I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SE TRATA DE UN PLANTEAMIENTO DE TRANSGRESIÓN A ASPECTOS DE LEGALIDAD [RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN-B) AL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL [RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN-B) AL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS POSTERIORES A AQUEL EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE QUE LOS MONTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL ESTABAN SIENDO AFECTADOS. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD [RETENCIÓN DE RECURSO FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, AL NO HABER INFORMADO EL MUNICIPIO ACTOR LA FALTA DE ENTREGA DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO [RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN-B) AL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 166/2019. MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: VALERIA PALMA LIMÓN.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de seis de noviembre de dos mil diecinueve.
V I S T O S; Y,
R E S U L T A N D O:
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alma Delia Pérez Rojas, en su carácter de Síndico del Municipio de Álamo Temapache, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional, en contra de los actos siguientes y de la autoridad que a continuación se señala:
ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:
La omisión de entregar las participaciones federales provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), conforme al calendario legalmente aprobado, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por la cantidad de $31, 262, 629.53 (treinta y un millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos 53/100 M.N.)
La omisión de entregar el importe en dinero de las participaciones federales provenientes del Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN-B), por la cantidad de $10,500,000.00 (diez millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
AUTORIDAD DEMANDADA:
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
2. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
a) El veintisiete de noviembre de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en el que se señaló los recursos federales aprobados que debían ser cubiertos a los Municipios por conducto de las Entidades Federativas.
b) El veintitrés de diciembre de dos mil quince, se aprobó mediante Decreto 623 el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, siendo publicado el veintinueve de diciembre de dos mil quince, indicando la distribución de las Participaciones y Aportaciones para los Municipios.
c) El veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el acuerdo mediante el cual el Ejecutivo del Estado dio a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2016, que tuvo por objeto dar a conocer el monto y la calendarización, por entidad federativa, de la ministración de dichos recursos, correspondiéndole al Municipio de Álamo Temapache la cantidad de $113,630,326.00 (ciento trece millones seiscientos treinta mil trecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) que se entregarán conforme al siguiente calendario:
Ver calendario
d) El Gobierno del Estado de Veracruz, se ha abstenido de enterar o pagar los recursos con cargo al ramo 033, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis.
e) Por otro lado, el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, celebró con el Gobierno del Estado de Veracruz, el CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA, APLICACIÓN, DESTINO, SEGUIMIENTO, CONTROL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES CON CARGO AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN por la cantidad de $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales únicamente recibió la cantidad de $4,500,000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
3. Concepto de invalidez. La autoridad demandada, al omitir la entrega de los recursos federales correspondientes a los fondos en cuestión, trasgrede el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de sus recursos económicos, por un lado, porque no ha entregado puntualmente al Municipio los recursos federales que le corresponden y, por otra parte, porque ha omitido pagar al Municipio actor los intereses generados por el retardo en que se ha incurrido en la entrega de tales montos.
4. La intervención de las autoridades del Estado respecto de los fondos de participaciones y aportaciones federales, es de simple mediación administrativa, es decir, que respecto de los fondos su función es de coordinación, transparencia y supervisión en su manejo, por ende, la omisión de entregarlos de manera puntual transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales, violentando además el Sistema Federal de Coordinación Fiscal, transgrediendo los artículos 14 y 16 constitucionales.
5. Preceptos constitucionales vulnerados. El Municipio señaló que se transgreden en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 115 en sus fracciones II párrafo primero y IV, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Trámite. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 166/2019 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.(1)
7. En la misma fecha, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, de manera fehaciente, pudieran advertirse al momento de dictar sentencia; ordenó emplazar al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz como parte demandada y dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial correspondiera.
8. Contestación de la demanda. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz dando contestación a la demanda de controversia constitucional de manera extemporánea.
9. Opinión de la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. En el presente asunto no se formuló pedimento alguno.
10. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
11. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro instructor, mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve el Ministro Presidente ordenó el envío del expediente a la Segunda Sala para su radicación, misma que en acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve se avocó al conocimiento.
12. Returno. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve dictado por el Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presente controversia constitucional se returnó a la Ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán para la elaboración del proyecto correspondiente.
C O N S I D E R A N D O:
13. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i),(2) de la Constitución Federal; 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I(5) y tercero(6) del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de Álamo Temapache y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sobre la constitucionalidad de diversos actos, sin cuestionar una norma de carácter general.
14. Causas de improcedencia. Resulta innecesario analizar las cuestiones relativas a la oportunidad y legitimación de las partes toda vez que se advierte la actualización de una causa de improcedencia que impide entrar al estudio de fondo del asunto.
15. Esta Segunda Sala advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor carece de interés legítimo para promover este medio de control constitucional.
16. Conviene tener presente que el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I , de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados se origine, cuando menos, un principio de agravio.
17. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los recursos de reclamación 28/2011-CA, 30/2011-CA, 31/2011-CA y 108/2017-CA, fallados los días ocho y quince de junio de dos mil once, así como veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, respectivamente; en tanto que la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió en el mismo sentido el recurso de reclamación 51/2012-CA, en sesión de siete de noviembre de dos mil doce, y el Tribunal Pleno lo hizo al resolver el dieciséis de agosto de dos mil once, el recurso de reclamación 36/2011-CA.
18. De este modo, el hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconozca en su artículo 105, fracción I, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial constitucional del actor.
19. Pues resulta necesario en este medio de control constitucional que los entes legitimados aduzcan en el escrito de demanda la facultad reconocida en la Norma Fundamental que estimen vulnerada; ya que de lo contrario, se carecerá de interés legítimo para intentarlo, al no existir principio de agravio que pueda ser estudiado por este Alto Tribunal.
20. Lo anterior, porque si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado a través de la controversia constitucional, para hacerlo está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial salvaguardada en la Constitución Federal a favor del actor, pues de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afectaría al promovente en la esfera de atribuciones tutelada en la Norma Fundamental.
21. Precisado esto, debe destacarse que el Municipio actor señala en el escrito de demanda como actos reclamados la retención de los recursos federales de Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del subsidio proveniente del Ramo General 23, con cargo al Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FORTAFIN-B), así como el pago de intereses generados por la omisión de pago de los anteriores recursos.
22. Ahora, es dable destacar que las violaciones alegadas por el Municipio actor, consistentes en que los recursos de origen federal que le corresponden no han sido integrados a la hacienda municipal, las hace depender de la transgresión directa de ordenamientos distintos a la Constitución General, como son la Ley de Coordinación Fiscal y al CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA, APLICACIÓN, DESTINO, SEGUIMIENTO, CONTROL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES CON CARGO AL FORTAFIN-B celebrado entre el Municipio y el Gobierno del Estado de Veracruz el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.
23. En ese tenor, si bien el actor pretende que vía controversia constitucional se estudie la posible vulneración a las obligaciones del Ejecutivo Local de entregar a los Municipios las aportaciones que la Federación le proporciona, lo cierto es que dichas violaciones las hace descansar de manera preponderante en la interpretación y aplicación de disposiciones ordinarias federales y locales, así como contractuales; lo cual es insuficiente para considerar procedente la presente controversia constitucional, porque en todo caso, el planteamiento debería evidenciar una relación entre esos actos impugnados y la afectación al ejercicio directo e inmediato a una competencia de ese municipio indicada en la Norma Fundamental.
24. En ese sentido, aunque el Municipio actor menciona que con los actos impugnados se vulnera el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello también es insuficiente para la procedencia de la controversia constitucional, en tanto la porción normativa referida no contiene una atribución, facultad o competencia exclusiva a favor de los municipios, sino una cláusula sustantiva que alude a la forma en la que se integra la hacienda pública municipal, haciendo una remisión, precisamente, a la legislación local, lo que robustece la conclusión de que se manifiestan transgresiones no susceptibles de abordarse en una controversia constitucional.
25. Cabe destacar, que si bien el Pleno de este Alto Tribunal ha conocido en controversia constitucional de la omisión de pago de participaciones y aportaciones reclamadas por los municipios, lo cierto es que, a partir de un nuevo análisis de los actos impugnados, se advierte que dichas omisiones no vulneran la Constitución Federal, sino que se trata de un planteamiento de transgresión a aspectos de legalidad.
26. Lo anterior es así, ya que la naturaleza de las participaciones y aportaciones es la de recursos económicos públicos cuya regulación y plazos de entrega no descansa en la Constitución Federal, sino en las leyes de Coordinación Fiscal y la de Coordinación Fiscal del Estado.
27. En consecuencia, el examen de legalidad de los actos que derivan de dichas normas, no corresponde a la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de las controversias constitucionales, ya que como se indicó, el objeto de éstas es el estudio de conflictos que se generen entre dos o más órganos originarios del Estado, respecto del ámbito de competencia constitucional que les corresponde.
28. Por el contrario, de la lectura del escrito de demanda como de sus anexos no se desprende un agravio a la esfera competencial del Municipio actor, ya que por lo que respecta al FISMDF sólo se plantean aspectos sobre los plazos para la entrega de los recursos establecidos en la normatividad de referencia; aduciendo, en relación con éstos, la retención de ministraciones, con la consecuente generación de intereses. Aspectos de legalidad, en tanto atañen a particularidades establecidas por el legislador en una normativa distinta a la constitucional; mientras que por el FORTAFIN-B, sus argumentos van orientados a evidenciar el incumplimiento del convenio que celebró con el Estado de Veracruz, cuestión que no atañe a la invasión de esferas competenciales sino a actos de naturaleza contractual.
29. En consecuencia, si la finalidad de la controversia constitucional, como medio de control constitucional es, en esencia, la defensa del sistema federal, no se debe desvirtuar estudiando impugnaciones contractuales o de mera legalidad, por lo que en el caso, al advertirse que los actos impugnados derivan de diversas violaciones a plazos y aspectos regulados en normatividad distinta a la Norma Fundamental, se actualiza la causa de improcedencia referida.
30. A mayor abundamiento, se advierte que respecto al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII,(7) en relación con el artículo 21, fracción I,(8) de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la extemporaneidad de la demanda, en atención a lo siguiente:
31. El viernes veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.", que contiene el calendario que fija las fechas de pago o "fecha límite de radicación a los municipios" del "FISMDF", cuyo contenido es el siguiente:
Ver fechas límite
32. Conforme a lo anterior, el Municipio actor estuvo en posibilidad de conocer las fechas de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
33. Por tanto, el actor conocía con plena certeza los montos y las fechas en que se les realizará la entrega de los recursos y, por ende, transcurrida la fecha, en su caso, se ha producido una retención o entrega parcial de fondos.
34. Conviene tener presente que el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional 135/2016, en sesión de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, reiteró que tratándose de la impugnación de omisiones en controversia constitucional su oportunidad se actualiza momento a momento, mientras subsista, siendo indispensable la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no solo el incumplimiento parcial o la mera infracción de alguna disposición legal para la aplicación de esta regla de oportunidad.
35. En ese sentido, en lo que al caso interesa, no se actualiza el anterior supuesto, ya que no se está en presencia de una omisión absoluta, sino de un acto de hacer, esto es, de un acto de carácter positivo y, por tanto, su impugnación estaría sujeta al plazo de treinta días a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia.
36. Ahora bien, en la especie, conforme a las consideraciones que anteceden, el Municipio actor tuvo conocimiento, desde los días ocho de septiembre, ocho de octubre y cinco de noviembre (es decir, el día posterior a aquél en que feneció el plazo para la entrega de los recursos respectivos) que los montos correspondientes a las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, constituían una retención.
37. En consecuencia, el plazo para impugnar la supuesta invasión de competencia se generó a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de que los recursos de la hacienda municipal estaban siendo afectados; sin que sea válido sujetar el plazo a la regla general que rige la impugnación de omisiones, pues la "omisión de realizar el pago" es una consecuencia necesaria y directa de un acto positivo, en este caso, de una retención primigenia.
38. Al respecto, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis P./J. 113/2010,(9) de contenido siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE. Si bien es cierto que como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.", cuando se trate de omisiones, la oportunidad para impugnarlas a través de la controversia constitucional se actualiza día a día, mientras aquéllas subsistan, también lo es que tal criterio no es aplicable cuando se impugnan las consecuencias directas de un acto positivo que no se controvirtió oportunamente, como es la falta de remisión al Congreso del Estado de Jalisco del dictamen técnico y del expediente de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia local tres meses antes de que concluyera su nombramiento para determinar lo relativo a su ratificación, a la que por ser una consecuencia necesaria del acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el que determinó que el indicado juzgador es inamovible por haber sido ratificado con anterioridad, no se le puede atribuir el carácter de omisión para los efectos de la controversia, por lo que el plazo para controvertir la aludida falta de remisión es el mismo que rige para la impugnación del acuerdo del que deriva, sin que sea válido sujetarlo a la regla prevista en la jurisprudencia mencionada".
39. En consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda (quince de abril de dos mil diecinueve) transcurrió en exceso el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento de la retención primigenia para accionar este medio de control constitucional y, por ende, como se dijo con anterioridad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia y en consecuencia debe sobreseerse la presente controversia constitucional.
40. Finalmente, por lo que respecta al Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión, esta Segunda Sala estima que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 19 fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia, relativa a la falta de definitividad. Esto, pues como se dijo con anterioridad, debido a que el promovente encuadra el acto reclamado en violaciones por el incumplimiento del CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA, APLICACIÓN, DESTINO, SEGUIMIENTO, CONTROL, RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES; se debió agotar la vía legalmente prevista en el referido convenio.
41. Lo anterior, toda vez que se desprende en la cláusula décima octava de dicho convenio que para la interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Xalapa, Ver., renunciando al fuero que en razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.(10) De esta manera, se advierte de autos que el Municipio no agotó los medios a los que expresamente se sometió.
42. En consecuencia al actualizarse los supuestos de improcedencia contenidos en el artículo 19, fracciones VI, VII, VIII, en relación con los artículos 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la Materia, y 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, respectivamente, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.
43. A la misma conclusión se arriba respecto de los intereses omitidos que se señalaron como actos impugnados, en virtud de su naturaleza accesoria respecto de los montos cuya omisión de entrega se impugnó.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Yasmín Esquivel Mossa y Presidente Javier Laynez Potisek. El Ministro José Fernando Franco González Salas emitió su voto en contra y con reservas. El Ministro Presidente Javier Laynez Potisek emitió su voto con salvedades.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
PONENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
SECRETARIA DE ACUERDOS
JAZMÍN BONILLA GARCÍA
________________
1. Foja 260 del cuaderno de la presente controversia constitucional.
2. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (...)
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; (...).
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...).
4. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: (...)
V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda. (...).
5. Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. (...).
6. Tercero. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito. (...).
7. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)
VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y (...)
En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.
8. Artículo 21 El plazo para la interposición de la demanda será: (...)
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; (...).
9. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, página 2716, registro 163194.
10. Foja 71 del expediente principal.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200527-af48c107/i-controversia-constitucional-interes-legitimo-para-promoverla-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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