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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS POSTERIORES A AQUEL EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE QUE LOS MONTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL ESTABAN SIENDO AFECTADOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (RETENCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE AL MUNICIPIO DE MORELIA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR CUANDO IMPUGNA LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, AL SER UN ACTO QUE NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES (RETENCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE AL MUNICIPIO DE MORELIA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO CONTIENE UNA ATRIBUCIÓN, FACULTAD O COMPETENCIA EXCLUSIVA EN FAVOR DE LOS MUNICIPIOS, SINO UNA CLÁUSULA SUSTANTIVA QUE ALUDE A LA FORMA EN LA QUE SE INTEGRA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, HACIENDO UNA REMISIÓN A LA LEGISLACIÓN LOCAL (RETENCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE AL MUNICIPIO DE MORELIA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, AL NO HABER INFORMADO EL MUNICIPIO ACTOR LA FALTA DE ENTREGA DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (RETENCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, ASÍ COMO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE AL MUNICIPIO DE MORELIA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 327/2019. · Registro digital (IUS): 200545
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 327/2019. MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual de veinticuatro de junio de dos mil veinte.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Labinia Aranda Ortega, Síndica del Ayuntamiento de Morelia, del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional, en contra del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas, ambas de la referida entidad federativa de quien reclamó lo siguiente:

"IV NORMA GENERAL Y ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.- Del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo de Michoacán de Ocampo, se demanda la omisión de ministrar o entregar los recursos públicos derivados de los fondos siguientes:

a).- Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $33,883,041.00 treinta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.;

b).- Fondo General de Participaciones del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, bueno por la cantidad de $14,827,287.00 catorce millones ochocientos veintisiete mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N. y,

c).-Fondo General de Participaciones del mes de diciembre del año 2007 dos mil siete, por la cantidad de $8,239,882.85 ocho millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y dos pesos 85/100 M.N. como descuento indebido".

2. SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del asunto narrados en la demanda, son los siguientes:

• El uno de julio de dos mil dieciocho resultó electa la compareciente como Síndica del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, por lo que el siete de julio de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal Electoral dependiente del Instituto Estatal Electoral le otorgó la constancia de mayoría y validez correspondiente.

• Dicho mandato popular fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el uno de septiembre de dos mil dieciocho todos los integrantes del Ayuntamiento tomaron posesión del cargo conferido.

• La promovente indicó que desde el inicio de su encargo se analizaron todos y cada uno de los ingresos que en vía de aportaciones le correspondían al Ayuntamiento, además de investigar sobre el origen de la deuda pública heredada de las administraciones pasadas, por lo que se les informó que los adeudos se generaron porque el Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán omitió llevar a cabo la entrega de la totalidad de los recursos que le correspondían al Municipio desde el ejercicio fiscal de dos mil quince, correspondientes al Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales, omisión que se ha prolongado hasta el día de hoy.

• En función de ello se advirtió que el Gobierno del Estado adeudaba al Municipio de Morelia la cantidad de $33, 883,041.00 (treinta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil cuarenta y un pesos 00/100 m.n.), correspondientes al Fondo Estatal para la Infraestructura de Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal dos mil quince; $14, 827,287.00 (catorce millones ochocientos veintisiete mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 m.n.), correspondientes al Fondo General de Participaciones del mes de septiembre de dos mil quince; y, $8,239,882.85 (ocho millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y dos pesos 85/100), relativos al Fondo General de Participaciones del mes de diciembre de dos mil siete, como descuento indebido.

• El Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Michoacán de Ocampo, indicó que ya no se pagaría el Fondo porque el Gobierno del Estado no tenía dinero para solventar dicho adeudo y que entonces realizarían ajustes al presupuesto y recortarían programas.

3. TERCERO. Conceptos de invalidez. Se esgrimió un único concepto de invalidez que, en síntesis, establece lo siguiente:

• El órgano demandado transgrede los principios de municipio libre, libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, previstos en la fracción IV del artículo 115 constitucional. Esto porque de manera indebida y sin fundamento alguno, retiene los recursos económicos que pertenecen al Municipio relativos a las Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales para el Ejercicio Fiscal 2015.

• Menciona que el referido numeral, establece un conjunto de provisiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. Además de que en dichas relaciones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario en favor de los municipios, lo cual es totalmente congruente con la intención del constituyente permanente.

• Esgrime que el artículo 115 de la Constitución Federal, establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario en favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, mismos que al ser observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal; dichos principios en esencia son los siguientes: a) principio de libre administración de la hacienda municipal; b) el del ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda municipal, incluso los que no están ligados al régimen de libre administración hacendaria; c) el de integridad de los recursos municipales, que consiste básicamente en la recepción puntual de estos; d) el derecho de los municipios de percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales establecidas por los estados sobre la propiedad inmobiliaria; e) principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; f) la facultad de los ayuntamientos para proponer a los Congresos locales cuotas y tarifas aplicables, impuestos, derechos, entre otras cosas; y, g) la facultad de las legislaturas para aprobar las leyes de ingresos de los municipios.

• Manifiesta que las aportaciones son recursos pre etiquetados que son destinados exclusivamente a lo indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, aunque esto no significa que los municipios de cada entidad federativa, no tengan facultades de decisión sobre los mismos, sino que tienen cierto margen en la decisión de las obras o actos en que se invertirán los fondos.

• Señala que conforme al principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales, referente a que el Municipio tiene el derecho de recepción puntual de los mismos, por lo que el retraso en su entrega, genera intereses que el Estado debe pagar al Municipio actor.

• Infiere que conforme a la fracción IV, inciso b), del artículo 115 constitucional, las participaciones deben ser cubiertas a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que establecen las legislaturas locales, motivo por el cual, el retraso en la ministración de los mismos al Municipio de Morelia, Michoacán, ocasiona daños y perjuicios; esto, pues la Ley de Coordinación Fiscal tiene como misiva, entre otras cuestiones legales, coordinar el sistema fiscal de la federación, con las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales, por lo que, en el contexto del sistema financiero municipal, cuando las autoridades que faculta la Constitución están obligadas a enterar las cantidades de recursos a otras y éstas omiten el pago de las mismas o lo hacen en exceso fuera del plazo establecido, someten a los municipios a un perjuicio doble. Esto es así, pues en principio infringen daño relativo a la pérdida del poder adquisitivo de las cantidades que les corresponden; en segundo lugar, los enfrenta a los inconvenientes derivados de no poder destinar los recursos a los rubros correspondientes en el momento previsto.

• Considera que se actualiza una violación a la autonomía municipal, ya que no se ha tenido la posibilidad de manejar ni aplicar los recursos financieros que legalmente le corresponden para la prestación de los servicios públicos a su cargo, dado que los recursos no le han sido entregados, siendo responsable de esta omisión el Poder Ejecutivo del Estado, así como de los correspondientes intereses que se hayan generado y se sigan generando hasta la fecha en que se paguen.

• Concluye aduciendo que la presentación de la controversia es oportuna conforme a lo establecido en el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia, la cual establece que el plazo para la promoción de la demanda de la controversia constitucional, cuando se impugnen actos, será de treinta días a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

• Conforme a lo anterior, si bien es cierto que dicho precepto no hace referencia al momento en que se puede presentar la demanda de la controversia en los casos de omisión por parte de la autoridad, que por su naturaleza obedecen a un dejar de hacer por parte de la demandada, creando una situación permanente que no se subsana hasta en tanto no actúe la parte omisa, seguirá generándose entonces día a día mientras subsista dicha actitud omisiva de la autoridad. Sustenta su argumento con la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(1)

4. CUARTO. Artículo constitucional señalado como violado. El precepto que la parte actora estima violado es el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. QUINTO. Trámite de la controversia y admisión de la demanda. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la controversia constitucional con el número de expediente 327/2019 y ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(2)

6. Mediante proveído de veintinueve de octubre de la misma anualidad, se admitió a trámite la demanda promovida por el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo de dicha entidad ordenando su emplazamiento, y finalmente, se dio vista tanto a la Fiscalía General de la República, como al Consejero Jurídico de la Presidencia.(3)

7. SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. El Consejero Jurídico del Ejecutivo y el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, ambos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, dieron contestación a la demanda de controversia constitucional instaurada en contra del Poder Ejecutivo,(4) básicamente, en los siguientes términos:

• Que en la especie se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la Materia al ser extemporánea la demanda de controversia constitucional, pues contrario a lo afirmado por el Municipio actor en la demanda, en la especie no se reclamaban omisiones totales sino parciales de las cuales tuvo conocimiento desde el momento en el que supuestamente no se pagaron conforme al calendario de ministraciones de dos mil quince;

• Considera también que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III, del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que no existe el acto que señala el Municipio actor en el inciso b) de su demanda, ya que dicha participación le fue cubierta en tiempo y forma;

• Finalmente considera que no existen actos que invadan la autonomía fiscal y hacendaria del Municipio actor, debido a que se hicieron todas las ministraciones correspondientes en tiempo y forma y, en el supuesto sin conceder de que existan omisiones de pago, éstas serían parciales y no absolutas por lo que claramente queda evidenciada la extemporaneidad de la controversia constitucional y consecuentemente la inexistencia de los actos demandados al Ejecutivo del Estado.

8. SÉPTIMO. Opinión de la Fiscalía General de la República y del Consejero Jurídico de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico de la Presidencia no emitieron opinión en el presente asunto.

9. OCTAVO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se relacionaron las pruebas documentales que obran en el expediente, se admitieron las pruebas documentales ofrecidas durante la instrucción, se tuvieron por formulados los alegatos hechos valer por el Municipio de Morelia y se puso el expediente en estado de resolución.

10. NOVENO. Radicación en la Primera Sala. Atendiendo a la solicitud formulada por la Ministra ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en proveído de siete de mayo de dos mil veinte, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó el envío de los autos a esta Primera Sala para que fuere turnado a la Ministra Instructora.

11. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Presidente de la Primera Sala, determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra instructora, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

12. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Municipio del Estado Michoacán de Ocampo y el Poder Ejecutivo de dicha entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno, al no impugnarse normas de carácter general.

13. SEGUNDO. Precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.

14. En el apartado denominado "acto reclamado" el Municipio actor señaló como tal, la omisión del Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Michoacán de Ocampo de ministrar o entregar los recursos públicos al Municipio de Morelia relativos al Fondo Estatal de Infraestructura de Servicios Públicos Municipales, y al Fondo General de Participaciones del mes de septiembre, ambos del ejercicio fiscal dos mil quince, así como del Fondo General de Participaciones relativos al mes de diciembre de dos mil siete.

15. En esa tesitura, esta Primera Sala advierte que lo efectivamente impugnado es la omisión del Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Michoacán de Ocampo, para entregar o ministrar las cantidades relativas al pago de:(5)

a).- Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, por la cantidad de $33,883,041.00 (treinta y tres millones ochocientos ochenta y tres mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.);

b).- Fondo General de Participaciones del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, bueno por la cantidad de $14,827,287.00 (catorce millones ochocientos veintisiete mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y,

c).- Fondo General de Participaciones del mes de diciembre del año 2007 dos mil siete, por la cantidad de $8,239,882.85 (ocho millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y dos pesos 85/100 M.N.) como descuento indebido.

16. TERCERO. Sobreseimiento. Esta Primera Sala estima que en el caso, debe sobreseerse la controversia constitucional al actualizarse la causal de improcedencia respecto de la extemporaneidad de la demanda presentada por el Municipio actor, esto de conformidad con el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia.

17. En primer término se debe establecer que en el juicio de controversia constitucional, es posible que se impugnen actos de naturaleza negativa, es decir, los que implican un no hacer; en efecto, al resolver la controversia constitucional 3/97,(6) se destacó que de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su Ley Reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos numerales en forma genérica a "actos", debe entenderse que estos pueden ser atendiendo a su naturaleza tanto positivos (un hacer) como negativos (un no hacer u omisión).

18. Lo anterior, se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación: CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES.(7)

19. Por otro lado, debe precisarse que al resolverse la controversia constitucional 10/2001,(8) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.

20. De lo cual se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo entonces que la demanda pueda presentarse en cualquier momento, mientras que tal omisión persista.(9)

21. Establecido lo anterior, esta Primera Sala considera que en la especie se verifica, como ya se adelantó, la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, dado que si bien el Municipio actor impugna los actos omisivos de referencia dándoles el tratamiento de actos negativos, lo cierto es que las retenciones de recursos correspondientes a los municipios para el ejercicio fiscal dos mil quince, específicamente del Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales y del Fondo General de Participaciones del mes de septiembre de esa anualidad, así como los relativas al Fondo General de Participaciones correspondientes al mes de diciembre del ejercicio fiscal dos mil siete, derivan de actos de naturaleza positiva, ya que lo impugnado no fueron omisiones totales de pago, sino actos de retención de recursos federales, entendidos como actos positivos, en tanto que existía una fecha cierta de pago establecida en los calendarios correspondientes a las entregas de los recursos federales, que fueron publicados debidamente a través del medio de difusión oficial local.

22. En efecto, desde el viernes treinta de enero de dos mil quince, fecha en la que se publicó el acuerdo mediante el cual se da a conocer el cálculo, distribución y monto estimado del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales, correspondiente a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año dos mil quince, en su punto cuarto se estableció como calendario de pagos lo siguiente:

a) 1ra. Ministración del 25% al inicio de la obra, la cual deberá estar previamente validada por la Secretaría de Finanzas y Administración;

b) 2da. Ministración del 30%, por cuyo monto se deberá comprobar el gasto ejercido, previa autorización de la Secretaría de Finanzas y Administración;

c) 3era. Ministración del 30%, por cuyo monto se deberá comprobar el gasto ejercido, previa autorización de la Secretaría de Finanzas y Administración;

d) 4ta. Ministración del 15%, por cuyo monto se deberá comprobar el gasto ejercido, previa autorización de la Secretaría de Finanzas y Administración.

23. Con base en lo anterior, debe decirse que si el Municipio actor tuvo conocimiento de la distribución de ministraciones conforme a lo señalado en el acuerdo referido y conforme a los porcentajes señalados, de haber existido alguna irregularidad en su entrega o ministración, es evidente que estuvo en la posibilidad de impugnar dicha irregularidad durante todo el ejercicio del año dos mil quince.

24. En consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, transcurrió en exceso el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento de la retención o entrega parcial de los recursos, cuestión que se pudo verificar durante el ejercicio fiscal dos mil quince, una vez realizada la comprobación del monto ejercido del 25% del inicio de la obra, para así poder accionar este medio de control constitucional.

25. Lo mismo sucede con el acuerdo mediante el cual se da a conocer el cálculo, distribución, calendario y monto de las participaciones en ingresos federales y estatales, correspondientes a los municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año dos mil quince, publicado en la misma fecha que el acuerdo anterior, que en cuyo punto sexto se estableció el siguiente calendario de ministración de dichos recursos:

Ver calendario de ministración 1

Ver calendario de ministración 2

Ver calendario de ministración 3

Ver calendario de ministración 4

26. De lo anterior se advierte, que respecto del Fondo General de Participaciones relativo al mes de septiembre del ejercicio fiscal dos mil quince, el Municipio actor tuvo conocimiento de la fecha cierta de pago de conformidad con las siguientes fechas de pago:

a) Fondo General y Fondo de Compensación Derivado del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a la Venta de Gasolinas y Diesel, fecha de pago: 2 de octubre de 2015;

b) Fondo de Fomento Municipal, e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, fecha de pago: 8 de octubre de 2015;

c) Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; Fondo de Fiscalización; Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel; e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, fecha de pago: 30 de octubre de 2015;

d) Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, fecha de pago: 8 de octubre de 2015.

27. En consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, transcurrió en exceso el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento de la retención o no entrega de los recursos relativos al mes de septiembre de dos mil quince en los fondos antes señalados.

28. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Primera Sala que el Municipio actor también se duele del indebido descuento de las participaciones correspondientes al Fondo General de Participaciones del mes de diciembre de dos mil siete, sin embargo, se advierte que dicha afectación le fue notificada al Municipio actor mediante oficio TGE-1870/2007, de fecha catorce de enero de dos mil ocho, por el cual el Tesorero General del Gobierno de Michoacán, le informa sobre un indebido descuento de las participaciones extraordinarias del ejercicio fiscal de dos mil siete.

29. Por ende, se actualiza también la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que la presentación de la demanda de controversia constitucional corrió en exceso puesto de desde el catorce de enero de dos mil ocho, tuvo conocimiento del referido descuento.

30. Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio jurisprudencial P./J. 113/2010, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE."(10)

31. Ahora bien, cabe destacar que aun cuando se ha actualizado la causa de improcedencia analizada respecto de los actos impugnados, particularmente en lo tocante a la oportunidad, lo cierto es que esta Primera Sala también advierte que en la especie el Municipio actor carece de interés legítimo para promover el medio de control constitucional.

32. En esa tesitura, se destaca que las violaciones alegadas por el Municipio actor, únicamente las hace depender en la transgresión directa de ordenamientos distintos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán.

33. De esta manera, no existe algún acto o norma de carácter general que sea contrastada con la normativa constitucional, por lo que no es posible que vía controversia constitucional el Municipio actor pretenda que se estudie la posible vulneración a las obligaciones del Ejecutivo Local de entregar a los municipios de la entidad las citadas aportaciones que la entidad federativa les distribuye.

34. Si bien el Municipio actor refiere que con las omisiones del pago de la totalidad de los recursos que le correspondían al Ayuntamiento, desde los ejercicios fiscales 2007 y 2015, correspondientes a los fondos estatales de infraestructura de los servicios públicos municipales y al general de participaciones, se vulnera básicamente al artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello es insuficiente para considerar procedente la controversia constitucional, dado que dicha porción constitucional no contienen una atribución, facultad o competencia exclusiva en favor del municipio, sino una cláusula sustantiva que alude a la forma en la que se integra la hacienda pública municipal, haciendo una remisión, precisamente, a la legislación local, lo que robustece la conclusión de que se manifiestan transgresiones no susceptibles de abordarse en la controversia constitucional.

35. Ahora bien, con el fin de dar certeza sobre los medios que tienen a su alcance los Municipios para reclamar de los Estados, la retención de participaciones y aportaciones federales que les corresponden, se estima pertinente señalar que el Municipio actor no agotó la vía legal correspondiente.

36. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los Municipios y a sus Ayuntamientos, como órganos de gobierno, la facultad para administrar libremente su hacienda, la cual se conforma, entre otros elementos, con las aportaciones federales que se entregarán según lo establecido en las legislaciones correspondientes.

37. En ese sentido, uno de los ordenamientos legales aplicables es justamente la Ley de Coordinación Fiscal, la cual según lo previsto en su artículo 1 tiene como objetivo coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los Municipios, para establecer la participación correspondiente a sus haciendas públicas y su distribución.(11)

38. En ese orden de ideas, el artículo 6, párrafo segundo, de dicho ordenamiento señala que la Federación integrará las participaciones a los Municipios por conducto de las entidades federativas; siendo que el retraso produce el pago de intereses y, en caso de incumplimiento por parte de los Estados, la Federación hará entrega directa a los Municipios, para lo cual descontará la participación del monto correspondiente al Estado.(12)

39. Como se advierte, la Federación al ser la que entrega los recursos federales, a fin de que estos las entreguen por su conducto a los municipios, según corresponda, funge como un órgano de control respecto de la adecuada administración y destino de los recursos que corresponden a las entidades federativas y a los municipios.

40. Esta atribución corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que dicha dependencia debe informar sobre el comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas.(13)

41. Asimismo, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, la citada Secretaría está facultada para disminuir las participaciones de las entidades, cuando éstas violen lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX, 117, fracciones IV a VII y IX, o 118, fracción I, constitucionales, o falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese caso, la mencionada dependencia debe oír a la entidad y deberá atender el dictamen técnico de la Comisión Permanente de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200545-bfac4b93/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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