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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTOS EN LOS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 137, FRACCIÓN III, TERCERO, CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2017. · Registro digital (IUS): 200637
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 6 DE MARZO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de marzo de dos mil diecinueve.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la acción, norma impugnada y autoridades emisora y promulgadora. Mediante escrito recibido el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Francisco Muñoz Díaz en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en acatamiento a lo acordado por el Pleno del citado Instituto promovió acción de inconstitucionalidad impugnando los artículos 3, fracción XXX, 137, fracción III, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo publicada el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, señaló como autoridades emisora y promulgadora a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa.

SEGUNDO. Preceptos que se estiman vulnerados. Se señalaron como violados los artículos 1, 6, apartado A, fracciones I, III, IV, VI, 16, 17, 73, fracción XXIX-S, de la Constitución General, así como los artículos Segundo y Quinto Transitorios del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial el siete de febrero de dos mil catorce.

TERCERO. Conceptos de invalidez. En síntesis, en su primer concepto de invalidez el promovente señala que el artículo 3, fracción XXX, de la Ley de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo es contrario a los artículos 1, 6, 16, segundo párrafo y 116, fracción VIII, de la Constitución General por crear nuevos sujetos obligados distintos a los establecidos en la Ley General Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y porque al legislar en esta materia el Congreso de Hidalgo invadió las facultades de la federación.

En primer lugar, considera que la autoridad emisora creó nuevos supuestos a los establecidos en la Ley General de la Materia, pues el artículo 3, fracción XXX, impugnado regula lo referente a los sujetos obligados de manera diversa a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En consecuencia, el Legislador de Hidalgo incumplió con su obligación constitucional de prever los mismos supuestos y obligaciones contenidos en la Ley General de la materia por lo que argumenta que debe declararse inválida la fracción impugnada.

En segundo lugar, asegura que el Congreso del Estado invadió las facultades de la Federación al determinar que tanto los sindicatos como los candidatos y candidatas independientes son sujetos obligados en los términos del ordenamiento en estudio, pues el artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad son responsables de los datos personales conforme a la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. Por lo tanto, el Congreso del Estado no tenía libertad configurativa para ampliar el conjunto de sujetos obligados y al regular de manera diversa esta materia, invadió las facultades de la Federación.

En cuanto al segundo concepto de invalidez, el promovente afirmó que el artículo 137, fracción III, de la Ley en estudio es contrario a los artículos 1, 6, 16, segundo párrafo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución General y los diversos 25 y 30 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos porque considera que el Congreso del Estado excedió el mandato contenido en la Ley General de la materia y porque impone requisitos mayores para el ejercicio del recurso de revisión.

Por una parte, considera que el Congreso Local no cumplió con su obligación constitucional de prever los mismos supuestos y excepciones contenidos en la Ley General de la materia, al prever más requisitos para el ejercicio de un derecho fundamental a los establecidos en la Constitución General y la Ley General, lo que provocó una distorsión y discriminación en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales.

Por otra parte, considera que el artículo 137, fracción III, contraviene el artículo 17 de la Constitución General y los diversos 25 y 30 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos debido a que el requisito contenido en la fracción impugnada inhibe el ejercicio del medio de impugnación y altera su núcleo esencial, consistente en dotar al titular de los datos de la posibilidad de impugnar mediante un recurso sencillo y efectivo.

El tercer concepto de invalidez consiste en que los artículos Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo son contrarios a los diversos 1, 6, 16, segundo párrafo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución General al ampliar sin justificación los plazos establecidos para el cumplimiento de la protección y ejercicio de los datos personales en contravención a los plazos contemplados en la Constitución General y la Ley General de la materia.

Por lo tanto, los artículos transitorios impugnados violan el derecho de igualdad previsto en el artículo primero de la Constitución General, ya que distorsionan y discriminan el ejercicio del derecho de protección de datos personales, toda vez que éste será ejercido de manera diversa en Hidalgo respecto de los otros Estados y de la Federación.

En este orden de ideas considera que el Congreso de Hidalgo incumplió con su obligación de ceñirse a las reservas, límites, restricciones, instituciones y figuras establecidas en la Ley General de la materia derivada de los artículos 6, apartado A, 16, párrafo segundo, 73, fracción XXIX-S, 116, fracción VIII, y 124 de la Constitución General, así como de los artículos Segundo y Quinto transitorios del Decreto de reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce, al emitir los artículos 3, fracción XXX, 137, fracción III, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios.

Por otro lado, argumenta que el Congreso Local generó incertidumbre jurídica respecto a los requisitos y alcances a los que se sujeta el ejercicio y límites del derecho a la protección de datos generales, al regularlo de manera distinta a lo establecido en la Ley General de la materia. Lo cual resulta contrario a la finalidad del Poder Reformador de la Constitución de siete de febrero de dos mil catorce consistente en homologar con las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión, lo concerniente a los medios de defensa en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

CUARTO. Formación, registro, turno y admisión. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 106/2017 y la turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.

Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, tuvo por designados delegados, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por ofrecidas las pruebas que se acompañan. Asimismo, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Hidalgo para que rindieran el informe correspondiente, solicitó al Congreso local que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, requirió al Ejecutivo que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno de la entidad por el que se publicó la norma impugnada, y ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República.

QUINTO. Informe del Poder Legislativo. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, el Congreso local aceptó como cierto que el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo. Sin embargo, informó que ha sido presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción XXX, 137, fracción III, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley en comento y que en el momento en que sea aprobada por el Pleno del Congreso del Estado dejará sin materia la acción de inconstitucionalidad.

SEXTO. Informe del Poder Ejecutivo. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correos de la localidad, el Gobernador del Estado de Hidalgo se limitó a afirmar que el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 205 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales impugnada.

SÉPTIMO. Pedimento de la Procuraduría General de la República. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República formuló el pedimento correspondiente y señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, ya que fueron reformadas mediante el Decreto número 237 publicado el veinte de noviembre de dos mil diecisiete y que entró en vigor a partir del veintiuno de noviembre del mismo año. En consecuencia, considera que se debe sobreseer en la acción de inconstitucionalidad de conformidad con los artículos 59 y 64, párrafo primero, en relación con el diverso 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

OCTAVO. Cierre de instrucción. Mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete se cerró instrucción de este asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

NOVENO. Avocamiento de la Primera Sala. Por auto de Presidencia de nueve agosto de dos mil dieciocho, se ordenó remitir el presente asunto a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para su radicación y resolución. El trece siguiente la Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y ordenó devolver el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

DÉCIMO. Returno. En proveído de Presidencia de este Alto Tribunal de tres de enero de dos mil diecinueve, se ordenó returnar el presente asunto para la elaboración del proyecto de resolución respectivo al Ministro Luis María Aguilar Morales, en virtud de que por decisión del Pleno quedó adscrito a esta Primera Sala, con motivo del nombramiento del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso h)(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) así como en términos de los puntos Segundo, fracción II y Tercero del Acuerdo General 5/2013,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, ya que se trata de una acción de inconstitucionalidad en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido de este fallo.

SEGUNDO. Cesación de efectos. Resulta innecesario el estudio de los presupuestos procesales, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 20, fracción II y el 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) en los que se establece que el presente control de constitucionalidad es improcedente cuando han cesado los efectos de la norma general o acto impugnado.

Existe cesación de efectos de las normas generales impugnadas cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras; es decir, cuando hayan perdido su vigencia con motivo de un nuevo acto legislativo, circunstancia que imposibilita el análisis de fondo del precepto ya reformado al resolver la vía, pues se requiere que la trasgresión a la Constitución General sea objetiva y actual, por tratarse de una disposición que durante su vigencia contravenga la Constitución.

Lo anterior, pues de estimar fundados los conceptos de invalidez, la invalidez se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura.

Por tanto, tratándose de acciones de inconstitucionalidad dicha causa de improcedencia se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda al constituir el único objeto de este medio de control constitucional, de acuerdo con el criterio reflejado en las tesis de jurisprudencia P./J. 8/2004 y P.J. 25/2016 de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA" y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO", respectivamente.

En el caso que nos ocupa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales impugnó los artículos 3, fracción XXX, 137, fracción III, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Sin embargo, el veinte de noviembre de dos mil diecisiete se publicó el Decreto 237 por el que se modificó sustancialmente la fracción XXX del artículo 3 y se derogó la fracción III del artículo 137, así como los artículos Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios.

Lo anterior se advierte del siguiente cuadro:

Ver cuadro

Como se observa, antes de la reforma en cuestión la fracción XXX del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados local establecía que los sindicatos y los candidatos y las candidatas independientes eran sujetos responsables en los términos de la misma ley; con la reforma de veinte de noviembre se modificó la fracción impugnada y se suprimió la regulación referente a los sindicatos, candidatos y candidatas independientes, por lo que esta Primera Sala concluye que tuvo lugar un cambio sustantivo en la norma impugnada. En consecuencia, es de sobreseerse respecto de la fracción XXX del artículo 3 por haber cesado sus efectos.

Por otro lado, los artículos 137, fracción III, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios establecían que los titulares que quisieran ejercitar el recurso para la protección de sus datos personales acompañaran su escrito de la copia de la solicitud a través de la cual ejercitaron sus derechos ARCO o de portabilidad de los datos personales y que fue presentada ante el responsable y los documentos anexos a ésta, con el correspondiente acuse de recepción; que los avisos de privacidad debían expedirse a más tardar tres meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley; que los responsables debían cumplir con lo dispuesto en el Capítulo II del Título Segundo de la Ley a más tardar un año posterior a la entrada en vigor de la ley y que el Instituto debería expedir los lineamientos, parámetros, criterios y demás disposiciones a que se refiere la Ley dentro del plazo de un año siguiente su entrada en vigor, respectivamente. Sin embargo, con la reforma de veinte de noviembre de dos mil diecisiete se derogaron dichas disposiciones, por lo que se actualiza la causal de sobreseimiento por cesación de efectos.

Cabe señalar que la mencionada reforma entró en vigor el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete en términos del artículo Primero Transitorio del Decreto Número 237 que Reforma Diversos Artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo,(6) en virtud de que el mencionado Decreto se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

En consecuencia, resultan aplicables las tesis P./J. 24/2005, 1a. XLVIII/2006 y P./J. 47/99, de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA", "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA", y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO", respectivamente.

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 19, fracción V, en relación con el 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede sobreseer la presente acción de inconstitucionalidad. En este mismo sentido se resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 93/2017 aprobada por unanimidad de votos el veinticinco de abril de dos mil dieciocho por esta Primera Sala.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido pero en contra de las consideraciones y los Ministros Luis María Aguilar Morales (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reserva el derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

PONENTE

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SECRETARIA DE ACUERDOS

DE LA PRIMERA SALA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

________________

1. Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos

Artículo. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

[...]

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e [...]

2. Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

[...]

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.

3. Acuerdo General Plenario 5/2013.

Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

[...]

II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención;

Tercero. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.

4. Ley Reglamentaria de la materia.

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

[...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

[...]

Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

[...]

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

[...]

Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el Ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.

5. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.

Artículo 4. Son sujetos obligados a cumplir con las disposiciones de la presente Ley cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, órganos y organismos autónomos, fideicomisos y fondos públicos y partidos políticos del orden estatal y municipal del Estado de Hidalgo, que lleven a cabo tratamiento de datos personales.

(REFORMADO, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 2017)

Cualquier otra persona física o jurídica colectiva que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, en el ámbito estatal o municipal, serán responsables de los datos personales de conformidad con las disposiciones legales aplicables para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

Los fideicomisos y fondos públicos de carácter estatal y municipal considerados como entidades paraestatales, deberán dar cumplimiento por sí mismos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás normatividad aplicable en la materia, a través de sus propias áreas.

Los fideicomisos y fondos públicos de carácter estatal y municipal que no tengan la naturaleza jurídica de entidades paraestatales, o bien, no cuenten con una estructura orgánica propia que les permita cumplir, por sí mismos, con las disposiciones previstas en la presente Ley, deberán observar lo dispuesto en este ordenamiento y demás normatividad aplicable en la materia, a través del ente público facultado para coordinar su operación.

6. Transitorios del Decreto Número 237 que Reforma Diversos Artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Para el Estado de Hidalgo.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200637-eb665361/i-accion-de-inconstitucionalidad-supuestos-en-los-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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