I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PASIVA LA TIENEN TANTO EL PODER LEGISLATIVO COMO EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CUANDO SE LES ATRIBUYA LA EMISIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBE DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE LA CAUSA DE PEDIR. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL NO EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO, AL CONSTITUIR UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL. VI. LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS, EN SU ÁMBITO TERRITORIAL, EMITIR LAS NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y OPERACIÓN A DICHO SERVICIO, A FIN DE QUE SE PRESTE DE MANERA CONTINUA, UNIFORME, PERMANENTE Y REGULAR. VIII. TRÁNSITO. CORRESPONDE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES EMITIR LAS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO PARA DARLE UNIFORMIDAD A TODO EL ESTADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO NORMATIVO HOMOGÉNEO. IX. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LAS MEDIDAS COACTIVAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PAGO DE MULTAS CONSTITUYEN ACTOS QUE SE UBICAN EN LA DIMENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y NO SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON ESE SERVICIO, POR LO QUE SU REGULACIÓN PREVISTA EN LA PROPIA LEY ESTATAL NO INVADE LA ESFERA MUNICIPAL (ARTÍCULO 18, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y VIALIDAD DEL ESTADO DE OAXACA, DEROGADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 732 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). X. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE OAXACA. EL ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS DEBE ENTENDERSE PROSCRITO PARA GARANTIZAR SANCIONES IMPUESTAS A LOS CONDUCTORES QUE INFRINJAN LA LEY ESTATAL Y SU REGLAMENTO, POR LO QUE SU IMPOSICIÓN NO ESTÁ IMPEDIDA TRATÁNDOSE DE SANCIONES EMITIDAS CON FUNDAMENTO EN UN DIVERSO ORDENAMIENTO (ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y VIALIDAD DEL ESTADO DE OAXACA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 732 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XI. TRÁNSITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LA PROHIBICIÓN DE GARANTIZAR EL PAGO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DEL ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS DE CIRCULACIÓN, SE CONSTRIÑE A LAS FACULTADES QUE INICIALMENTE OSTENTABAN LAS AUTORIDADES ESTATALES (COMO LA POLICÍA VIAL ESTATAL) EN VÍAS DE COMUNICACIÓN DE SU JURISDICCIÓN, SIN QUE LA MISMA SEA EXTENSIVA A AUTORIDADES DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO COMO EL MUNICIPAL (ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y VIALIDAD DEL ESTADO DE OAXACA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 732 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 326/2017. MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día doce de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, en su carácter de síndica primera municipal del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
1. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se reclama la orden para su publicación, la promulgación y la falta de ejercicio del veto respecto del Decreto Número 732, emitido por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el 27 de octubre del año 2017.
2. Del Congreso del Estado de Oaxaca se reclama la emisión del Decreto Número 732, emitido por la LXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha 27 de octubre del año 2017.
La parte actora señaló como violados los artículos 14, 16, 113, fracción III, y 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, narró los antecedentes del proceso legislativo que dio origen al decreto impugnado y en sus conceptos de invalidez manifestó, esencialmente, que las disposiciones legales impugnadas invaden el ámbito de atribuciones del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por las siguientes razones:
• A través del Decreto 732 se deroga la fracción XI del artículo 18 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, misma que establecía la facultad de: "recoger y asegurar en garantía vehículos de motor, tarjeta de circulación, placas y/o licencia de manejo en los casos previstos en esta ley y su reglamento"; por su parte, el artículo 25 del mismo ordenamiento fue reformado a fin de establecer que en "ningún caso se asegurarán como garantía del pago de las infracciones el permiso para circular, la tarjeta de circulación, la licencia de manejo o placas, a los conductores que infrinjan esta ley o su reglamento".
• Asimismo, el artículo transitorio primero del referido decreto señala a la letra, lo siguiente:
"Primero. Se deroga toda disposición legal o reglamentaria de carácter estatal o municipal que se oponga al presente decreto."
El Municipio actor aduce que la disposición transitoria antes transcrita vulnera lo previsto en el artículo 115, fracciones I, II y III, inciso h), de la Constitución General de la República, al haber sido emitido sin la anuencia, autorización o intervención de los Municipios, lo cual invade la competencia del Municipio promovente en tanto que dicha disposición excede la facultad legislativa del Congreso de Oaxaca al normar aspectos relativos a la materia de tránsito, cuya facultad reglamentaria se encuentra reservada a los Municipios de conformidad con lo previsto por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• En virtud de lo anterior, y atendiendo al principio de supremacía constitucional que rige el sistema jurídico nacional, solicita se declare la invalidez de las normas combatidas.
• En apoyo de sus argumentos, invoca las tesis jurisprudenciales y aisladas del Tribunal Pleno y Segunda Sala que se leen bajo los siguientes rubros:
• P./J. 81/98 "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS."
• P./J. 97/99 "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS."
• 2a. XIII/98 "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL ANÁLISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACIÓN Y CAUSA GENERADORA QUE LLEVÓ AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL."
• 1a. CCXC/2015 "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO."
SEGUNDO.—Trámite de la demanda. En proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 326/2017. Por razón de turno, se designó como instructor del procedimiento al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien por acuerdo de dos de enero de dos mil dieciocho, admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ordenando su emplazamiento y dar vista al procurador general de la República, para los efectos legales conducentes.
Asimismo, negó la medida cautelar solicitada en virtud de que la parte actora no impugna algún acto concreto de aplicación de los preceptos legales impugnados, a más de que existe prohibición expresa en el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que "la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales".
TERCERO.—Contestación de la demanda. El Poder Legislativo de esa entidad federativa, por conducto de la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto de su consejero jurídico, dieron contestación a la demanda mediante diversos escritos depositados en las Oficinas de Correos de México los días veintiséis de febrero y primero de marzo de dos mil dieciocho, respectivamente.
Al efecto, hicieron valer las causas de improcedencia que se precisan en la parte considerativa del presente fallo y, en relación con los conceptos de invalidez formulados por la parte actora manifestaron, en esencia, lo siguiente:
Poder Legislativo del Estado de Oaxaca
El Decreto 732 no transgrede la esfera de competencia del Municipio de Oaxaca de Juárez, en virtud de que el Congreso del Estado tiene competencia para fijar la normativa básica en materia de tránsito que se extiende, entre otros rubros, a lo siguiente: registro y control de vehículos; reglas de autorización de su circulación; reglas a las que deben sujetarse los pasajeros y peatones respecto a su circulación, estacionamiento, seguridad, infracciones y sanciones; facultades de las autoridades de tránsito y los medios de impugnación de los actos de autoridades en esta materia. Lo anterior, de conformidad con las jurisprudencias P./J. 137/2001 y P./J. 47/2011 (9a.), cuyos rubros señalan textualmente, lo siguiente: "TRÁNSITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA POR LA LEGISLATURA ESTATAL NO QUEBRANTA EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES II Y III, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ." y "SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO EN UN MUNICIPIO. ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS ESTATALES Y MUNICIPALES EN SU PRESTACIÓN."
Asimismo, destaca que al resolver las controversias constitucionales 18/2008, 24/1999 y 6/2001, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las Legislaturas Estatales tienen facultades reguladoras en materia de tránsito, lo que incluye lo relativo a infracciones, sanciones y facultades de las autoridades de tránsito, por lo que es notorio que el decreto controvertido no invade el ámbito competencial y de atribuciones del Municipio de Oaxaca de Juárez.
Por otro lado, considera que las medidas consistentes en la retención de placas y documentos en garantía de pago constituye un exceso en perjuicio de los ciudadanos de la entidad federativa al aplicarse una sanción que priva al infractor de sus bienes o posesiones sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, transgrediendo con ello los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
En principio, señala que de seguir aplicándose las disposiciones modificadas a través del Decreto 732 se vulneraría lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primero de los cuales prevé que nadie podrá ser privado de propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que el segundo señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
En consecuencia, estima que continuar aplicando las normas en los términos previstos con anterioridad a su reforma resultaría inconstitucional al privar al ciudadano de sus bienes o posesiones sin que previamente se le siga en su contra un juicio ante los tribunales respetando las formalidades esenciales del procedimiento. Al respecto, estima aplicable al caso concreto la jurisprudencia P./J. 132/2001, cuyo rubro se transcribe: "FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES."
En ese contexto, pone de manifiesto que si bien los Ayuntamientos poseen una facultad reglamentaria prevista constitucionalmente, lo cierto es que dichos órganos, en ejercicio de su facultad regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, por ejemplo, no establecer disposiciones en contravención a la Constitución General de la República y versar sobre materias que le correspondan constitucional o legalmente.
Concluye, que la facultad reglamentaria de los Municipios no puede tener el alcance de afectar en forma sustancial derechos de los gobernados protegidos constitucionalmente.
Mediante acuerdos de quince y veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan, dando contestación a la demanda por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca. Asimismo, ordenó dar vista a la parte actora y al procurador general de la República, para los efectos legales conducentes y señaló fecha para la celebración de la audiencia de ley.
CUARTO.—Cierre de instrucción. Agotados los trámites de ley, el diez de mayo de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes.
Asimismo, se abrió el periodo de alegatos sin que se haya formulado alguno y se puso el expediente en estado de resolución.
Del acta relativa a la audiencia de ley, se desprende que el procurador general de la República no formuló pedimento ni expresó alegato alguno.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mi trece, ya que se plantea un conflicto entre el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la propia entidad.
SEGUNDO.—Legitimación activa y pasiva. El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General de la República, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre los poderes de un mismo Estado por la constitucionalidad de sus actos.
Por su parte, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 10, fracciones I y II, establece que tienen el carácter de partes en las controversias constitucionales:
a) Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia.
b) Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.
Además, el citado ordenamiento legal, en su artículo 11 establece que "el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario".
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la disposición antes transcrita admite una interpretación flexible, a efecto de que las normas legales no se conviertan en un obstáculo para el acceso a la justicia cuando se advierte una hipótesis no prevista expresamente en la ley, más aún cuando existen elementos suficientes que permiten inferir que la persona que promueve la controversia no lo hace en defensa de un interés propio, sino en el del órgano a nombre de quien lo hace. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 52/2003 del Tribunal Pleno que se lee bajo el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REGULA LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, ADMITE INTERPRETACIÓN FLEXIBLE."(1)
I. Legitimación activa. De acuerdo con lo anterior, debe estimarse que el Municipio de Oaxaca de Juárez está legitimado para promover la presente controversia, en tanto reclama de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca, la emisión, promulgación y publicación del Decreto Número Setecientos Treinta y Dos por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por estimar que con dichas reformas se invade su esfera de competencia al legislar sobre aspectos relativos al tránsito, facultad que se encuentra reservada para los Municipios, en términos del artículo 115, fracciones II y III, inciso h), de la Constitución General de la República.
Asimismo, se debe considerar que la persona que promovió la presente controversia en representación del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se encuentra legitimada para ello, dado que la demanda respectiva se formuló por María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, en su carácter de síndica primero municipal del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lo que acreditó con la copia certificada del acta relativa a la sesión solemne celebrada por el honorable Cabildo Municipal el día uno de enero de dos mil diecisiete, en la que se le designó para ocupar el cargo con el que se ostenta para el periodo comprendido del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
Por tanto, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca debe estimarse que la síndica primera municipal ostenta la representación legal del referido Municipio.(2)
II. Legitimación pasiva. Las autoridades demandadas son los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Ambos tienen legitimación pasiva para comparecer con tal carácter en la presente controversia, toda vez que se les atribuye la emisión, promulgación y publicación de las normas impugnadas, así como el no ejercicio del veto, respectivamente.
Asimismo, las personas que comparecieron en la presente controversia en representación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se encuentran legitimadas para ello.
Es así, ya que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca compareció a juicio por conducto de María de las Nieves García Fernández, en su carácter de presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, lo que acreditó con la copia certificada del acta de sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, con motivo de la elección de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura, en la que se le eligió para ocupar el cargo con el que se ostenta.
Luego, si de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, le corresponde al presidente de la mesa directiva la representación legal del Poder Legislativo de ese Estado, es claro que la persona que compareció en su representación en la presente controversia, se encuentra legitimado para ello.(3)
Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca compareció a la presente controversia por conducto de José Octavio Tinajero Zenil, quien se ostentó como consejero jurídico de ese Poder, lo que acreditó con la copia certificada de su nombramiento que le fue conferido por el gobernador del Estado de Oaxaca en el cargo con el que se ostenta.
Entonces, si en términos de lo previsto en el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el consejero jurídico representa legalmente al titular del Poder Ejecutivo y a la gubernatura en todo juicio, proceso o procedimiento en que sean parte, es evidente que la persona que compareció en el presente juicio en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se encuentra legitimado para tal efecto.(4)
TERCERO.—Oportunidad. Conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, y 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de normas generales, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o bien, a partir del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.
Así, para poder establecer si la presente controversia se promovió oportunamente, es necesario tener en cuenta que la parte actora señaló como actos reclamados, el Decreto Número Setecientos Treinta y Dos por el que se deroga y reforma los artículos 18, fracción XI, y 25, ambos de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, de lo que se sigue que las precitadas normas generales se impugnan con motivo de su publicación y, por ende, el referido plazo de treinta días hábiles transcurrió del lunes treinta de octubre al jueves catorce de diciembre de dos mil diecisiete.(5)
Por tanto, si la demanda relativa se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de diciembre de dos mil diecisiete, es dable concluir que la presente controversia constitucional se promovió dentro del plazo legal previsto para ello.
CUARTO.—Causales de improcedencia. A continuación se abordan las causales de improcedencia invocadas por las autoridades demandadas.
En primer lugar, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca denuncian la actualización en el presente caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución, según la cual las controversias constitucionales son improcedentes cuando sean interpuestas de forma extemporánea, pues, afirma, el Municipio actor impugnó el decreto fuera del plazo legal.
Dado que la cuestión de la oportunidad de la demanda respecto del decreto impugnado ha sido abordada en el tercer considerando de esta resolución, es necesario remitirse al mismo para su contestación.
En segundo lugar, el Poder Ejecutivo Local considera que debe sobreseerse en el juicio al considerar que la parte actora carece de interés legítimo en promover la presente controversia, toda vez que las normas impugnadas no transgreden la esfera competencial del Municipio promovente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley de la materia; además, al no existir la invasión de competencias aludida por la parte actora, estima que los efectos de las normas reclamadas resultan inexistentes, situación que a su juicio actualiza la diversa causal de sobreseimiento contenida en el artículo 20, fracción III, del referido ordenamiento.
Procede desestimar las causales de improcedencia antes sintetizadas, puesto que corresponde al estudio de fondo la determinación relativa a la invasión o no de competencias del Municipio actor mediante el decreto impugnado y los efectos que ésta tendría. Resulta aplicable la tesis número P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(6)
Adicionalmente, el Poder Ejecutivo estima que la demanda promovida por el Municipio accionante carece de conceptos de validez tendientes a exponer en qué consiste la violación constitucional a cargo de las responsables.
De igual forma se desestima dicho argumento, toda vez que del simple análisis de la demanda de controversia se advierte que la causa de pedir del presente conflicto radica en demostrar la inconstitucionalidad del artículo transitorio primero del decreto setecientos treinta dos, ello, al considerar que el mismo se trata de un aspecto relativo al tránsito, materia que se encuentra reservada constitucionalmente a los Municipios, por ende, estima vulnerada su esfera de competencia. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2005, misma que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR."(7)
No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, que en los conceptos de impugnación del promovente se atribuye al Poder Ejecutivo la omisión de ejercer facultad de veto en relación con el decreto impugnado.
Al respecto, es importante destacar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la materia de lo impugnado verse sobre asuntos que corresponden en su totalidad a cuestiones de índole política, éstos no están sujetos a control jurisdiccional. Por tal motivo, la pretensión de que este Alto Tribunal califique el no ejercicio del derecho de veto por parte del Poder Ejecutivo estatal, carece de sustento constitucional en tanto que obligaría a la Suprema Corte a establecer parámetros que no se encuentran establecidos en la Norma Fundamental y de ahí realizar un análisis sobre si tal circunstancia satisface el estándar constitucional, lo cual tornaría la presente controversia en un medio de control político.
Por tanto, la controversia constitucional es improcedente contra el no ejercicio del derecho de veto, pues al constituir un medio de control político, no es susceptible de análisis en sede judicial; además de que admitir la procedencia de la controversia constitucional en el supuesto indicado generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constituyente del Estado, y la consiguiente afectación al cauce que debe seguir el proceso legislativo.(8)
No existiendo otro motivo de improcedencia planteado por las partes, ni advertido de oficio por este Tribunal Pleno, es conducente entrar al estudio del fondo del asunto.
QUINTO.—Estudio de fondo. El Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, impugna el Decreto Número Setecientos Treinta y Dos, mediante el cual, el Poder Legislativo Local derogó el contenido de la fracción XI del artículo 18 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, el cual establecía la posibilidad de recoger y asegurar en garantía vehículos de motor, tarjeta de circulación, placas y/o licencia de manejo en los casos previstos por la propia ley y su reglamento; por otro lado, se modificó el texto del artículo 25 del propio ordenamiento para establecer que: "en ningún caso se asegurarán como garantía del pago de las infracciones el permiso para circular, la tarjeta de circulación, la licencia de manejo o placas, a los conductores que infrinjan esta ley o su reglamento", en otras palabras, el decreto impugnado proscribe la posibilidad de que las autoridades encargadas de la observancia de la norma puedan retener un vehículo, documentos o placas de circulación con la finalidad de garantizar el pago de infracciones previstas por la propia ley o su reglamento.
En ese contexto, el artículo transitorio primero deroga cualquier disposición legal o reglamentaria de carácter estatal o municipal que se oponga al contenido de las mencionadas reformas.
Tal como se adelantó, a juicio del Municipio actor el contenido del decreto antes señalado se traduce en una violación al artículo 115, fracciones II y III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al derogar toda disposición tanto estatal como municipal que en su caso contravengan la disposición reformada, la cual proscribe asegurar como garantía para el pago de infracciones el permiso para circular, la tarjeta de circulación, la licencia de manejo o placas a los conductores que infrinjan la Ley Estatal de Tránsito o su reglamento, precepto que constituye una invasión a su ámbito de competencia al regular un aspecto relativo a la materia de tránsito, mismo que le atañe de conformidad con la distribución competencial prevista en el artículo 115, fracción II, de la Constitución General de la República, el cual prevé que: "los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia."
Para una mejor comprensión, se transcribe el texto de las normas impugnadas, mismo que a la letra señala:
Ver normas impugnadas
Es menester precisar que la materia de estudio de esta controversia constitucional se ocupará del análisis de las modificaciones realizadas a los artículos 18 y 25 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, así como el artículo transitorio primero del decreto impugnado, disposiciones que constituyen un sistema normativo a través del cual se extingue la posibilidad de asegurar documentos de tránsito y placas con la finalidad de garantizar el pago de infracciones previstas en la Ley de Tránsito del Estado de Oaxaca y su reglamento, así como la derogación de todas las disposiciones estatales y municipales contrarias a dicha prohibición.
A juicio de este Pleno, para decidir sobre los méritos de los preceptos antes señalados, es necesario recordar en primer lugar cuáles son las previsiones constitucionales que regulan la prestación del servicio público de tránsito y, más específicamente, traer a cuenta lo dicho por esta Suprema Corte en precedentes que puedan resultar relevantes para la resolución de este conflicto de atribuciones.
En principio resulta conveniente señalar que el siete de julio de dos mil cinco, al resolver la controversia constitucional 14/2001, el Tribunal Pleno explicó los rasgos característicos del régimen constitucional en materia municipal, y destacó los criterios mediante los cuales la Constitución Federal busca armonizar y equilibrar las facultades legislativas de los Congresos Estatales, con las facultades reglamentarias de los Municipios previstas en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se afirmó que la Constitución Federal persigue un esquema de equilibrio competencial que garantice a cada uno de los poderes públicos involucrados un espacio para ejercer competencias propias. En esa medida, le corresponde al Estado sentar las bases generales con el fin de que existan similitudes en los aspectos fundamentales en todos los Municipios –los elementos "indispensables" para asegurar el funcionamiento de los mismos– y a los Municipios les corresponde dictar sus normas específicas.
Por otra parte, el Pleno destacó que para precisar la extensión normativa legítima de cada una de estas fuentes de derecho –reglamentos municipales de fundamento constitucional directo versus leyes estatales en materia municipal– deben tomarse en consideración los siguientes puntos:
1) La regulación de aspectos generales en las leyes estatales tendrá por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo, adjetivo y sustantivo, a los Municipios de un Estado, que debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, pero únicamente en los aspectos que requieran dicha uniformidad.
2) La competencia reglamentaria del Municipio implica la facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo.
3) No es aceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en las cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que esto le está constitucionalmen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29406-7bbefd90/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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