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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL MAGISTRADO PRESIDENTE PARA REPRESENTAR AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS CONSTANCIAS PARA ACREDITAR SU PERSONALIDAD. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (SENTENCIA DICTADA EL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO JDC/136/2016, ASÍ COMO EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE DICTADO POR EL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD, MEDIANTE EL CUAL SE DIO INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE MANDATO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA EL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIRIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO JDC/136/2016.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 176/2018. · Registro digital (IUS): 200587
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 176/2018. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, ESTADO DE OAXACA. 12 DE JUNIO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ. COLABORÓ: KITHZAIM JOSÉ RUIZ SANTIAGO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día doce de junio de dos mil diecinueve.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Demetrio Llano Hernández, en su carácter de síndico del Municipio de San José Independencia, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y los actos que a continuación se indican:(1)

ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO.

a) Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; y

b) Congreso del Estado de Oaxaca.

NORMA GENERAL O ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.

Del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, se demanda la invalidez de:

a) La determinación por el (sic) cual el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca asume como su competencia el reclamo de prestaciones y diversas compensaciones municipales como un derecho político electoral o derecho político, a pesar de que los reclamantes del juicio electoral han culminado su periodo para el que fueron electos.

b) Como consecuencia de la anterior determinación, reclama la invalidez de la sentencia dictada en el expediente número JDC/136/2016, así como del acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho, en la que se le requiere el pago de una cantidad líquida, misma que fue tramitada y resuelta sobre la base de dicha premisa y errónea interpretación.

c) La falta de competencia del Tribunal señalado como responsable para dictar la sentencia reclamada, ya que invade la esfera competencial del Municipio actor, puesto que dicho Tribunal solo tiene facultades constitucionales y legales para conocer y resolver asuntos de naturaleza electoral relacionados con derechos políticos-electorales, mientras que en el caso asumió competencia para resolver sobre el reclamo de prestaciones económicas y laborales, a pesar de que los reclamantes ya habían culminado el periodo para el que fueron electos.

d) La extralimitación de facultades constitucionales y legales en que incurre el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, al conocer en perjuicio de la autonomía municipal del ayuntamiento actor, de un asunto que no es de su competencia por no ser de naturaleza electoral sino laboral, el cual versaba sobre el pago de prestaciones económicas a trabajadores del gobierno municipal durante el periodo de 2014 a 2016, el cual ya feneció.

Se impugnan dichos actos porque afectan gravemente los recursos financieros de mi representada, desde luego afectando su esfera de atribuciones pues limita su ejercicio y priva de recursos que deben destinarse a la prestación de distintos servicios a la ciudadanía en la forma y medida que se expondrá en el presente ocurso.

Del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, se demanda la invalidez de:

a) El inicio del trámite del Procedimiento de Revocación de Mandato de los Integrantes del Ayuntamiento de San José Independencia, Oaxaca; esto derivado de la falta de cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la cual no resultaba de su competencia por no ser de naturaleza electoral, en perjuicio de la autonomía municipal del ayuntamiento actor, ya que resuelve un asunto de naturaleza laboral, que versa sobre el pago de prestaciones económicas a trabajadores del gobierno municipal durante el periodo de 2014 a 2016, el cual ya feneció.

2. SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se expusieron como antecedentes los siguientes:

• El Ayuntamiento accionante fue electo para el periodo 2017-2018, tomando posesión del cargo el uno de enero de dos mil diecisiete.

• El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, le fue notificado el acuerdo de dos de agosto anterior, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro del expediente JDC/136/2016, juicio en la cual los actores, antiguos regidores del Ayuntamiento en el periodo inmediato anterior (2014-2016) reclamaban de la administración municipal pasada: a) la omisión de informar el estado financiero de la administración pública municipal; b) la negativa de proporcionar las condiciones necesarias para el desempeño de su encargo de regidores; y c) la negativa del presidente y del tesorero municipal de pagarles prestaciones económicas y compensaciones que correspondían al ejercicio de su cargo, así como las compensaciones de fin de año.

• En el acuerdo notificado se estableció que el Ayuntamiento debía cumplir la sentencia dictada por el propio Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, esto es, debía pagar a los promoventes del juicio la cantidad líquida determinada en dicha resolución.

3. TERCERO. Artículos constitucionales violados. Se estiman vulnerados los artículos 1, 2, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Federal.

4. CUARTO. Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez de los actos controvertidos el demandante expresó los siguientes argumentos:

• a) Sostuvo que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se extralimitó en sus facultades, pues el juicio JDC/136/2016 que resolvió, no versaba sobre un acto que involucrara derechos político electorales.

• De ahí que la emisión de los actos reclamados por parte de dicho Tribunal, sin tener facultades para ello, sea violatoria de las garantías de audiencia, debido proceso, defensa y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, aunado a que dichos actos constituyen una invasión a la esfera competencial del municipio, pues sin contar con facultades para conocer de actos de naturaleza laboral, dictó sentencia en un asunto que no era de su competencia.

• Refirió que en el caso no se colman las condiciones para considerar que el acto controvertido tenga naturaleza electoral, pues el pago de las remuneraciones reclamadas por los antiguos regidores dejó de vincularse con su derecho político electoral una vez que culminó su periodo en el cargo por el que fueron elegidos, de ahí que sus pretensiones se reduzcan a un reclamo meramente económico.

• Adujo que el Tribunal Electoral no debió conocer de la controversia planteada por los ex regidores cuando ya no ejercían el cargo en tanto que a partir de ese momento su reclamo se enmarcó en la materia laboral. Así, señaló que el referido Tribunal se arrogó facultades que ninguna disposición legal le otorga para resolver casos como el referido, pudiendo así calificar cualquier asunto como electoral sin que el mismo pueda ser sujeto a revisión constitucional.

• Reiteró que si los demandantes del juicio habían dejado de desempeñar el cargo que dio sustento a los derechos político electorales que consideraron vulnerados, los derechos inherentes al cargo, de los que derivaban sus pretensiones (como el pago de remuneraciones) también habían fenecido.

• Sostuvo que con su proceder es el propio Tribunal demandado, y no la norma, quien define la naturaleza del acto que emite, lo cual implica que pueda asignarse su propia competencia calificando cualquier acto como electoral.

• Precisó que la controversia es procedente porque en el caso la resolución judicial combatida atañe a una presunta invasión de la esfera competencial de un órgano del Estado, pues no debe ser el propio Tribunal Electoral quien defina lo que es materia electoral.

• b) Argumentó que la sentencia impugnada afecta su esfera de competencias, en lo referente a su atribución de administrar libremente la hacienda municipal.

• Ello porque la determinación de condenar al Municipio al pago del monto total de las remuneraciones y compensaciones que corresponden a los actores del juicio electoral, constituye una merma en los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la población e implica que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca tiene facultades para definir el destino de los recursos económicos del Municipio, quien solo se encargaría de realizar los actos que dicho Tribunal emita con fuerza obligatoria.

• Sostiene que el Tribunal Electoral hace suyas las atribuciones que corresponden a los tribunales laborales del Estado de Oaxaca, los cuales dirimen las controversias entre los municipios y sus miembros.

5. QUINTO. Trámite y admisión. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número de expediente 176/2018 y designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento. En esa misma fecha la Ministra instructora dictó un proveído en el que previno al promovente para que en un plazo de cinco días exhibiera documento idóneo para acreditar su calidad de síndico del Municipio actor.(2)

6. Mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la Ministra instructora tuvo por desahogada la prevención, admitió a trámite la controversia constitucional y tuvo como demandados al Tribunal Electoral y al Poder Legislativo, ambos del Estado de Oaxaca. Asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que, antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación correspondiera.(3)

7. SEXTO. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, por conducto de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado, dio contestación a la demanda en los siguientes términos:(4)

• Señaló que era cierto que se había aperturado un procedimiento de revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor, el cual derivo de lo solicitado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, ante el incumplimiento de la condena establecida en la sentencia de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano JDC/136/2016.

• Negó que el Congreso del Estado violara los artículos constitucionales que se estimaron vulnerados por el Municipio actor.

• No afirmo ni negó los hechos narrados en los antecedentes de la demanda, por no serle propios.

• Refirió que en caso de ser procedente, la controversia constitucional es infundada en cuanto a los hechos reclamados al Legislativo.

• No hizo manifestaciones respecto a los conceptos de invalidez, toda vez que se hicieron valer para combatir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado en el expediente JDC/136/2016.

• Solicitó el sobreseimiento respecto a los actos reclamados al Poder Legislativo local, pues el procedimiento de revocación de mandato no había concluido, de ahí que no se podía analizar su constitucionalidad.

8. SÉPTIMO. Contestación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, por conducto de su Presidente, dio contestación a la demanda, en los términos siguientes:(5)

• Refirió que la demanda era improcedente por haberse presentado contra actos que había emitido en materia electoral. Sustentó tal afirmación en el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación referente a que el derecho de los concejales de un Ayuntamiento a recibir las remuneraciones inherentes a su cargo, forma parte del derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de acceso al ejercicio del cargo.(6) En ese sentido destacó que tal derecho debía ser tutelado por los Tribunales Electorales.

• Adujo que era extemporánea la presentación de la demanda, pues la sentencia de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente JDC/136/2016, había sido notificada al Municipio actor el veintiuno de diciembre de ese año, aunado a que el primer acuerdo donde se requirió el cumplimiento de dicho fallo fue emitido el veinte de enero de dos mil diecisiete y notificado el nueve de febrero siguiente. De ahí que haya trascurrido en exceso el plazo para la impugnación relativa.

• Respecto al concepto de invalidez a), sostuvo que el acto reclamado sí era de naturaleza electoral, pues lo que se determinó en el juicio JDC/136/2016, fue una violación al derecho político electoral de los promoventes a ser votados, en su vertiente de desempeño y ejercicio de su cargo, ello debido a la omisión del Ayuntamiento de San José Independencia de pagarles las dietas que les correspondían por el cargo de regidores, desde mayo de dos mil dieciséis.

• Aunado a ello destacó que el Municipio actor partió de una premisa falsa al considerar que al haber culminado el periodo para el que fueron electos, la prestación económica alegada por los regidores promoventes ya no se encontraba vinculada con la materia político electoral. Ello porque en la fecha de la presentación de la demanda e incluso en la del dictado de la sentencia los promoventes seguían ejerciendo su cargo de elección popular, de ahí que la prestación reclamada aun estuviese tutelada por la materia electoral.

• Además, refirió que si no se había cumplimentado la sentencia era por el desacato del Municipio actor, además que el derecho a reclamar el pago de dietas y demás retribuciones estaba vigente aun cuando se hubiese dejado de ocupar el cargo de elección popular siempre que el medio de impugnación se hubiese presentado de manera oportuna cuando el promovente aún ostentaba el cargo.

• Respecto al concepto de invalidez b), destacó que no invadió la esfera de competencia del Municipio actor en su atribución para administrar libremente su hacienda, pues los actos materia de la controversia constitucional incumben al ámbito electoral pues en el juicio de protección a derechos político electorales JDC/136/2016, los concejales promoventes habían hecho valer violaciones al derecho de ser votado con motivo de la omisión del pago de las dietas que les correspondían.

• Además, refirió que la condena impuesta al Municipio actor al pago de las dietas adeudadas a los regidores no implicaba una merma en sus recursos destinados a satisfacer los servicios del Municipio, aun cuando se ordenó que contemplara dicho pago en los presupuestos de los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, pues la realidad era que el Ayuntamiento fue omiso en acatar lo ordenado. Además precisó que el Ayuntamiento actual interpuso diversos medios de impugnación con el único propósito de retrasar el cumplimiento de la sentencia para que quedara a cargo de la siguiente administración.

9. OCTAVO. Audiencia. Substanciado el procedimiento, el catorce de febrero de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y se abrió el periodo de alegatos, sin que hubiesen sido formulados. Concluida la audiencia, el expediente pasó a estado de resolución.(7)

10. NOVENO. Remisión a Primera Sala y avocamiento. Como consecuencia del dictamen emitido por la Ministra ponente, el Presidente de este Alto Tribunal mediante proveído de cinco de abril del año en curso, ordenó enviar el presente asunto a la Primera Sala, la cual por acuerdo de quince de abril de la misma anualidad determinó avocarse a su estudio, ordenando la remisión de los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(8)

C O N S I D E R A N D O:

11. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario número 5/2013, pues se plantea un conflicto entre un Municipio, el Poder Legislativo y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Oaxaca, en el que no se impugnan normas de carácter general, por lo que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

12. SEGUNDO. Precisión de la litis. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que lo efectivamente impugnado por el municipio actor es lo siguiente:

A). Del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se controvierte:

i) La sentencia de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDC/136/2016; y

ii) El acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho, en el que se requiere el cumplimiento de la referida sentencia, mediante el pago de diversas prestaciones económicas a quienes habían fungido como regidores del Ayuntamiento de San José Independencia, Estado de Oaxaca.

B). Del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca se reclama el inicio del procedimiento de revocación de mandato a los integrantes del referido Ayuntamiento, por no dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente JDC/136/2016.

13. TERCERO. Existencia de los actos impugnados. La existencia de los actos cuya invalidez se reclama está acreditada.

14. La sentencia de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDC/136/2016, obra de las fojas 153 a 157 del tomo I del cuaderno de pruebas de la controversia constitucional, en tanto que el acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho dictado en ese mismo expediente, obra de las fojas 1573 a 1577 del tomo III del referido cuaderno de pruebas. Dichas constancias fueron remitidas en copia certificada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

15. Por su parte, la existencia del procedimiento de revocación de mandato a los integrantes del Ayuntamiento, se acredita con las copias certificadas remitidas por el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, relativas al expediente CPG/2017/2017, del índice de la Comisión Permanente de Gobernación del propio Congreso del Estado, que obran de las fojas 219 a 743 del expediente principal de la controversia constitucional. En específico, obra en las fojas 250 y 251, el acuerdo de inicio de dicho procedimiento, en el cual se ordenó el emplazamiento a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor.

16. CUARTO. Legitimación. Conforme a los artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Dichos preceptos establecen literalmente lo siguiente:

“Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y

IV. El Procurador General de la República.

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario...”

17. En función de dichos preceptos, se procede a analizar la legitimación de las partes en el presente juicio.

A) Legitimación Activa

18. La presente controversia constitucional fue promovida por DEMETRIO LLANO HERNÁNDEZ en representación del Ayuntamiento de San José Independencia, Oaxaca, personalidad que acredita con la copia certificada de la credencial emitida por la Secretaria General de Gobierno del Estado, en la cual se hace constar su calidad de Síndico Municipal.(9)

19. En ese sentido, se advierte que el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, establece:

“Artículo 71.- Los Síndicos serán representantes jurídicos del Municipio y responsables de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, con las siguientes atribuciones:

I.- Representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte;(...)

20. Por tanto, debe concluirse que el promovente tiene legitimación en la presente controversia para representar al Municipio actor, en tanto que en autos se encuentra acreditado su carácter de Síndico Municipal, funcionario a quien la Ley Orgánica Municipal de la entidad le otorga facultades para acudir a juicio en defensa de los intereses del Municipio.

B) Legitimación pasiva

B1. Poder Legislativo del Estado de Oaxaca

21. En representación del Poder Legislativo local comparece LAURA ESTRADA MAURO, en su carácter de Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, personalidad que acredita con la copia certificada de la sesión ordinaria de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual consta su designación como Presidenta de la misma.(10)

22. Al respecto, el artículo 40 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, establece lo siguiente:

“Artículo 40 BIS.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política tendrá las atribuciones siguientes:

(...)

II.- Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la persona o personas que resulten necesarias;”

(...)”

23. En consecuencia, quedó acreditado en autos que LAURA ESTRADA MAURO, es Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Oaxaca y que cuenta con las facultades para representar al Poder Legislativo local, por lo que debe reconocerse su legitimación para comparecer al presente procedimiento.

B.2 Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca

24. En representación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca compareció el Magistrado MIGUEL ÁNGEL CARBALLIDO DÍAZ en su carácter de Presidente de dicho órgano, personalidad que dijo acreditar con copias certificadas del nombramiento expedido a su favor por el Senado de la República, así como de la sesión pública celebrada el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, en la cual el Pleno del Tribunal realizó su designación como Magistrado Presidente de dicho órgano.

25. Sin embargo de la revisión del presente expediente no se encuentran dichas constancias ni ninguna otra que permita a esta Sala acreditar la personalidad con la cual comparece al presente procedimiento. En consecuencia lo procedente es negar la legitimación a dicho promovente.

26. QUINTO. Oportunidad. Con relación a la oportunidad de la presente controversia constitucional debe advertirse que el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece a la letra lo siguiente:

“Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine.”

27. El presente caso se ubica en la hipótesis de la fracción I, del precepto transcrito toda vez que el accionante controvierte actos que atribuye al Tribunal Electoral y al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.

28. A continuación se procede a verificar si la demanda resulta oportuna respecto de cada uno de los actos impugnados.

A) Sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDC/136/2016.

29. La sentencia referida fue notificada al Municipio actor el día veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.(11) Dicha notificación surtió efectos el mismo día en que fue practicada según lo dispone el artículo 26 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.(12) Por tanto, el plazo de treinta días previsto para la impugnación de la sentencia corrió del dos de enero al trece de febrero de dos mil diecisiete, descontándose para tal efecto los días, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, así como cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero de dos mil diecisiete, por ser inhábiles en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

30. Por tanto, considerando que la demanda fue presentada hasta el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la controversia resulta extemporánea respecto de este acto, por lo que respecto del mismo debe sobreseerse la presente controversia constitucional con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20 fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

B) Respecto al acto consistente en el inicio del procedimiento de revocación de mandato de los miembros del municipio actor.

31. De las constancias se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente de Gobernación de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, determinó formar el expediente CPG/217/2017 con motivo de revocación de mandato solicitada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de dicha entidad, acuerdo que se ordenó notificar a los miembros del Ayuntamiento de San José Independencia para que comparecieran al procedimiento.

32. Dicho acuerdo fue notificado de manera personal por comparecencia a los integrantes del Ayuntamiento los días catorce y quince de diciembre de dos mil diecisiete,(13) tomándose en cuenta ésta última fecha para el cómputo de la oportunidad.

33. La referida notificación surtió efectos al día siguiente, en términos del artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca,(14) de aplicación supletoria a la Ley Orgánica Municipal.(15) De ahí que el plazo de treinta días previsto para la impugnación de dicho acuerdo corrió del dos de enero al trece de febrero de dos mil dieciocho, descontándose para tal efecto los días seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, así como tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero de dos mil dieciocho, por ser inhábiles en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

34. En consecuencia, si la presente demanda se presentó el día veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, es claro que resulta extemporánea respecto de dicho acto. De ahí que proceda el sobreseimiento en esta parte de la controversia con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20 fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

c) Sobre el acuerdo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca el dos de agosto de dos mil dieciocho dentro del expediente JDC/136/2016

35. De las constancias se advierte que el acuerdo en mención fue notificado al municipio actor el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho,(16) surtiendo efectos en esa misma fecha en términos del artículo 26 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. Por tanto, el plazo de treinta días previsto para la impugnación de dicho acuerdo corrió del treinta de agosto al diez de octubre de dos mil dieciocho, descontándose para tal efecto los días uno, dos, ocho, nueve, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre, así como seis y siete de octubre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

36. Por tanto, si la demanda de controversia constitucional se presentó el día veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, es claro que resulta oportuna únicamente respecto del acuerdo impugnado.

37. SEXTO. Improcedencia. En el presente asunto ya se ha determinado el sobreseimiento por extemporaneidad respecto de los siguientes actos: 1) el inicio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200587-84770e8e/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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