I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO POR EL QUE SE EXPIDIERON LAS CREDENCIALES DE ACREDITACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DE POLICÍA (VALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LAS CREDENCIALES DE ACREDITACIÓN RESPECTO DEL CARGO DE AGENTE DE POLICÍA DE SAN ISIDRO ALOAPAM EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA, PARA EL PERIODO DE DOS MIL DIECINUEVE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA QUE SE DETERMINÓ LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA EN EL RÉGIMEN DE SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS NÚMERO JDCI/58/2019).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 278/2019. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, IXTLÁN DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de marzo de dos mil veinte.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Abad Méndez Santiago y Florenciano Cruz Chávez, Presidente y Síndico municipal del Municipio de San Miguel Aloapam, Ixtlán de Juárez, Estado de Oaxaca, respectivamente, promovieron controversia constitucional en representación del citado municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
• Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
• Subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
• Director de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
• Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
Norma general o actos cuya invalidez se demanda:
"A las autoridades responsables derivadas del Poder Ejecutivo, les demandamos como acto reclamado la invasión de la esfera de competencias al haber otorgado el nombramiento al Ciudadano GONZALO MENDEZ LOPEZ (sic), como Agente de Policía de la Agencia de Policía de San Isidro Aloapam, perteneciente a nuestro municipio de San Miguel Aloapam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, cuando no se ha llevado a cabo la elección de dicha localidad, pretendiendo que con dicha acreditación ilegal obtengan personas sin sustento legal los recursos económicos que por tradición le corresponden a dicha localidad, pues fue la Dirección de Gobierno y Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, quienes la otorgaron sin que este municipio haya celebrado la elección y mucho menos expedido el nombramiento que lo acreditara como tal. --- Así también al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, le demandamos como acto reclamado la invasión en la esfera de competencias, esto es, la incompetencia para iniciar dicho procedimiento, seguirlo por todo su cauce y dictar sentencia dentro del juicio JDCI/58/2019, por haberse iniciado de manera ilegal en nuestra contra por parte de quien se dice ser Agente de Policía de San Isidro Aloapam, cuando éste, acreditándose con un nombramiento que no acreditó los requisitos formales, esto es, porque no se ha convocado para la elección de dicho cargo y esta autoridad tampoco led (sic) ha otorgado el nombramiento respectivo, empero, además porque aborda un tema presupuestario-administrativo, con la cual invade la libertad presupuestaria y hacendaria que tiene determinada constitucionalmente nuestro municipio, dado que se pretende la entrega a una agencia de policía los ramos 28 y 33 correspondientes a este ejercicio fiscal 2019, lo que evidentemente son actos fuera de su competencia."
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
El día diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca notificó a los promoventes la demanda del juicio JDCI/58/2019, promovido por Gonzalo Méndez López, quien se ostentó como agente de policía municipal de la comunidad indígena de San Isidro Aloapam, Municipio de San Miguel Aloapam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en la cual demanda que se entregue a dicha comunidad los recursos económicos de los ramos 28 y 33, fondo III y IV del ejercicio fiscal dos mil diecinueve que le corresponden a dicha comunidad indígena.
Sin embargo, señalan los promoventes que en dicha localidad no existe autoridad auxiliar, toda vez que no se ha convocado ni se ha llevado a cabo asamblea para elegir al agente de policía y tampoco se ha entregado tal nombramiento.
Aun así, la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno otorgó su acreditación sin que se cumplieran los requisitos, invadiendo así la competencia del Municipio.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora, en su único concepto de invalidez esgrimió, en síntesis, lo siguiente:
Señaló que resultan inconstitucionales los actos que realizaron los responsables, pues con ello se afecta la competencia y autonomía de la comunidad indígena establecida en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Indicó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca establece que le corresponde a la Secretaría General de Gobierno recibir de las autoridades competentes el padrón de firmas de las autoridades municipales y auxiliares e integrar, legalizar, certificar o expedir la acreditación administrativa respectiva.
Por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca establece que será la Dirección de Gobierno quien debe validar el trámite para la expedición de las credenciales de acreditación y el registro de sellos de las autoridades municipales y auxiliares.
Así, para obtener el registro y la credencial que los acredite ante las diferentes dependencias del gobierno, los agentes electos de policía deberán presentar ante el Departamento de Registro y Credencialización de Autoridades Municipales diversos requisitos, entre ellos el acta de cabildo en la que se nombre al funcionario, el acta de toma de protesta y nombramiento con vigencia.
Sin embargo, lo anterior no aconteció, esto es, no se han realizado los trámites necesarios para la acreditación de las autoridades auxiliares del municipio, pues de la normativa que regula el procedimiento se observa que el Poder Ejecutivo estatal deberá realizar el trámite de expedición de las credenciales que acrediten a las autoridades y auxiliares ante la comparecencia de funcionarios municipales, empero, al no hacerlo violan la competencia de la municipalidad.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 1°, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 278/2019; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(1)
Luego, mediante proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar como demandados al Poder Ejecutivo y al Tribunal Electoral, ambos del Estado de Oaxaca, más no así al titular, Subsecretario y Director de la Subsecretaría, todos de la Secretaría General de Gobierno, ya que éstos son subordinados del Poder Ejecutivo. Además, requirió a los referidos órganos demandados para que, al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; por último ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que expresaran lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación de la demanda del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Miguel Ángel Carballido Díaz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:
En su capítulo de antecedentes:
El diez de julio de dos mil diecinueve, Gonzalo Méndez López presentó demanda del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, registrado con el número JDCI/58/2019, la cual fue desechada de plano por el Tribunal el treinta de agosto del mismo año, en virtud de considerar que quien promovió el juicio referido carece de legitimación para promover en representación de la comunidad de San Isidro Aloápam, San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca; toda vez que el oficio de doce de agosto de dos mil diecinueve, la Directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica de Asuntos Religiosas de la Secretaría General de Gobierno señaló que en los archivos de la Dirección de Gobierno no obraba registro de que algún ciudadano haya acudido ante la Secretaría para registrarse con el cargo de Agente de Policía de la Agencia en cita.
En contra de dicha determinación, Gonzalo Méndez López promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano ante la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual se encuentra pendiente de resolver.
Posteriormente, en cuanto a las causales de improcedencia, el Tribunal demandado señaló lo siguiente:
Arguye que debe declararse improcedente la presente controversia constitucional, de conformidad al artículo 19, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que considera que la norma impugnada es de materia electoral; ello, pues el Municipio actor se inconforma en contra del Tribunal por actuar como órgano jurisdiccional.
Por último, en la contestación a los conceptos de invalidez, el Tribunal demandado arguye:
El actuar del Tribunal Electoral en ningún modo ha afectado o pretende afectar derechos que tiene reconocidos constitucionalmente el Municipio actor, ello, pues el Municipio parte de la premisa que el juicio referido aún se está substanciando, cuando éste ya fue desechado, así, controvierte ahora un acto inexistente.
SÉPTIMO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. José Octavio Tinajero Zenil, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en su calidad de representante jurídico del titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dio contestación a la demanda en los siguientes términos:
En cuanto a las causas de improcedencia advertidas, señaló lo siguiente:
Primera. Se actualiza la causa establecida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con la fracción II del artículo 20, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia; ello, pues el Poder Ejecutivo local en ningún momento invadió la esfera de competencia del Municipio actor, ya que la expedición que realizó la Secretaría General de Gobierno fue con apego a la competencia que tiene conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, ya que validó el trámite y expidió la acreditación con número de folio 0079 y sello correspondiente a favor del Agente de Policía a Gonzalo Méndez López, con base en las documentales que le fueron exhibidas, a saber:
• Acta de nombramiento de la autoridad de la Agencia, de fecha uno de noviembre de dos mil dieciocho, correspondiente al nombramiento de autoridades de la Agencia de Policía para el año dos mil diecinueve.
• Acta de toma de protesta de ley de los funcionarios municipales de fecha uno de enero de dos mil diecinueve, realizada en la Agencia de Policía de San Isidro Aloapam, Municipio de San Miguel Aloapam, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, donde las autoridades electas tomaron protesta de su cargo.
Razón por lo que en nada se afecta la esfera de facultades del actor, pues la citada Secretaría sólo cumplió con la normatividad que la rige.
Segunda. Considera que el acto materia de controversia es inexistente, pues el siete de febrero de dos mil diecinueve, la Secretaría de Gobierno validó y tramitó la multicitada acreditación en respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas con sustento en la Ley.
Por ello, invoca el motivo de sobreseimiento previsto en el numeral 20, fracción III de la Ley Reglamentaria, al ser inexistente el acto, en virtud que la autoridad actuó con apego en la norma.
Tercera. Por último, arguye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II de la Ley de la materia, ya que el acto reclamado es de materia electoral, pues el asunto versa sobre la elección y renovación de sus autoridades, particularmente la acreditación expedida, por lo tanto, la controversia constitucional no es la vía idónea para ventilar dicho tipo de asuntos.
En cuanto a los conceptos de invalidez, menciona lo siguiente:
La competencia de la Suprema Corte de Justicia, al resolver cuestiones en controversia constitucional, va dirigida al estudio de la constitucionalidad de disposiciones generales o conflictos que se susciten entre los Poderes o entre los órdenes de gobierno por invasión de competencias; en ese orden de ideas, en el caso en ningún momento se ha invadido la competencia del Municipio actor y la acreditación fue realizada en apego a las facultades de la Secretaría de Gobierno, por lo que resultan infundados los conceptos planteados por el actor.
OCTAVO. Opinión del Fiscal General de la República y de la Consejería Jurídica Federal. Tanto el Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica Federal, a pesar de haber sido notificados correctamente, se abstuvieron de formular pedimento.
NOVENO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el día veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, con relación a los alegatos, las partes no los formularon; por último, se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de San Miguel Aloapam, Oaxaca y el Poder Ejecutivo y el Tribunal Electoral, ambos del Estado de Oaxaca, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO. Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concretos y específicamente reclamados por el municipio actor.
A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.
En el apartado denominado acto cuya invalidez se demanda, señaló como tal el siguiente:
"A las autoridades responsables derivadas del Poder Ejecutivo, les demandamos como acto reclamado la invasión de la esfera de competencias al haber otorgado el nombramiento al Ciudadano GONZALO MENDEZ LOPEZ, como Agente de Policía de la Agencia de Policía de San Isidro Aloapam, perteneciente a nuestro municipio de San Miguel Aloapam, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, cuando no se ha llevado a cabo la elección de dicha localidad, pretendiendo que con dicha acreditación ilegal obtengan personas sin sustento legal los recursos económicos que por tradición le corresponden a dicha localidad, pues fue la Dirección de Gobierno y Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, quienes la otorgaron sin que este municipio haya celebrado la elección y mucho menos expedido el nombramiento que lo acreditara como tal. --- Así también al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, le demandamos como acto reclamado la invasión en la esfera de competencias, esto es, la incompetencia para iniciar dicho procedimiento, seguirlo por todo su cauce y dictar sentencia dentro del juicio JDCI/58/2019, por haberse iniciado de manera ilegal en nuestra contra por parte de quien se dice ser Agente de Policía de San Isidro Aloapam, cuando éste, acreditándose con un nombramiento que no acreditó los requisitos formales, esto es, porque no se ha convocado para la elección de dicho cargo y esta autoridad tampoco le ha otorgado el nombramiento respectivo, empero, además porque aborda un tema presupuestario-administrativo, con la cual invade la libertad presupuestaria y hacendaria que tiene determinada constitucionalmente nuestro municipio, dado que se pretende la entrega a una agencia de policía los ramos 28 y 33 correspondientes a este ejercicio fiscal 2019, lo que evidentemente son actos fuera de su competencia."
Como se observa, el actor reclama del Poder Ejecutivo de la entidad el haber otorgado el nombramiento a Gonzalo Méndez López como Agente de Policía de la Agencia de San Isidro Aloapam, perteneciente al Municipio de San Miguel Aloapam, Oaxaca.
No obstante ello, del análisis de los conceptos de invalidez propuestos, de la contestación del Poder Ejecutivo local, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que lo efectivamente impugnado de la autoridad demandada no es el haber otorgado el nombramiento, sino la validación, acreditación y expedición de las credenciales de acreditación, respecto del cargo de Agente de Policía de Gonzalo Méndez López, lo cual, se sustenta en el nombramiento realizado por la comunidad de San Isidro Aloapam en el Municipio de San Miguel Aloapam, Distrito de Ixtlán de Juárez, en el Estado de Oaxaca, conforme al acta de nombramiento otorgado por la Autoridad de la Agencia de Policía mediante Asamblea General de uno de noviembre de dos mil dieciocho, que obra a foja 493 de este expediente y por tanto, dichos actos son los que se tienen por impugnados por lo que a esta autoridad atañe.
Por otra parte, del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se tiene como acto reclamado la admisión y trámite del juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos número JDCI/58/2019, iniciado por quien se ostentó como Agente de Policía de San Isidro Aloapam en contra del municipio actor.
Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P. /J. 98/2009,(2) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA".
TERCERO. Sobreseimiento. Resulta innecesario analizar la oportunidad y la legitimación de las partes en la presente controversia constitucional, toda vez que esta Primera Sala advierte de oficio que se actualiza una causa de improcedencia en el caso.
I. En principio, por lo que respecta a los actos impugnados al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, esta Primera Sala advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, al haber cesado en sus efectos el acto cuya invalidez se demanda en esta controversia constitucional, por las razones que enseguida se señalan.
Los citados preceptos legales prevén como causa de improcedencia de la controversia constitucional la cesación de los efectos de la norma general o acto impugnado, en los siguientes términos:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
(...)"
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
(...)
II. Cuando durante el ejercicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior".
Por otra parte, los artículos 105, fracción I y III (en lo conducente), y penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria establecen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
[...].
III. [...] La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia".
"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia".
El alcance de las disposiciones legales acabadas de reproducir, en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J.54/2001,(3) cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."
De la jurisprudencia señalada, se desprende que, tratándose de la controversia constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.
Ahora bien, como se adelantó, en la presente controversia constitucional se impugna del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca la validación, acreditación y expedición de las credenciales de acreditación, respecto del cargo de Agente de Policía de Gonzalo Méndez López.
No obstante ello, de las constancias que obran en autos,(4) se advierte que, el Agente de Policía Gonzalo Méndez López fue nombrado en su cargo por la comunidad de San Isidro Aloapam en el Municipio de San Miguel Aloapam, Distrito de Ixtlán de Juárez, en el Estado de Oaxaca, conforme al acta de nombramiento otorgada por la Autoridad de la Agencia de Policía mediante Asamblea General de uno de noviembre de dos mil dieciocho para fungir durante el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, circunstancia que se corrobora además con el Acta de toma de protesta de ley de uno de enero de dos mil diecinueve, en la que se señala que las autoridades fueron electas para desempeñar sus cargos sólo durante ese año, así como con la credencial con número de folio 0079 expedida en favor del citado Agente Policial por la Secretaría General de Gobierno de la entidad, cuya vigencia indica dos mil diecinueve.
Por lo anterior, es evidente que los actos combatidos cesaron en sus efectos totalmente al desaparecer la afectación reclamada por esta vía, pues la validación, acreditación y expedición de las credenciales de acreditación del cargo de Agente de Policía de Gonzalo Méndez López, dejaron se surtir sus efectos al concluir el período por el que se expidieron.
En este orden de ideas, aun y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y, en su caso, se declarara la invalidez de lo impugnado, la sentencia no podría surtir plenos efectos respecto de aquél.
Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 20 del propio ordenamiento legal.
II. En lo tocante a los actos reclamados al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, también se actualiza la causa de improcedencia anunciada, esto es, la prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 20, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia.
En efecto, como se sostuvo en la precisión de actos a esta autoridad se le reclamó la admisión y trámite del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos número JDCI/58/2019, iniciado por quien se ostentó como Agente de Policía de San Isidro Aloapam en contra del municipio actor.
En ese sentido, a pesar de que de las constancias remitidas por la autoridad demandada adjuntas a su contestación,(5) se observa que efectivamente el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca radicó y substanció el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos número JDCI/58/2019; lo cierto es, que en dichas constancias también obra la relativa a la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve en la que se determinó fundamentalmente desechar de plano la demanda presentada por el actor al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley de Medios Local, toda vez que el actor no se encontró legitimado para la promoción del juicio al no acreditar la personalidad con la que se ostentó ni contar con la representación de la comunidad de forma fehaciente.
Bajo esa tesitura resulta claro que, no obstante de la existencia del acto reclamado al dos de agosto de dos mil diecinueve -fecha de presentación de la demanda del medio en que se actúa- con posterioridad, la autoridad demandada al resolver el procedimiento determinó la improcedencia de la vía y desechar la demanda presentada por el actor; lo que hace manifiesto que cesaron los efectos del acto aquí impugnado.
En las relatadas condiciones, al actualizarse de forma patente la causa de improcedencia citada, lo conducente es decretar el sobreseimiento en el presente asunto, de conformidad con los artículos 19, fracción V, en relación con el 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes. En su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
PONENTE
MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
________________
1. Foja 65 del cuaderno principal.
2. Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, pág. 1536. Cuyo contenido es: El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200607-8d4578ee/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA M (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICÍPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO POR ESTIMARLO VIOLARTORIO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COM (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUE ELECTO EL AGENTE MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR, GUELAVILA ( (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO POR ESTIMARLO VIOLATORIO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE EVIDENCIA QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA APLICABLE, NINGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMPARECIERON A INTERPONERLA TIENE FACULTADES (108)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE EVIDENCIA QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA APLICABLE, NINGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMPARECIERON A INTERPONERLA TIENE FACULTADES (P./J. 77/2001 )
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE EVIDENCIA QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA APLICABLE, NINGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMPARECIERON A INTERPONERLA TIENE FACULTADES (70)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO LA PROMUEVEN PARA RECLAMAR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO A ALGUNO DE ELLOS O UN ACTO QUE VULNERA SU INTEGRAC (1a. CXVII/2009)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis