I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA, CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (OMISIÓN DE ENTREGA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE TAMIAHUA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS INTERESES DERIVADOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/2019. MUNICIPIO DE TAMIAHUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 18/2019, promovida por el Síndico Municipal de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave en contra del Poder Ejecutivo del Estado y de otra autoridad de esa entidad federativa.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO
1. Interposición de la demanda. Albertico Rivera del Ángel en su carácter de Síndico del Municipio de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de esa entidad.
2. En la demanda, en esencia, se argumenta que la autoridad demandada violó los principios, derechos y facultades constitucionales de la hacienda municipal, previstos en la fracción IV del artículo 115 constitucional pues omitió el pago de diversos recursos públicos financieros, así como el pago de los intereses derivados de la entrega extemporánea de tales recursos.
3. Trámite de la demanda. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente como 18/2019 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
4. El Ministro instructor, por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al Síndico del Municipio actor y como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y no así al Secretario de Finanzas de la entidad en virtud de que se trata de un órgano subordinado del indicado Poder Ejecutivo.
5. En el mismo auto, se ordenó emplazar al Poder Ejecutivo demandado para que formulara su contestación y dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
6. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
a) La autoridad demandada violó los principios, derechos y facultades constitucionales de la hacienda municipal previstos en la fracción IV del artículo 115 constitucional pues omitió cubrir las participaciones impugnadas y no ha regularizado su entrega dentro de los tiempos marcados por la ley. Por otro lado, el Poder Ejecutivo demandado ha omitido pagar los intereses generados por el retardo en que ha incurrido respecto a las participaciones federales que le corresponden.
b) La omisión de entrega de las participaciones vulnera la autonomía financiera garantizada por el artículo 115 constitucional a los municipios. Dicho artículo prevé el concepto de hacienda municipal y hace una enumeración no exhaustiva de los recursos que pueden integrarla. Aunado a ello, el segundo párrafo de la fracción IV del precepto constitucional citado establece garantías para que la Federación y las Entidades Federativas no limiten el flujo de recursos que integran la hacienda municipal, disponiendo además que los recursos que la integran serán ejercidos por los ayuntamientos en forma directa.
c) Una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los municipios con la mediación administrativa de los Estados éstas se encuentran tuteladas por el artículo 115 constitucional que garantiza a los municipios su recepción puntual y efectiva. Por ello, no existe justificación para que la autoridad demandada incurra en retrasos en la entrega de las participaciones federales; obligación por parte del Estado que se extiende hasta en tanto no haya recibido el Municipio las participaciones adeudadas junto con los intereses correspondientes.(1)
Ello se robustece por las resoluciones emitidas por la Suprema Corte en las controversias constitucionales 26/2003 y 47/2004, en que se determinó que la entrega de las participaciones federales de los Municipios que se realizan fuera del plazo de cinco días que prevé la Ley de Coordinación Fiscal origina el pago de intereses.
d) Por ello, debe declararse la invalidez de los actos impugnados en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV de la Ley Reglamentaria de la materia a efecto de que se haga el pago al Municipio actor por concepto de los intereses devengados por el retardo en la entrega de las participaciones correspondientes, así como los que se sigan devengando hasta la entrega puntual de las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior lo resuelto por la Suprema Corte en la controversia constitucional 20/2005.
e) La intervención del Estado de Veracruz respecto a los recursos municipales es la de simple mediación administrativa pero no de disposición, suspensión o retención, sin que se actualice ninguno de los casos en que la ley permite excepcionalmente retener las participaciones. Por lo anterior, estima que la Suprema Corte debe determinar la ilegalidad de las omisiones impugnadas.
7. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Eric Patrocinio Cisneros Burgos en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los razonamientos que siguen:
a) Los antecedentes expresados en la demanda en el sentido de que se ha incurrido en una omisión y/o retraso en la entrega de los recursos, ni se afirman ni se niegan porque son hechos anteriores a la actual administración que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
b) El Municipio actor ejercita un derecho que no hizo valer dentro de los plazos legales que prevén los recursos ordinarios previos a la controversia constitucional, al tratarse de actos que emanan de la aplicación del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan.
c) Tratándose de fondos de aportaciones federales, al no estar sujetas al régimen de libre administración hacendaria municipal, las cuestiones en las que se advierta algún incumplimiento legal deben resolverse, en primer término, con base en lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones federales y locales, así como con base en lo establecido en los convenios que suscribieron las autoridades.
d) En ese sentido, la omisión de pago encuentra protección en los medios de defensa previstos en los anteriores ordenamientos o en las vías pactadas en los convenios de coordinación fiscal, por lo cual no hay duda que sin haber agotado el principio de definitivitad el Municipio actor pretenda impugnar tales actos a través de este medio de control constitucional.
e) En este caso no se da el caso de excepción para no agotar los medios ordinarios de defensa, consistente en que se adviertan violaciones directas a la Constitución, ya que, se insiste, el actor tuvo medios de defensa a su alcance para reclamar los actos impugnados.
f) El Municipio actor no aportó prueba que demuestre que los recursos impugnados estuvieran o estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan. Los recursos están condicionados al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, por lo que al no acreditarse que dichos recursos estén comprometidos para los ejercicios subsecuentes no hay duda que el Municipio pretende allegarse de recursos que ya no serán ejercidos, sujetándose al principio de anualidad.
g) El Municipio actor tenía conocimiento de las fechas y calendarios para la entrega de recursos en virtud de que los mismos fueron publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado. Se reclama una omisión de un acto positivo, ya que es una consecuencia directa de una supuesta retención que el actor refiere de los recursos por parte del Ejecutivo. Es decir, el acto positivo es la retención y la consecuencia directa es la entrega de los recursos provenientes de los fondos y participaciones federales.
h) El Municipio tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al en que se percató de la supuesta retención de los recursos de origen federal a los que tiene derecho y al no haberlo hecho así constituye la prescripción de un derecho.
8. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente, a pesar de estar debidamente notificado.
9. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por formulados los alegatos del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.
10. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala para su radicación y resolución.
II. PRESUPUESTOS PROCESALES
11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es constitucional y legalmente competente(2) para conocer la presente controversia constitucional al ser interpuesta por parte legítima.(3)
III. DESISTIMIENTO
12. A juicio de esta Primera Sala, la cuestión que debe resolverse en el presente recurso consiste en determinar:
¿Es procedente el desistimiento de la controversia constitucional expresado por el Municipio actor?
13. La respuesta a la interrogante anterior es afirmativa, pues se surten las hipótesis que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha señalado para que proceda el desistimiento de la presente controversia constitucional.
14. Al respecto, según lo ha determinado el Pleno de este Alto Tribunal, el sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional previsto en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) se encuentra condicionado a que la persona que se desista a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general, criterio que se advierte la tesis de jurisprudencia con rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.(5)
15. Ahora bien, en el caso se cumplen las tres condiciones anunciadas. El servidor público que signó el desistimiento cuenta con la debida representación del Municipio actor. Ese desistimiento fue ratificado por dicho servidor público y, en el caso, no se impugnaron normas de carácter general.
16. En efecto, el Municipio de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de su Síndico único, actuando en su carácter de representante legal, presentó escrito de desistimiento el veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos siguientes:
"Con la representación legal con la que me ostento y como parte actora dentro de la controversia constitucional al rubro citada, ante Usted con el debido respeto expongo:
Que por así convenir a los intereses de mi representada vengo a desistirme de la acción de controversia constitucional, misma que solicito me sea recibida la ratificación que corresponda; y en consecuencia, se acuerde lo conducente, sobreseyendo la presente controversia constitucional [...]"(6)
17. Dicho desistimiento fue ratificado por el propio servido público señalado, mediante comparecencia ante la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Tribunal, en la diligencia de once de octubre de dos mil diecinueve, en la que se hizo constar lo siguiente:
"En la Ciudad de México, siendo las trece horas, del once de octubre de dos mil diecinueve, ante la Maestra Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparece en las oficinas que ocupa esta sección, Albertico Rivera del Ángel, en su carácter de Síndico del Municipio de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que tiene reconocida en autos de la controversia constitucional al rubro indicada, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector RVANAL73021230H200, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que contiene una fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos de la compareciente, el cual tengo a la vista y devuelvo al interesado, cuya copia simple anexo a la presente diligencia, quien manifiesta ante la presencia judicial que el objeto de su comparecencia es con la finalidad de ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento de la controversia constitucional 18/2019, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día treinta de agosto del año en curso y registrado con el número 033530, firmando de conformidad al calce de la presente acta, en unión de la suscrita. Doy fe. [Rúbricas]"
18. El mismo día de la anterior diligencia, el Síndico del Municipio actor desahogó el requerimiento que se le hizo en auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, al remitir el acta número 165 BIS de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tamiahua, en la que consta que previa discusión y estudio adoptaron por unanimidad de votos el siguiente acuerdo:
"Con fundamento en el artículo 37 fracciones II y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, se autoriza al C. Albertico Rivera del Ángel, Síndico Municipal, a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente ante el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y dentro del expediente 18/2019, para que se desista de la Controversia planteada en contra del Gobierno del Estado de Veracruz (...)."
19. Aunado a que de conformidad al artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,(7) la representación jurídica del Municipio actor recae sobre el Síndico, precepto que establece que la persona que ejerza dichas funciones, podrá desistirse de un litigio en el que el municipio sea parte, para lo cual, se requerirá autorización previa del Cabildo.
20. Al respecto se observa del escrito presentado ante este Alto Tribunal el veinticuatro de septiembre del presente año, en el que Síndico Albertico Rivera del Ángel manifestó que, por así convenir a los intereses del Municipio que representa, se desistía de la demanda intentada en contra del Gobierno del Estado de Veracruz.
21. También se observa en el acta extraordinaria de Cabildo número 165 BIS de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, que se celebró sesión con el quórum legal para su actuación, determinando de forma unánime autorizar al Síndico Único Municipal a efecto de comparecer a este Alto Tribunal a desistirse de la demanda de controversia constitucional intentada en contra del Gobierno del Estado de Veracruz en el expediente 18/2019.
22. En estas condiciones, lo procedente es tener por desistido al Municipio actor y de conformidad con el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es decretar el sobreseimiento en la presente controversia constitucional.
23. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
R E S U E L V E
PRIMERO. Se tiene por desistido al Municipio de Tamiahua del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Presidente y Ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Firma el Ministro Presidente de la Primera Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE
MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
_________________
1. Cita en apoyo a sus consideraciones el criterio de rubro "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, p. 883.
2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.
3. Por el Síndico y Representante legal del H. Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, en términos de la copia certificada de la Gaceta Oficial número quinientos dieciocho de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene la relación de ediles que integran al Ayuntamiento.
4. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales; (...)."
5. "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el sobreseimiento cuando la parte actora desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que pueda hacerlo tratándose de normas generales. Por su parte, el artículo 11, primer párrafo, de la ley citada establece, en lo conducente, que la comparecencia de las partes a juicio deberá hacerse por medio de los funcionarios con facultades de representación, conforme a las normas que los rijan. De lo anterior se concluye que la procedencia del sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional está condicionada a que la persona que desista a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general". Registro 177328. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, septiembre de 2005; Pág. 894. P./J.113/20115.
6. Página 134 del expediente.
7. Artículo 37. Son atribuciones del Síndico: (...)
II. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el Síndico requiere la autorización previa del Cabildo. (...)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200542-9d938aa9/i-controversia-constitucional-condiciones-para-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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