I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (INVALIDEZ DEL ACUERDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EXPIDIÓ UNA ACREDITACIÓN DE AGENTE MUNICIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL "VICENTE GUERRERO" DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DE ESA ENTIDAD). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR TRATARSE DE UN ACTO EN MATERIA ELECTORAL, CUANDO SE IMPUGNA LA ACREDITACIÓN EXPEDIDA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN FAVOR DE UN AGENTE MUNICIPAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EXPIDIÓ UNA ACREDITACIÓN DE AGENTE MUNICIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL "VICENTE GUERRERO" DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DE ESA ENTIDAD). V. AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES. LA FACULTAD DE LOS AYUNTAMIENTOS DE APROBAR LA NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONLLEVA IMPLÍCITAMENTE LA DE NOMBRAR Y REMOVER A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y AUXILIARES DEL MUNICIPIO. VI. AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES. ES ATRIBUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EXPEDIR LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS AGENTES MUNICIPALES Y DE POLICÍA UNA VEZ OBTENIDO EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN. VII. AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES EN EL ESTADO DE OAXACA. LA ACREDITACIÓN EXPEDIDA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN FAVOR DE UN AGENTE MUNICIPAL, SIN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CERTEZA EN RELACIÓN CON EL CARGO MUNICIPAL QUE SE RECONOCE, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ACUERDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EXPIDIÓ UNA ACREDITACIÓN DE AGENTE MUNICIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL "VICENTE GUERRERO" DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 115/2018. MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA. 13 DE FEBRERO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de febrero de dos mil diecinueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, Poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge García Ambrocio, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez del acto que más adelante se señala y emitido por el órgano que a continuación se menciona:
Entidad, Poder u órgano demandado:
• Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
"El acuerdo de fecha 7 (siete) de junio de 2018 (dos mil dieciocho), mediante el cual cancela la acreditación del C. Carlos Miguiel Vásquez Mártinez (sic) como agente de la Agencia Municipal Vicente Guerrero, reconociendo y acreditando como nuevo agente municipal al C. Pablo Martínez Calderón."
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. El once de noviembre de dos mil dieciséis, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó a la entonces colonia Vicente Guerrero de la Villa de Zaachila, Oaxaca, la categoría administrativa de Agencia Municipal, por lo que, el dos de febrero de dos mil dieciocho, se emitió la convocatoria, por parte del Ayuntamiento, para la elección de agente municipal, misma que se llevó a cabo el doce de febrero de dos mil dieciocho, resultando electo Carlos Miguel Vásquez Martínez, como propietario y Baltazar Ramírez como suplente, para el periodo de un año.
2. Tras la elección del referido agente, el Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca declaró la validez de la elección, emitiéndose el quince de febrero de dos mil dieciocho, el nombramiento correspondiente por parte de la presidenta Maricela Martínez Coronel.
3. Una vez emitido el referido nombramiento la presidenta y el accionante acudieron ante la Secretaría General de Gobierno, con copia certificada del acta de elección, el acta de sesión de cabildo en la cual se valida la elección y del nombramiento expedido, a fin de que se realizara la acreditación correspondiente, emitiéndose la credencial y sello que dan certeza jurídica al cargo de agente municipal.
4. No obstante lo anterior, por diversos conflictos que se suscitaron en la comunidad por parte de algunos pobladores que estuvieron inconformes con su nombramiento; determinaron realizar el veintinueve de abril de dos mil dieciocho, una asamblea donde se levantó un acta que consignaba supuestas faltas administrativas cometidas por el referido agente municipal, misma que fue comunicada al Ayuntamiento de Villa de Zaachila el mismo día a través de un escrito.
5. Con motivo de la referida acta, en sesión extraordinaria de cabildo de quince de mayo de dos mil dieciocho, se determinó que se realizara la investigación correspondiente y, en su caso, se iniciara el procedimiento de responsabilidad a que hubiere lugar por parte de la Contraloría del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca, dando lugar al procedimiento de responsabilidad PM/01/2018.
6. No obstante el referido procedimiento, diversos pobladores de la Agencia Municipal Vicente Guerrero, inconformes determinaron convocar a nuevas elecciones el seis de junio de dos mil dieciocho, resultando electo Pablo Martínez Calderón, el cual, sin hacer solicitud o gestión alguna ante el Ayuntamiento decidió acudir directamente ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con la finalidad de realizar su acreditación, la cual fue hecha sin anuencia o intervención alguna del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca.
7. Así, el ocho de junio de dos mil dieciocho, fue notificado por parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, al Ayuntamiento actor, el oficio SGG/SUBGOB/767/2018, de ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se informó que quedaba sin efectos la acreditación de Carlos Miguel Vásquez Martínez, y en vía de consecuencia la cancelación de la credencial y el sello; asimismo se le reconoce a Pablo Martínez Calderón el carácter de nuevo agente municipal y se expide la acreditación correspondiente, situación que considera invade la esfera competencial del Ayuntamiento actor.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, lo siguiente:
En su único concepto de invalidez, señala que el acto reclamado violenta lo estipulado en el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal, ya que dicha disposición constitucional otorga la competencia a los Ayuntamientos de emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para organizar la administración pública municipal, siempre que sean coherentes con las leyes orgánicas Municipales emitidas por los Congresos de los Estados, es que el Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca, el uno de noviembre de dos mil once, publicó en la Gaceta Municipal las ordenanzas del Municipio Villa de Zaachila, disposición de carácter general que tiene por objeto delimitar las facultades y atribuciones con que cuenta cada autoridad del Ayuntamiento, así como organizar la administración pública del Municipio, por lo que hace a su estructura y autoridades auxiliares.
Que es facultad del Ayuntamiento, poder contar con autoridades auxiliares que coadyuven en la gestión administrativa que le corresponde al Ayuntamiento, siendo éstas la agencia de policía y la agencia municipal, que quienes detenten el cargo de agentes quedarán subordinados al Ayuntamiento por conducto del presidente municipal, asimismo se dispone que la convocatoria y organización de la elección para el cargo de agente municipal se realizará por el Ayuntamiento por conducto de la Secretaría Técnica.
Que de conformidad con los artículos 40, 82, 83, 84 y 85 de las ordenanzas municipales, así como los artículos 47, 68, 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, es facultad y competencia de los Ayuntamientos, convocar y realizar la elección de las autoridades auxiliares, así como emitir el nombramiento correspondiente, por conducto del presidente municipal, remover a los agentes municipales por causas graves que a juicio de la autoridad se actualicen así, cuando la Secretaría General del Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del acuerdo demandado, deja sin efecto la acreditación, cancelando credencial y sello de quien se desempeñaba como agente municipal, acreditando a uno diverso, emitiendo credencial y sello respectivo que le dan el carácter de agente de la Agencia Municipal Vicente Guerrero, invade su esfera competencial del Ayuntamiento actor, ya que es como si estuviera validando la elección en la cual se eligió a Pablo Martínez Calderón; y como si la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, estuviera removiendo del cargo de agente municipal a Carlos Miguel Vásquez Martínez, facultad que es única y exclusiva de los Ayuntamientos.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son 16 y 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 115/2018, y turnó el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor.(1)
Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, en la que tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mas no así, a la Secretaría General de Gobierno del referido Estado de Oaxaca, en virtud de que se trata de una dependencia subordinada a dicho Poder, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en el presente asunto. Se ordenó emplazar al Poder Ejecutivo Local para que formulara su contestación y al momento de formular dicha contestación remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; ordenó dar vista al procurador general de la República para que emitiera la opinión que le corresponde; y mandó formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.(2)
SEXTO. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, ostentándose como representante legal del Poder Ejecutivo del Estado, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:
En principio hizo valer las siguientes causales de improcedencia:
1. Se actualiza la causa de improcedencia y sobreseimiento, prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que el Poder Ejecutivo en ningún momento ha invadido la esfera de derechos del Municipio actor en cuanto a la autonomía municipal contemplada en el artículo 115 de la Constitución Federal, ya que la Secretaría General de Gobierno, en cumplimiento a la normatividad que la rige, emitió el acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual canceló la acreditación de Carlos Miguel Vásquez Martínez como agente municipal de la Agencia Municipal Vicente Guerrero y expidió acreditación como agente municipal a Pablo Martínez Calderón, en cumplimiento al acuerdo de Asamblea General de seis de junio de dos mil dieciocho, presentado por el solicitante, en virtud de las atribuciones conferidas a la Secretaría General de Gobierno, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno.
Por lo que considera que se cumplió con la normatividad, al tratarse de un acto meramente municipal, como lo es la elección y renovación de sus autoridades.
2. Se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracciones III, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el acto reclamado no existe, toda vez que si el acto reclamado (acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho) mediante el cual canceló la acreditación a Carlos Miguel Vásquez Martínez, como agente municipal de la Agencia Municipal Vicente Guerrero y expidió acreditación como agente municipal a Pablo Martínez Calderón, en cumplimiento al acuerdo de Asamblea General de seis de junio de dos mil dieciocho, tiene sustento en el acta de acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de la Agencia Municipal Vicente Guerrero, de seis de mayo de dos mil dieciocho, es inexistente.
3. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor, se duele del referido acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, particularmente de la remoción de Carlos Miguel Vásquez Martínez, como agente municipal de la Agencia Municipal Vicente Guerrero, por lo que considera que el asunto es electoral, ya que versa sobre la elección y renovación de sus autoridades, de ahí que la vía idónea no la constituye el presente medio de control constitucional, sino que la persona que en su momento sufrió la afectación a sus derechos políticos electorales, debió haber acudido ante la autoridad competente electoral a promover el juicio para la protección de sus derechos políticos electorales u otro medio de impugnación en materia electoral.
4. Que la parte actora carece de legitimación para hacer valer la presente controversia, ya que como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio actor como entidad promovente conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, corresponde exclusivamente al o a los síndicos municipales, instaurar dicha instancia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando el acto que reclame le cause un perjuicio directo al ente u órgano que represente, lo cual no sucede en el presente caso.
Con relación a los hechos señaló lo siguiente:
En los correlativos, 1, 2, 4, 5 y 6 indicó que no los afirma ni los niega por no ser propios.
Con relación al correlativo 3, dice que es cierto, toda vez que la Secretaría General de Gobierno por conducto de su Dirección de Gobierno, realizó la acreditación de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno.
Respecto del correlativo 7, indicó que es cierto, ya que la Secretaría General de Gobierno emitió el acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual canceló la acreditación de Carlos Miguel Vásquez Martínez como agente municipal de la Agencia Municipal Vicente Guerrero y expidió acreditación como agente municipal a Pablo Martínez Calderón, en cumplimiento al acuerdo de Asamblea General de seis de junio de dos mil dieciocho, presentado por el solicitante, en virtud de las atribuciones conferidas a la Secretaría General de Gobierno, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno.
Con relación al concepto de invalidez aduce:
Calificó de infundados los argumentos aducidos por el Municipio actor.
Señaló que dentro de los argumentos que corresponde al estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde a lo que dispone la ley reglamentaria de la materia, es la supuesta violación al derecho del Ayuntamiento, por considerar que se invade su esfera competencial y determinaciones de gobierno con autonomía.
Que en atención a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la controversia constitucional es un proceso mediante el cual se resuelven los conflictos que surjan entre los Poderes Federales, Legislativo y Ejecutivo, los Poderes de los Estados, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, o bien, entre los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, por invasión de competencias o bien, por cualquier otro tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados; en el caso, la Suprema Corte no es la autoridad jurídicamente competente para conocer los argumentos relacionados con las supuestas violaciones al artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal, toda vez que el acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual canceló la acreditación de Carlos Miguel Vásquez Martínez, como agente municipal de la Agencia Municipal Vicente Guerrero y expidió acreditación como agente municipal a Pablo Martínez Calderón, en cumplimiento al acuerdo de Asamblea General de seis de junio de dos mil dieciocho, mismo que tiene sustento en el acta de acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de la Agencia Municipal Vicente Guerrero, de seis de mayo de dos mil dieciocho, agencia que se rige mediante sistemas normativos internos, comúnmente llamados usos y costumbres, por lo que tiene plena libertar para elegir a sus representantes, en virtud de que todos los actos administrativos y más aún los actos de gobierno, deben cumplir con todos los requisitos y elementos legales que prevé en el caso particular la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, la Constitución de la referida entidad y la Constitución Federal y demás ordenamientos legales aplicables.
En este sentido, considera que la Secretaría General de Gobierno de la referida entidad, actuó en apego a la norma, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y al Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno; y que en ningún momento se ha violado la autonomía del Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca.
SÉPTIMO. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.
OCTAVO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor, y el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad. A continuación se determinará si la controversia fue promovida en tiempo contra el acto impugnado.
De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(3) tratándose de actos, el plazo para la promoción de controversias constitucionales será de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
El Municipio actor impugna el acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, expidió la acreditación de agente municipal de la Agencia Municipal "Vicente Guerrero" del Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, a Pablo Martínez Calderón, según acuerdo de Asamblea General de seis de junio de dos mil dieciocho y en vía de consecuencia dejó sin efectos la acreditación expedida a favor de Carlos Miguel Vásquez Martínez, como agente municipal de la referida entidad; el cual le fue notificado el ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio SGG/SUBGOB/767/2018,(4) de la misma fecha (ocho de junio de dos mil dieciocho).
Así, el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del once de junio al siete de agosto de dos mil dieciocho, descontándose los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de junio, uno, siete, ocho y catorce de julio, cuatro y cinco de agosto, todos de dos mil dieciocho; así como del quince al treinta y uno de julio de la referida anualidad, de conformidad con los artículos 2(5) y 3(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, toda vez que la demanda de controversia constitucional se presentó el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción, es evidente que su presentación fue oportuna.
TERCERO. Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; ..."
Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, Poder u órgano que promueva la controversia;..."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario..."
De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos, y tendrá el carácter de actor, la entidad, Poder, u órgano que la promueva, que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Jorge García Ambrocio, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca, quien acredita su personalidad con los siguientes documentos:
a) Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de concejales a Ayuntamientos por sistemas normativos internos, expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el nueve de junio de dos mil dieciséis, de la que se advierte que Jorge García Ambrocio fue electo como segundo concejal propietario para la integración del Ayuntamiento actor.(7)
b) Copia certificada de la sesión solemne de uno de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual se instaló el Ayuntamiento del Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, en la que los concejales electos tomaron protesta, entre ellos, el mencionado Jorge García Ambrocio.(8)
c) Copia certificada de la sesión extraordinaria de uno de enero de dos mil diecisiete, mediante la cual se designó a Jorge García Ambrocio como síndico del Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca.(9)
Por otro lado, del artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se advierte que es atribución de los síndicos representar jurídicamente al Municipio en los litigios en los que éstos fueren parte.(10)
Por tanto, debe concluirse que el promovente tiene legitimación en la presente controversia para representar al Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, en tanto que en autos se encuentra acreditado su carácter de síndico municipal, funcionario a quien la Ley Orgánica Municipal de la entidad le otorga facultades para acudir a juicio en defensa de los intereses del Municipio correspondiente.
En este sentido, es infundada la causa de improcedencia alegada, toda vez que, como se analiza en el presente apartado el Municipio actor sí cuenta con legitimación; además su planteamiento lo hace derivar de que no le causa perjuicio el acto que reclama, lo cual se contestará en el apartado relativo a las causas de improcedencia.
CUARTO. Legitimación Pasiva. Por otra parte, por cuanto hace a la legitimación pasiva, debe señalarse que, en representación del Poder Ejecutivo de Oaxaca contestó la demanda el consejero jurídico del Estado, José Octavio Tinajero Zenil, quien acreditó su personalidad con la copia certificada de su nombramiento,(11) expedido por el gobernador constitucional de la entidad el quince de junio de dos mil diecisiete.
Sobre el particular, debe tenerse presente que el artículo 49, fracción VI,(12) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca prevé que corresponde a la Consejería Jurídica representar al Ejecutivo en las controversias constitucionales en las que sea parte, por lo que es de concluirse que cuenta con la representación del Poder Ejecutivo, el cual tiene la legitimación pasiva en este medio de control constitucional por ser a quien se le atribuye el acto impugnado.
QUINTO. Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto del consejero jurídico de la referida entidad afirma que es improcedente la controversia, porque en ningún momento ha invadido la esfera de derechos del Municipio actor en cuanto a la autonomía municipal contemplada en el artículo 115 de la Constitución Federal; que no existe el acto reclamado, toda vez que, si lo que se reclama es el acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, el cual se realizó en cumplimiento al diverso acuerdo de Asamblea General de seis de junio de dos mil dieciocho y tiene sustento en el Acta de Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de la Agencia Municipal Vicente Guerrero, de seis de mayo de dos mil dieciocho, es inexistente; y que el acto reclamado no le causa perjuicio.
Dichas afirmaciones deben desestimarse porque la determinación de la existencia del acto, si le causa perjuicio o, si se invadió o no la esfera de derechos del Municipio actor en cuanto a la autonomía municipal involucran un análisis del fondo del asunto, mismo que no corresponde realizar en este apartado. Sirve de apoyo la tesis número P. /J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(13)
Finalmente, el Poder Ejecutivo señala que es improcedente la controversia, porque en el fondo se trata de un acto en materia electoral, ya que versa sobre la elección y renovación de sus autoridades, por lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede conocer de la presente controversia constitucional.
Dicho planteamiento es infundado, toda vez que, contrariamente a lo aducido por el Poder Ejecutivo, lo que el Municipio actor impugna es el acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca expide la acreditación de agente municipal de la Agencia Municipal "Vicente Guerrero" del Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, a Pablo Martínez Calderón, violando la autonomía del Municipio actor, sin que en ningún momento impugne tan siquiera la elección en asamblea comunitaria del referido agente, por lo que no se trata de una cuestión electoral.
No existiendo otro motivo de improcedencia planteado por la parte demandada, ni advertido de oficio por esta Primera Sala, lo procedente es entrar al estudio del fondo del asunto.
SEXTO. Estudio de fondo. El Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, plantea que el acuerdo impugnado –de siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, expide la acreditación de agente municipal de la Agencia Municipal "Vicente Guerrero" del Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, a Pablo Martínez Calderón, según acuerdo de Asamblea General de seis de junio de dos mil dieciocho y en vía de consecuencia deja sin efectos la acreditación expedida a favor de Carlos Miguel Vásquez Martínez, como agente municipal de la referida entidad–, violenta lo estipulado en el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal, ya que vulnera su esfera competencial, debido a que es facultad exclusiva de los Ayuntamientos convocar, realizar la elección y nombrar a sus agentes municipales.
Esta Primera Sala considera que el concepto de invalidez es esencialmente fundado.
El artículo 115, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la facultad de los Ayuntamientos de aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública conforme a leyes marco, expedidas por la legislatura estatal.(14)
Así, por mayoría de razón, esta Primera Sala estima que la facultad de aprobar la normativa atinente a la administración pública municipal conlleva implícitamente una atribución operativa; esto es, también comprende la facultad de nombrar y remover a las autoridades administrativas y auxiliares del Municipio.
En ese sentido, el artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, establece las categorías administrativas dentro del Gobierno Municipal, entre las que se encuentra la agencia municipal, que se define como aquella localidad que cuente con un censo no menor de diez mil habitantes.(15) Asimismo, se establece que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29721-a0169536/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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