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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN (ARTÍCULOS 4, DEFINICIÓN NOVENA, Y 120, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (ARTÍCULOS 4, DEFINICIÓN NOVENA, Y 120, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA CONTRA NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL SE ACTUALIZA CUANDO SE REFIEREN A LA "MATERIA ELECTORAL DIRECTA" POR REGULAR ALGÚN PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR O LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE GARANTIZAN LA LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. VII. AYUNTAMIENTOS. EL CARGO DE PRESIDENTE DE COMUNIDAD PREVISTO EN LA REGULACIÓN DE TLAXCALA CARECE DE RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, DEFINICIÓN NOVENA, Y 120, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA). VIII. AUTONOMÍA MUNICIPAL. SU EFICACIA REQUIERE QUE LAS DECISIONES DEL AYUNTAMIENTO SE ADOPTEN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ELECTOS BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, DEFINICIÓN NOVENA, Y 120, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA). IX. AYUNTAMIENTOS. LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE SU INTEGRACIÓN IMPIDE QUE EN LAS SESIONES DEL CABILDO MUNICIPAL VOTEN PERSONAS QUE NO OSTENTEN LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO O REGIDOR. X. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES. XI. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE ATRIBUCIONES PARA CONFERIR DERECHO A VOTAR EN LAS SESIONES DEL CABILDO MUNICIPAL A QUIENES NO TENGAN EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO O REGIDOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 4, DEFINICIÓN NOVENA, Y 120, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA). XII. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. NO ES APLICABLE PARA ANALIZAR LA VALIDEZ DE LA REGULACIÓN DE LAS FACULTADES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS (INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 149, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 23 DE AGOSTO DE 2018). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS Y DECLARADAS INVÁLIDAS, PARA EVITAR UN VACÍO LEGISLATIVO (REVIVISCENCIA DE LOS ARTÍCULOS 4, DEFINICIÓN NOVENA, Y 120, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, PREVIO A SU REFORMA MEDIANTE EL DECRETO NO. 149, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 23 DE AGOSTO DE 2018). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA CON EFECTOS DE REVIVISCENCIA QUE ÚNICAMENTE SE SURTEN ENTRE LAS PARTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ Y REVIVISCENCIA DE LOS ARTÍCULOS 4, DEFINICIÓN NOVENA, Y 120, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO NO. 149, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 23 DE AGOSTO DE 2018, ASÍ COMO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO NO. 75, PUBLICADO EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y, POR EXTENSIÓN, LA DEL ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO, PÁRRAFO PRIMERO, DEL REFERIDO DECRETO NO. 149).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2019. · Registro digital (IUS): 29816
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-28
Promovente: MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo I, Pág. 1102.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2019. MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA. 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al tres de noviembre de dos mil veinte, emite la siguiente

Sentencia

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la controversia constitucional 39/2019, promovida por el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala.

I. Antecedentes

1. Hechos que dieron lugar a la controversia. El veintiuno de julio de dos mil quince se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Decreto No. 118.(1) Por medio de este instrumento, entre otras modificaciones y adiciones, se reformó el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. En la nueva redacción del precepto se dispuso que los integrantes de los Ayuntamientos electos en los procesos electorales ordinarios de esa entidad federativa tomarían posesión el día treinta y uno de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección.(2)

2. El veintidós de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Decreto No. 193.(3) Éste adicionó un artículo décimo segundo transitorio al referido Decreto No. 118 que había reformado la Constitución Local seis meses atrás (supra párr. 1). En el artículo transitorio adicionado se dispuso que los integrantes de los Ayuntamientos elegidos en los comicios de dos mil dieciséis asumirían el cargo el uno de enero de dos mil diecisiete y terminarían su mandato el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo por única ocasión el periodo de gobierno una duración de cuatro años ocho meses.(4)

3. El cinco de junio del dos mil dieciséis se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los integrantes del Ayuntamiento y a los presidentes de comunidad del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala. Una vez resueltas las impugnaciones por las instancias correspondientes, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la asignación de regidurías de dicho Ayuntamiento y determinó que éste quedaría conformado por el presidente municipal, un síndico y siete regidores.(5) De este modo, los nuevos integrantes del Ayuntamiento y los treinta y ocho presidentes de comunidad electos tomaron protesta del cargo el uno de enero de dos mil diecisiete.(6)

4. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Decreto No. 149.(7) Por medio de este instrumento se reformaron los artículos 4, definición novena 14 y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. En lo que interesa al presente asunto, dichas modificaciones legales básicamente equiparaban a los presidentes de comunidad con los regidores y les conferían derecho de voto en las sesiones del Cabildo municipal. Además, el artículo primero transitorio de ese mismo decreto estableció que las reformas a la referida ley municipal entrarían en vigor el uno de septiembre de dos mil veintiuno, salvo la relativa al artículo 14 que lo haría al día siguiente de su publicación.(8)

5. El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; sin embargo, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Decreto No. 75.(9) En su artículo segundo se reformó el artículo primero transitorio del diverso Decreto No. 149 publicado el veintitrés de agosto anterior (supra párr. 4). El artículo primero transitorio modificado ahora disponía que las reformas a los artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, entrarían en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve,(10) es decir, dos años y ocho meses antes de lo previsto originalmente.

6. Presentación de la demanda. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, a través de su presidente municipal y de su síndico, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala. En su demanda señaló como actos impugnados los artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, así como el artículo segundo del Decreto No. 75 (supra párr. 5). Argumentó, en síntesis, que las normas impugnadas vulneraban en su perjuicio el principio de autonomía municipal previsto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal). Asimismo, señaló como terceros interesados a los presidentes de comunidad de ese Municipio.(11)

7. Trámite y admisión de la demanda. El siete de febrero de dos mil diecinueve el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la controversia constitucional, registrarla con el número 39/2019 y turnarla al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que se encargara de instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo, pues el juicio guardaba conexidad con las diversas controversias constitucionales 28/2019 y 38/2019 que le habían sido turnadas previamente.(12)

8. El veintiocho de mayo siguiente el Ministro instructor admitió a trámite la demanda.(13) Por un lado, tuvo como autoridades demandadas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ambos del Estado de Tlaxcala, por lo que ordenó emplazarlos a juicio para que formularan su contestación. Por economía procesal se estimó innecesario requerir en este asunto las documentales relacionadas con los antecedentes legislativos del decreto impugnado, toda vez que éstos ya habían sido requeridos en las controversias constitucionales 28/2019 y 38/2019. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal del (sic) para que manifestaran lo que correspondiera a su representación. Finalmente, resolvió no tener como terceros interesados a los presidentes de comunidad del Municipio actor debido a que sólo podían intervenir con tal carácter las entidades, poderes y órganos señalados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

9. Contestación a la demanda. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala presentaron sendos escritos donde dieron contestación a la demanda,(14) mismos que fueron agregados al expediente mediante auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve.(15)

10. Audiencia pública, alegatos y cierre de instrucción. El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria). En ella se hizo relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos formulados por la parte actora y se puso el expediente en estado de resolución.(16)

11. Primera discusión y returno del asunto. En sesión de diecinueve de mayo de dos mil veinte el Ministro instructor sometió a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un primer proyecto de sentencia. El Tribunal Pleno resolvió por mayoría de seis votos desechar el proyecto presentado y returnar el asunto a una Ministra o Ministro de la mayoría.(17)

12. En consecuencia, el veintiuno de mayo siguiente el Ministro presidente acordó returnar el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek para que se encargara de formular un nuevo proyecto de resolución.(18)

II. Competencia

13. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal;(19) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(20) así como en los puntos segundo, fracción I, y quinto, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(21) pues se trata de un conflicto entre un Municipio y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado al que aquél pertenece, en el que se plantea la invalidez de normas de carácter general, por lo que resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Legitimación

14. Legitimación activa. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria(22) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. En el caso, la demanda fue suscrita por Gardenia Hernández Rodríguez y José Anastacio Amador Márquez López, en su carácter de presidenta y síndico del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, quienes demostraron tener tal cargo con la presentación de la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.(23) Si en términos del artículo 42, fracción III, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala(24) los síndicos tienen expresamente la atribución de representar a los Municipios en los procedimientos jurisdiccionales, entonces se tiene por acreditada la legitimación activa del Municipio actor.

15. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria establece que tendrá el carácter de demandado en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la impugnación.(25) Dado que en la tramitación de la presente controversia se tuvieron como partes demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria(26) procede analizar la personalidad de cada uno de los funcionarios que comparecen en representación de dichas autoridades.

16. Por un lado, en representación del Poder Ejecutivo de Tlaxcala compareció Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, consejero jurídico del Poder Ejecutivo Estatal, quien acreditó su personalidad mediante la presentación de la copia certificada de su nombramiento expedido por el gobernador de la entidad federativa el día dos de mayo de dos mil diecisiete.(27) Si de acuerdo con los artículos 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala,(28) así como 23 y 25 del Reglamento Interior del Despacho del Gobernador(29) y 8 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,(30) el consejero jurídico tiene la atribución de representar al gobernador de dicha entidad en los procedimientos jurisdiccionales en los que sea parte, entonces es claro que dicho funcionario cuenta con legitimación para comparecer en representación del Poder Ejecutivo demandado.

17. Por otro lado, en representación del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala compareció la diputada Luz Vera Díaz, en su carácter de presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado. Esta calidad fue acreditada con la certificación de la Secretaría Parlamentaria en la que consta su nombramiento.(31) Si de acuerdo con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala el funcionamiento de la Comisión Permanente se rige por las reglas establecidas en el capítulo correspondiente a la Mesa Directiva del Congreso(32) y, por su parte, el artículo 48, fracción I, de ese mismo ordenamiento prevé que el presidente de ese órgano tiene la representación del Congreso del Estado,(33) entonces también es claro que dicha funcionaria está legitimada para comparecer en la presente controversia en representación del Congreso Local demandado.

IV. Precisión de las normas impugnadas

18. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(34) procede fijar las normas generales o actos objeto de la controversia y la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. De las afirmaciones de las partes y de las constancias que obran en autos se desprende que en la presente controversia constitucional se impugnan y se acredita la existencia de las siguientes normas de carácter general, en cuya expedición participaron los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala:

A. Se impugnan los artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, reformados mediante Decreto No. 149, publicado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial de la entidad federativa.(35) Su existencia queda acreditada con copia certificada del ejemplar de la referida publicación oficial correspondiente a esa fecha.(36)

B. Se impugna el artículo segundo del Decreto No. 75, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.(37) Su existencia queda acreditada con copia certificada del ejemplar de esa misma fecha de la referida publicación oficial local.(38)

V. Oportunidad

19. La impugnación de normas generales en una controversia constitucional debe hacerse dentro de los plazos establecidos en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria,(39) pues de lo contrario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de ese mismo ordenamiento legal(40) y, por ende, deberá sobreseerse respecto de ellas en términos del diverso artículo 20, fracción II, de la propia ley.(41) En atención a que en el presente asunto se impugnan diversas disposiciones de carácter general cuya publicación se realizó en momentos distintos, el análisis de la oportunidad en su impugnación se hará atendiendo a cada una de ellas.

A

20. Artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Estos dos preceptos legales fueron impugnados con motivo de la expedición del Decreto No. 75 que adelantó su entrada en vigor,(42) es decir, no fueron controvertidos por su publicación, sino con motivo de un acto diverso a través del cual dichas normas generales supuestamente ocasionaron la afectación alegada por el Municipio actor. De este modo, que la impugnación de esos dos artículos pueda considerarse oportuna en términos de la ley reglamentaria depende necesariamente de que se haya impugnado a tiempo el acto cuya vigencia haya actualizado por vez primera la afectación que el promovente les atribuye.

21. Efectivamente el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria permite que por vía de controversia constitucional las normas de carácter general se impugnen ya sea con motivo de su publicación, o bien, de su primer acto de aplicación.(43) Asimismo, el Tribunal Pleno ha sostenido que, para efectos de la procedencia de la controversia constitucional, el primer acto de aplicación de una norma general impugnada debe ser entendido en sentido amplio.(44) Ello significa que en este tipo de procedimientos válidamente puede ser considerada como acto de aplicación "una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía que la impugnada, en virtud de la cual se actualicen situaciones de las que depende su cumplimiento, y no necesariamente un acto dirigido en forma concreta y específica al actor".(45) Dado que en controversias constitucionales, a diferencia de otros medios de control constitucional, rige un concepto amplio del principio de afectación,(46) para considerar que una norma general es el primer acto de aplicación de otra norma general en el sentido de la ley reglamentaria es suficiente con que la mera vigencia de la disposición más reciente represente una concreción normativa de la más antigua que pueda generar algún tipo de perjuicio al promovente.

22. En el presente caso claramente se actualiza este supuesto, pues el Decreto No. 75, adelantó la fecha de entrada en vigor de las dos disposiciones generales impugnadas. Como ya se señaló en el apartado de antecedentes (supra párrs. 4 y 5), aunque originalmente estaba previsto que ello no sucediera, sino hasta el uno de septiembre de dos mil veintiuno, es decir, una vez que la actual integración del Ayuntamiento del Municipio actor hubiera concluido su mandato, el artículo segundo del Decreto No. 75 eliminó la vacatio legis de los artículos impugnados a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. De este modo, los presidentes de comunidad del Municipio que habían tomado posesión del cargo el uno de enero de dos mil diecisiete, automáticamente adquirieron derecho a voto en las sesiones de Cabildo y vieron homologadas sus funciones a las de un regidor. En pocas palabras, la mera vigencia del Decreto No. 75 bastó para que en el Municipio actor entrara en vigor el régimen legal de toma de decisiones que aquí se impugna.

23. Así, bajo una noción amplia del principio de afectación y una postura pro actione,(47) en este caso en particular es claro que los artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, sí podían ser controvertidos con motivo de la publicación del Decreto No. 75, pues es justo a través de él que se generó la afectación que alega el actor. De este modo, si la demanda se presentó el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, esto es, dentro de los treinta días hábiles siguientes al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en que se publicó el referido decreto en el Periódico Oficial de la entidad federativa, entonces la impugnación en contra de aquellos preceptos resulta oportuna.

B

24. Artículo segundo del Decreto No. 75. Como recién se mencionó, este precepto fue impugnado con motivo de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Si conforme a la multicitada fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria el plazo para impugnar esta disposición de carácter general transcurrió del dos de enero de dos mil diecinueve al trece de febrero siguiente, entonces es evidente que su impugnación el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve resulta oportuna.

VI. Causas de improcedencia

25. De que la impugnación de un acto en controversia constitucional sea oportuna no se sigue, necesariamente, que el medio de impugnación promovido contra aquél sea procedente. Corresponde ahora, por tanto, analizar si respecto de las normas generales reclamadas cuya impugnación sí fue realizada a tiempo se actualiza alguna otra causa de improcedencia que impidiera la resolución de fondo del presente asunto.

26. Por un lado, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala invoca en su escrito de contestación a la demanda la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del Municipio actor.(48) Concretamente, el Poder demandado sostiene que en los conceptos de invalidez hechos valer por el promovente no se habían planteado argumentos encaminados a demostrar una afectación en su esfera competencial, o bien, que el Congreso Local hubiera asumido atribuciones que no le correspondían al emitir el Decreto No. 75, sino únicamente una vulneración a su integración. Considera que estos planteamientos del actor no podían ser materia de una controversia constitucional y, por consiguiente, que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria.(49)

27. La causa de improcedencia invocada debe desestimarse. Contrariamente a lo que alega el Poder Legislativo demandado, el Tribunal Pleno ha sostenido reiteradamente que en una controversia constitucional se acredita el interés legítimo cuando exista al menos un principio de agravio en perjuicio del actor, el cual puede derivar no sólo de una invasión competencial "sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución".(50) En esta tesitura, desde hace tiempo el propio Tribunal Pleno aclaró que, en la medida que la integración del Ayuntamiento es una de las principales prerrogativas que reconoce el artículo 115 de la Constitución Federal a los Municipios, y tiene como fin preservar la autonomía política de las instituciones municipales frente a injerencias o intervenciones ajenas, los Municipios indudablemente cuentan con interés legítimo para combatir en controversia constitucional las normas o actos que la vulneren.(51)

28. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, plantea que la expedición del Decreto No. 75, indebidamente adelanta la entrada en vigor de los artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, provocando que los presidentes de comunidad en funciones adquieran derecho a voto en las sesiones de Cabildo y se equiparen a los regidores, alterando así la integración del Ayuntamiento. Si la cuestión efectivamente planteada está encaminada a demostrar que los actos impugnados vulneran la integración municipal, entonces en el presente caso se satisface el principio de afectación necesario para considerar que el actor cuenta con interés legítimo. No es obstáculo a esta conclusión que el Poder Legislativo demandado afirme en esta misma parte que "la aprobación del Decreto 75 fue realizada en ejercicio exclusivo de la competencia establecida en favor del Congreso Local",(52) pues ésa es, en todo caso, una cuestión que involucra el estudio del fondo de la controversia y, en términos de la jurisprudencia del Tribunal Pleno,(53) no puede justificar la improcedencia del medio de impugnación.

29. Por otro lado, aunque no se haya planteado por alguna de las partes, esta Suprema Corte considera apropiado explicar brevemente en este apartado por qué en el presente asunto no puede considerarse que se impugnan normas generales en materia electoral, ni se actualiza tampoco, por ende, la causa de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 19 de la ley reglamentaria.(54) También en términos de la jurisprudencia del Tribunal Pleno,(55) para poderse decretar la improcedencia de una controversia constitucional por actualizarse este supuesto, las normas generales cuestionadas deben versar sobre lo que se denomina "materia electoral directa". Esto significa básicamente que para desembocar en la improcedencia del presente medio de impugnación dichas disposiciones generales debían involucrar la regulación de algún procedimiento de renovación de algún cargo de elección popular, o bien, la integración de los organismos administrativos encargados de garantizar la legalidad de esos procedimientos electorales en estricto sentido.(56) De este modo, dado que en el presente asunto las normas generales impugnadas no regulan alguno de estos elementos, sino simplemente las atribuciones, la organización y el funcionamiento de los órganos municipales del Estado de Tlaxcala, entonces no puede hablarse de que se trate de normas generales en materia electoral en el sentido de la fracción II del artículo 19 de la ley reglamentaria.

30. Dado que no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia diversa a las ya analizadas en este apartado o en el anterior, debe concluirse que la presente controversia constitucional es procedente en relación con las siguientes normas de carácter general:

A. Los artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, reformados mediante Decreto No. 149, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

B. El artículo segundo del Decreto No. 75, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

VII. Estudio de fondo

31. Por cuestión de método y claridad en la exposición, en atención a que las normas generales impugnadas no se cuestionan exactamente por vicios idénticos, el Tribunal Pleno estudiará por separado su constitucionalidad. Sin embargo, dado que la hipotética declaración de invalidez de los artículos impugnados de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, necesariamente, traería como consecuencia la invalidez del artículo segundo del Decreto No. 75, pues el único objeto de este último fue adelantar la entrada en vigor de los primeros, en primer lugar, se abordará la constitucionalidad de los artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala (A). Sólo en caso de que se sostenga la validez de alguno de ellos, entonces se procederá a analizar la constitucionalidad por vicios propios del artículo segundo del Decreto No. 75 (B).

A

32. Artículos 4, definición novena y 120, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Los preceptos impugnados confieren atribuciones a los presidentes de comunidad en la toma de decisiones del Ayuntamiento a raíz de su incorporación al Cabildo con derecho de voto. A continuación se presenta un cuadro comparativo para demostrar con más claridad cuáles fueron las modificaciones de las que se duele la parte actora:

Ver cuadro

33. Conceptos de invalidez.(57) El Municipio actor argumenta que la integración de los presidentes de comunidad al Cabildo con carácter similar al del regidor y con derecho de voto en sus sesiones, como disponen los preceptos impugnados, es contraria al diseño orgánico municipal previsto en el artículo 115, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Federal. Sostiene que de este precepto constitucional se desprende que los Ayuntamientos deben ser integrados exclusivamente por un presidente municipal y los regidores y síndicos que determine la ley; tan es así que ésa es la situación que se replica en el tercer párrafo del artículo 90 de la Constitución Local. En su concepto esto implica que sólo tales funcionarios puedan válidamente integrar el Cabildo municipal y, por tanto, tener derecho de voto en él.(58) A su vez, señala que la facultad de voto en el Cabildo concedida a los presidentes de comunidad trastoca los límites constitucionales de sobre y subrepresentación en las elecciones municipales, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, afectando el porcentaje de representación con el que contaban los integrantes del Ayuntamiento al momento de realizarse la jornada electoral. Aduce, finalmente, que la reforma a los preceptos reclamados violenta el proceso de elección popular por el que la comunidad del Municipio le otorgó el mandato político a los representantes electos, vulnerando así los principios de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes.

34. Contestación del Poder Legislativo demandado.(59) Por su parte, el Congreso del Estado de Tlaxcala afirma que sí tenía atribuciones para expedir las disposiciones impugnadas. Argumenta que otorgar el derecho de voto a los presidentes de comunidad se justifica a la luz del principio de progresividad. Sostiene que éste no es sólo aplicable a las personas físicas, sino también a las facultades de las autoridades. Explica que retirar el derecho al voto a los presidentes de comunidad implicaría aplicar una medida regresiva en perjuicio de los funcionarios a favor de los cuales ya existía un derecho adquirido y, además, de los ciudadanos a los que aquéllos representan.(60)

35. Cuestiones jurídicas a resolver. De los planteamientos de las partes en relación con estos dos preceptos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala se desprende una pregunta constitucional específica de cuya respuesta depende la validez de los mismos:

¿Es constitucionalmente válido incorporar con derecho a voto al Cabildo municipal a funcionarios distintos a los previstos en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal?

36. A continuación se aborda con detenimiento esta cuestión.

¿Es constitucionalmente válido incorporar con derecho a voto al Cabildo municipal a funcionarios distintos a los previstos en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal?

37. No está a discusión que el cargo de "presidente de comunidad" previsto en la normativa del Estado de Tlaxcala carece de reconocimiento constitucional expreso como parte integrante de los Ayuntamientos del país. El texto del artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal es claro en el sentido de que el Ayuntamiento como órgano de gobierno municipal se integra "por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine".(61) También es claro, sin embargo, que los tres cargos municipales a que se refiere este precepto constitucional distan mucho de ser los únicos en la estructura orgánica de un Municipio. Desde cualquier policía municipal hasta la titular de la secretaría de un Ayuntamiento, por ejemplo, existen diversos servidores públicos que forman la parte de la administración pública municipal pero que no gozan de mención expresa en ese artículo. La cuestión a dilucidar aquí, por tanto, es más bien si alguno de los funcionarios municipales no previstos expresamente en la fracción I del artículo 115 constitucional puede válidamente participar con derecho de voto en las sesiones de Cabildo del respectivo Municipio, es decir, en las reuniones deliberativas del máximo órgano de gobierno municipal.

38. Este Tribunal Pleno considera que un análisis integral del citado artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, arroja con claridad que, como alega el Municipio actor, no es válido incorporar con derecho a voto al Cabildo municipal a funcionarios distintos a los previstos expresamente en este precepto constitucional. Como se explica enseguida, si bien en la administración pública municipal ciertamente pueden existir figuras auxiliares al Ayuntamiento, como sucede con los presidentes de comunidad en los Municipios del Estado de Tlaxcala, el principio constitucional de autonomía municipal consagrado en ese artículo requiere, necesariamente, que las decisiones del Ayuntamiento como órgano de gobierno del Municipio recaigan única y exclusivamente en funcionarios electos bajo las condiciones que establece la propia Norma Fundamental. Esto significa, a su vez, que en las sesiones del Cabildo municipal solamente puedan tener derecho de voto aquellos funcionarios previstos d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29816-1a83852d/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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