I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AQUILA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AQUILA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AQUILA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES AL MUNICIPIO DE AQUILA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AQUILA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DE PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE AQUILA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 217/2017. MUNICIPIO DE AQUILA, ESTADO DE MICHOACÁN. 3 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de octubre de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de julio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Municipio de Aquila, Estado de Michoacán de Ocampo, por conducto de Italo Serrano Papa, quien se ostentó como síndico, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de dicha entidad en la que solicitó la invalidez de la omisión de entregar la cantidad de $2'156,656.00 (dos millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100), por concepto de Fondo de Servicios Públicos Municipales del ejercicio fiscal 2015.
SEGUNDO.—Hechos narrados en la demanda. El Municipio actor señaló como antecedentes de los actos cuya invalidez reclama:
1. El siete de junio de dos mil quince, fueron elegidos los integrantes del Ayuntamiento de Aquila, Estado de Michoacán, y el once siguiente el Instituto Electoral Local expidió la constancia de mayoría y validez respectiva en favor de sus integrantes, quienes tomaron protesta del cargo el primero de septiembre del mismo año.
2. Con motivo del procedimiento de entrega recepción de la Administración Pública Municipal, se tuvo conocimiento de una deuda con proveedores de aproximadamente $2'038,000.00 (dos millones treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).
3. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo conocimiento de que dicha deuda tenía como origen la omisión del Gobierno Estatal de entregar la cantidad de $2'156,656.00 (dos millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de Fondo de Servicios Públicos Municipales del ejercicio fiscal 2015.
4. Conforme al "Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cálculo, distribución y monto estimado del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales, correspondiente a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2015", al Municipio actor le correspondía la cantidad de $2'898,617.00 (dos millones ochocientos noventa y ocho mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), y a la fecha se encuentra pendiente de pago la cantidad de $2'156,656.00 (dos millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).
5. El diecisiete de junio de dos mil diecisiete, el Municipio solicitó el pago de dicho adeudo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, sin haber recibido respuesta.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En el escrito de controversia constitucional el Municipio actor hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
1. El acto impugnado transgrede el contenido normativo de los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 115 de la Constitución General, así como el principio de libre administración de la hacienda pública municipal.
2. El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo recibió de la Federación las participaciones que corresponden al Municipio actor para el ejercicio fiscal dos mil quince y las retuvo de manera injustificada.
3. No existe precepto alguno que autorice a la autoridad demandada a retener los recursos que corresponden al Municipio ni obligación a cargo del Municipio actor que justifique o autorice llevar a cabo descuento alguno. Menos existe autorización del Cabildo para llevar a cabo lo anterior, ratificada ante el Congreso Local.
4. Conforme al artículo 115, fracciones III y IV, de la Constitución General, el Municipio es el único ente facultado para ejercer los recursos de la hacienda municipal.
5. El artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que prevé que el retraso en el pago de las participaciones federales a los Municipios dará lugar al pago de intereses.
6. De los artículos 36, 37, 38 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se desprende que el retraso en la entrega de los recursos amerita el pago de intereses.
7. Si bien dicha ley no establece el pago de recargos para el retraso en la entrega del fondo impugnado, una interpretación sistemática obliga a concluir que así debe ser.
8. La retención impugnada vulneró la Ley de Coordinación Fiscal y la autonomía financiera del Municipio actor, en relación con el artículo 115 constitucional.
9. Se hizo referencia a la controversia constitucional 19/2001.
10. La controversia constitucional no puede quedar sin materia por el principio de anualidad que rige en materia impositiva, pues la vigencia estrictamente anual de la distribución de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no hace desaparecer las consecuencias que el acto reclamado tuvo sobre el patrimonio del Ayuntamiento actor y del Poder Ejecutivo demandado.
11. Se citan las fracciones IV, V y VI del artículo 41 y el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia.
CUARTO.—Preceptos constitucionales que el actor aduce violados. El Municipio actor estima que el acto impugnado transgrede el contenido del 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente en el número 217/2017, y designó como instructor al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
SEXTO.—Admisión. Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, se tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, y se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación corresponda.
SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correos de México, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo dio contestación a la demanda presentada en su contra.
En la contestación de demanda, el Poder Ejecutivo manifestó que la cantidad pendiente por liquidar al Municipio actor asciende a $1'819,049.00 (un millón ochocientos diecinueve mil cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).
OCTAVO.—Opinión del procurador general de la República. La procuradora general de la República se abstuvo de formular opinión en el presente asunto.
NOVENO.—Alegatos y ofrecimiento de pruebas. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio actor formuló alegatos.
DÉCIMO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, cierre de la instrucción y radicación. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
DÉCIMO PRIMERO.—Radicación en Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) 1o. de la ley reglamentaria de la materia,(3) en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Aquila, Estado de Michoacán y el Poder Ejecutivo de la misma entidad en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación activa. En términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio de Aquila está legitimado para promover el presente medio de control constitucional.
En términos del primero y segundo párrafos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(5) los entes legitimados deben comparecer por medio de las personas que estén legalmente facultadas para representarlos. El síndico municipal que promueve en nombre del Municipio demostró tener tal carácter mediante constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento, expedida por el Instituto Electoral de Michoacán el once de junio de dos mil quince(6) y contar con facultades suficientes para representarlo en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.(7)
En consecuencia, el Municipio actor cuenta con legitimación activa y quien promueve a su nombre cuenta con la representación legal de dicho órgano.
TERCERO.—Legitimación pasiva. Mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo, mismo que tiene legitimación pasiva en este medio de control constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General.
En términos del segundo párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, los entes legitimados deben comparecer por medio de las personas que estén legalmente facultadas para representarlos. El representante del Poder Ejecutivo, Eduardo León Rodríguez, demostró su carácter de director de Asuntos Constitucionales y Legales con el nombramiento expedido por el secretario de Gobierno del Estado el quince de octubre de dos mil quince,(8) y contar con facultades suficientes en términos de los artículos 18, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,(9) así como de los numerales 2, 4, fracción II, 6, fracción IV, y 11, fracción VI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.(10)
Consecuentemente, el Poder Ejecutivo Local cuenta con legitimación activa y quien promueve a su nombre cuenta con la representación legal de dicho Poder.
CUARTO.—Precisión de la litis. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, procede ahora determinar los actos impugnados respecto de los que versa la impugnación en la presente controversia constitucional.
Si bien el Municipio actor se refirió en su demanda a retención y omisión, de la lectura integral de la demanda, se entiende que el acto impugnado es la omisión de pagar la cantidad de $2'156,656.00 (dos millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto del Fondo de Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal dos mil quince. Además, reclama el pago de los intereses generados por la falta de entrega de dichos recursos. Sobre este punto, cabe señalar que el Municipio no precisó a qué meses corresponde dicho adeudo. En similares términos se resolvió la controversia constitucional 73/2015.(11)
Esta Sala considera que el análisis de la existencia de los actos reclamados debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados, debe atenderse al marco legal aplicable, además de que de ser cierta la falta de pago, ello por sí sólo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.
QUINTO.—Oportunidad. El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia(12) establece que el plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional, cuando se impugnen actos, será de treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Sin embargo, respecto de actos de carácter omisivo, la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional. Estos actos, por su naturaleza, son aquellos que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando así una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el omiso. La situación permanente se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad; dando lugar así a consecuencias jurídicas que día a día se actualizan. Esta peculiaridad que conllevan las omisiones conduce a que, en la generalidad de los casos, y dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para la impugnación de las mismas también se actualice día a día, permitiendo entonces en cada una de esas actualizaciones la impugnación de la constitucionalidad de dicho no actuar de la autoridad. En vista de lo anterior, es de concluirse que, en tratándose de la impugnación de omisiones, la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento mientras ésta subsista, por lo que la demanda será oportuna, igualmente, mientras ésta subsista.(13)
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor reclama la omisión de pago del Fondo de Estatal de los Servicios Municipales correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil quince en cantidad de $2'156,656.00 (dos millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). Por tanto, la presente controversia constitucional es oportuna.
En similares términos se resolvió la controversia constitucional 73/2015.(14)
SEXTO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo Local no hizo valer causas de improcedencia en su contestación, ni esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto.
SÉPTIMO.—Estudio de fondo. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que es fundado el concepto de invalidez que hace valer el Municipio actor respecto de la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Municipales correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil quince, en virtud de las siguientes consideraciones y fundamentos.
El Municipio actor señala, esencialmente, que la autoridad demandada violó el artículo 115 de la Constitución General, porque omitió cubrirle la totalidad de las aportaciones estatales a las que tenía derecho, según lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.(15)
Pues bien, a fin de analizar la impugnación planteada, en este caso es necesario retomar los precedentes que han resuelto tanto el Tribunal Pleno como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de hacienda municipal.(16) De especial relevancia es el precedente, controversia constitucional 73/2015,(17) en el que se declaró la inconstitucionalidad de la omisión de pago al Municipio Zitácuaro, Estado de Michoacán de Ocampo, del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal dos mil quince.
Al respecto, se ha sostenido que la fracción IV del artículo 115 constitucional establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. En dichas previsiones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente, a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve–, para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional, por lo que el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal. Todo esto se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(18)
Así, en el aspecto que nos ocupa, se ha señalado lo siguiente:
a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.
b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal, a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que por desconocimiento u otra razón los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.
c) Este principio de libre administración de la hacienda municipal rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(19)
d) Se ha dicho, básicamente, que tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria.
e) Las aportaciones federales son recursos preetiquetados que no pueden ser destinados a otro tipo de gasto más que el indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, aunque esto último no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una preetiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(20)
f) Esto último se ha entendido como el principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos que integran la hacienda municipal, inclusive los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria –como las aportaciones federales–, deben ejercerse en forma directa por los Ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley.(21)
g) Derivado de la finalidad constitucional del principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales destinados a los Municipios,(22) el cual consiste, básicamente, en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos, por lo que la entrega extemporánea genera en su favor el pago de los intereses correspondientes.
h) El artículo 115, fracción IV, inciso b), establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. En ese sentido, es claro que la demora en el pago le ocasiona daños y/o perjuicios al Municipio. De ahí el principio jurídico de que quien incurre en mora debitoria está obligado a pagar intereses.(23)
Por su parte, el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que:(24)
a) La Federación deberá entregar las participaciones que les correspondan a los Municipios por conducto de los Estados.
b) Dicha entrega deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba.
c) El retraso en las entregas de tales participaciones dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones.
d) En caso de incumplimiento por parte de los Estados, la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto correspondiente, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
e) Las participaciones deben cubrirse en efectivo, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o. de la propia Ley de Coordinación Fiscal.
f) Las entidades federativas, a más tardar el quince de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del Gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
g) El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en el inciso anterior será sancionado en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Ahora bien, la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 9o., señala que las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables, y que no podrán afectarse a fines específicos, ni retenerse, salvo las correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal, y a los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I, las que podrán afectarse para el pago de obligaciones contraídas, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional y de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.(25)
Cabe señalar que, si bien el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal prevé la posibilidad para que previa autorización de las Legislaturas Locales puedan afectarse las participaciones correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal, y a los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I, de la misma ley, esta afectación aplica únicamente a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, y de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, por lo que, en el caso, no resulta aplicable.
Por su parte, el Poder Reformador del Estado de Michoacán ha sido congruente con lo previsto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, pues en los artículos 15 y 111(26) de la Constitución de la entidad, se prevé que el Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Asimismo, en el artículo 123 de la Constitución Local, se establecen como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos y de los Consejos Municipales:(27)
a) Los Ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor.
b) Percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
c) Las participaciones federales y estatales, que serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente apruebe el Congreso del Estado conforme a los criterios que el mismo determine.
d) Así como los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
e) No se establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de los incisos b) y d) en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
f) Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.
g) Proponer al Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables e impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
h) Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad con lo dispuesto en la ley. Entregar al Congreso del Estado los informes trimestrales del ejercicio dentro de un plazo de treinta días naturales después de concluido el trimestre. La cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente.
i) Cada Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del Municipio o de las entidades paramunicipales que cuentan con la garantía del Municipio o del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y aquellas que se deriven de contratos de proyectos para prestación de servicios aprobados conforme a las leyes aplicables.
Asimismo, y en términos similares a lo regulado por la Ley de Coordinación Fiscal, los artículos 2o., 3o. y 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo(28) disponen que:
a) Los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, percibirán, por conducto del Gobierno del Estado, los ingresos por concepto de participaciones en los impuestos federales y en los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, de conformidad con lo establecido por los artículos 2o., 2o.-A, fracción III, 3o.-A, 4o., 4o.-A y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como de la recaudación del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, conforme a lo dispuesto por los artículos 5 y 17, respectivamente, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo.
b) Con el monto de las participaciones que correspondan a los Municipios del Estado, conforme a las disposiciones a que se refiere el artículo anterior, se constituirán el Fondo Participable, el Fondo de Gasolinas y Diésel y el Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, con el equivalente a las proporciones ahí descritas para cada fondo.
c) Las participaciones que correspondan a los Municipios serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno, no serán embargables; no podrán afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por éstos y sus organismos descentralizados, con garantía de las mismas previo acuerdo de Cabildo y autorización del Congreso del Estado, en los términos del mecanismo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, a favor de las instituciones de crédito o personas otorgantes de los créditos de que se trate.
d) Asimismo, serán objeto de retención para el pago de obligaciones a cargo de los Municipios y/o de sus organismos a favor del Gobierno del Estado o de la Federación, cuando así se establezca en el acuerdo de Cabildo correspondiente.
Precisado lo anterior, analizaremos el argumento de invalidez planteado en la demanda para determinar si la omisión impugnada resulta contraria o no, a los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria, e integridad de los recursos municipales, contenidos en el artículo 115 de la Constitución General.
El Municipio actor indica que existe un adeudo en cantidad de $2'156,656.00 (dos millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis 00/100 pesos M.N.), correspondientes al Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal dos mil quince.
Del "Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cálculo, distribución y monto estimado del Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Municipales, corresp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28965-ba5e2ed8/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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