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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE LA DEMANDA FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AL HABERSE RECLAMADO UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE ENTREGA DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), ASÍ COMO DE LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTERO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE MALTRATA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2019. · Registro digital (IUS): 29387
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: MUNICIPIO DE MALTRATA, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, Pág. 3492.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2019. MUNICIPIO DE MALTRATA, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 96/2019, promovida por el Municipio de Maltrata del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Presentación de la demanda. Concepción Araujo Rodríguez y Gustavo Rosas Huerta, quienes se ostentaron como síndica municipal y presidente del Municipio actor, respectivamente, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, por oficio de veinte de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. En la demanda el Municipio actor, en esencia, argumenta que la autoridad demandada violó el principio de integridad de los recursos municipales, que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus aportaciones federales previstos en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues omitió cubrir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), por un monto de $3'885,840.59 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos 59/100 Moneda Nacional), así como el pago de los intereses correspondientes.

3. Trámite de la demanda. El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 96/2019 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

4. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve, admitió la demanda, reconociendo como representante únicamente a Concepción Araujo Rodríguez como síndica municipal; tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; la designación de delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.

5. Asimismo, consideró como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, a quienes ordenó emplazar con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que los representara, formularan su contestación de demanda; asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación corresponda.

6. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:

a) El Municipio de Maltrata, Veracruz, conforme a lo previsto en los artículos 3o. y 68 de la Constitución Local, es parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa de la entidad, sin más limites que los señalados expresamente en las leyes aplicables, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 115, primer párrafo y fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) De acuerdo a lo que establece el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal "La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados: dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado los reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los plazos de pago de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales". Que del mismo artículo párrafo cuarto, dispone que las "participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no se podrá ser objeto de deducciones sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley".

c) La autoridad demandada ha venido incurriendo en omisión de entregar las participaciones federales con sus respectivos intereses que le corresponden al Municipio, dentro de los plazos que prevé la ley.

d) De acuerdo a la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) para el ejercicio dos mil dieciséis se asigna al Municipio de Maltrata, Veracruz, un monto de $16'681,662.00 (Dieciséis millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) ese monto será entregado a los Municipios mensualmente en los primeros diez meses, por lo que se refiere que cada mes debería el Estado depositar al Ayuntamiento de Maltrata de Veracruz, la cantidad de:

Ver cantidades

e) A pesar de que se han realizado gestiones ante el secretario de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado para que al Ayuntamiento de Maltrata de Veracruz, le sean depositados los recursos del FISMDF ejercicio dos mil dieciséis, éste se ha negado a hacer lo correspondiente a las mensualidades que debió depositar el día 7 de septiembre, 7 de octubre y 4 de noviembre, reteniendo indebidamente al Ayuntamiento, la cantidad de $3'885,840.59 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos 59/100 Moneda Nacional).

f) Dichos fondos federales fueron transferidos desde hace meses por el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, al día de la presentación de la demanda, hay omisión de entregar tal recurso al Municipio actor.

g) La autoridad demandada al omitir de forma absoluta la entrega de los fondos federales señalados, viola el principio de integridad de los recursos municipales, que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus aportaciones federales y con ello transgrede su libertad de administración hacendaria, contenida en el artículo 115, fracción IV, constitucional.

h) No existe por parte del Municipio actor, alguna manifestación de voluntad o consentimiento, para que las autoridades estatales omitan la entrega de los fondos, como tampoco ningún acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio en el que se comprometan los recursos que le corresponden de los fondos para el pago de las obligaciones. Por tanto, la omisión de pago de las aportaciones federales por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, va en contra de la voluntad del Municipio.

7. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. Por este poder contestó la demanda el jefe de Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado Libre de Veracruz de Ignacio de la Llave, Amadeo Condado Espinoza, exponiendo, en síntesis, lo siguiente:

a) Se debe sobreseer en la controversia constitucional en virtud de que el Poder Legislativo no le asiste el carácter de demandado, pues dicho carácter sólo le reviste a aquellos entes que su actuar encuadra dentro de los extremos de la fracción II, del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105, Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo anterior, procede decretar la causal de improcedencia de la presente controversia constitucional, pues el Poder Legislativo no intervino al acto materia de la controversia, ya que no fueron emitidos por el Congreso del Estado, así como tampoco por los órganos administrativos que conforman su estructura orgánica.

8. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo Local. Por este poder compareció el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien al contestar la demanda expuso lo siguiente:

a) Por lo que hace a los requerimientos que el Municipio actor formuló a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, ni los afirma ni los niega por no resultar propios de la administración pública estatal que tuvo inicio a partir del uno de diciembre de dos mil dieciocho.

b) El Municipio actor pretende ejercitar un derecho, el cual como autoridad encargada de vigilar los intereses y finanzas municipales no hizo valer dentro de los plazos legales establecidos en la ley reglamentaria de la materia que rige el procedimiento y/o con base en los recursos ordinarios previo a la controversia constitucional al tratarse de actos que emanan de la aplicación del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan.

c) La autoridad municipal fue omisa en manifestar el supuesto agravio respecto a la retención u omisión de pago de recursos y/o fondo federal que presuntamente le correspondía en relación al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por lo que el plazo legal de actuar por medio de la vía legal correspondiente, previsto ya sea en la legislación local o federal transcurrió de manera excesiva en virtud de haber pasado más de dos años a la fecha de la presentación de la demanda.

d) Si bien, el Municipio actor señala que tiene derecho al fondo federal impugnado, no aporta medio de prueba fehaciente en el sentido de que los recursos federales estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan en términos del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en relación con el numeral 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, puesto que al estar comprendidos en el presupuesto de egresos resulta ser un hecho notorio que por haber concluido el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, el Municipio carece de todo derecho pues al haberse aprobado recursos federales para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve para efectos de continuar con todas aquellas obligaciones, no cabe duda que el promovente pretende allegarse de recursos que no serán ejercidos.

e) Que el acto impugnado en realidad es un acto positivo y debieron ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al en que se percató de la supuesta retención de recursos y al no haberlo hecho así prescribió su derecho.

f) Niega que los actos impugnados sean hechos propios, ya que la administración del Gobierno del Estado de Veracruz inició el primero de diciembre de dos mil dieciocho. No obstante, al Municipio actor le corresponde probarlos e impugnarlos dentro del plazo de treinta días establecido para ello.

g) En caso de condenar el pago al Poder Ejecutivo Local respecto a los recursos a que presuntamente tiene derecho el Municipio actor, ello afectaría el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar lo que haría incurrir al servidor público obligado (sic) administrativa o de índole penal, por lo que al momento de dictarse el fallo correspondiente, se fije un plazo razonable atendiendo a las circunstancias de tiempo, a efecto de que el Gobierno del Estado de Veracruz pueda o tenga oportunidad de presupuestar recursos para el ejercicio fiscal subsecuente y con base en ello se cubran sin problemas los pagos o las responsabilidades que de las sentencias puedan emanar.

h) Se sustenta en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, en relación al artículo 45 del mismo ordenamiento en virtud de que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que estos dejen de surtir sus efectos jurídicos, en tanto que la declaración de las sentencias que en este medio de control constitucional se pronuncian no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal. Se prevé que ya cesaron sus efectos al estar condicionados en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, mismo que ha concluido y además está sujeto a una condición de anualidad y no se advierte o que tuvieron y/o tengan ultra actividad para los futuros ejercicios fiscales.

i) En caso de que exista derecho alguno a favor del Municipio actor, éste será únicamente respecto a las cantidades que efectivamente le corresponden, que no le hayan sido entregadas o transferidas, lo cual se demuestra con las documentales que se ofrecen en el escrito de contestación.

9. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente, a pesar de estar debidamente notificado.

10. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

11. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se avocó a su estudio.

II. Competencia

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Maltrata, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Precisión de la litis

13. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

14. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor señaló como actos impugnados los siguientes:

• Las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las aportaciones y/o participaciones federales que le corresponden al Municipio por concepto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) del año dos mil dieciséis por un monto de $3'885,840.59 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos 59/100 Moneda Nacional), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del indicado año, más los intereses respectivos.

15. Esta Primera Sala considera que del análisis integral de la demanda, lo efectivamente impugnado es la omisión total de pago respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por un monto de $3'885,840.59 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos 59/100 Moneda Nacional), correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, así como el pago de los intereses respectivos.

16. Ahora bien, respecto a la retención y la consecuente falta de entrega de los fondos respectivos, el Poder Ejecutivo afirmó que los actos impugnados eran inexistentes, en tanto que el Municipio actor no ha probado que la actual administración del Ejecutivo Local no se encuentre regularizada en la entrega de participaciones. Al respecto, esta Sala considera que el análisis de la existencia de los actos omisivos impugnados debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.

IV. Oportunidad

17. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003(2) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

18. En la controversia constitucional 5/2004,(3) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(4) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

19. En la controversia constitucional 20/2005,(5) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(6) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria.

20. En la controversia constitucional 98/2011,(7) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(8) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

21. En la controversia constitucional 37/2012,(9) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(10) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

22. En la controversia constitucional 67/2014,(11) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(12)

23. En la controversia constitucional 78/2014,(13) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(14)

24. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(15) Finalmente, por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.

25. En la controversia constitucional 73/2015,(16) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince; 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince; y, 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugna la falta absoluta de pago de distintos conceptos.

26. En la controversia constitucional 118/2014,(17) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(18) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(19)

27. De acuerdo con los anteriores precedentes es posible advertir que la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos; b) los pagos parciales; c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales; y, d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(20) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.

28. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor impugna la omisión de pago de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) por un monto de $3'885,840.59 (Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos 59/100 Moneda Nacional), correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis. Al valorarse como una omisión total de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, a diferencia de lo expuesto por el Poder Ejecutivo en su informe y expresado como causa de improcedencia por extemporaneidad, la demanda se interpuso en tiempo.

29. Este criterio ya fue respaldado por esta Primera Sala al resolver las controversias constitucionales 162/2016 y 184/2018, el once de abril de dos mil dieciocho.

V. Legitimación activa

30. El actor es el Municipio de Maltrata, del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave y en su representación promueve la demanda Concepción Araujo Rodríguez, quien se ostentó como síndica. Dicho carácter lo acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de la que se advierte que la servidora pública fue electa como síndica única para la integración del Ayuntamiento del Municipio actor.(21)

31. En relación con la representación, el artículo 37, fracción I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz(22) dispone que los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad, y representar legalmente al Ayuntamiento.

32. De acuerdo con las disposiciones anteriores, cuentan con la representación del Municipio y, por tanto, tienen legitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia de rubro:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello."(23)

33. De lo anterior se desprende que, conforme a la legislación local, Concepción Araujo Rodríguez tiene el carácter de síndica del Municipio actor y posee la representación jurídica en todos los procesos judiciales, por lo que, como ya se ha establecido, sí procede reconocerle legitimación para interponer el presente juicio.

34. Asimismo, si dicho Municipio es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, facultado para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.

VI. Legitimación pasiva

35. En el auto de admisión de quince de abril de dos mil diecinueve se tuvieron como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave. No obstante esta Primera Sala estima que únicamente debe tenerse como demandado al segundo poder, en virtud de que los actos omisivos impugnados no pueden atribuírsele al Poder Legislativo Local, porque como lo manifiesta en su escrito de contestación, no tiene atribuciones para recibir y distribuir los recursos cuya omisión se impugna, por lo que lo conducente es decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional respecto a este poder, en términos del artículo 20, fracción II en relación con el 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

36. El Poder Ejecutivo demandado fue representado por Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de Gobierno de la entidad en términos de los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, 8, fracción X, 9, fracción I y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la entidad, y 15, fracción XXXII del Regla

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29387-62744924/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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