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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN [DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE UNA CANTIDAD TOTAL MENOR A LA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RESPECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2018, AL MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA [DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE UNA CANTIDAD TOTAL MENOR A LA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RESPECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2018, AL MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA IMPUGNACIÓN [DETERMINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE UNA CANTIDAD TOTAL MENOR A LA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, RESPECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2018, AL MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y EL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 217/2018. · Registro digital (IUS): 200650
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 217/2018. MUNICIPIO DE COSCOMATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 217/2018 promovida por el Municipio de Coscomatepec, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad por la omisión de entrega de los recursos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, por un total de $12, 031, 401, correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

I. ANTECEDENTES

1. El veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, en cuyo Anexo XIV se contiene la integración de Participaciones y Aportaciones a los Municipios 2018, en el cual se establece el Ramo 33, sub apartado "FISMDF", por el que se destinó al Municipio actora la cantidad de $87, 150, 865.

2. El veinticuatro de enero del dos mil dieciocho se celebró el "Convenio para acordar la Metodología, Fuentes de Información, Mecanismos de Distribución y Acciones para la Operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (en los sucesivo "FAIS" del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", el cual fue suscrito por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Veracruz. El actor precisa "el cual señala tiene por objeto dar a conocer la metodología en la asignación y distribución de dicho recursos y en lo que respecta a este Municipio" [...] "el cual en su contenido y finalidad genera afectación a la colectividad del Municipio de Coscomatepec, Veracruz".

3. El Municipio actor afirma haber sido asignado primeramente por concepto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018 la cantidad de $87, 150, 865 pesos, mientras que en el convenio establecido sólo se asigna la suma de $ 75, 119, 464 pesos, existiendo una diferencia de $12, 031, 401 pesos en su perjuicio.

4. El Municipio actor afirma que "dicho acuerdo celebrado por los demandados que se tilda de inconstitucional y que deviene en ilegal, no se nos notificó ni se le otorgó la publicidad requerida en el medio oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave denominado ´Gaceta Oficial’, que es el órgano oficial de dicha entidad federativa para dar a conocer, entre otras cosas, diversas disposiciones del orden federal y local de los distintos órdenes de gobierno."

5. El treinta de enero de dos mil dieciocho, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los Municipios del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2018.

6. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Serafín González Saavedra y María Angélica Pineda Martínez, en su carácter de Presidente y Síndico del Ayuntamiento de Coscomatepec, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por las autoridades siguientes:

Entidad, poder u órganos demandados:

• Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

Acto cuya invalidez se demanda:

La inconstitucional traducida en ilegal de la DISTRIBUCIÓN UNILATERAL TRADUCIDA EN OMISIVA de la Entidad Pública y del Órgano de Gobierno Estatales, demandados, consistente en la asignación de las Aportaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASMDF) 2018, del cual se determinó primeramente mediante Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 514 de fecha martes 26 de diciembre del año 2017, Tomo CXCVI, del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave publicó el ‘Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, Anexo XIV, Integración de Participaciones y Aportaciones a los Municipios 2018 (cifras en pesos), en el cual específicamente en su página 121 en el apartado ‘Ramo 33’, sub-apartado ‘FISMDF’ asignar a este Municipio la suma de $87, 150, 865 (ochenta y siete millones ciento cincuenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos) y posteriormente ‘Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal Social (en lo sucesivo ‘FAIS’) del Ramo 33 ‘Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios’, signado por los aquí demandados y demás que intervienen, junto con su anexo denominado "Anexo Metodológico" de dicho fondo, varió dicha suma por la cantidad de $75, 119, 464 (setenta y cinco millones ciento diecinueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos) existiendo una diferencia significativa de $12, 031, 401 (doce millones treinta y un mil cuatrocientos pesos), lo cual desde luego impacta en la operación de dicho recurso y la programación que del mismo se tenía destinado, además de impedir cumplir con la finalidad del mismo.

7. La parte actora precisó como preceptos constitucionales vulnerados a los artículos 1, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de validez, la parte actora formuló los siguientes argumentos:

• Las actos impugnados vulneran el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de los recursos municipales, por un lado, porque no ha entregado puntualmente al Municipio las participaciones federales que le corresponden ni ha regularizado su entrega dentro de los tiempos que marca la ley y, por otro, porque ha omitido pagar al Municipio actor los intereses generados por tal retraso.

• Las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales, en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal deben ser administradas libremente por el Municipio, una vez que las legislaturas locales, mediante disposiciones generales, determinen las bases, montos y plazos para ello. Con el retraso en su entrega y la omisión en el pago de los intereses devengados, se causó un perjuicio al Municipio, ante la imposibilidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto.

• El segundo párrafo de la fracción IV del citado precepto constitucional establece garantías para que la Federación y las entidades federativas no limiten el flujo de recursos, mediante el establecimiento de menciones o subsidios, que deben quedar integrados en la hacienda municipal, mientras el último párrafo de la misma fracción subraya que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos.

• El referido artículo 115 Constitucional garantiza a los Municipios la recepción puntual y efectiva de los recursos que la Federación ha decidido transferirles con la mediación administrativa de los Estados, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de la que gozan, presupone que deben tener plena certeza acerca de los recursos de que disponen.

• No existe verdadero cumplimiento de la obligación de entregar las participaciones federales al Municipio actor hasta que éste recibe las cantidades que le correspondían en su valor real, es decir, junto con los intereses correspondientes cuando se ha producido un retardo indebido en su entrega.

• La presente controversia es procedente porque las retenciones hechas por el gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave afectan la autonomía municipal garantizada por la Constitución, ya que la intervención del demandado respecto de las participaciones federales es de simple mediación administrativa, consistente en recibir de la Federación los recursos y entregarlos en forma íntegra a los Municipios, así como de control y supervisión en el manejo de los recursos, nunca de disposición, suspensión o retención.

• El Municipio actor alega que "[c]ontinúa causando agravio el acto unilateral traducido en omisivo que aquí se combate y contenido en el Convenio para Acordar la Metodología, Fuentes de Información, Mecanismos de Distribución y Acciones para la Operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (en lo sucesivo ‘FAIS’) del Ramo 33 ‘Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios’ signado por los aquí demandados y demás que intervienen, junto con su anexo denominado ‘Anexo Metodológico’ de dicho fondo, el cual señala tiene por objeto dar a conocer la metodología en la asignación y distribución de dicho recurso y en lo que respecta a este Municipio en la página 32 (identificado con clave de Municipio 047)."

• Insiste en que el Gobierno del Estado sólo puede actualizar los montos de acuerdo a las fórmulas previstas en la legislación aplicable, lo cual no sucedió, ya que en el convenio combatido se redujo el monto original previsto originalmente en favor del Municipio actor.

9. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el expediente 217/2018 y se determinó turnarla al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

10. Trámite de la controversia. Por proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor sólo reconoció legitimación al síndico del Municipio actor y no así a su Presidente y previno a la parte actora para que precisara los actos impugnados.

11. Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la parte actora desahogó la prevención y precisó que impugnada la falta de entrega de la cantidad de $12, 031, 401.00, con motivo del contenido del Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución acciones para la operación del fondo para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (en lo sucesivo ‘FAIS’) del Ramo 33 ‘Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" celebrado por las autoridades demandadas.

12. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la presente controversia constitucional, se tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivos de la Federación y del estado de Veracruz, respectivamente, por lo que se les ordenó emplazar y se tuvo como tercero interesado al Poder Legislativo de la misma entidad federativa; finalmente, se dio vista a la Fiscalía General de la República.

13. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo de la Federación. Por escrito recibido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio Scherer Ibarra, en su carácter de Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, dio contestación la demanda señalando en síntesis lo siguiente:

14. Precisó que efectivamente el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho se celebró el "Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución de acciones para la operación del Fondo para Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33 ‘Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, suscrito por una parte, por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, representada por su titular Eviel Pérez Magaña, asistido por la Delegada Federal de dicha dependencia, en el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, Anilú Ingram Vallines, y por otra parte, el Ejecutivo de la misma entidad, representado por Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado y asistido por Guillermo Moreno Chazzarini, Secretario de Finanzas y Planeación."

15. Ahora bien, al respecto precisa que el Municipio actor supo de la suma asignada en su favor, consistente en la cantidad de $75, 119, 464.00 desde el treinta de enero de dos mil dieciocho, ya que en esa fecha se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2018".

16. Con base en lo anterior, el Poder Ejecutivo Federal argumenta que el presente juicio debe declararse improcedente por extemporáneo, ya que "desde la publicación del referido Acuerdo en la Gaceta Oficial de la entidad de fecha 30 de enero de 2018, el accionante tuvo conocimiento de la supuesta reducción del monto de aportaciones federales que le correspondían del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal." Así, "[e]n este orden, toda vez que el Municipio actor promovió demanda de controversia constitucional en contra de dicho acto, con fecha 29 de noviembre de 2018, resulta evidente que transcurrió en demasía el plazo de 30 días para promover el presente medio de control constitucional."

17. El Ejecutivo argumenta que el Municipio actor no impugna una omisión, "sino la determinación del monto de las aportaciones federales que le correspondían en el ejercicio de 2018, por la cantidad de $75, 119, 464.00 (setenta y cinco millones ciento diecinueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) lo cual constituye un acto consentido al no haberse impugnado dentro del plazo de 30 días que marca la Ley Reglamentaria."

18. Por otra parte, también estima que debe sobreseerse en el juicio, toda vez que el Convenio impugnado ha cesado en sus efectos, ya que en la cláusula décima séptima se prevé que "[e]ste Convenio surte sus efectos a partir de la fecha de su firma y hasta los 31 días del mes de diciembre del año 2018".

19. Asimismo, el Ejecutivo Federal afirma que debe sobreseerse en el juicio por inexistencia de la omisión impugnada, ya que no se acredita el faltante de los $12, 031, 401.00, ya que si bien tanto en la Ley 434 de Ingresos del Municipio de Coscomatepec y en el Anexo XIV del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, ambos para el 2018, se prevé una suma de $87, 150, 865.00, dichas cantidades deben calificarse como "estimadas", al encontrarse sujetas a los ajustes determinados conforme a los cálculos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, lo cual fue advertido por el legislador expresamente en el artículo 29 del presupuesto local mencionado.

20. Finalmente, por lo que respecta a la procedencia del juicio, el Ejecutivo Federal alega que debe sobreseerse por falta de causa de pedir respecto a la asignación de las sumas totales establecidas en su favor, al limitarse a oponerse a la omisión reclamada, sin impugnar el mecanismo por el cual se calcularon las sumas finales.

21. Por otra parte, el Ejecutivo Federal aborda el fondo del asunto y estima que los argumentos del Municipio actor deben calificarse como infundados.

22. Ello, ya que estima que la Secretaría de Desarrollo Social no violó lo previsto en el artículo 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, inciso b) de la Constitución Federal, al no haberse afectado la hacienda pública municipal.

23. Afirma que es válido el Convenio impugnado, pues es el instrumento adecuado para fijar definitivamente los montos finales de asignación de participaciones, ya que conforme a las normas aplicables, sólo debe calificarse como cantidad estimada la establecida en el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Ingresos locales. Así, "la cantidad de $87, 150, 865.00 establecida en el Anexo XIV del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, se trata de un monto aproximado que se encuentra sujeto a modificación a partir de la fórmula y las metodologías aplicadas, de conforme a los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal"

24. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil diecinueve ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, en representación del Poder Ejecutivo de esa misma entidad, dio contestación a la demanda aduciendo lo siguiente.

25. Reconoció que se celebró el Convenio para acordar la Metodología, Fuentes de Información, Mecanismos de Distribución y Acciones para la Operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el cual afirma se suscribió con motivo de la aplicación del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual ordena a los estados calcular las distribuciones del Fondo respectivo.

26. Sostiene que debe sobreseerse en el juicio, toda vez que han cesado los efectos del acto impugnado, al regularse por el principio de anualidad y no tener efectos en el ejercicio del 2019.

27. Por otra parte, el Ejecutivo local sostiene que en el fondo son infundados los argumentos de la parte actora, ya que el Convenio impugnado no afecta la esfera de competencias del actor y éste fue suscrito en estricto cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

28. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Por escrito presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve, el Diputado José Manuel Pozos, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso local, dio contestación a la demanda, en la cual alegó al legislativo no se le atribuye acto alguno y que no ha participado en ninguna retención de recursos al Municipio actor.

29. Acuerdos de admisión de las contestaciones. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el Ministro Instructor tuvo a las tres autoridades señaladas dando contestación a la demanda.

30. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.

31. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el once de junio de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se hizo constar que a esta audiencia se presentaron las partes; y se puso el expediente en estado de resolución.

32. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, la Primera Sala se AVOCÓ al conocimiento del asunto mediante auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve dictado por el Presidente de la Sala, quien ordenó registrar el ingreso del asunto y determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia de la adscripción del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

33. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor, y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.

III. PRECISIÓN DE LA LITIS

34. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos impugnados por el Ayuntamiento actor.

35. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.

36. En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, el Municipio actor señaló como acto impugnado el siguiente:

"La inconstitucional traducida en ilegal de la distribución unilateral traducida en omisiva de la Entidad Pública y del Órgano de Gobierno Estatales, demandados, consistente en la asignación de las Aportaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASMDF) 2018, del cual se determinó primeramente mediante Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 514 de fecha martes 26 de diciembre del año 2017, Tomo CXCVI, del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave publicó el ‘Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, Anexo XIV, Integración de Participaciones y Aportaciones a los Municipios 2018 (cifras en pesos), en el cual específicamente en su página 121 en el apartado ‘Ramo 33’, sub-apartado ‘FISMDF’ asignar a este Municipio la suma de $87, 150, 865 (ochenta y siete millones ciento cincuenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos) y posteriormente ‘Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal Social (en lo sucesivo ‘FAIS’) del Ramo 33 ‘Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios’, signado por los aquí demandados y demás que intervienen, junto con su anexo denominado "Anexo Metodológico" de dicho fondo, varió dicha suma por la cantidad de $75, 119, 464 (setenta y cinco millones ciento diecinueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos) existiendo una diferencia significativa de $12, 031, 401 (doce millones treinta y un mil cuatrocientos pesos), lo cual desde luego impacta en la operación de dicho recurso y la programación que del mismo se tenía destinado, además de impedir cumplir con la finalidad del mismo."

37. Posteriormente, al desahogar el acuerdo de prevención, el Municipio actor precisó que impugnaba lo siguiente:

"La inconstitucional e ilegal distribución unilateral traducida en omisiva de la entidad pública y del órgano de gobierno estatales demandados, consistente en la asignación de las Aportaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, derivada y contenida en el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (en lo sucesivo ‘FAIS’) del Ramo 22 ‘Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios’, signado por lo aquí demandados y demás que intervienen, junto con su anexo denominado ‘Anexo Metodológico’ de dicho fondo, el cual señala tiene por objeto dar a conocer la metodología en la asignación y distribución de dicho recurso y en lo que respecta a este Municipio en su página 32 (identificado con clave de Municipio 047)"

38. Pues bien, considerando la integridad de la demanda y las constancias de autos, esta Sala concluye que el acto impugnado consiste en el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (en lo sucesivo FISMDF), que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (en lo sucesivo "FAIS") del Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"; que suscriben por una parte, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en lo sucesivo "la SEDESOL", representada en este acto por su titular, Eviel Pérez Magaña, asistido por la Delegada Federal de la SEDESOL en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Anilú Ingram Vallines; y por la otra parte, el Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo sucesivo "la entidad", representado por Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado y asistido por Guillermo Moreno Chazzarini, Secretario de Finanzas y Planeación", el cual fue suscrito el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

39. Ello es así, pues en dicho convenio se asigna al Municipio actor la cantidad consistente en $75, 119, 464 pesos, por el concepto de asignación total del FISMDF 2018, lo cual combate por considerar que reduce injustificadamente el monto a que tendría derecho de conformidad con el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, ambas del Estado de Veracruz para el 2018, en donde su asignación corresponde a $87, 150, 865 pesos.

40. Desde la perspectiva del Municipio actor, el convenio lo priva de acceder a $12, 031, 401 pesos, que es el resultado de restar la suma establecida en el Convenio impugnado del total originalmente asignado en el Presupuesto y en la Ley de Ingresos locales para el 2018. Por tanto, debe tenerse a dicho convenio como el acto impugnado y se reserva para el siguiente apartado su calificación como omisión o acto positivo.

IV. OPORTUNIDAD

41. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los aludidos actos impugnados son positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(1) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. Para ello, a continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

42. En la controversia constitucional 5/2004,(2) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(3) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria.

43. En la controversia constitucional 20/2005(4) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(5) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria.

44. En la controversia constitucional 98/2011(6) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(7) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria.

45. En la controversia constitucional 37/2012(8) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas persona

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200650-8ec9ac1e/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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