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Modo: Corpus Pro

FIDUCIARIA. ES LA ÚNICA LEGITIMADA PARA ACUDIR A JUICIO, A TRAVÉS DE SUS DELEGADOS, CUANDO EL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO ESTÁ COMPROMETIDO EN UN ASUNTO LITIGIOSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20065
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 96.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la posible contradicción de criterios se presentó en la materia civil, la que es competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, habida cuenta que la formula quien tiene la calidad de Magistrado de circuito.

En efecto, de acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede plantearse por los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren.

Como se señaló, en el caso que nos ocupa, la propuesta de denuncia de contradicción de tesis provino del presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió la sentencia relativa al juicio AD. 468/2006, en la que se sustentó el criterio que motivó la denuncia de contradicción de tesis que ahora nos ocupa, por lo que es inconcuso que quien realiza la propuesta, tiene legitimación para motivar la denuncia.

TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Con la finalidad de establecer y determinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir la parte conducente de las consideraciones y argumentaciones de las ejecutorias, en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus respectivos criterios.

CUARTO. Las consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 468/2006, en sesión de veinticinco de agosto de dos mil seis, que se advierten en las copias certificadas glosadas en autos, son las que a continuación se transcriben:

"Efectivamente, es verdad que en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, cuyo vencimiento anticipado se demandó con las consecuencias (prestaciones) inherentes en el juicio natural, intervino José de Jesús Hernández Álvarez, en su carácter de delegado fiduciario de Banca Serfín, Sociedad Anónima, a quien en lo sucesivo se le denominará como la garante hipotecaria, y en la cláusula décima tercera se asentó en lo que interesa: Garantías. Como garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, los acreditados, señores Raúl Rodríguez Velazco y Laura Alicia López Portillo Robles Gil, constituyen, a favor de Banco Internacional, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Prime Internacional, hipoteca en primer lugar, sobre los inmuebles descritos en los incisos a) y b) de la declaración II, segunda del presente instrumento; y el señor José de Jesús Hernández Álvarez, en su carácter de delegado fiduciario de Banca Serfín, Sociedad Anónima, y por instrucciones que recibe en este acto de los fideicomisarios o acreditados, constituye a favor de Banco Internacional, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Prime Internacional, hipoteca en segundo lugar sobre el inmueble descrito en el inciso c) de la declaración II, segunda de este instrumento, con la superficie, medidas, linderos, ubicación y datos de registro que quedaron descritos en dicha declaración, los cuales se dan aquí íntegramente por reproducidos como si a la letra se insertasen, para todos los efectos legales a que haya lugar, según se advierte de la escritura pública pasada ante la fe del notario público setenta de esta municipalidad, que contiene el acto jurídico en cuestión que fuera allegada al juicio de origen. Es decir, no hay duda de la intervención en el contrato fundatorio de la acción del delegado fiduciario de Banca Serfín, Sociedad Anónima, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los acreditados, a favor del banco acreditante; sin embargo, contra lo que se alega, al ser llamada a juicio la institución bancaria mencionada (la cual por cierto, acudió puntualmente a contestar la demanda por conducto de un apoderado, siendo significativo que en lo que a asumir una conducta procesal atañe, expresó: ... así como también es cierto lo manifestado en las transcripciones de las cláusulas noveno y décimo que realiza la contraria en su libelo de demanda en cuanto a los hechos que se imputan a mi mandante ya que efectivamente por instrucciones de los fideicomisarios en el fideicomiso constituido mediante escritura pública No. 31,463 de fecha 19 de noviembre de 1991 pasada ante la fe del Lic. Jorge Robles Farías notario público adscrito y asociado al titular No. 12 de esta municipalidad señores Raúl Rodríguez Velazco y Laura Alicia López Portillo Robles Gil mi ‘representada otorgó garantía hipotecaria a favor de la institución actora. Dichas instrucciones constan en el propio fundatorio de la acción’, no hacía necesaria la comparecencia del delegado fiduciario o de un representante especial del departamento respectivo; ello en razón de que no se está ante la figura jurídica denominada litisconsorcio pasivo necesario, conforme a la cual no puede iniciarse válidamente un proceso ni pronunciarse sentencia eficaz sin ser oídas todas las partes. Así es, aun cuando los artículos 79, 80 y 82 de la Ley de Instituciones de Crédito que invoca el peticionario, que son del tenor textual siguiente: ‘Artículo 79. En las operaciones de fideicomiso, mandato, comisión, administración o custodia, las instituciones abrirán contabilidades especiales por cada contrato, debiendo registrar en las mismas y en su propia contabilidad el dinero y demás bienes, valores o derechos que se les confíen, así como los incrementos o disminuciones por los productos o gastos respectivos. Invariablemente deberán coincidir los saldos de las cuentas controladas de la contabilidad de la institución de crédito, con los de las contabilidades. En ningún caso estos bienes estarán afectos a otras responsabilidades que las derivadas del fideicomiso mismo, mandato, comisión o custodia, o las que contra ellos correspondan a terceros de acuerdo con la ley.’. ‘Artículo 80. En las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta ley, las instituciones desempeñarán su cometido y ejercitarán sus facultades por medio de sus delegados fiduciarios. La institución responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento en las condiciones o términos señalados en el fideicomiso, mandato o comisión, o la ley. En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un comité técnico, dar las reglas para su funcionamiento y fijar sus facultades. Cuando la institución de crédito obre ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este comité, estará libre de toda responsabilidad.’. ‘Artículo 82. El personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según los casos, se considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso. Sin embargo, cualesquier derechos que asistan a esas personas conforme a la ley, los ejercitarán contra la institución de crédito, la que, en su caso, para cumplir con las resoluciones que la autoridad competente dicte afectará en la medida que sea necesaria, los bienes materia del fideicomiso.’, en términos generales aluden a que en tratándose de operaciones de fideicomisos, se llevará una contabilidad especial por cada contrato; que las instituciones para lograr su cometido designarán delegados fiduciarios y que, respecto al personal que actúe no formará parte del de la institución; ello no conlleva que puedan considerarse como dos entes autónomos el departamento fiduciario y la institución bancaria propiamente considerada. Esto es, tales preceptos deben armonizarse con el contenido del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en su fracción XV, claramente establece: ‘Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: ... XV. Practicar las operaciones de fideicomisos a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; es decir, que quien realiza las operaciones relativas al fideicomiso es la institución bancaria, a través de su dependencia o departamento especializado, sin que incida en tal afirmación lo previsto en la ley respecto a la separación de la contabilidad o de las consecuencias laborales derivadas del personal que actúa en operaciones de fideicomiso.’. Al respecto, en apoyo a tal afirmación, cabe invocar la opinión doctrinal del tratadista Jorge Alfredo Domínguez Martínez, quien en su obra El Fideicomiso, editorial Porrúa, 2001, página 394, al comentar el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, señala: Cada uno de los tres párrafos que componen el precepto transcrito admiten comentarios en particular. El primero de dichos párrafos alude al funcionario bancario por cuya intervención las fiduciarias se desenvuelven en la dinámica de los fideicomisos. Se trata del delegado fiduciario que debe ser designado por el consejo de administración de la institución correspondiente. Los términos en que la existencia legal del delegado fiduciario está prevista, hace calificarlo como un órgano de la institución bancaria, porque precisamente, éstas desempeñarán su cometido y ejercitarán sus facultades por medio de tales funcionarios; es decir, éstos no accionan como sujetos ajenos, en representación de aquéllas; el accionar de dichas instituciones es por medio de sus órganos. Así como la asamblea no decide por la sociedad sino que ésta decide por medio de su asamblea y más subjetivamente como pudiere llegarse inclusive al extremo, cabría aseverar que no es la mano de alguien la que firma por él; él es quien firma por medio de su mano. Lo anterior, tiene una trascendencia jurídica de fondo por demás considerable e interesante. La capacidad de ejercicio de la sociedad es la de la persona física que es su órgano. Este sujeto forma parte de la estructura jurídica del ente de que se trate y no se le debe considerar como una persona extraña para esos efectos. Lo anterior permite afirmar, por una parte, que si en la especie la institución bancaria intervino en el fideicomiso a través de su delegado fiduciario, no es dable señalar que éste es ajeno a los intereses de aquélla y que sólo representa aisladamente los del departamento fiduciario y, por otra, resulta correcto desde el punto de vista procesal, que al haberse suscitado controversia judicial en torno a dicho contrato, hubiere comparecido el banco por conducto de su apoderado general judicial y que válidamente se haya dictado sentencia una vez ventilado el procedimiento; puesto que, como se dijo, no existe el litisconsorcio pasivo necesario que se alega. De ahí lo infundado del concepto de violación que se atiende y, por el contrario, apegada a derecho la conclusión a que arriba la Sala cuando dice: ... por tanto, si en el presente caso sometido a consideración con motivo de haber intervenido la institución de crédito Banca Serfín, como garante hipotecario en las obligaciones establecidas en el contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria mediante la representatividad que hizo en ese acto la persona que compareció como delegado fiduciario, la relación jurídico procesal que nos ocupa, resultó debidamente integrada, al haberse llamado a juicio a la institución que se obligó es ese contrato básico de la acción."

QUINTO. Por otra parte, las consideraciones que sustentan la sentencia dictada en el amparo en revisión 750/2005, resuelto el ocho de diciembre de dos mil cinco, por unanimidad de votos, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se advierten en la copia certificada glosada en autos, son las siguientes:

"Por otro lado, los argumentos sintetizados en los incisos b), c) y d), del único concepto de violación son también infundados y se estudian en conjunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, dada la estrecha relación de los mismos. Para arribar a la anterior determinación, debe partirse de la base de que la institución bancaria quejosa intentó juicio especial hipotecario en contra de los hoy terceros perjudicados, en el que reclamó el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria que las partes celebraron el veinte de enero de mil novecientos noventa y dos, así como el de sus convenios modificatorios celebrados el primero de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, porque los demandados incurrieron en mora, al dejar de cubrir los intereses ordinarios generados desde el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y siete y los intereses moratorios desde el cinco de octubre de dos mil uno. Dentro de los convenios modificatorios se pactó que el banco quejoso afectaría los derechos derivados de los propios convenios, a determinados fideicomisos llevados por la propia institución y así, en la cláusula décima quinta del último de los convenios modificatorios (de veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete), se convino lo siguiente: Décima quinta. Afectación en fideicomiso y cesión. Los clientes autorizan expresa e irrevocablemente a BITAL para ceder, afectar en fideicomiso, o en cualquier otra forma negociar los derechos en su favor derivados del presente convenio, por tanto en este acto, los clientes se dan por notificados por parte de BITAL de que los derechos antes mencionados serán afectados por BITAL al fideicomiso referido en el inciso c) de la declaración II de este convenio; por su parte los clientes no podrán ceder o de cualquier otra manera negociar los derechos a su favor consignados en el presente convenio, si no cuenta previamente con el consentimiento escrito por parte de BITAL. La declaración contenida en el punto II, inciso c), de las declaraciones a que se refiere la cláusula antes transcrita es del siguiente tenor: ‘... II. Declaran los clientes que: ... c) Tienen conocimiento de que se ha formalizado el fideicomiso maestro número cuatrocientos veintitrés punto dos, en el que BITAL funge como institución fiduciaria, fideicomiso al que será aportados los derechos que correspondan a BITAL en virtud del crédito señalado en el contrato original y del primer convenio modificatorio, que es a su cargo, y sobre el cuál se solicita su reestructuración en los términos de este instrumento. Asimismo, manifiestan que el fideicomiso mencionado se ha constituido de conformidad con las reglas y lineamientos establecidos por el Gobierno Federal respecto del Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda y del Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca, a través de las UDIS ...’. Ahora bien, como el aspecto a determinar en el caso, es la legitimación activa en la causa de la institución de banca múltiple quejosa, como tal, para acudir a deducir en juicio especial hipotecario el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, cuyos derechos resultaron afectados a dos fideicomisos llevados por el propio banco, según se desprende de los convenios modificatorios a dicho contrato, debe tomarse en consideración que el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, numeral en el que se reubicó el contenido del anterior artículo 356 de dicha ley, en virtud de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de mayo de dos mil, dispone que la institución fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones que se establezcan al efecto, al constituirse el mismo. Por su parte, de la interpretación armónica de los artículos 46, fracción XV y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que las instituciones de crédito podrán realizar entre otras cosas, la práctica de operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; debiendo tales instituciones desempeñar su cometido y ejercitar sus facultades por medio de sus delegados fiduciarios. Además, el artículo 82 de la citada Ley de Instituciones de Crédito, prevé que el personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según los casos se considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso. De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que conforme al artículo 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones de banca múltiple pueden realizar operaciones de fideicomiso, así como mandatos y comisiones inherentes a esas operaciones, también lo es que el artículo 80 de la misma ley precisa que las instituciones bancarias desempeñarán su cometido y ejercitarán las facultades relativas a las operaciones de fideicomiso a través de sus delegados fiduciarios. La interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que cuando se intenta el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, que en virtud de un convenio modificatorio resultó afectado a un fideicomiso determinado a cargo de la propia institución bancaria, quien tiene la legitimación activa en la causa para acudir a deducir tal derecho es la fiduciaria, a través de su delegado fiduciario y no la institución de banca múltiple como tal, pues suponer lo contrario, contrariaría no sólo los dispositivos citados, sino también el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que dispone que la fiduciaria es quien tiene a su cargo el ejercicio de todos los derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso. Ahora bien, si en el caso, ya se precisó que en virtud de los convenios modificatorios al contrato de apertura de crédito base de la acción, los derechos derivados del crédito se afectaron a diversos fideicomisos, siendo el último de ellos el identificado con el número 423.2 (cuatrocientos veintitrés punto dos) y, por otro lado, se advierte que quien intentó el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria fue Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BITAL, por conducto de uno de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas, designado por la asamblea ordinaria de accionistas de la mencionada institución de banca múltiple (hoy HSBC México, Sociedad Anónima, Grupo Financiero HSBC), que tuvo verificativo el veintisiete de abril de dos mil, de ello se colige que quien compareció a juicio carece de legitimación activa en la causa, para reclamar el vencimiento anticipado del contrato y los convenios modificatorios de mérito, como acertadamente lo determinó la Sala responsable, pues al haber quedado afectados los derechos del crédito de origen por última ocasión, al fideicomiso maestro número 423.2 (cuatrocientos veintitrés punto dos), en el que la institución bancaria funge como fiduciaria, según se desprende de la declaración II, inciso c) y de la cláusula décima quinta, del convenio modificatorio de veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, quien debió acudir a requerir el cumplimiento, o en su caso, el vencimiento anticipado del crédito afectado al fideicomiso era la fiduciaria, a través de su delegado fiduciario, según lo dispuesto en los artículos 391 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues a ella correspondía la defensa del patrimonio fideicomitido. En esas condiciones, como quien acudió a juicio fue Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BITAL (ahora HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC) como institución de banca múltiple y no como fiduciaria del fideicomiso maestro 423.2 (cuatrocientos veintitrés punto dos) al que se afectó el crédito, ni del testimonio de la escritura diez mil cuatrocientos diecisiete que se acompañó a la demanda para acreditar la personalidad del apoderado de la actora se advierte que dicho poder lo haya otorgado la fiduciaria o el delegado fiduciario del mencionado fideicomiso, sino que, se insiste, fue otorgado por la asamblea de accionistas del banco, actuando como institución de banca múltiple, debe concluirse que la parte actora carece de legitimación activa en la causa para intentar el vencimiento anticipado del contrato base de la acción y sus convenios modificatorios y, por tanto, es correcto que la responsable haya declarado que la excepción de falta de legitimación activa, fundada en el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito era fundada y procedente, pues dicho precepto obliga a las instituciones bancarias a desempeñar y ejercitar las facultades que tienen derivadas de la fracción XV del artículo 46 de dicho ordenamiento, relativas a las operaciones de fideicomiso, mediante sus delegados fiduciarios, lo que implica que todas las acciones que se intenten para lograr el cometido de los fideicomisos en los que el banco es fiduciario, deberán intentarse a través de los delegados fiduciarios a que se refiere tal precepto. Apoya lo anterior, en lo aplicable, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro: ‘FACULTADES DEL DELEGADO FIDUCIARIO. ARTÍCULO 356 DE LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.’, (publicada en la página 576, Tomo XIII, junio de 1994, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación), que en lo que interesa señala: El artículo 356 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito faculta a la institución fiduciaria para ejercitar todas las acciones inherentes al negocio fiduciario; dicho artículo en su parte conducente establece: ‘La institución fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones que se establezcan al efecto, al constituirse el mismo ...’. El artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que correrá a cargo de los delegados fiduciarios el ejercicio de las acciones inherentes al negocio fiduciario; en tal virtud las facultades del representante legal de la actora en la instancia de anulación deviene de la ley, razón por la que el instrumento que exhibe y que acredita al promovente como delegado fiduciario satisface el requisito exigido ... ya que la personalidad es un presupuesto procesal que debe ser examinado de oficio, correspondiendo a la Sala en su carácter de perito en derecho, el conocimiento de la normatividad que atribuye al delegado fiduciario personalidad para ejercitar las acciones inherentes al negocio fiduciario. Máxime que en el caso, de ninguno de los convenios modificatorios al contrato de apertura de crédito se advierte que el banco quejoso de manera expresa y como institución de banca múltiple, se haya reservado para sí la facultad de ejercer la acción de vencimiento del crédito en cuestión, pues si bien es cierto que en las cláusulas décima primera del primer convenio modificatorio y décima del segundo convenio, se advierte en términos generales que será el banco o BITAL quien dará por vencido anticipadamente el plazo para el pago del adeudo, en el supuesto de que los acreditados incurrieran en alguna de las causas ahí previstas, también lo es que no se precisa si será el banco como fiduciario del fideicomiso quien ejercerá la acción o como institución de banca múltiple. De tal suerte que al no establecerse ese aspecto, debe considerarse, de conformidad con los artículos 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, que quien debe ejercer la acción de vencimiento, es la institución bancaria, pero como fiduciaria del fideicomiso 423.2 (cuatrocientos veintitrés punto dos), a través del delegado fiduciario correspondiente, pues aun cuando en el convenio modificatorio no se hubiera precisado que junto con el pasivo se transmitía la garantía hipotecaria que se constituyó para conceder el crédito, se entiende, que así se hizo, toda vez que la afectación del pasivo comprende también la de los derechos necesarios para realizar su cumplimiento, dada la naturaleza del fideicomiso, puesto que no es lógico ni razonable que a quien se le transmitió un derecho de crédito carezca de la garantía otorgada para hacer efectivo su pago. En consecuencia, como se reitera que quien instó el juicio natural fue Banco Internacional, Sociedad Anónima, como institución de banca múltiple, que es un ente distinto del fiduciario del fideicomiso al que se afectó el crédito, es evidente que éste carece de legitimación activa para intentar su vencimiento; de lo que se sigue lo infundado de los conceptos de violación. Apoya lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro: ‘FIDEICOMISO, CRÉDITO AFECTADO EN. COMPRENDE TAMBIÉN LA GARANTÍA HIPOTECARIA Y PERSONAL QUE SE CONSTITUYÓ PARA CONCEDERLO.’ (visible en la página. 1016, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), de la que cabe resaltar lo siguiente: ‘... Por tanto, si en un contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria y personal se afecta el crédito en fideicomiso y en éste no aparece que el banco fideicomitente se hubiera reservado el ejercicio de la acción de vencimiento, es claro que aunque en ese documento no se hubiera precisado que junto con el «pasivo» se transmitía la garantía hipotecaria y personal que se constituyó para conceder el crédito, se entiende, sin lugar a dudas, que así se hizo, toda vez que la afectación del «pasivo» comprende también la de los derechos necesarios para realizar su cumplimiento dada la naturaleza del fideicomiso, puesto que no es lógico ni razonable tanto que a quien se le transmitió un derecho de crédito carezca de la garantía otorgada para hacer efectivo su pago, como que el banco acreedor, como fideicomitente, siguiera conservando la titularidad de dicha garantía, ya que tampoco podría ejercer la acción correspondiente por haber transmitido el crédito del fideicomiso, lo que, además, desnaturalizaría el contrato de crédito con garantía hipotecaria porque haría imposible su cumplimiento al seguir siendo titular de tal derecho la fiduciaria y sólo de la garantía del fideicomitente. La determinación a la que ha arribado este tribunal se ve incluso robustecida con el contenido del artículo 82 de la Ley de Instituciones de Crédito, del que se desprende que el personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos no formará parte del personal de la institución de crédito, sino que se considerarán al servicio del patrimonio dado en fideicomiso, pues si la persona física que comparece a juicio en representación de la quejosa, lo hace en ejercicio de un poder general para pleitos y cobranzas que le fue conferido por la asamblea ordinaria de accionistas de la actora como instituc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20065-5aaa161e/fiduciaria-es-la-unica-legitimada-para-acudir-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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