ésta tuvo lugar el treinta y uno de diciembre de dos mil doce y la demanda se presentó hasta el dieciséis de agosto de dos mil trece.
Por otro lado, si se considera que el citado precepto se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el oficio número DAMOP/360/2013, también impugnado, se advierte que éste fue aplicado expresamente en el mismo y, al no existir constancia de la que se desprenda que haya sido aplicado previamente en perjuicio del Municipio actor, es dable afirmar que constituye el primer acto de aplicación.
Al efecto, resulta conveniente aclarar que no basta que el acto de aplicación de la norma cuya invalidez se demanda, se genere, sino que es preciso, para efectos del cómputo respectivo, que se haga del conocimiento del actor o que éste se haga sabedor de él. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Registro: 200016
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, noviembre de 1996
"Tesis: P./J. 64/96
"Página: 324
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, SE INICIA AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DEL MISMO.-La interpretación sistemática del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite concluir que el plazo de treinta días para la presentación de la demanda de una controversia constitucional en contra de normas generales, con motivo de su primer acto de aplicación, debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento el actor o se haga sabedor del mismo. Por consiguiente, no basta que el acto de aplicación de la norma general, cuya invalidez se impugna, se genere, sino que es preciso, para efecto de dicho cómputo, que se haga del conocimiento del actor o que éste se haga sabedor de él. Pretender que el cómputo se realice a partir de la fecha en que se produjo el acto de aplicación, lo que derivaría de la lectura aislada y literal de la fracción II del artículo 21 de la ley señalada, generaría la indefensión del actor, violando en su perjuicio una formalidad esencial del procedimiento. La aplicación supletoria del artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevista en el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, establece como regla general que toda notificación surtirá sus efectos al día siguiente al en que se practique, lo que responde a la lógica, pues no puede producir afectación un acto cuya existencia se desconoce. Conforme a este principio si el actor se ostenta sabedor del acto de aplicación o se llega a demostrar que tuvo conocimiento del mismo deberá atenderse a ello al hacer el cómputo sobre la presentación de la demanda."
En este orden de ideas, el oficio referido fue notificado al actor el once de julio de dos mil trece,(1) por lo que el plazo de treinta días que establece el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, transcurrió del doce de julio al nueve de septiembre de dos mil trece; debiendo descontar los días trece y catorce de julio, tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto; y primero, siete y ocho de septiembre, por ser sábados y domingos, al igual que del dieciséis al treinta y uno de julio, por corresponder al primer periodo de receso de este Alto Tribunal, en términos de los artículos 2o. y 3o. de la citada ley reglamentaria, en relación con los diversos 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de agosto de dos mil trece, según se advierte del sello asentado al reverso de la foja dieciséis de autos, debe concluirse que fue promovida oportunamente respecto de la norma impugnada.
Asimismo, debe considerarse que la demanda resulta oportuna respecto del acto impugnado, atento a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, que establece:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
En este sentido, al haber tenido conocimiento el actor del oficio número DAMOP/360/2013, el once de julio de dos mil trece, y haberse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24950-95b26046/aportaciones-estatales-a-los-municipios-el-oficio-numero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE ALLEGARSE DE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- PARTICIPACIONES FEDERALES. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO AL CONOCIMIENTO CIERTO D (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE DEBE LLEVAR A CABO EL JUEZ DE DISTRITO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍ (P./J. 14/2012 (10a.))
- INTERESES. LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA PARA LA AUTORIDAD HACENDARIA LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR AQUÉLLOS CON MOTIVO DE QUE LA NORMA FUE DECLARADA INCONSTITUCIO (IV.1o.A.3 A (11a.))
- LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL DE APROBAR Y EXPEDIR CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES AL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJER (IV.2o.A.56 A)
- SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA PAGOS A CARGO DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. AL CONSTITUIR PRESUPUESTO DEVENGADO, SU MONTO DEBE INCLUIRSE CON (1579)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis