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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (ORDEN VERBAL O ESCRITA DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL PARA ASIGNAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR GUELAVILA LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVERLA CONTRA UN ACUERDO EN EL QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y UNA AGENCIA MUNICIPAL DETERMINAN EL MONTO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES QUE SE ASIGNÓ A DICHA AGENCIA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL SÍNDICO DEL MUNICIPIO AL QUE PERTENECE ÉSTA TIENE CONOCIMIENTO DE ESE ACUERDO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA POR COSA JUZGADA NO SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE IDENTIDAD DE PARTES PERO EN LA RESOLUCIÓN PREVIA SE ANALIZÓ LA VALIDEZ DE ACTOS DIVERSOS, AUN CUANDO SE ENCUENTREN RELACIONADOS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR VERSAR SOBRE MATERIA ELECTORAL CUANDO EL ACTO CONTROVERTIDO TRASCIENDE AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA HACENDARIA MUNICIPAL, AUN CUANDO DICHO ACTO DIO LUGAR A UNA OMISIÓN IMPUGNADA EN LA JURISDICCIÓN ELECTORAL. VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS QUE LA INTEGRAN. VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL IMPLICA QUE LOS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE SU ÓRGANO DE GOBIERNO SEAN LOS ÚNICOS QUE VÁLIDAMENTE DISPONGAN DE AQUELLAS QUE EL ESTADO DEBA TRANSFERIRLES. IX. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES. INVALIDEZ DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE OAXACA Y UNA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL DESTINO DE LAS QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO AL QUE ÉSTA PERTENECE. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPOSIBILIDAD DE QUE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UN ACUERDO CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE OAXACA Y UNA AGENCIA MUNICIPAL, EN RAZÓN DEL CUAL ÉSTE RECIBIÓ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES DESTINADAS AL MUNICIPIO RESPECTIVO, PRODUZCA LA DEVOLUCIÓN DE ÉSTAS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 287/2017. · Registro digital (IUS): 28997
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-09-06
Promovente: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Pág. 520.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 287/2017. MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, ESTADO DE OAXACA. 5 DE DICIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTES: ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por oficio recibido el diez de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nicolás Martínez García, en su carácter de síndico municipal de San Dionisio Ocotepec, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que enseguida se señalan:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio

"A) El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto de las siguientes secretarías:

"1. La Secretaría General de Gobierno, con domicilio bien conocido en Ciudad Administrativa ‘Benemérito de las Américas’, Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Edificio 8 ‘Margarita Maza de Juárez’.

"2. La Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, con domicilio bien conocido en Ciudad Administrativa ‘Benemérito de las Américas’, Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Edificio 8 ‘Margarita Maza de Juárez’.

"3. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, con domicilio bien conocido en la Ciudad Judicial ‘General Porfirio Díaz Mori, Soldado de la Patria’, sito en la población de San Bartolo Coyotepec, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, específicamente, en las oficinas que albergan el Edificio ‘Saúl Martínez’.

"B) El Poder Ejecutivo de la Federación

"1. Al organismo descentralizado de la administración pública federal denominado Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con domicilio bien conocido en la Ciudad de México, Boulevard Adolfo López Mateos, número 160, colonia San Ángel Inn, Delegación Álvaro Obregón.

"2. Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con domicilio bien conocido en la Ciudad de México, Boulevard Adolfo López Mateos, número 160, colonia San Ángel Inn, Delegación Álvaro Obregón.

"3. Al Comité Directivo y la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con domicilio bien conocido en la Ciudad de México, Boulevard Adolfo López Mateos, número 160, colonia San Ángel Inn, Delegación Álvaro Obregón.

"...

"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda

"A) Al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca le demando:

"1. La invasión de facultades que realiza la Secretaría General de Gobierno en perjuicio del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, porque sin tener facultades para ello, celebró una minuta de acuerdo con la Agencia de San Baltazar Guelavila (autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Dionisio) y con el Administrador Municipal (persona designada por la propia Secretaría General de Gobierno), donde asignaron a dicha agencia el 32.24% de los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, sin que tengan facultades constitucionales o legales para ello.

"2. La nulidad de la minuta de acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, celebrada entre la Secretaría General de Gobierno, la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila y el entonces administrador municipal de San Dionisio Ocotepec, en relación con la entrega de sus participaciones municipales, porque un administrador dependiente de la Secretaría General de Gobierno no tiene facultades constitucionales ni legales para comprometer el patrimonio ni la hacienda pública municipal de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca.

"3. La violación a los artículos 115, fracciones I, II, III y IV y 134, párrafos primero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de mi representado, materializada en la extralimitación de facultades constitucionales y legales en que incurren la Secretaría General de Gobierno y el ex Administrador Municipal, al resolver sobre el uso, manejo y destino de la hacienda pública municipal, asunto que no es de su competencia, ya que las autoridades competentes para conocer de las participaciones municipales son los integrantes del Cabildo Municipal.

"4. La nulidad de la minuta de acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, celebrada entre la Secretaría General del Gobierno, la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila (autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Dionisio) y el entonces administrador municipal, por violación a los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales y a los artículos 14 y 16 constitucionales, por falta de fundamentación y motivación, ya que no existen preceptos sustantivos y adjetivos (sic). Así, tanto el ex administrador municipal como la Secretaría General de Gobierno no tienen facultades para decidir sobre la asignación de aportaciones en favor de la Agencia de San Baltazar Guelavila. Además, es un asunto que no es de su competencia, ya que las autoridades competentes para conocer de las participaciones municipales son los integrantes del Cabildo Municipal.

"En ese orden, se transcribe el segundo punto del acuerdo controvertido, que establece lo siguiente: (se transcribe).

"Asimismo, para mayor ilustración, se inserta la imagen del acuerdo impugnado (también se agrega a la presente en copia simple).

"A.A. A la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca le reclamo lo siguiente:

"I. La devolución de la totalidad de los recursos económicos de los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, pagados de forma indebida a la Agencia de San Baltazar Guelavila (autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec), que haya tenido como base la minuta de acuerdo que se viene citando como acto reclamado.

"B. Al organismo descentralizado de la administración pública federal denominado Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al Comité Directivo y la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), les reclamo lo siguiente:

"a) El procedimiento, acuerdo, orden o autorización, verbal o escrito, que dio el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a la Secretaría General de Gobierno para que dicha Secretaría les asignara el 32.24% de participaciones de los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, a la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila (autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec).

"b) La invasión de facultades que realiza el Coneval en perjuicio del Municipio de San Dionisio Ocotepec, ya que sus indicadores son orientadores y no vinculantes. En el presente caso, el organismo descentralizado formuló y emitió determinaciones (otorgando el 32.24%, de acuerdo con los indicadores sociodemográficos y de rezago social de la Agencia de San Baltazar Guelavila, para la entrega de sus participaciones), que la Secretaría General de Gobierno tomó para violentar la autonomía hacendaria del Municipio de San Dionisio Ocotepec.

"c) La invasión a la esfera competencial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en perjuicio del Municipio actor, al realizar una indebida imposición del 32.24%, que la Secretaría General de Gobierno tomó como parámetro obligatorio para la asignación de recursos económicos a la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila.

"Dichos actos los están realizando sin respetar el procedimiento que marca la ley orgánica municipal y violando las garantías de audiencia, defensa y legalidad."

SEGUNDO.—Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

1. El dos de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la asamblea solemne, en la que se hizo del conocimiento de los habitantes del Municipio la lista de concejales que integrarían el Ayuntamiento del Municipio de San Dionisio Ocotepec en el periodo 2017-2019.

2. El veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Electoral Local emitió el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-297/2016, en el que calificó como válida la elección.

3. El veintiséis de diciembre siguiente, ciudadanos originarios de la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra del acuerdo referido ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, el cual se radicó con el número de expediente JDC/162/2016.

4. El uno de enero de dos mil diecisiete, en sesión solemne de Cabildo, los concejales propietarios rindieron protesta y al día siguiente fueron asignadas las regidurías.

5. El seis de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral Estatal revocó el acuerdo impugnado y declaró la nulidad de la elección de los concejales del Municipio de San Dionisio Ocotepec.

6. Los días once, diecisiete, veinte y veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la resolución referida ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, los cuales se radicaron con el número de expediente SX-JDC-151/2017 y acumulados y se resolvieron el siete de abril siguiente en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

7. El veinte de abril de dos mil diecisiete, se interpusieron en contra de esta determinación recursos de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales se radicaron con el número de expediente SUP-REC-1148/2017 y acumulados y se resolvieron el dos de junio siguiente, en el sentido de revocar la determinación impugnada y declarar la validez de la elección del Ayuntamiento del Municipio de San Dionisio Ocotepec.

8. Desde la declaración de nulidad de la elección por parte del Tribunal Electoral Estatal (seis de marzo de dos mil diecisiete) hasta la revocación de esta resolución por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Gobierno Municipal estuvo a cargo de un Administrador Municipal nombrado por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que celebró con la Secretaría General de Gobierno Estatal y la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila una minuta de acuerdo, en la que asignó, a esta última, un porcentaje de las participaciones y aportaciones federales del Municipio de San Dionisio Ocotepec.

La minuta de acuerdo fue notificada al Ayuntamiento, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, junto con la demanda de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila en contra del Ayuntamiento ante el Tribunal Electoral Estatal, por una supuesta violación a su derecho político-electoral a ser votados, derivado del incumplimiento de dicha minuta.

TERCERO.—Los conceptos de invalidez hechos valer por el actor son, en síntesis, los siguientes:

1. Los actos que se impugnan carecen de fundamentación y motivación. No existe disposición que faculte a la Secretaría General de Gobierno, al ex administrador municipal y a la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila para afectar los recursos del Municipio a través de una minuta de acuerdo. Los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal no observaron el procedimiento establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca para asignar recursos a dicha autoridad auxiliar municipal. Además, al estar sujeto al régimen de sistemas normativos internos, el Municipio de San Dionisio Ocotepec debe someter cualquier decisión relacionada con la afectación de sus recursos a la asamblea comunitaria, así como al Consejo de Desarrollo Municipal, conforme a los artículos 2o. de la Constitución Federal y 58, 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.

2. Los actos impugnados vulneran los artículos 115, fracciones I, II, III y IV y 134, párrafos primero y quinto, de la Constitución Federal, pues los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal se extralimitaron en el ejercicio de sus atribuciones, al resolver cuestiones ajenas a su ámbito de competencia, afectando con ello la autonomía y la hacienda pública municipales.

Tanto la Ley de Coordinación Fiscal como la Estatal disponen que las participaciones federales son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios, con la autorización de los congresos y siempre que se encuentren inscritas a petición del Estado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Del mismo modo, las aportaciones federales deben ser entregadas a los Municipios a través de los Estados, de forma ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones. En este sentido, la minuta de acuerdo combatida es inconstitucional, al violentar los principios de libre administración de la hacienda municipal, ejercicio directo e integridad de los recursos municipales.

3. El Poder Ejecutivo Federal, a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, invadió la esfera de competencia del Municipio actor, al haber determinado indebidamente, en atención a los indicadores sociodemográficos y de rezago social, el porcentaje de recursos municipales que debía asignarse a la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila.

CUARTO.—El Municipio actor considera violados en su perjuicio los artículos 2o., 14, 16, 115 y 134, párrafos primero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—En acuerdo de diez de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, a la que correspondió el número 287/2017 y por razón de turno designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Por auto de catorce de noviembre siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivos Federal y Local –no a los Secretarios General de Gobierno y de Finanzas, la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, su Comité Directivo ni su Comisión Ejecutiva, por tratarse de órganos subordinados a dichos poderes–, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.—El Poder Ejecutivo Federal contestó la demanda en los siguientes términos:

a) Causa de improcedencia

Son inexistentes los actos que se atribuyen al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues no corresponde a éste, sino a las dependencias públicas encargadas de ejecutar los programas y acciones de desarrollo social, aplicar los indicadores que aquél aprueba para medir su impacto y calidad; de ahí que no cuente con facultades para realizar asignaciones de recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, del presupuesto de egresos de la Federación.

En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no llevó a cabo un procedimiento, ni emitió algún acuerdo, orden o autorización, verbal o escrito, para que se otorgara el 32.24% (treinta y dos punto veinticuatro por ciento) de las participaciones y aportaciones federales del Municipio actor a la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila.

Por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos atribuidos a esta autoridad, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Refutación de conceptos de invalidez

1. En todo caso, los conceptos de invalidez son infundados, toda vez que el Consejo no intervino en modo alguno en la asignación de recursos federales a la agencia municipal. Conforme a los artículos 80 de la Ley General de Desarrollo Social y 5o., fracción XVI, del decreto por el que se regula dicho organismo, éste puede formular sugerencias y recomendaciones al Ejecutivo Federal, a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, con base en resultados de las evaluaciones e investigaciones disponibles; no así a las autoridades locales.

Aun cuando el artículo 5o., fracción XXI, del citado decreto prevé la atribución del Consejo de actuar como órgano de consulta y asesoría en la evaluación de programas sociales y medición de pobreza de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las autoridades estatales y municipales y de los sectores público y privado; en el caso, no ejerció dicha atribución y, mucho menos, participó en la asignación de recursos federales a la agencia municipal.

2. Con independencia de lo anterior, el Ejecutivo Federal, en cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal, ha ministrado al Estado en tiempo y forma las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que las distribuya entre sus Municipios.

SÉPTIMO.—Al dar contestación a la demanda, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca señaló lo siguiente:

a) Causas de improcedencia

1. Debe sobreseerse en esta controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción III y 20, fracción II, de la ley reglamentaria, al encontrarse pendiente de resolución la controversia constitucional 236/2017, promovida por el Municipio actor en contra de los mismos actos impugnados.

2. Debe sobreseerse en esta controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II, de la ley reglamentaria, al haber cesado los efectos de la minuta de acuerdo impugnada, como consecuencia de la terminación del nombramiento del administrador municipal.

3. Debe sobreseerse en esta controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción VII, 20, fracción II y 21, fracción I, de la ley reglamentaria, por extemporaneidad en la impugnación de la minuta de acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, pues el plazo para promover la controversia, comenzó al día siguiente de su emisión y no en la fecha que señala el actor en su demanda.

4. Debe sobreseerse en esta controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción III, de la ley reglamentaria, por inexistencia de los actos impugnados, ya que el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas, ha entregado los recursos correspondientes al Municipio actor, a través de las cuentas bancarias señaladas para tal efecto y de las personas legalmente facultadas para ello.

5. Debe sobreseerse en esta controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria, pues el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca no ha vulnerado la hacienda municipal.

6. Debe sobreseerse en esta controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II y 22, fracción VII, de la ley reglamentaria, puesto que el Municipio actor no planteó concepto de invalidez alguno que acredite la supuesta afectación a los recursos económicos que le pertenecen.

7. Debe sobreseerse en esta controversia constitucional, con fundamento en los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, de la ley reglamentaria, 99 de la Constitución General y 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al impugnarse un acto vinculado con un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos, que debe ser combatido ante la instancia electoral correspondiente.

b) Refutación de conceptos de invalidez

En todo caso, los conceptos de invalidez son infundados, porque el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas, no ha retenido recursos municipales, sino, por el contrario, los ha entregado a través de la persona legalmente facultada para ello.

OCTAVO.—El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

NOVENO.—Sustanciado el procedimiento en esta controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO.—En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

DÉCIMO PRIMERO.—En sesión pública de nueve de agosto de dos mil dieciocho, fue desechado el proyecto de resolución presentado por el Ministro Pérez Dayán, returnándose el asunto, mediante acuerdo del día siguiente, a la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora I.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, incisos b) e i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, por no impugnarse normas de carácter general.

SEGUNDO.—En primer término, deben precisarse los actos que se tendrán como impugnados en la controversia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) y la tesis P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(2)

Los actos que impugnó el Municipio actor son los siguientes:

"IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda

"A) Al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca le demando:

"1. La invasión de facultades que realiza la Secretaría General de Gobierno en perjuicio del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, porque, sin tener facultades para ello, celebró una minuta de acuerdo con la Agencia de San Baltazar Guelavila (autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Dionisio) y con el administrador municipal (persona designada por la propia Secretaría General de Gobierno), donde asignaron a dicha agencia el 32.24% de los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, sin que tengan facultades constitucionales o legales para ello.

"2. La nulidad de la minuta de acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, celebrada entre la Secretaría General de Gobierno, la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila y el entonces administrador municipal de San Dionisio Ocotepec, en relación con la entrega de sus participaciones municipales, porque un Administrador dependiente de la Secretaría General de Gobierno no tiene facultades constitucionales ni legales para comprometer el patrimonio ni la hacienda pública municipal de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca.

"3. La violación a los artículos 115, fracciones I, II, III y IV y 134, párrafos primero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de mi representado, materializada en la extralimitación de facultades constitucionales y legales en que incurren la Secretaría General de Gobierno y el ex administrador municipal, al resolver sobre el uso, manejo y destino de la hacienda pública municipal, asunto que no es de su competencia, ya que las autoridades competentes para conocer de las participaciones municipales son los integrantes del Cabildo Municipal.

"4. La nulidad de la minuta de acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, celebrada entre la Secretaría General del Gobierno, la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila (autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Dionisio) y el entonces administrador municipal, por violación a los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales y a los artículos 14 y 16 constitucionales, por falta de fundamentación y motivación, ya que no existen preceptos sustantivos y adjetivos. Así, tanto el ex administrador municipal como la Secretaría General de Gobierno no tienen facultades para decidir sobre la asignación de aportaciones en favor de la Agencia de San Baltazar Guelavila. Además, es un asunto que no es de su competencia, ya que las autoridades competentes para conocer de las participaciones municipales son los integrantes del Cabildo Municipal.

"En ese orden, se transcribe el segundo punto de acuerdo, controvertido, que establece lo siguiente: (se transcribe).

"Asimismo, para mayor ilustración, se inserta la imagen del acuerdo impugnado (también se agrega a la presente en copia simple).

"A.A. A la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca le reclamo lo siguiente:

"I. La devolución de la totalidad de los recursos económicos de los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, pagados de forma indebida a la Agencia de San Baltazar Guelavila (autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec), que haya tenido como base la minuta de acuerdo que se viene citando como acto reclamado.

"B. Al organismo descentralizado de la administración pública federal denominado Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al Comité Directivo y la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), les reclamo lo siguiente:

"a) El procedimiento, acuerdo, orden o autorización, verbal o escrito, que dio el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a la Secretaría General de Gobierno para que dicha Secretaría les asignara el 32.24% de participaciones de los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, a la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila (autoridad auxiliar del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec).

"b) La invasión de facultades que realiza el Coneval en perjuicio del Municipio de San Dionisio Ocotepec, ya que sus indicadores son orientadores y no vinculantes. En el presente caso, el organismo descentralizado formuló y emitió determinaciones (otorgando el 32.24%, de acuerdo con los indicadores sociodemográficos y de rezago social de la Agencia de San Baltazar Guelavila, para la entrega de sus participaciones), que la Secretaría General de Gobierno tomó para violentar la autonomía hacendaria del Municipio de San Dionisio Ocotepec.

"c) La invasión a la esfera competencial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en perjuicio del Municipio actor, al realizar una indebida imposición del 32.24%, que la Secretaría General de Gobierno tomó como parámetro obligatorio para la asignación de recursos económicos a la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila.

"Dichos actos los están realizando sin respetar el procedimiento que marca la ley orgánica municipal y violando las garantías de audiencia, defensa y legalidad."

De la transcripción anterior, se desprende que los numerales A.1, A.3, A.4, en su segunda parte, B.b) y B.c) no constituyen actos, sino conceptos de invalidez, pues se trata de las razones por las que el Municipio actor estima que debe declararse la inconstitucionalidad de los actos realmente impugnados, a que se refieren los numerales A.2, A.4, en su primera parte –a modo de reiteración de lo señalado en el numeral A.2– y B.a). Por otro lado, el numeral A.A.I se relaciona con el efecto que el actor pretende que se dé a la sentencia que declare la invalidez de tales actos.

En este sentido, los actos que deben tenerse como impugnados son los siguientes:

1. La minuta de acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, celebrada entre la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, el administrador municipal designado por ésta y la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila, a través de la cual fue asignado a esta última el 32.24% (treinta y dos punto veinticuatro por ciento) de las participaciones y aportaciones federales del Municipio de San Dionisio Ocotepec.

2. El procedimiento, acuerdo, orden o autorización, verbal o escrito, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para asignar a la Agencia Municipal de San Baltazar Guelavila el 32.24% (treinta y dos punto veinticuatro por ciento) de las participaciones y aportaciones federales del Municipio de San Dionisio Ocotepec.

Ahora bien, el Poder Ejecutivo Federal hizo valer como causa de improcedencia la inexistencia de los actos referidos en el numeral 2, lo cual debe estimarse fundado, ya que, de las constancias que obran en el expediente, no se advierte que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social haya llevado a cabo un procedimiento o emitido un acuerdo, orden o autorización para determinar el porcentaje de los recursos del Municipio actor que debía en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28997-75e6576e/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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