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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE MANDATO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. CORRESPONDE AL CONGRESO DE ESA ENTIDAD REVOCAR EL MANDATO DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ACUERDO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES, POR ALGUNA DE LAS CAUSAS GRAVES QUE LA LEY SEÑALA. III. JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. ETAPAS DE SU PROCEDIMIENTO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS EMITIDOS EN DE UN PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE MANDATO CARECEN DEFINITIVA (ACUERDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIÓ EL ESCRITO DE DENUNCIA PRESENTADO POR DIVERSOS CIUDADANOS Y EN VIRTUD DEL CUAL SE INICIÓ EL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN CONTRA LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, BAJO EL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXII 99/2018). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE (ARTÍCULOS 54, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY MUNICIPAL, AMBAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 195/2018. · Registro digital (IUS): 200590
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO CALPULALPAN EDO. DE TLAXCALA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 195/2018. MUNICIPIO CALPULALPAN, ESTADO DE TLAXCALA. 3 DE JULIO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ. COLABORÓ: KITHZAIM JOSÉ RUIZ SANTIAGO

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día tres de julio de dos mil diecinueve.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carina Flores Avelar, en su carácter de síndico del Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, y en representación del mismo, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y los actos que continuación se indican:(1).

"III. ÓRGANOS DEMANDADOS.

A) H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA EN SU LXIII LEGISLATURA ACTUANTE;

B) COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS; EN SU LXIII LEGISLATURA ACTUANTE;

C) COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, EN SU CALIDAD DE COMISIÓN INSTUCTORA DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXII 99/2018; EN SU LXIII LEGISLATURA ACTUANTE;

D) LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA; EN SU LXIII LEGISLATURA ACTUANTE;

(...)

V. NORMA O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.

Del HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, erigido como Jurado de Declaración dentro del juicio político, instaurado en contra de mis representados; los que integramos el Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, se impugna:

1.- LA ADMISIÓN DE UN ESCRITO de fecha de emisión once -11- de julio de la presente anualidad; carente de la formalidad necesaria y que no cubre sus requisitos esenciales para su contemplación que por ley debería de presentar y no cubre (sic) el cual en su deficiencia principal no presenta un apartado de pruebas y que del (sic) mismo únicamente es acompañado de anexos en copias simples;

2.- LA NO FORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE DEBIERON SER PRESENTADAS Y DETERMINAR SU EFICACIA E IDONEIDAD, LA CUAL DEBIERA FORTALECER EL LIBELO Y EN CONSECUENCIA DICTAR SU PROCEDENCIA.

3.- LA EMISIÓN DEL ACUERDO PARLAMENTARIO de fecha veinte de Septiembre (sic) del año en curso, radicado y aperturado como el EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXII 099/2018, en el que entre otras cuestiones; en su párrafo marcado con el número romano VI, admite y radica el Expediente Parlamentario antes mencionado, mediante el cual pretenden a través de un PROCEDIMIENTO OBSCURO Y VICIADO, revocar el mandato de los que integramos este AYUNTAMIENTO DE CALPULALPAN, TLAXCALA, fundando su acción en los artículos 115 fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción VII y 109 fracciones I, parte final (en cuanto a la duración de la secuela procesal), IV y VI de la Constitución política (sic) del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 fracción II, y 30 fracción II, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y 12 párrafo segundo, 13, 14, 19 párrafo cuarto, 26 fracciones III, IV y V y 28 párrafo primero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, normas y artículos que son violentados por el H. Congreso del Tlaxcala, tal y como se hará notar en los conceptos de invalidez mencionados en el presente ocurso.

4.- LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, mediante decreto número ciento cuarenta y seis, de fecha once de diciembre de 2001, esto al trasgredir las normas constitucionales que se contiene (sic) en el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

2. SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se expusieron como antecedentes los siguientes:

• El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, diversos ciudadanos acudieron al Congreso del Estado de Tlaxcala para promover juicio de responsabilidad administrativa (seguido bajo las reglas de juicio político) en contra de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor, solicitando la revocación de mandato de dichos funcionarios, que se les fincara responsabilidad resarcitoria derivado de los daños patrimoniales ocasionados al Municipio y que se iniciaran las correspondientes carpetas de investigación para fincar las responsabilidades penales correspondientes.

• Mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso de Tlaxcala admitió la solicitud y conformó el expediente parlamentario LXII 099/2018, declarándose competente para conocer, instrumentar y desahogar el procedimiento de revocación de mandato planteado en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, hasta la emisión del dictamen con proyecto de Decreto o Acuerdo que proponga su resolución en definitiva.

• Los días cinco y ocho de octubre de dos mil dieciocho, se notificó a los integrantes del Ayuntamiento un oficio que contenía adjunto el acuerdo de admisión.

• El ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Presidente Municipal se constituyó en el Congreso del Estado, con la finalidad de imponerse de los autos del expediente parlamentario LXII 099/2018, sin embargo, sólo le fue entregado en copia certificada uno que únicamente contenía el escrito de inicio del procedimiento, generando ello una vulneración a una adecuada defensa, pues el expediente parlamentario constaba de más constancias.

3. TERCERO. Artículos constitucionales violados. Se estiman vulnerados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal.

4. CUARTO. Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez de los actos controvertidos el demandante expresó los siguientes argumentos:

• Primero: El expediente formado con motivo del juicio político para la revocación de mandato de los miembros del Ayuntamiento carece de legalidad, tal como se advierte del acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho en el que se admite la solicitud y se radica dicho expediente.

• Señala que los artículos 54, fracción VII de la Constitución Política y 26, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal, ambos del Estado de Tlaxcala, sujetan el procedimiento de revocación de mandato a las reglas del juicio político previstas en el artículo 109 de la propia Constitución; disposición que si bien establece en su fracción IX la posibilidad para cualquier persona de formular la denuncia respectiva respecto de las conductas referidas en el propio artículo, lo cierto es dicho numeral no contiene un catálogo respecto de dichas conductas.

• Aunado a ello sostiene que el referido precepto prevé que antes de emplazar al denunciado se formará una comisión especial de diputados para investigar y presentar los medios de prueba que acrediten la responsabilidad política del enjuiciado. Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, reglamentaria de la materia, también prevé la existencia de una comisión especial, que coadyuvará con el denunciante para reunir los medios de prueba para acreditar la responsabilidad política. No obstante, refiere que el escrito de denuncia presentado en contra de los integrantes del ayuntamiento es carente de un apartado de pruebas, por lo que no se sustentaron las imputaciones realizadas a la administración municipal así como tampoco obra en el expediente el acuerdo por virtud del cual se haya instruido la conformación de la "comisión especial" establecida en Ley.

• Aduce que el escrito promovido en contra de los integrantes del Ayuntamiento no contiene la protesta de decir verdad por parte de los denunciantes, ni fueron aportados los medios de prueba en que se apoya la denuncia, requisitos que se prevén en las fracciones III y VI del artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. Aunado a ello reitera que la comisión especial nunca fue conformada, cuando en términos del propio artículo 23, es la encargada de prevenir al denunciante para que subsane las omisiones de su escrito. Lo anterior acredita un actuar indebido por parte del Congreso del Estado, pues usó las facultades que le otorga el artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Federal de manera desproporcionada para la radicación de una solicitud improcedente, vulnerando con ello el debido proceso.

• Sostiene que en el acuerdo de radicación de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se precisó que de acreditarse los actos imputados se estaría en el supuesto de procedencia de la revocación de mandato previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal, consistente en "actuar en contra de los intereses de la comunidad"; sin embargo, en dicho numeral solamente se prevén las causas sin que sean calificadas como graves por la propia Ley, aunado a que su redacción es confusa, general y ambigua, dado la amplitud de la acepción "por actuar en contra de los intereses de la comunidad". De ahí que exista un vacío legal respecto a los qué debe entenderse por "causas graves" que ameriten la sanción de la revocación de mandato.

• Refiere que no es posible considerar como "causas graves" para efectos de la revocación de mandato las conductas aludidas en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, pues dicho numeral no fue referido por el Congreso del Estado en el acuerdo de radicación del expediente parlamentario LXII 99/2018, aunado a que dichas causas se refieren únicamente al juicio político.

• Por lo anterior, sostiene que deben invalidarse los actos del Congreso de Tlaxcala, al constituir un desvío de poder.

• Segundo. Plantea la invalidez del artículo 30 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, por transgresión al artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal.

• Refiere que para que pueda afectarse al Ayuntamiento mediante la revocación de mandato de sus miembros, se requiere que la Legislatura local prevea detalladamente cuáles son y en qué consisten las causas graves que ameriten tal proceder.

• Sostiene que el artículo 54, fracción VII de la Constitución del Estado de Tlaxcala soslaya los principios de seguridad jurídica y legalidad, así como la garantía de taxatividad, pues si bien reproduce en su primera parte lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Federal, dejó de lado lo precisado en la exposición de motivos de la reforma realizada sobre esta última disposición, en la que se dijo que para la iniciación de alguno de los procedimientos era presupuesto que mediaran causas graves contempladas en las constituciones locales, incumpliendo con ello con la Constitución Federal.

• Aunado a ello, destaca que el artículo 54, fracción VII, de la Constitución del Estado de Tlaxcala, añade que los procedimientos de revocación de mandato se sujetaran a las reglas del juicio político y que podrá imponerse como sanción la inhabilitación en términos de la Ley de la materia, siendo esta la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, la cual en ninguna parte de su Título Segundo, que regula al juicio político, hace referencia a "la revocación de mandato" o a las "causas graves", causando con ello una violación al principio de legalidad pues la ley no puede contener términos vagos que traigan como consecuencia la arbitrariedad y la discriminación en la aplicación del derecho.

• Refiere que el Congreso del Estado pretende incoar un procedimiento de juicio político para la revocación de mandato de los integrantes del Ayuntamiento, sin que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala contemple las causas graves que establece la Constitución Federal.

• Sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que las causas graves para la revocación de mandato deben estar plenamente determinadas y no dejar lugar a dudas sobre las conductas susceptibles de iniciar el procedimiento correspondiente, en ese sentido la Ley Reglamentaria del Estado de Tlaxcala es omisa en prever de forma precisa y clara las causas graves susceptibles de iniciar la revocación de mandato, aunado a que existe además la imposición en torno a que dichas causas deben enunciarse en las Constituciones de los Estados.

• Aduce que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala no prevé las causas graves que deben observarse para la radicación del procedimiento de revocación de mandato.

• Señala que sin importar que no se cumplan los requisitos de procedibilidad referente a las "causas graves" para la revocación de mandato, la Constitución local remite la aplicación del artículo 115 constitucional a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

• Finalmente, sostiene que el Congreso Estatal debió actuar de manera tal que su acuerdo no dejara dudas sobre la legalidad y legitimidad con la que se estaba actuando y no, como en el caso, actuar de manera ajena a las instituciones del Estado.

5. QUINTO. Trámite y admisión. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 195/2018 y ordenó turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento. El nueve de noviembre siguiente, la Ministra instructora dictó un proveído en el que admitió a trámite la controversia constitucional y tuvo como demandados a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos el Estado de Tlaxcala. Asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación correspondiera.(2)

6. SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Tlaxcala, dio contestación a la demanda en los siguientes términos:(3)

• Negó su participación en los hechos atribuidos al Congreso del Estado relativos al procedimiento de revocación de mandato contra los miembros del Ayuntamiento del municipio actor.

• Respecto al Decreto 146 que contiene la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, refirió que su participación se limitó a la promulgación, orden de impresión, publicación y circulación del referido Decreto, como parte del proceso legislativo, cumpliéndose cada uno de los requisitos para tal proceder.

7. SÉPTIMO. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en representación del mismo, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:(4)

• Sostuvo que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, pues los actos controvertidos se ubicaban dentro del procedimiento relativo al expediente parlamentario LXII 99/2019, que por sí mismos no constituían una resolución definitiva, por lo que no causaban ninguna afectación o perjuicio al Municipio actor. Refirió que en ese tenor, el promovente debía esperar hasta la conclusión del procedimiento para impugnar la resolución y en su caso las cuestiones intraprocesales.

• En ese sentido, destacó que es al Pleno del Congreso Local al que de conformidad con el artículo 54, fracción VII, de la Constitución del Estado, le corresponde resolver en definitiva lo concerniente a la suspensión o revocación de mandato de los integrantes de Ayuntamientos y que en el caso dicho procedimiento se encontraba en etapa de instrucción.

• Adujo la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los artículos 10, fracción I y 22, fracciones V y VII, todos de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que en el caso no existía legitimación en la causa, pues no se demostró una invasión por parte del Legislativo a la esfera de competencias del Municipio actor, tan es así que no expresa cuál es la facultad prevista en su favor que resulta vulnerada, aunado a que no existe resolución definitiva emitida por el Pleno del Congreso local en el procedimiento de revocación de mandato.

• Refirió que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el artículo 10, fracción I y 22, fracciones V y VII, todos de la Ley Reglamentaria de la materia, pues el Municipio actor solo combate los actos impugnados aduciendo violaciones al procedimiento, sin plasmar cómo ello supone una afectación o agravio a su esfera competencial.

• Finalmente, respecto al concepto de invalidez sostuvo que el municipio actor no esgrimió algún razonamiento jurídico concreto para demostrar que se actualiza una invasión a su esfera de competencias, lo que lleva a la afirmación que no existe concepto de invalidez, resultando inoperantes sus manifestaciones. Ello aunado a que el artículo 54, fracción VII de la Constitución local faculta al Congreso del Estado a resolver en definitiva lo relativo a la suspensión o revocación de mandato de los integrantes de los Ayuntamientos. De ahí que deba decretarse el sobreseimiento.

8. OCTAVO. Audiencia. Substanciado el procedimiento, el catorce de marzo de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y se abrió el periodo de alegatos. Concluida la audiencia, el expediente pasó a estado de resolución.(5)

9. NOVENO. Remisión a Primera Sala y avocamiento. Como consecuencia del dictamen emitido por la Ministra ponente, el Presidente de este Alto Tribunal mediante proveído de dieciséis de mayo del año en curso, ordenó enviar el presente asunto a la Primera Sala, la cual por acuerdo de veintiocho de mayo de la misma anualidad determinó avocarse a su estudio, ordenando la remisión de los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(6)

C O N S I D E R A N D O:

10. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario número 5/2013, pues se plantea un conflicto entre un Municipio y los poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Tlaxcala, en el que dado el sentido de la resolución no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

11. SEGUNDO. Precisión de la litis. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que lo efectivamente impugnado por el municipio actor es lo siguiente:

• El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual se admitió el escrito de denuncia presentado por diversos ciudadanos y en virtud del cual se inició el procedimiento de revocación de mandato en contra de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, bajo el expediente parlamentario LXII 99/2018.

• La invalidez del artículo 30, fracción II, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, publicado el once de diciembre de dos mil uno en el Periódico Oficial del Gobierno del Tlaxcala, y reclamado con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el referido acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho.

• La invalidez del artículo 54, fracción VII, de la Constitución del Estado de Tlaxcala, publicado el dieciocho de mayo de dos mil uno en el Periódico Oficial del Gobierno del Tlaxcala, y reclamado con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el referido acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho.

12. Sobre este último precepto, no se deja de advertir que en su demanda, en el capítulo relativo a los actos impugnados, el Municipio actor únicamente se refiere al artículo 30 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Sin embargo, de la revisión integral del escrito inicial es posible advertir que el accionante también reclama el artículo 54, fracción VII de la Constitución local, pues en su segundo concepto de invalidez manifiesta expresamente lo siguiente:

"En ese orden de ideas, y en estricto apego a los criterios vertidos por el Legislativo de la Unión, podremos observar que la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 54, fracción VII, soslaya el principio de seguridad jurídica, violentando en todo momento el principio de legalidad y garantía de taxatividad, previstos en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, esto obedece a que dicha constitución (sic) preceptúa en su cardinal 54, lo siguiente:

(Se transcribe)

Ahora bien, nótese que en la transcripción de dicho artículo, en específico en la fracción arriba transcrita, se traslada el texto que contiene la Constitución Federal, respecto a su artículo 115, fracción I, párrafo tercero; pero en ese sentido no se cumple con las formalidades esenciales de Ley para dicho procedimiento, dejando a un lado el conjunto de criterios vertidos por el Legislador Federal que motivaron la acción subyacente de la reforma Constitucional del artículo en comento, esto al manifestar que para la iniciación de alguno de los procedimientos que se refieren, se deberá realizar siempre y cuando medien causas graves contempladas en las Constituciones locales, tal como lo dice la exposición de motivos, no cumpliendo la Constitución local, con esto (sic) precepto."

13. De lo anterior es claro que existe una causa de pedir en contra del precepto referido, pues el Municipio actor formula una serie de razonamientos encaminados a evidenciar la contradicción existente entre dicho precepto y el artículo 115, fracción I de la Constitución General, específicamente al no prever de manera expresa las causas graves por las cuales el Congreso local podrá decretar la revocación de mandato de los miembros de un Ayuntamiento.

14. En consecuencia, derivado de un análisis integral de la demanda, esta Primera Sala estima que el artículo 54, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala debe tenerse como acto impugnado.

15. TERCERO. Existencia de los actos impugnados. La existencia del acto y las normas cuya invalidez se demanda se encuentra plenamente acreditada.

16. El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, fue anexado al escrito inicial de demanda en copia certificada.(7)

17. Por su parte, la existencia del artículo 30, fracción II, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala también quedó plenamente acreditada con el ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala correspondiente al veinte de diciembre de dos mil uno, exhibido por el Poder Ejecutivo local.(8) Igualmente, la existencia del artículo 54, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala está acreditada pues consta su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el cual se advierte como un hecho notorio.

18. CUARTO. Legitimación. Conforme a los artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Dichos preceptos establecen literalmente lo siguiente:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y

IV. El Procurador General de la República.

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario..."

19. En función de dichos preceptos, se procede a analizar la legitimación de las partes en el presente juicio.

A) Legitimación Activa

20. La presente controversia constitucional fue promovida por Carina Flores Avelar en representación del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, personalidad que acredita con la copia certificada de la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones de ocho de julio de dos mil dieciséis, en la cual se hace constar su nombramiento como Síndico Municipal.(9)

21. En ese sentido, se advierte que el artículo 42, fracción III, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece:

"Artículo 42. Las obligaciones y facultades del Síndico son:

(...)

III. Representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos;

(...)"

22. Por tanto, debe concluirse que la promovente tiene legitimación en la presente controversia para representar al Municipio actor, en tanto que en autos se encuentra acreditado su carácter de Síndico Municipal, funcionaria a quien la Ley Municipal de la entidad le otorga facultades para acudir a juicio en defensa de los intereses del Municipio.

B) Legitimación pasiva

B1. Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala

23. En representación del Poder Ejecutivo local comparece Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo, personalidad que acredita con la copia certificada de su nombramiento expedido por el Gobernador del Estado.(10)

24. Al respecto, los artículos 1 y 3, fracción II del Decreto por el que se crea la Consejería Jurídica del Ejecutivo como órgano dependiente del Despacho del Gobernador del Estado, y 8, fracción IV del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, establecen:

"Artículo 1.- La Consejería es la encargada de brindar asesoría, apoyo técnico jurídico y la representación legal del Poder Ejecutivo del Estado, coordinar los programas de normatividad jurídica de la administración pública estatal que apruebe el Gobernador del Estado, procurar la congruencia de criterios jurídicos entre dependencias, entidades e instituciones conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como prestar apoyo y asesoría en materia jurídica a los Municipios que lo soliciten.

(...)."

"Artículo 3. A la Consejería, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(...)

II. Representar al Gobernador del Estado en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Poder Ejecutivo intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el ofrecimiento y desahogo de todo tipo de pruebas;"

"Artículo 8.- El Consejero tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

(...)

IV. Representar legalmente al titular del Poder Ejecutivo en las acciones y controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

(...)."

25. En consecuencia, quedó acreditado en autos que Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, es el Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y que cuenta con facultades para representar al Gobernador del Estado, por lo que debe reconocerse su legitimación para comparecer al presente procedimiento.

B.2 Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala

26. En representación del Poder Legislativo local comparece Mayra Vázquez Velázquez, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, personalidad que acredita con la copia certificada de la sesión pública extraordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura celebrada el catorce de enero de dos mil diecinueve, en la que consta su designación en dicho cargo.(11)

27. Al respecto, los artículos 31, último párrafo de la Constitución Política y 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Tlaxcala, establecen lo siguiente:

"Artículo 31.- El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea que se denomina "Congreso del Estado de Tlax

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200590-c771b328/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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