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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SINDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA, CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (OMISIÓN O ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS POR LOS MESE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE OZULUAMA, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR PARTE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2019. · Registro digital (IUS): 200543
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE OZULUAMA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2019. MUNICIPIO DE OZULUAMA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 17/2019, promovida por la Síndica Municipal de Ozuluama, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo del Estado y de otras autoridades de esa entidad federativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO

1. Interposición de la demanda. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, Daniela Sosa Sosa, en su carácter de la Síndica y Representante legal del Ayuntamiento Municipal de Ozuluama, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovió una demanda de controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas y Planeación de esa entidad federativa.

2. En la demanda el municipio actor, en esencia, argumentó que la autoridad demandada violó los principios, derechos y facultades constitucionales de la hacienda municipal previstos en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues omitió cubrir los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, por un monto de $8,201,533.93 (ocho millones, doscientos un mil, quinientos treinta y tres pesos 93/100 moneda nacional), además de los intereses generados por el pago tardío. Por lo anterior, estimó que la Suprema Corte debe determinar la ilegalidad de las omisiones impugnadas.

3. Trámite de la demanda. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 17/2019 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.(1)

4. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, admitió la demanda, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y la designación de delegados, admitiendo las pruebas aportadas por el municipio actor.

5. Asimismo, consideró como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; sin embargo, no se tuvo con ese carácter al Secretario de Finanzas y Planeación de esa entidad, al tratarse de una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo, por lo que debía comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en el asunto.

6. Consecuentemente, se emplazó al Poder Ejecutivo local con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de su representante legal, manifestara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, requirió a la Fiscalía General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación conviniera.

7. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son los siguientes:

a) Que la autoridad demandada violó los principios, derechos y facultades constitucionales de la hacienda municipal previstos en la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues omitió cubrir los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, por un monto de $8,201,533.93 (ocho millones, doscientos un mil, quinientos treinta y tres pesos 93/100 moneda nacional).

b) Que conforme a las controversias constitucionales 26/2003 y 47/2004, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la entrega de las participaciones federales a los Municipios que se realiza fuera de plazo de cinco días que prevé la Ley de Coordinación Fiscal, origina el pago de intereses.

c) La suspensión de entrega debido a la retención de las aportaciones y participaciones federales a los municipios, sin que exista justificación alguna, viola el principio constitucional de libre administración municipal e integridad de los recursos municipales. Ello generó un perjuicio al Municipio, ante la imposibilidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto, de acuerdo con la normativa aplicable y en armonía con sus necesidades colectivas. Con ello se vulneró lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y la autonomía financiera que el artículo 115 de la Constitución garantía a los Municipios.

d) Menciona que debe declararse la invalidez de los actos impugnados a efecto de que: (I) Se haga el pago al Municipio por concepto de intereses devengados por el retardo en la entrega de participaciones y aportaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, así como los que se sigan devengando hasta la entrega de las mismas. (II) Se condene a la autoridad demandada con el objeto de que, con posterioridad, haga entrega de las participaciones y aportaciones dentro del plazo establecido.

e) Menciona que las retenciones hechas por el Gobierno del Estado afectan ampliamente la autonomía que le garantiza la Constitución a los Municipios. La intervención del Estado respecto de los fondos de participaciones y aportaciones que por ley corresponden a los Municipios es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención.

f) La Suprema Corte ha establecido, a partir del artículo 115 constitucional, un cúmulo de garantías de orden tributario y financiero a favor de los municipios, tendentes al fortalecimiento de su autonomía, a saber: a) principio de libre administración de la hacienda municipal; b) principio de ejercicio directo de los recursos de la hacienda municipal; c) principio de integridad de los recursos municipales; d) derecho de los municipios a percibir las contribuciones; e) principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; f) facultad de los ayuntamientos para proponer en su ámbito territorial cuotas y tarifas aplicables a diversas materias y, finalmente; g) facultad de los municipios para proponer sus leyes de ingresos.

8. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo local. El representante del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, contestó la demanda, exponiendo, en síntesis, los razonamientos que siguen:

a) Sobre los antecedentes expresados en el sentido de que se ha incurrido en una omisión y/o retraso en la entrega de los recursos y/o Fondos Federales aludidos, ni los afirma ni los niega toda vez que no son hechos que no resultan ser propios de su actual administración que tuvo inicio a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis.

b) El Municipio pretende ejercitar un derecho, el cual no lo hizo valer dentro de los plazos legales que prevén los recursos ordinarios previo a la controversia constitucional al tratarse de actos que emanan de la aplicación el Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan. Así, el plazo legal para actuar por medio de la vía legal correspondiente, previsto ya sea en la legislación local o federal transcurrió de manera excesiva en virtud de haber pasado más de dos años a la fecha de presentación de la demanda de controversia constitucional lo que se traduce en actos que devienen en consentidos.

c) Menciona que la autoridad municipal fue omisa en manifestar el supuesto agravio respecto de la retención u omisión de pago del recurso y/o Fondo Federal que presuntamente le corresponde, puesto que de la lectura del escrito de demanda se advierte que lo que está reclamando únicamente es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

d) Menciona que los Fondos de Aportaciones Federales resultan ser recursos económicos de índole federal, que están sujetas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y reguladas por las Leyes de Coordinación Fiscal, por tanto, son recursos que no son sujetos al régimen de libre administración hacendaria, lo que los hace ser recursos distintos de las Participaciones Federales. Razón por la cual, no se actualiza el supuesto en el que se haya transgredido de manera directa el texto constitucional a la esfera de competencias del ente municipal. Además de que, por lógica, ante alguna omisión de pago, encuentran protección en los medios de defensa previstos en los ordenamientos mencionados o en las vías legales pactadas en los convenios de coordinación fiscal estatales para efectos de su cumplimiento.

e) Aunado a lo anterior, menciona que si bien la tesis de jurisprudencia P./J. 116/2005 establece que para promover controversia constitucional no es necesario agotar la vía legal prevista en la legislación local en caso de advertirse en violaciones directas a la Constitución, en el caso en concreto, como ya se mencionó en el apartado anterior, no se actualiza tal hipótesis. Así, el actor tuvo a su alcance los medios idóneos para combatir los actos que presuntamente le ocasionaban un agravio, lo que se traduce en una causal de notoria improcedencia en este medio de control constitucional en términos del artículo 19, fracción VI de la Ley Reglamentaria que rige el procedimiento.

f) Menciona que se advierte que respecto del Fondo Federal a que presuntamente tiene derecho, el mismo no aporta medio de prueba fehaciente en el sentido de que los recursos federales reclamados estuvieron o estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan.

g) Se menciona que resulta un hecho notorio que por haber concluido el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, el ente municipal carece de todo derecho en el sentido de que al haberse aprobado recursos federales para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve; resultando inconcuso que el Municipio pretenda allegarse de recursos que evidentemente no serán ejercidos, sujetándose al principio de anualidad. Que los recursos que derivan de los Fondos Federales y/o Participaciones Federales se prevé que ya cesaron sus efectos al estar condicionados al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que ha concluido. Así, con base en el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 45 del mismo ordenamiento, las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que estos dejen de surtir sus efectos jurídicos, en tanto que la declaración de las sentencias que en este medio de control constitucional se pronuncian no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal.

h) A mayor abundamiento sobre la extemporaneidad, adujo que el Poder Ejecutivo del Estado dio a conocer a través de la publicación en la Gaceta Oficial(2) los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016. De este modo el municipio actor conocía de antemano las fechas en que debió recibir los recursos federales que ahora reclama y, por tanto, al no haberlas recibido en el tiempo establecido para ello, el cómputo del término para impugnar inició y concluyó sin que se haya hecho valer el reclamo. En relatadas condiciones, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente en el que se percató de la supuesta retención de los recursos de origen federal a los que tiene derecho, y el no haberlo hecho así constituye la prescripción de un derecho.

i) Menciona que el Municipio promovente pretende ajustar la oportunidad aduciendo que se encuentra reclamando una omisión, sin embargo, de la interpretación de su demanda se desprende que el Municipio actor realmente se encuentra señalado como acto reclamado una omisión pero derivada de un acto positivo (retención de los recursos), por lo cual no es válido ajustar el plazo.(3)

j) Finalmente, menciona que aun cuando la administración del gobierno haya comenzado el día uno de diciembre de dos mil dieciocho y niegue los hechos por no se propios de su gestión, ello no es obstáculo para que al Municipio promovente le corresponda no solo probar los hechos, sino a demás ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.

9. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente, a pesar de estar debidamente notificado.

10. Alegatos del Delegado del Municipio. La parte actora ofreció pruebas para la procedencia de la acción que pretendió el Municipio, mismas que señaló se encuentran en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis que contiene en su número extraordinario 042, los Acuerdos del Poder Ejecutivo. Mencionó además que el demandado no prueba ninguna manera el pago de lo reclamado lo que hace evidente la procedencia de las prestaciones reclamadas. Finalmente mencionó que no es cierto que existan recursos ordinarios que hubiesen podido ser agotados, por lo que es menester realizar el análisis de temporalidad, pues la conducta del Gobierno encuadra en un acto negativo lo que actualiza la oportunidad día a día.

11. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el quince de agosto de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por formulados los alegatos hechos valer por el delegado del municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.(4)

12. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala para su radicación y resolución.

II. PRESUPUESTOS PROCESALES

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es constitucional y legalmente competente(5) para conocer la presente controversia constitucional al ser interpuesta por parte legítima.(6)

III. DESISTIMIENTO

14. A juicio de esta Primera Sala, la cuestión que debe resolverse en el presente recurso consiste en determinar:

¿Es procedente el desistimiento de la controversia constitucional expresado por el Municipio actor?

15. La respuesta a la interrogante anterior es afirmativa, pues se surten las hipótesis que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha señalado para que proceda el desistimiento de la presente controversia constitucional.

16. Al respecto, según lo ha determinado el Pleno de este Alto Tribunal, el sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional previsto en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) se encuentra condicionado a que la persona que se desista a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general, criterio que se advierte la tesis de jurisprudencia con rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.(8)

17. Ahora bien, en el caso se cumplen las tres condiciones anunciadas. La síndica que signó el desistimiento cuenta con la debida representación del Municipio actor. Ese desistimiento fue ratificado por la misma funcionaria y, en el caso, no se impugnaron normas de carácter general.

18. En efecto, el Municipio de Ozuluma, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de su Síndica única Municipal actuando en su carácter de representante legal, presentó escrito de desistimiento el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en los términos siguientes:

"Daniela Sosa Sosa, en mi calidad de Síndica y Representante Legal del H. Ayuntamiento de Ozuluama, Veracruz, con respeto comparezco y al efecto me permito exponer:

Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 373 fracción II del diverso 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la materia que nos ocupa, acudo ante usted a manifestar que por así convenir a los intereses del Municipio que represento me desisto de la demanda intentada en contra del Gobierno del Estado de Veracruz, quedando a disposición en caso de que usted considere la ratificación de la petición realizada(...)."(9)

19. Dicho desistimiento fue ratificado por Daniela Sosa Sosa, ante la Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diligencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se hizo constar lo siguiente:

"En la Ciudad de México, siendo las once horas con diez minutos, del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Maestra Carmina Cortés Rodríguez, Secretaría de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparece en las oficinas que ocupa esta sección, Daniela Sosa Sosa, en su carácter de Síndica del Municipio de Ozuluama, Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que tiene reconocida en autos de la controversia constitucional al rubro indicada, quien se identifica con credencial para votar con clave de elector SSSSDN84102528M200, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que contiene una fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos de la compareciente, el cual tengo a la vista y devuelvo a la interesada, cuya copia simple anexo a la presente diligencia, quien manifiesta ante la presencia judicial que el objeto de su comparecencia es con la finalidad de ratificar el contenido y firma del escrito de desistimiento de la controversia constitucional 17/2019, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día treinta de agosto del año en curso y registrado con el número 030819, firmando de conformidad al calce de la presente acta, en unión de la suscrita. Doy fe. [Rúbricas]"

20. Posteriormente, en acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por presentada a la Síndica del Municipio de Ozuluama, Veracruz, desahogando el requerimiento de dos de septiembre del mismo año, al remitir acta número 45 de la Sesión Extraordinaria del cabildo del citado Ayuntamiento, en la que consta que previa discusión y estudio adoptaron por unanimidad de votos el siguiente acuerdo:

"Con fundamento en el artículo 37 fracciones II y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, se autoriza a la Ciudadana Daniel Sosa Sosa, Síndica Única Municipal, a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente ante el Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y dentro del expediente 17/2019, para que se desista de la Controversia planteada en contra del gobierno del Estado de Veracruz (...)."

21. Aunado a que de conformidad al artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,(10) la representación jurídica del Municipio actor recae sobre el Síndico, precepto que establece que la persona que ejerza dichas funciones, podrá desistirse de un litigio en el que el municipio sea parte, para lo cual, se requerirá autorización previa del Cabildo.

22. Al respecto se observa escrito presentado ante este Alto Tribunal el treinta de agosto del presente año, en el que Daniela Sosa Sosa manifestó que, por así convenir a los intereses del Municipio que representa, se desistía de la demanda intentada en contra del Gobierno del Estado de Veracruz.

23. Asimismo, se observa que en acta extraordinaria de cabildo número 45 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, se celebró sesión de Cabildo con el quórum legal para su actuación, determinando de forma unánime autorizar a la Síndica Única Municipal a efecto de comparecer a este Alto Tribunal a desistirse de la demanda de controversia constitucional intentada en contra del Gobierno del Estado de Veracruz en el expediente 17/2019.

24. En estas condiciones, lo procedente es tener por desistido al Municipio actor y de conformidad con el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decretando el sobreseimiento en la presente controversia constitucional.

25. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE

PRIMERO. Se tiene por desistido al Municipio de Ozuluama del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Presidente y Ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Firma el Ministro Presidente de la Primera Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

__________________

1. Página 38 del expediente en que se actúa.

2. Contenidos en los números extraordinarios 064, de trece de febrero de dos mil catorce; 064, de trece de febrero de dos mil quince y 062, de doce de febrero de dos mil dieciséis.

3. Cita en apoyo a sus consideraciones la jurisprudencia P./J. 113/2010, de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE", visible en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2011, p. 2716.

4. Página 130.

5. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

6. Por la Síndica y Representante legal del Ayuntamiento de Ozuluama, Veracruz, en términos de la copia certificada de la Gaceta Oficial número quinientos dieciocho de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene la relación de ediles que integran al Ayuntamiento.

7. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales; (...)."

8. "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el sobreseimiento cuando la parte actora desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que pueda hacerlo tratándose de normas generales. Por su parte, el artículo 11, primer párrafo, de la ley citada establece, en lo conducente, que la comparecencia de las partes a juicio deberá hacerse por medio de los funcionarios con facultades de representación, conforme a las normas que los rijan. De lo anterior se concluye que la procedencia del sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional está condicionada a que la persona que desista a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general". Registro 177328. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, septiembre de 2005; Pág. 894. P./J.113/20115.

9. Página 134.

10. Artículo 37. Son atribuciones del Síndico: (...)

II. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el Síndico requiere la autorización previa del Cabildo. (...)

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200543-a18b6979/i-controversia-constitucional-condiciones-para-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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