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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES AL MUNICIPIO DE ZACAPU POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ZACAPU POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 257/2017. · Registro digital (IUS): 28966
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-08-23
Promovente: MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN DE OCAMPO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Pág. 1355.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 257/2017. MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN DE OCAMPO. 18 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México.(1) Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Pérez García, en su carácter de síndico municipal del Municipio de Zacapu, Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez del acto que más adelante se señala y emitido por el órgano que, a continuación se menciona:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

La retención por parte del secretario de Administración y Finanzas del Estado de Michoacán, de la cantidad de $6’512,578.00 (seis millones quinientos doce mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de participaciones de ingresos federales y estatales, que le corresponden al Municipio actor del ejercicio fiscal de 2015, específicamente, del Fondo de Servicios Públicos Municipales.

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

1. El siete de junio de dos mil quince, los habitantes del Municipio actor eligieron a sus representantes, entre ellos, al síndico municipal, razón por la cual, el diez de junio de dos mil quince, el Consejo Municipal Electoral, dependiente del Instituto Estatal Electoral, le otorgó constancia de mayoría y validez.

2. Que el uno de septiembre de dos mil quince, los integrantes del Ayuntamiento rindieron protesta y tomaron posesión del cargo conferido.

3. Que, al momento de tener verificativo el procedimiento administrativo de entrega recepción, entre la administración pública municipal 2012-2015 y la administración de 2015-2018 –la cual preside el síndico municipal– advirtió que se les heredaban deudas con proveedores, servicios varios, entre otros rubros y cantidades diversas al Municipio, sin que se le aclarara en ningún momento el motivo u origen del endeudamiento que amenazaba y sigue amenazando, ahora con mayor trascendencia, las finanzas del Municipio, y con ello la prestación de los servicios públicos municipales, situación que se agrava más si se toma en cuenta el alto grado de marginación y pobreza extrema en que se encuentra el Municipio actor, así como la delincuencia organizada.

4. Que, al tenor de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, al síndico del Ayuntamiento, le corresponde, entre otras funciones, la de coordinar la Comisión de Hacienda Pública Municipal y vigilar que se lleve a cabo debidamente el apoyo de participaciones estatales, federales, y la recaudación de la hacienda del Municipio, a efecto de que se cuente con recursos suficientes para que la autoridad pueda hacer frente a las múltiples necesidades de la colectividad, asimismo y de manera especial, la representación jurídica del Municipio.

5. Derivado del cumplimiento de sus obligaciones, el síndico municipal se dio a la tarea de analizar todos y cada uno de los ingresos en vía de participaciones estatales como federales, advirtiendo que la administración pública municipal 2012-2015 omitió entregar la información y documentación completa de todo su ejercicio, pues sólo se concretó en darle un listado de la deuda pública heredada y los proveedores a los que, hasta la presentación de la demanda, se les adeudan fuertes cantidades de dinero.

6. Que los proveedores, a lo largo de sus funciones, han estado requiriendo en vía legal y extrajudicial el pago de los adeudos que el Municipio actor tiene con ellos.

7. Que el Municipio actor se encuentra a punto de ser demandado por más proveedores y embargado por otros más, acciones legales que, de llegar a materializarse, dejarían al ente de gobierno quejoso paralizado totalmente, y se vería en la necesidad de suspender la prestación de servicios públicos, de manera especial, la de seguridad y aseo público, el pago de sueldos, salarios, de apoyos y programas sociales, entre otros, lo cual agravaría, aún más, la deteriorada situación económica, política y social.

8. Que, ante la negativa de dar respuesta a tal endeudamiento de las autoridades del Estado de Michoacán de Ocampo (Poder Ejecutivo y auditor superior), fue que todos los Municipios de la referida entidad, a través de sus síndicos, decidieron formar un frente común y convocaron a reunión, que fue celebrada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, donde el Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Aquila, Michoacán, informó que el adeudo que venían arrastrando los Municipios se debía a que el Gobierno del Estado de Michoacán omitió llevar a cabo la entrega de la totalidad de los recursos correspondientes al Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales del ejercicio de 2015, que desde entonces arrastraban dicho endeudamiento; información que las autoridades se niegan a dar, pues la consideran como confidencial.

9. Para corroborar la información anterior, se dio a la tarea de hacer las investigaciones correspondientes, de lo que obtuvo que en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, se había publicado en el número 32 del tomo CLXI, décima sección, correspondiente al treinta de enero de dos mil quince, el "Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cálculo, distribución, y monto estimado del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales, correspondiente a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2015."; y que en diversas fojas se describía el monto que le correspondía al Municipio actor, siendo la cantidad de $6’512,578.00 (seis millones quinientos doce mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), cantidad que ha sido, ilegal e inconstitucionalmente, retenida por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, en perjuicio del Municipio actor.

10. Señala que, con la información anterior, acudió a dialogar con el secretario de Finanzas y Administración de Gobierno del Gobierno del Estado de Michoacán, que después de horas de espera, lo atendió, limitándose a decirle "señor, ese fondo ya no se pagará, el Gobierno del Estado no tiene dinero para solventar tal adeudo, realice ajustes a su presupuesto, recorte programas, enfrente algunos juicios y herede esa deuda a la nueva administración, pero dinero no hay".

11. Ante tal panorama, solicita el presente medio de control constitucional, por considerar que dichos actos atentan contra la libre hacienda municipal y demás prerrogativas que el artículo 115 de la Constitución Federal contempla a favor del Municipio actor.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora, en su único concepto de invalidez, esgrimió, en síntesis, lo siguiente:

Que el acto que se demanda violenta el artículo 105 de la Constitución Federal, así como los artículos 2o., 2o. A, 3o. A y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El órgano de gobierno demandado transgrede en detrimento del Municipio actor, los principios de Municipio Libre y libre administración de la hacienda pública municipal contemplados en el artículo 115 de la Constitución Federal, en virtud de que, de manera por demás indebida, ilegal e inconstitucional, sin existir fundamento de derecho alguno, ni documental que le autorice para ello, motu proprio lleva a cabo la retención de recursos económicos que le pertenecen al Municipio actor, vía participaciones federales y, específicamente, del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, recursos que vinieron a crear el llamado Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales.

Que el Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo ha decidido, de manera unilateral, indebida y transgrediendo los principios de derecho antes señalados, trastocar el patrimonio del Municipio actor, que en vía de Fondo de Aportaciones Federales le corresponden y que ha retenido injustificadamente, sin que exista documento legal alguno, que autorice dicho proceder, pues, para llevar a cabo la retención al ente demandado, debió contar con las actas de los diversos Ayuntamientos donde se acordara y autorizara al Ejecutivo Estatal, la retención de recursos económicos.

Precisa que no existe posible obligación de las entidades municipales con el Gobierno Estatal, para que éste pudiera llevar a cabo tal retención y con dichos recursos cubrir alguna carga, imprevisto u obligación; ello aunado a que no existe acuerdo de algún Cabildo (órgano máximo del Ayuntamiento) donde se haya autorizado la contratación con el Estado de Michoacán, y donde se autorice a tal ente para que se proceda a retener los recursos económicos que les pertenecen y, de esta manera, garantizar las obligaciones contraídas; por lo que considera que dichos actos trastocan el artículo 115 de la Constitución Federal, en detrimento del Municipio de Zacapu, es por ello que se ve en la imperiosa necesidad de presentar este medio de control constitucional, en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán por su ilegal proceder.

Que, en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, los Municipios como entes de gobierno y como elementos de organización política y administrativa, tienen la facultad irrestricta de administrar libremente los recursos económicos que conformen su hacienda, pues no puede existir poder alguno que limite la libre autodeterminación que los Municipios tienen para cumplir a cabalidad sus funciones.

Que como órgano representante del Municipio tiene la obligación de otorgar a la colectividad diferentes servicios y para cumplir con dicha obligación, es menester contar con los recursos económicos necesarios para hacer frente a tales obligaciones, además de manejar libremente su hacienda municipal de acuerdo a las Leyes de Ingresos y Egresos que emitan para cada ejercicio fiscal y sin que exista poder, autoridad o ente jurídico alguno que pueda trastocar dicha libertad, y que, de permitirse, se pondría en grave riesgo el cumplimiento de las obligaciones que nacen de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal.

Por lo que solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare la inconstitucionalidad del proceder de la demandada, e invalide su proceder inconstitucional de retener los recursos económicos que le pertenecen al Municipio de Zacapu, Estado de Michoacán, así como todas y cada una de las consecuencias que se pudieran desprender de tal acto de autoridad y se le obligue al Ejecutivo del Estado de Michoacán a restituir con sus intereses legales, los recursos económicos retenidos.

Aduce que en el contexto del sistema del financiamiento municipal debe tomarse en cuenta que cuando las autoridades a quien la Constitución o las leyes imponen el deber de satisfacer ciertas cantidades de recursos a otras omiten el pago de las mismas o lo hacen tardíamente, sometiendo estas últimas a un perjuicio doble, pues se infringe un daño ligado a la pérdida del poder adquisitivo de las cantidades que les corresponden; y se somete a los graves inconvenientes derivados de la impunidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto, de acuerdo con la normativa aplicable y en armonía con sus necesidades colectivas.

Que la legislación que disciplina el sistema de financiamiento Municipal en la República Mexicana, da especificidad al principio general de derecho, que refiere que quien causa un daño está obligado a repararlo, y según el cual, la reparación de ese daño, debe colocar al lesionado en la situación en la que se encontraba antes de que se produjera el hecho lesivo, lo que se traduce en el deber de pagar una indemnización moratoria cuando el daño se identifica con la falta de pago de una cantidad ya líquida y exigible.

Que, en el ámbito de las relaciones entre el fisco federal y los ciudadanos, los artículos 2o. y 21 de Código Fiscal de la Federación, prevén la figura de los recargos y les atribuyen la característica distintiva de causarse como indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno de las contribuciones. Asimismo, indicó que el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que el retraso en la satisfacción de las participaciones federales a los Municipios dará lugar al pago de intereses, lo cual es aplicable en el presente caso.

Que la decisión que el Alto Tribunal establezca con el pago de intereses no altera de modo alguno la vigencia anual de las decisiones que el Congreso de la Unión y las autoridades federativas correspondientes tomaron en relación con la dotación y repartición del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, sino que se orienta precisamente en dar eficacia a las mismas, eficacia que se vio mermada por la retención que, indebidamente, practicó el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.

En este sentido, considera que debe declararse fundada la presente controversia constitucional, por lo que deberá instruir al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, para que reintegre al Municipio actor la cantidad que fue aprobada a su favor en el Decreto que estableció el "Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cálculo, distribución, y monto estimado del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales, correspondiente a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2015", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, bajo el número 32, del tomo CLXI, décima sección, correspondiente al treinta de enero de dos mil quince.

CUARTO.—Artículo constitucional señalado como violado. El precepto que la parte actora estima violado es el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 257/2017, y turnó el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que fungiera como instructor.(2)

Mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, en la que tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo; ordenó emplazarlo para que formulara su contestación, requiriéndolo para que, al momento de formular su contestación, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todas la documentales relacionadas con el acto impugnado; asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde, de igual manera, mandó formar de oficio cuaderno incidental, a efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada.(3)

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. El director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, al contestar la demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:(4)

Con relación a los hechos señaló lo siguiente:

En el correlativo 1, indicó que era cierto; y en los correlativos del 2 al 11, señaló que los ignora por no tratarse de hechos propios.

Con relación a los conceptos de invalidez aduce:

Que el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de ninguna manera ha pretendido inobservar el mandato constitucional, en virtud de que no se ha actuado de manera dolosa como el actor lo pretende hacer valer, al señalar que se ha negado a entregar los recursos públicos al Municipio de Zacapu del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que desde que se asumió la administración pública del Estado de Michoacán (uno de octubre de dos mil quince), los recursos federales que ha recibido, se han entregado al destinatario; por lo que las omisiones en que hayan incurrido administraciones anteriores no pueden ser atribuibles de forma alguna a la presente administración, dado que, como bien es sabido, las administraciones públicas al momento del relevo constitucional reciben obligaciones económicas que se solventan acorde a las posibilidades financieras que se tienen.

Que al reclamar la parte actora recursos federales que fueron destinados para el ejercicio fiscal 2015, que en su caso fueron entregados al Estado de Michoacán de Ocampo, previo a que la administración presente asumiera el control de la misma, los pasivos que en su caso hayan existido y no así los recursos federales, se han venido asumiendo a través de negociaciones y convenios con los acreedores, ya sean Municipios u otro distinto que demuestre serlo.

Señala que ha realizado ajustes presupuestales para estar en condiciones de liquidar y cumplir con los adeudos que se contrajeron en su momento por acción u omisión, cubriendo dichos pasivos; de forma tal que no ocasione perjuicio general y mayor a la sociedad michoacana, actuando siempre en plena observancia a la ley.

Precisó que ante las circunstancias enfrentadas por la administración que inició a partir de octubre de dos mil quince y ante el conocimiento de falta de pago a Municipios de recursos previamente destinados, también ante la ausencia de dicho recurso tampoco entregado a su administración, se han venido realizando acciones que permitan en su momento liquidar dichos adeudos, considerando que no resulta simple reasignar recursos que provoquen desproteger sectores sensibles que traen consigo bienestar general.

Que de ninguna manera se pretende, ni se puede desviar un recurso ya asignado a un programa especial y, en específico, para cubrir los adeudos que se tengan con los Municipios por el recurso federal no entregado en su momento, si ése fuese el caso, pues de hacerlo se incurriría en prácticas prohibidas y, en consecuencia, ilegales.

SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo el veintidós de enero de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional y a valorar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.

En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló como tales, la retención por parte del secretario de Administración y Finanzas del Estado de Michoacán, de la cantidad de $6’512,578.00 (seis millones quinientos doce mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de participaciones de ingresos federales y estatales, que le corresponden al Municipio actor del ejercicio fiscal de 2015, específicamente, del Fondo de Servicios Públicos Municipales.

Esta Primera Sala considera que del análisis integral tanto de la demanda como de las constancias que obran en el expediente, lo efectivamente impugnado es la omisión total, de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor, por concepto de participaciones de ingresos federales y estatales, del ejercicio fiscal de 2015, específicamente, del Fondo de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(5) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.—El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."

Lo anterior, sin que obste lo aducido por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, en el sentido de que desde que asumió la administración pública del Estado de Michoacán (uno de octubre de dos mil quince), ha entregado puntualmente los recursos federales que ha recibido y que las omisiones en que hayan incurrido administraciones anteriores no son atribuibles de forma alguna a la administración presente; pues tal aseveración no lo libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al poder que encabeza de forma abstracta y no a él como persona física.

Por ende, con independencia de quién represente en determinado momento al Ejecutivo Estatal, existe un reclamo legítimo en su contra y, por ende, deberá atender las obligaciones que sean atribuidas al Poder Ejecutivo, al ser quien ejerce el cargo al momento de demandarse la supuesta omisión, de ser el caso.

TERCERO.—Oportunidad. A continuación, se determinará si la controversia fue promovida en tiempo contra el acto impugnado:

El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia no establece plazo para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión; de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.(6)

En la especie, se impugna la omisión total y absoluta por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor, por concepto de participaciones de ingresos federales y estatales, del ejercicio fiscal de 2015, específicamente del Fondo de Servicios Públicos Municipales. Por lo que, su presentación es oportuna en la medida en que el acto impugnado es de carácter omisivo.

Además, tratándose de la impugnación de actos de naturaleza negativa si bien corresponde a la demandada acreditar que no existen las omisiones impugnadas, lo cierto es que cuando se ofrecen elementos de convicción para demostrar que sí se cumplió con la obligación respectiva, entonces, se revierte la carga probatoria y será la actora quien deberá desvirtuar tales pruebas, así como hacer valer lo que a su derecho convenga respecto de ellas, lo cual podrá llevar a cabo precisamente a través de la ampliación de demanda.

Lo cual pone de relieve que el aspecto de los hechos nuevos –los que se dieron a conocer al actor a través de la contestación– que permite ampliar la demanda al actor, lo es el conocimiento que se adquiere de ellos, mas no, por sí sola, la fecha en que nacieron o se generaron.

Tal circunstancia no libera de obligaciones procesales a los actores, pues éstos tendrán la carga de alegar y, en su caso, probar lo que a su interés convenga en relación con tales hechos nuevos, so pena de no desvirtuar su legalidad o, incluso, su inexistencia.

En consecuencia, sólo si el demandado demuestra que llevó a cabo el acto cuya omisión se le imputa y que tal circunstancia fue del conocimiento del actor antes de la presentación de la demanda de controversia constitucional, entonces, resultará inexistente el acto negativo impugnado y procederá sobreseer en el juicio por ese motivo.

De tal forma, el solo hecho consistente en que el Municipio actor supiera la fecha en que debían ministrarse los recursos correspondientes, no cambia la naturaleza del acto impugnado, ni genera que resulte inaplicable la regla general de plazo de impugnación tratándose de omisiones –que se puede promover en cualquier momento mientras subsista la abstención total–.

CUARTO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"...

"i). Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."

Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que la promueva, que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.

En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Víctor Pérez García, en su carácter de síndico municipal del Municipio de Zacapu, del Estado de Michoacán de Ocampo, quien acredita su personalidad con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento del Municipio actor, expedida el once de junio de dos mil quince, por el Instituto Electoral de Michoacán, de la que se advierte que el citado funcionario fue electo como síndico propietario,(7) para el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil quince al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.

Luego, el artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo(8) establece que los síndicos serán representantes del Municipio en los litig

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28966-145551e1/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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