Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA REPRESENTAR AL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO Y EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE GARANTIZAN SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA. VI. PODERES JUDICIALES LOCALES. ASPECTOS QUE COMPRENDE LA ESTABILIDAD O SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRAN. VII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE RATIFICACIÓN O NO DE LOS MAGISTRADOS ES OBLIGATORIA Y DEBE REALIZARSE SIEMPRE POR ESCRITO DE MANERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. X. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, ASÍ COMO LA LEGISLACIÓN LOCAL, NO PREVÉN LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN EL CARGO DE MAGISTRADO CUANDO UN FUNCIONARIO ES NOMBRADO CONSEJERO DE AQUÉL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 137 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SOBRE LA REELECCIÓN DEL LICENCIADO ARMANDO PÉREZ GÁLVEZ COMO MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LA NOVENA SECCIÓN DEL TOMO CLXXII, EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). XI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EN NINGÚN CASO LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PUEDEN DURAR MÁS DE QUINCE AÑOS EN SU ENCARGO. XII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONFORMACIÓN DE SU CONSEJO. XIII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. LA INTERRUPCIÓN DEL PLAZO EN EL CARGO DE MAGISTRADO DE UN FUNCIONARIO QUE ES ELECTO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO CONSTITUYE UNA AFECTACIÓN EN PERJUICIO DE AQUEL PODER (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 137 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SOBRE LA REELECCIÓN DEL LICENCIADO ARMANDO PÉREZ GÁLVEZ COMO MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LA NOVENA SECCIÓN DEL TOMO CLXXII, EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE DEJE INSUBSISTENTE EL DECRETO IMPUGNADO Y DICTE OTRO EN EL QUE SE PRONUNCIE RESPECTO DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL MAGISTRADO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 137 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SOBRE LA REELECCIÓN DEL LICENCIADO ARMANDO PÉREZ GÁLVEZ COMO MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LA NOVENA SECCIÓN DEL TOMO CLXXII, EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 137 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SOBRE LA REELECCIÓN DEL LICENCIADO ARMANDO PÉREZ GÁLVEZ COMO MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LA NOVENA SECCIÓN DEL TOMO CLXXII, EL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 238/2019. · Registro digital (IUS): 29720
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-26
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Pág. 1314.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 238/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 13 DE FEBRERO DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y DE LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de febrero de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, Poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Héctor Octavio Morales Juárez, Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en representación del citado Poder, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Entidad, Poder u órgano demandado:

• Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo.

• Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.

Norma general o actos cuya invalidez se demanda:

"IV. Acto cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que se publicó: ‘Decreto Número 137, que contiene resolutivo sobre la reelección del licenciado Armando Pérez Gálvez como Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado’, tomado por el referido Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de mayo de 2019.—El dictamen de dicho decreto se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Michoacán (LXXIV Legislatura), Tercera Época, tomo I, 037A, 14 de mayo de 2019 (visible en la dirección de Internet http://congresomich.gob.mx/file/Gaceta-037-I-A-15-05-2019.pdf), al tenor literal siguiente:

(Transcribe el decreto) ..."

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

1. El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el siete de mayo de dos mil nueve, a través del Decreto Número 92, designó a Armando Pérez Gálvez como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, por el periodo constitucional de cinco años, desde ese día hasta el seis de mayo de dos mil catorce.

2. Previo dictamen de evaluación del desempeño del Magistrado, el Congreso, en virtud del Decreto 304 de fecha ocho de abril de dos mil catorce, resolvió reelegir por primera vez al Magistrado por un periodo de cinco años, es decir, hasta el seis de mayo de dos mil diecinueve.

3. En sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia eligió a Armando Pérez Gálvez como Magistrado consejero del Poder Judicial de la entidad federativa, a partir del ocho de mayo de dos mil quince y por un periodo de cinco años, para concluir el siete de mayo de dos mil veinte.

4. El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, en sesión de siete de noviembre de dos mil dieciocho, determinó iniciar el procedimiento para evaluar el desempeño ético y profesional del Magistrado Armando Pérez Gálvez por el tercer y último periodos constitucionales, del cual, el treinta de enero de dos mil diecinueve, concluyó que resultó positivo el resultado de la evaluación ética y profesional del Magistrado para efectos de reelección en su cargo. Consecuentemente, mediante oficio número PCPJ/3/2019 se remitió el expediente al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para decidir sobre la ratificación o no del Magistrado.

5. El catorce de mayo de dos mil diecinueve, el Congreso del Estado emitió el Decreto Legislativo Número 137, en el que determinó que no era procedente dictaminar sobre la ratificación del Magistrado, pues no se cumplía con el requisito relativo a la temporalidad en el ejercicio del cargo, es decir, que el servidor público desempeñara la respectiva función jurisdiccional durante los cinco años que fue reelecto.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora, en sus conceptos de invalidez esgrimió, en síntesis, lo siguiente:

"Primero. El Congreso Estatal, sin fundamento amplió el plazo para que un Magistrado ocupe el cargo por más de quince años, lo cual implica una transgresión a la autonomía e independencia del Poder Judicial y, por ende, una afectación al principio de división de poderes, ello, conforme a los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal.

"Conforme a los criterios de este Alto Tribunal y el propio artículo 116 citado, el Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo tiene atribuciones que constituyen un régimen constitucional, así, como institución no puede ser inhabilitada o inferida en las atribuciones que el Poder Reformador de la Constitución le ha conferido.

"Segundo. El acto impugnado es inconstitucional al transgredir las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo (sic) 14 y 16 del Pacto Federal, pues las autoridades sólo podrán actuar cuando la ley se los permita, así, el Congreso de Michoacán de Ocampo no tiene facultades para decretar la suspensión o interrupción del tiempo en que el Magistrado se ha desempeñado como consejero y, por ende, no contabilizarlo dentro del ejercicio de su segundo periodo constitucional como Magistrado.

"Tercero. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia los dictámenes legislativos que decidan sobre la ratificación o no de Magistrados de los Poderes Judiciales Locales son actos que, aunque no estén formalmente dirigidos a los ciudadanos, tiene (sic) una trascendencia mayor, pues la sociedad es destinataria de la garantía de acceso jurisdiccional. Por ello, se debe revisar si la autoridad respetó todos y cada uno de los pasos fundamentales aplicables a su actuación, y, en caso de no existir procedimiento para ello, respetar los principios consagrados en el artículo 116, fracción III.

"La exigencia de una motivación por el Legislativo en sus dictámenes parte de la idea de que, si bien en principio goza de un amplio margen de discrecionalidad, dicha amplitud se ve reducida cuando interviene en la integración de otro Poder.

"La Constitución Local no prevé que haya una suspensión del plazo como Magistrado por haber sido nombrado consejero, por lo tanto no podría haber decidido dicha suspensión, además, fue omiso en considerar el dictamen de evaluación del Magistrado.

"Cuarto. De la legislación local aplicable al procedimiento de reelección, no se prevé la hipótesis que lleve a considerar que el Magistrado electo como consejero, por el hecho de separarse de la titularidad de la Sala, se aparta del cargo y función de Magistrado al integrar aquel órgano administrativo. Además, el cargo de Magistrado es anterior al cargo de consejero y resulta ser un requisito indispensable para poder ser electo como consejero.

"Quinto. Es inconstitucional porque la interpretación realizada por el Congreso sobre los aspectos considerados para la reelección de un Magistrado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán de Ocampo es violatoria a los (sic) artículos 14 y 16 constitucionales, pues de ningún modo se desprende que el actuar de un Magistrado esté limitado a funciones estrictamente jurisdiccionales.

"Por otro lado, las funciones que tiene a su cargo como consejero del Poder Judicial sí permite que existan parámetros objetivos para analizar su desempeño y poder determinar si el evaluado se condujo con honorabilidad, profesionalismo, objetividad e imparcialidad.

"Sexto. Arguye que, el haber sido nombrado consejero conllevó indefectiblemente a dejar su función como titular de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia al que estaba adscrito, pero en modo alguno suspende la función intrínseca como Magistrado al habérsele nombrado consejero, pues éste derivó de la condición de aquél.

"Séptimo. Resulta inconstitucional concluir que no es factible someter a un consejero del Poder Judicial, electo por los Magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia a un procedimiento de desempeño ético y profesional, pues sí existen bases objetivas para analizar su desempeño.

"Octavo. El Congreso del Estado, al prever que el plazo por el que fue reelecto el Magistrado se debe de (sic) entender como interrumpido a partir de la fecha de su designación como consejero, inobservó que de acuerdo al artículo 77 de la Constitución del Estado, los Magistrados tendrán un periodo máximo de quince años y, al término de ese periodo, cesarán en sus funciones, vulnerando así el artículo 116, fracción III, del Pacto Federal. Sustenta su dicho en la jurisprudencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal de título y subtítulo: ‘MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA DURACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO ES POR UN PERIODO DE 15 AÑOS IMPRORROGABLES.’

"Noveno. También se vulneró el derecho de certeza jurídica, en razón de que la facultad para pronunciarse sobre la reelección o no de un Magistrado debe sujetarse a la temporalidad de noventa días anteriores a que concluya el periodo de elección del Magistrado, siendo que el periodo del servidor público concluía el día seis de mayo de dos mil diecinueve, mientras que el decreto del Congreso fue emitido hasta el día catorce de mayo del mismo año.

"Así, al haberse emitido posterior a la conclusión de su periodo, de manera excepcional se tuvo que entender como tácitamente reelecto en su puesto, ello de conformidad con las jurisprudencias del Pleno de esta Suprema Corte de título y subtítulo: ‘MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA. SU RATIFICACIÓN TÁCITA OPERA SI AL TÉRMINO DEL PERIODO DE SEIS AÑOS PREVISTO PARA LA DURACIÓN DEL CARGO, NO SE HA EMITIDO DICTAMEN DE EVALUACIÓN QUE CONCLUYA CON LA DETERMINACIÓN DE QUE NO DEBAN SER REELECTOS.’; ‘MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE SU RATIFICACIÓN TÁCITA.’ y ‘MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI AL CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS CONTINÚAN EN EL EJERCICIO DEL CARGO TRANSCURRIENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER LA INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU NO REELECCIÓN, DEBE ENTENDERSE QUE ADEMÁS DE HABER SIDO REELECTOS TÁCITAMENTE, ALCANZARON ESA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).’

"Décimo. No obstante que feneció el término del Congreso para pronunciarse sobre la ratificación del Magistrado, emitió el dictamen en el que considera que le es imposible determinar la reelección del Magistrado, sin embargo, ya había comenzado, por la omisión de emitir a tiempo el dictamen, el último periodo del Magistrado, así es jurídicamente inviable suspender algo que, por el simple transcurso del tiempo, ya había sucedido, razón por la cual transgrede los principios de seguridad y certeza jurídica.

"Décimo primero. El Congreso también vulnera la expectativa legítima del derecho de los Jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo para aspirar al cargo de Magistrado.

"Décimo segundo. En el caso, se incumplió con el mandato constitucional de la debida justificación del dictamen legislativo, puesto que no existe norma en la Constitución Federal ni Local que lo faculte a decretar la interrupción o suspensión del periodo de cinco años de un Magistrado, pretextando el no ejercer funciones jurisdiccionales, sino administrativas al ocupar el encargado de consejero, pues lo correcto es que la ratificación del encargo de Magistrado se entiende referida a su actuación en el periodo constitucional del ejercicio, sin que la Constitución distinga si ese ejercicio es en funciones solamente jurisdiccionales.

"Décimo tercero. Se distorsiona la institución de Magistrado consejero, pues fue electo por sus pares para tal cargo, sin embargo, el Congreso, en franca violación a la Constitución Local, trastoca la independencia del Poder Judicial Local al imponer a una persona como consejero y representante de los Magistrados sin que siga ocupando tal cargo.

"Además, inhabilitó al Consejo del Poder Judicial, pues precisamente al tener en cuenta la fecha de seis de mayo de dos mil diecinueve, instruyó el procedimiento relativo a la reelección del Magistrado para un tercer y último periodos para desempeñar su cargo. Al establecer el órgano legislativo que no procedía la reelección, obstaculiza el desempeño de las funciones del consejo previstas en su Constitución."

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 1o., 14, 16 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 238/2019; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(1)

Luego, mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar como demandado al Poder Ejecutivo del Estado Michoacán de Ocampo para que formulara su contestación. Además, requirió a los referidos Poderes demandados, para que al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. José Antonio Salas Valencia, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:

En lo referente al capítulo de los hechos en la demanda:

"• Respecto (sic) los hechos marcados como uno, dos y cinco, son ciertos.

"• Los hechos numerados como tres y cuatro, si bien no son hechos propios, se reconocen como ciertos.

"Posteriormente, en la contestación a los conceptos de invalidez, el Poder Legislativo arguye lo siguiente:

"En relación con el primer concepto de invalidez, señala que al contrario de lo señalado por el Poder actor, no existe una afectación a los principios de autonomía e independencia judiciales, ni contravienen o interfieren con la esfera competencial del Poder Judicial del Estado.

"El hecho de que el Congreso considerara que se tenía que abstener de acordar la reelección del Magistrado por no cumplir el requisito de temporalidad no contraviene el orden jurídico, sino que al contrario, lo cumple.

"Sostiene que, para garantizar dicha independencia judicial, la materia de la calificación de desempeño que realice el propio Poder Judicial sobre los Magistrados para su reelección debe ser en funciones materialmente jurisdiccionales que competen a su cargo, por lo que no basta con que simplemente transcurra el tiempo por el que se confirió su nombramiento, sino que en dicho lapso debe cumplir con las funciones y atribuciones inherentes a él.

"El dictamen que emitió el Consejo del Poder Judicial Local solamente es de carácter propositivo y no resulta vinculatorio ni obligatorio para el Poder Legislativo.

"Afirma que el acto impugnado en ningún momento coloca al Poder Judicial en un estado de dependencia o subordinación frente al Congreso, sino que se coloca en un punto de colaboración, lo cual es jurídica y constitucionalmente válido.

"Entonces, al no existir transgresión al principio de división de poderes ni afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial, se actualiza de manera manifiesta la improcedencia de la controversia constitucional planteada, lo cual deberá concluirse al efectuar el correspondiente análisis de fondo, pues no hay ningún tipo de perjuicio formal o material al Poder Judicial actor.

"Al segundo concepto de invalidez, señala que la facultad de determinar la interrupción o suspensión de un cargo que alega el Poder Judicial que el Congreso no cuenta es erróneo, toda vez que se trata de una facultad implícita para poder llevar a cabo correctamente las determinaciones respecto de los Magistrados del Supremo Tribunal, además, si es que tiene la facultad para nombrar y remover, por mayoría de razón, al ser dichas facultades de mayor grado, podrá decidir respecto de las situaciones de interrupción o suspensión.

"En cuanto al tercer concepto de invalidez, menciona que el acto impugnado no es un dictamen que formal ni materialmente determine sobre la reelección o no del Magistrado, pues en términos estrictos, no contiene la decisión soberana del Congreso de reelegir al Magistrado, sino que se refiere a la imposibilidad de emitir una determinación de fondo sobre dicha cuestión.

"En la contestación al cuarto concepto de invalidez, arguye que, de una interpretación gramatical, sistemática y teleológica del texto de la Constitución Federal, la Local y de otras entidades federativas, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán de Ocampo, se puede concluir que los puestos de Magistrado y consejero, por sus funciones y por los órganos de los que forman parte, existe una separación formal y material, contrario a lo que menciona el Poder actor, pues no se encuentran unidas dichas funciones, teniendo incluso prohibición de representar al Poder que los elige.

"Además, los Jueces y Magistrados no acceden solamente al cargo de consejeros por parte del Poder Judicial, sino que pueden ser propuestos por el Ejecutivo o el Legislativo, como ya ha ocurrido anteriormente en la entidad, así que no es requisito sine qua non ser Magistrado para poder ser consejero.

"En relación al quinto concepto de invalidez, el Congreso señala que es incorrecta la argumentación que realiza el Poder Judicial, pues el Congreso en ningún momento se pronunció en su dictamen sobre si era correcta o no la evaluación que realizó el Poder Judicial respecto del desempeño ético y profesional del consejero.

"De todas formas, ad cautelam, señala que no es correcto haber realizado la evaluación sobre la base de sus actividades administrativas, cuando lo correcto es que fuesen sobre las jurisdiccionales, pues sobre éstas es donde cobra relevancia la evaluación.

"Al sexto concepto de invalidez, considera que el Poder actor es reiterativo de otros conceptos de invalidez al afirmar nuevamente que el cargo de consejero descansa en el de Magistrado, cuestión que ya fue contestada anteriormente. Precisa aparte que la separación del Magistrado de la Tercera Sala Penal sí implica que dejase de ejercer funciones jurisdiccionales que legalmente le competen, así como integrante del Pleno del Supremo Tribunal, por lo cual cesa su carácter de Magistrado.

"Al séptimo concepto de invalidez, menciona que vuelve a ser reiterativo el Poder actor en cuanto a su argumento de la imposibilidad de someter a un consejero electo por los Magistrados a un procedimiento de evaluación por considerar que existen factores fijados en ley para tales efectos, a los cuales ya se les dio respuesta.

"Argumentando igualmente que, aunque el actor menciona que lo correcto es que, en dado caso para suspender del cargo al Magistrado, debía haber otorgado una licencia, al respecto, menciona que, al no haberse iniciado un procedimiento para privar al Magistrado de su cargo por estar en otro diverso, operó una licencia de naturaleza tácita. Además, se nombró a un Magistrado de manera temporal a la Tercera Sala Penal, por el tiempo que durara en su cargo como consejero el Magistrado Armando Pérez Gálvez.

"En cuanto al octavo concepto de invalidez, alega nuevamente la supuesta inconstitucionalidad de la prorroga o extensión del cargo de Magistrado, ahora sustentado en que evita la diversidad y renovación de criterios en beneficio de la administración de justicia, a lo cual contesta, sin embargo, en el cargo de consejero tiene funciones administrativas y no jurisdiccionales, por lo cual no resulta aplicable dicho argumento.

"En relación al noveno concepto de invalidez, respecto de que el decreto se emitió ocho días después de que concluyera el plazo para la reelección, lo cual resulta desacertado pues el decreto no se emitió a efecto de decidir la reelección o no del Magistrado, sino que se consideró que faltaba el requisito de temporalidad para la reelección del Magistrado, pues no se encontraba en sus funciones jurisdiccionales.

"Al décimo concepto de invalidez contesta que se trata de una reiteración del concepto de invalidez anterior, precisando que es incorrecto que el Poder actor señale que era inviable "suspender" al Magistrado porque ya había iniciado su tercer periodo de manera tácita, a lo cual reitera que el decreto no toca dicho tema, sino que sólo se limita a lo relativo de la falta de temporalidad para decidir sobre la reelección.

"En la contestación al décimo primer concepto de invalidez, en relación con la expectativa de los Jueces de primera instancia para aspirar al cargo de Magistrado, hace hincapié en que tal alegato descansa sobre los intereses individuales de cada uno de los servidores públicos, siendo que la controversia constitucional no es la vía para reclamar su protección.

"Por otro lado, tampoco se pretende dar un trato diferenciado frente a los demás Magistrados que no hayan sido electos consejeros, pues todos ellos habrán de ser evaluados en los mismos términos y en el caso que sean electos, se les aplicará el mismo criterio.

"Al décimo segundo concepto de invalidez, alega que reitera y replantea diversos argumentos, sin que agregue cuestiones novedosas, por lo cual se limita a igualmente reiterar a las contestaciones de los conceptos de invalidez anteriores.

"Por último, al décimo tercer concepto de invalidez, menciona que el Poder actor se duele de la supuesta transgresión del principio funcional de división de poderes, pues el actuar del Congreso vulnera su independencia al no respetar el establecimiento de una carrera judicial y las expectativas de progreso de sus miembros, basándose nuevamente en la categoría de ‘Magistrado consejero’ a lo cual contesta que dicho cargo no está reconocido formalmente en ninguna ley, sino que siempre se encuentran de manera separada y diferenciada los cargos de Magistrado y de consejero.

"Además, fue el mismo Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien nombró al Magistrado Pérez Gálvez como consejero, por lo cual nunca hubo invasión a la independencia judicial."

SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. Eduardo León Rodríguez, director de asuntos constitucionales y legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, dio contestación a la demanda y manifestó lo siguiente:

"En cuanto a los hechos narrados como antecedentes por la parte actora, mencionó que no son hechos propios del ejecutivo, por tanto, no los negó ni afirmó.

"Por otro lado, en cuanto a los conceptos de invalidez del Poder Judicial actor, señala que ninguno de ellos va enderezado a controvertir acto alguno del Poder Ejecutivo, sino que de la demanda sólo se observa que impugna la publicación y promulgación en el Periódico Oficial del decreto del Poder Legislativo de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pero que dicho decreto fue publicado y promulgado conforme a las facultades y obligaciones constitucionales que tiene a su cargo."

OCTAVO.—Opinión del fiscal general de la República y de la Consejería Jurídica Federal. Tanto el fiscal general de la República y la Consejería Jurídica Federal, a pesar de haber sido notificados correctamente, se abstuvieron de formular pedimento.

NOVENO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el día treinta de septiembre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, con relación a los alegatos, se indicó que únicamente el Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo formuló alegatos; por último, se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Ministro presidente de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concretos y específicamente reclamados por el Poder Judicial actor.

A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.

En el apartado denominado acto cuya invalidez se demanda, señaló como tal el siguiente:

"IV. Acto cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que se publicó: ‘Decreto Número 137, que contiene resolutivo sobre la reelección del licenciado Armando Pérez Gálvez como Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado’, tomado por el referido Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de mayo de 2019.—El dictamen de dicho decreto se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Michoacán (LXXIV Legislatura), Tercera Época, tomo I, 037A, 14 de mayo de 2019 (visible en la dirección de Internet http://congresomich.gob.mx/file/Gaceta-037-I-A-15-05-2019.pdf), al tenor literal siguiente: (se transcribe).—En tanto que, los puntos resolutivos de dicho decreto se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 22 de mayo de 2019 (novena sección), conforme al siguiente texto (anexo 5): (se transcribe decreto)."

De lo anterior transcrito y de los conceptos de invalidez de la parte actora, se puede afirmar que el Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo efectivamente impugna:

• El Decreto Número 137 del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por el que se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que contiene resolutivo sobre la reelección del licenciado Armando Pérez Gálvez como Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, elaborado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, el cual resolvió que no había lugar a determinar sobre la reelección del citado Magistrado, toda vez que no ejerció su función jurisdiccional durante la totalidad de los cinco años para el cual fue reelegido, en virtud de que el ocho de mayo de dos mil quince comenzó a fungir como consejero del Poder Judicial de la entidad y, por tanto, el cómputo del plazo se interrumpió a partir de su designación como consejero.

En consecuencia, el acto impugnado que se precisa en este apartado será el que se estudiará a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(2) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."

TERCERO.—Oportunidad. A continuación se determinará si la controversia fue promovida en tiempo contra el acto impugnado.

De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(3) tratándose de actos, el plazo para la promoción de controversias constitucionales será de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso, el Decreto Número 137 del Congreso de Michoacán de Ocampo de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, que es combatido, fue notificado al preside

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29720-e9e7fec6/i-controversia-constitucional-el-magistrado-presidente-del-supremo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.