I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAHUAYO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAHUAYO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y AMPAROS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULOS 47 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 3 Y 18, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 6, FRACCIÓN IV Y 11, FRACCIONES III Y VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES AL MUNICIPIO DE SAHUAYO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAHUAYO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAHUAYO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 171/2018. MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN. 6 DE MARZO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de marzo de dos mil diecinueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ma. Elena Manzo Ávalos, quien se ostentó como síndico municipal de Sahuayo, Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
• Del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán:
El haber determinado y ordenado al secretario de administración y finanzas del Estado de Michoacán de Ocampo, de manera unilateral, ilegal e inconstitucional, la retención de la cantidad de $6'468,128.00 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.) que por concepto de aportaciones estatales le corresponden al Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán, del ejercicio fiscal 2015, específicamente, del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales; ingresos que con anterioridad fueron legalmente autorizados por la Legislatura Estatal, sin existir facultades legales en la demanda, ni documento suscrito por el Ayuntamiento accionante, en el cual se autoricen las retenciones de mérito, transgrediendo con ello los principios de integridad de los recursos económicos municipales, la libre administración de la hacienda municipal y el ejercicio directo de los recursos municipales consagrados a favor del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Sahuayo, Michoacán, por el artículo 115 de la Carta Fundamental de la Nación.
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
Hechos:
1. Que el uno de julio de dos mil dieciocho resultó electa la compareciente como síndico del Ayuntamiento de Sahuayo y el cinco de julio de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal Electoral, dependiente del Instituto Estatal Electoral, le otorgó constancia de mayoría y validez de tal puesto de elección.
2. Dicho mandato popular fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el uno de septiembre de dos mil dieciocho todos los integrantes del Ayuntamiento tomaron posesión del cargo conferido.
3. En la entrega-recepción entre la administración pública municipal se advirtió que se les heredaba una deuda con proveedores de aproximadamente $7'000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.), sin explicar la causa o fundamento de dicho endeudamiento.
4. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal vigente en dicha entidad, se advierte que al síndico del Ayuntamiento le corresponde, entre otras funciones, la de coordinar la Comisión de Hacienda Pública Municipal y, por tanto, vigilar que se lleve a cabo el apoyo de participaciones, aportaciones y subsidios tanto estatales como federales.
5. Que desde el momento en que inició a ejercer su mandato analizó todos y cada uno de los ingresos que en vía de aportaciones le corresponden al Ayuntamiento, además de que investigó sobre el origen de la deuda pública heredada por la anterior administración, ya que los proveedores han estado requiriendo en la vía legal y extrajudicial el pago de adeudos que el Municipio tiene con ellos y que, por tal razón, el Municipio puede ser demandado por dichos proveedores.
6. Los proveedores en el tiempo en el que las autoridades han estado en funciones han requerido en la vía legal y extrajudicial el pago de los adeudos que el Municipio tiene con ellos.
7. El Municipio está por ser demandado por diversos proveedores y embargado por otros más, acciones que, de llegar a materializarse, dejarían al gobierno paralizado totalmente.
8. Las anteriores autoridades municipales le hicieron de su conocimiento que el adeudo no había sido generado por ellos, sino que se debió a que el Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán omitió llevar a cabo la entrega de la totalidad de los recursos que le correspondían al Municipio de Sahuayo desde el ejercicio fiscal de dos mil quince y correspondientes al Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales, omisión que se ha prolongado al día de hoy.
9. Al consultar el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, en específico el número 32 del tomo CLXI, décima sección, correspondiente al día treinta de enero de dos mil quince, el "Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cálculo, distribución y monto estimado del fondo estatal de los servicios públicos municipales, correspondiente a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2015" y que en la foja 4 se describe el monto que le corresponde al Municipio de Sahuayo, Michoacán, es decir, la cantidad de $6'468,128.00 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.) de los cuales se le han retenido inconstitucionalmente a dicho Municipio, hasta la fecha, un total de $6'468,128.00 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.), así como la forma y etapas de los pagos sin que de dicho documento se desprendan reglas claras de pago de las ministraciones en que se dividiría dicho fondo.
10. Que el secretario de Administración y Finanzas, vía telefónica, indicó que ya no se pagaría el fondo, porque el Gobierno del Estado no tenía dinero para solventar dicho adeudo y que entonces realizaran ajustes al presupuesto y recortaran programas.
11. Que después de realizar una revisión de los estados contables que se llevan en el Municipio, se concluyó que el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán ha omitido entregar a los Municipios el total del fondo acordado mediante decreto, además de que omitió emitir las reglas de operación de dicho fondo en la anualidad de dos mil quince.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, los siguientes:
Se vulnera lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, con el proceder, el órgano de gobierno demandado se transgrede en detrimento del Ayuntamiento Constitucional de Sahuayo, Michoacán, los principios de Municipio Libre, libre administración de la hacienda pública municipal y principio de integridad de los recursos económicos municipales, contemplados en el artículo 115 constitucional, ya que le han sido retenidos al Municipio los recursos económicos que le pertenecen vía aportaciones estatales, específicamente, del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales.
De acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán, los Municipios del Estado serán beneficiados con aportaciones que recibirán del Estado, de conformidad con las determinaciones que la Legislatura Estatal establezca.
La entidad federativa demandada, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, percibió de la Federación las participaciones que corresponden, entre otros, al Municipio actor para el ejercicio fiscal 2015, recursos que, de acuerdo con la Ley de Egresos Estatal, una parte de los mismos se destinaron al Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales, quedando el Poder Ejecutivo Estatal a partir de la fecha de aprobación del decreto (30 de enero de 2015), como simple tenedor de tales recursos y obligado a entregar a los mismos, de manera íntegra a los Municipios atendiendo a las especificaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal Estatal y los decretos de ingresos que establecen las participaciones federales, las aportaciones estatales y el Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales.
El Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán decidió, de manera unilateral, indebida e inconstitucional retener injustificadamente el fondo para el ejercicio fiscal 2015, sin que exista documento legal alguno que lo autorice
Aduce que del contenido de los artículos 6o., 36 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal se concluye que la autoridad demandada, es decir, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, al retener fondos, por los motivos que fueren, cuya entrega debía ser ágil y directa y, por tanto, se vulneró la autonomía financiera que el artículo 115 de la Constitución Federal garantiza a los Municipios mexicanos.
Así, una vez que se decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, se debe tener en cuenta que el artículo 115 constitucional garantiza a los Municipios su recepción puntual y efectiva, debido a que la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan, presupone que deben tener plena certeza acerca de los recursos de que disponen.
Por tanto, si la Federación y los Estados, al acordar la transferencia de ciertos recursos a los Municipios incumplieran o retardaran el compromiso sin mayores consecuencias, estarían privando a los Municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que las aportaciones, a diferencia de las participaciones, no queden comprendidas bajo el régimen de libre administración de la hacienda municipal.
Señala que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que tanto las participaciones como las aportaciones son recursos que ingresan en la hacienda municipal, pero que únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria, lo anterior con base en las tesis de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA." y "LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 298 DEL CONGRESO LOCAL, PUBLICADO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, QUE CONDICIONA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE FÓRMULAS, CONCERTACIONES Y ACUERDOS CON GRUPOS SOCIALES O CON PARTICULARES INTERESADOS, NO VIOLA DICHO RÉGIMEN."
Aduce que la presente controversia no puede quedar sin materia por estar el acto reclamado relacionado con recursos regidos por el principio de anualidad y que, del mismo modo en que el principio de anualidad que rige en materia impositiva, no es óbice para que la legislación fiscal establezca recargos para aquellos contribuyentes que incurran en mora a la hora de pagar sus impuestos, la vigencia estrictamente anual de las contribuciones de recursos correspondientes a las participaciones, aportaciones y subsidios, no hace desaparecer todas las consecuencias que el acto reclamado tuvo sobre el patrimonio del Ayuntamiento actor y del Poder Ejecutivo demandado.
En la presente controversia no se está en el caso de declarar la invalidez de las normas, sino lo que procede aplicar es la regla general expresada en el primer párrafo del artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia y precisar las acciones necesarias para resarcir al Ayuntamiento actor por los daños derivados de las retenciones de recursos que indebidamente sufrió.
Considera que se debe instruir al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán para que en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al en que sea notificada la resolución que se emita, reintegre al Municipio de Sahuayo, la cantidad de $6'468,128.00 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.) indebidamente retenida más el importe correspondiente a los intereses generados por el retraso en la entrega de tal cantidad aplicando la tasa de recargos establecida por el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones y atendiendo al plazo durante el cual efectuó la retención.
CUARTO.—Artículo constitucional señalado como violado. El precepto que la parte actora estima violado es el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 171/2018, y correspondió el turno al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor.(1)
Luego, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda, tuvo al Municipio actor señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, designando delegados y exhibiendo diversas documentales. Determinó como demandado al Poder Ejecutivo de Michoacán, ordenó que se le emplazara para que presentara su contestación y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; además, requirió al referido poder demandado para que, al rendir su contestación, remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con la omisión impugnada, y ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que expresara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. La subdirectora de asuntos constitucionales y amparos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo contestó la demanda de controversia constitucional;(2) sin embargo, en atención al sentido del fallo respecto de la legitimación pasiva, se hace innecesario sintetizar el escrito presentado por dicha autoridad.
SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.
OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se relacionaron las pruebas documentales que obran en el expediente, se admitieron las pruebas documentales ofrecidas durante la instrucción y se tuvieron por formulados los alegatos hechos valer por la síndica del Municipio de Sahuayo, Michoacán, y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Ministro presidente de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.
En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló como tales, la retención injustificada de todo el Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de 2015, específicamente, la omisión en la entrega de la cantidad de $6'468,128.00 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.). Además, reclama el pago de los intereses generados por la falta de entrega de dichos recursos.
Esta Primera Sala advierte que lo efectivamente impugnado es la omisión total de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor por concepto de participaciones de ingresos federales y estatales, específicamente, del Fondo Estatal de Servicios Públicos Municipales del ejercicio fiscal 2015 por un monto por la cantidad de $6'468,128.00 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.), de rubro Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales.
Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(3) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.—El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."
Esta Sala considera que el análisis de la existencia de los actos reclamados debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados debe atenderse al marco legal aplicable, además de que de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.
TERCERO.—Oportunidad. A continuación se determina que la controversia fue promovida en tiempo contra el acto impugnado, el cual, como se precisó en el considerando anterior, se trata de una omisión de pago de participaciones que corresponden al Municipio actor.
El Pleno de este Alto Tribunal ha establecido respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa –es decir, los que implican un no hacer– diversas directrices para proceder a su estudio.
En ese sentido, al resolver la controversia constitucional 3/97,(4) se destacó que, de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que, al referirse dichos numerales, en forma genérica, a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos –implican un hacer– como negativos –implican un no hacer u omisión–.
Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES.—De la lectura de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, se advierte que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y en el artículo 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos dispositivos en forma genérica a ‘actos’, debe entenderse que éstos pueden ser positivos, negativos y omisiones."(5)
Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió la diversa controversia constitucional 10/2001,(6) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.
De lo cual se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo entonces que la demanda pueda presentarse en cualquier momento, mientras que tal omisión persista.
La regla general de mérito se ve reflejada en la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.—El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."(7)
Cabe destacar que, para que se actualice la aplicación de la regla general de referencia, se requiere de la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no del solo incumplimiento parcial o de la mera infracción de alguna disposición legal, por ejemplo, la emisión de un oficio –acto positivo– que no cumpla con todos los requisitos previstos en las disposiciones conducentes.
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 66/2009, cuyos rubro y texto se transcriben:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.’, sostuvo que cuando en una controversia constitucional se reclamen omisiones, el plazo para promover la demanda es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada. Sin embargo, para que dicha norma de excepción creada por la jurisprudencia cobre aplicación, es menester que precisamente esa inactividad sea el motivo de la impugnación, de tal forma que la pretensión del actor sea que se llene un vacío legal o se materialice una obligación derivada de la ley, de manera que la sentencia que en su momento se dicte declare que la omisión de la demandada es contraria a las normas jurídicas aplicables, ante la evidencia de que no actuó como debía hacerlo; en la inteligencia de que no basta el incumplimiento de una norma general para que se actualice una omisión impugnable en esos términos, pues para ello es necesario que con ese proceder se produzca un vacío legal o bien la falta absoluta de actuación de la autoridad, ya que de otra forma cualquier infracción a la ley implicaría la omisión y, por tanto, dejar de hacer debidamente lo ordenado bastaría para que el actor pudiera reclamarla sin sujetarse a un plazo, lo cual no puede ser aceptable, por lo que en este supuesto deben regir las reglas previstas en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional."(8)
En consecuencia, sólo si el demandado demuestra que llevó a cabo el acto cuya omisión se le imputa y que tal circunstancia fue del conocimiento del actor antes de la presentación de la demanda de controversia constitucional, entonces, resultará inexistente el acto negativo impugnado y procederá sobreseer en el juicio por ese motivo.
Así, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia no establece plazo para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión; de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.
En la especie, se impugna la omisión total de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil quince en cantidad de $6'468,128.00 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.).
Por su parte, de las constancias que obran agregadas en autos(9) se advierte que a la fecha de presentación de la demanda, si bien se habían realizado ciertos pagos a la parte actora, lo cierto es que también se advierte que no se había efectuado el pago de la totalidad de lo adeudado.
En efecto, respecto de los meses que no se entregaron y por los cuales no se pagó totalmente, esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que tal como lo estableció el Pleno de este Alto Tribunal, el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.
Sin que el último pago efectuado al Municipio actor pueda ser considerado para efectuar el cómputo para la promoción del presente medio de control, pues mediante dicho pago la parte actora no podía tener conocimiento de la conducta omisiva del demandado; de ahí que se actualice la violación día a día mientras aquélla subsiste y, por tanto, la demanda se haya presentado de manera oportuna. Siendo una cuestión de fondo determinar los montos totales que corresponden al Municipio, pues tal circunstancia conlleva a un examen propio del fondo de la sentencia, con base en un estudio más detallado y apoyado en los elementos de prueba que se recaben durante el procedimiento.
CUARTO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
Por su parte, los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29164-1f12851c/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LOS RECESOS DE ÉSTE, TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER A JUICIO, (35)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL.- (63)
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