I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEPETLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE LA DEMANDA FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AL HABERSE RECLAMADO UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TEPETLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TEPETLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TEPETLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TEPETLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LOS INTERESES RESPECTIVOS AL MUNICIPIO DE TEPETLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEPETLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTERO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEPETLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2019. MUNICIPIO DE TEPETLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 36/2019, promovida por el Municipio de Tepetlán del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
I. Antecedentes y trámite del asunto
1. Interposición de la demanda. Guadalupe Lucero Hernández Ladrón De Guevara y Carlos Romero González, quienes se ostentaron como síndica y presidente municipales del Municipio actor, respectivamente, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, por oficio de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
2. En la demanda el Municipio actor, en esencia, argumenta que la autoridad demandada violó el principio de integridad de los recursos municipales, que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones, transgrediendo su libertad de administración hacendaria, contenida en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues omitió cubrir los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), por un monto de $2'249,794.00 (Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), así como el pago de los intereses correspondientes.
3. Trámite de la demanda. El siete de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 36/2019 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
4. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, admitió la demanda, únicamente reconoció personalidad a la síndica municipal, en virtud de que la representación del Municipio recae en el síndico; tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; la designación de delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.
5. Asimismo, consideró como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, a quienes ordenó emplazar con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que los representara, formularan su contestación de demanda; asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifiesten lo que a su representación corresponda.
6. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
a) La autoridad demandada omitió de forma absoluta la entrega de los fondos federales impugnados, violando el principio de integridad de los recursos municipales, que consiste en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones y con ello transgrede su libertad de administración hacendaria, contenida en el artículo 115, fracción IV, constitucional.
b) La autoridad demandada ha venido ocurriendo en omisión de entregar las participaciones federales demandadas con sus respectivos intereses que le corresponden al Municipio, dentro de los plazos que prevé la ley.
c) Que de acuerdo a lo que da a conocer la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) para el ejercicio 2016 y en la página 23 de la Gaceta Oficial citada se asigna a Tepetlán, Veracruz, un monto de $7'499,979.00 (Siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) los cuales serán entregados mensualmente en los primeros diez meses, por lo que se refiere que cada mes el Estado debe depositar las siguientes cantidades: $749,998.00 (Setecientos cuarenta nueve mil setecientos (sic) noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de agosto; y 749,998.00 (sic) (Setecientos cuarenta nueve mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondientes al mes de septiembre; y $749,798.00 (Setecientos cuarenta nueve mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondiente al mes de octubre todos de dos mil dieciséis; sin embargo, y a pesar de que se hicieron las gestiones ante el secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado para que depositaran al Ayuntamiento del Municipio de Tepetlán, Veracruz, y que a la presente administración se le ha requerido también y no ha realizado el pago correspondiente a las mensualidades que deberían de haberse depositado los días 7 de septiembre, 7 de octubre y 4 de noviembre de dos mil dieciséis, reteniendo indebidamente la cantidad de $2'249,794 (Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que, dicha conducta ha ocasionado un grave atentado contra el patrimonio del Municipio actor.
d) Mediante oficios SSE/1370/2016, SSE/1542/2016 y SSE/1748/2016, signados por Jorge Jaramillo Méndez, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, se informó al Municipio actor, el monto que le correspondía por concepto de Fondo de las Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, los importes notificados no han sido depositados a la fecha de la presente demanda.
7. Contestación de demanda del Poder Legislativo. Por este Poder contestó la demanda el jefe de Departamento de Amparos del Congreso Local, Amadeo Condado Espinoza, exponiendo, en síntesis, lo siguiente:
• Se debe sobreseer en la controversia constitucional en virtud de que no existe participación del Congreso Local en las omisiones impugnadas, pues no ha ordenado hacer retención alguna de las participaciones federales a las cuales tuviese derecho y no tiene atribuciones para recibir y distribuir los recursos cuya omisión se impugna. Cita en apoyo a sus argumentaciones las controversias constitucionales 120/2016, 124/2016, 137/2015 y 215/2016.
8. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo Local. Por este Poder compareció el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien al contestar la demanda expuso lo siguiente:
a) Por lo que hace a los requerimientos que el Municipio actor formuló a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, ni los afirma ni los niega por no resultar propios de la administración pública estatal que tuvo inicio a partir del uno de diciembre de dos mil dieciocho.
b) Señala que el Municipio actor pretende ejercitar un derecho, el cual como autoridad encargada de vigilar los intereses y finanzas municipales no hizo valer dentro de los plazos legales establecidos en la ley reglamentaria de la materia que rige el procedimiento y/o con base en los recursos ordinarios previo a la controversia constitucional al tratarse de actos que emanan de la aplicación del Sistema de Coordinación Fiscal y de las leyes que lo regulan.
c) La autoridad municipal fue omisa en manifestar el supuesto agravio respecto a la retención u omisión de pago de recursos y/o fondo federal que presuntamente le correspondía en relación al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por lo que el plazo legal de actuar por medio de la vía legal correspondiente, previsto ya sea en la legislación local o federal transcurrió de manera excesiva en virtud de haber pasado más de dos años a la fecha de la presentación de la demanda.
d) Si bien el Municipio actor señala que tiene derecho al fondo federal impugnado, no aporta medio de prueba fehaciente en el sentido de que los recursos federales estén efectivamente comprometidos para los fines a los que se destinan en términos del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en relación con el numeral 19 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, puesto que al estar comprendidos en el presupuesto de egresos resulta ser un hecho notorio que por haber concluido el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, el Municipio carece de todo derecho en el sentido de que al haberse aprobado recursos federales para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve para efectos de continuar con todas aquellas obligaciones, no cabe duda que el promovente pretende allegarse de recursos que no serán ejercidos.
e) Que el acto impugnado en realidad es un acto positivo y debió ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al en que se percató de la supuesta retención de recursos y al no haberlo hecho así prescribió su derecho.
f) Niega que los actos impugnados sean hechos propios, ya que la administración del Gobierno del Estado de Veracruz inició el primero de diciembre de dos mil dieciocho. No obstante, al Municipio actor le corresponde probarlos e impugnarlos dentro del plazo de treinta días establecido para ello.
g) En caso de condenar el pago al Poder Ejecutivo Local respecto a los recursos a que presuntamente tiene derecho el Municipio actor, ello afectaría el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar y sobre todo a imponer una obligación al Estado a que se afecten recursos públicos al cumplimiento de una ejecutoria etiquetados o destinados a ciertos rubros, de relevancia o importancia para la sociedad, lo que haría incurrir al servidor público obligado en alguna responsabilidad administrativa o de índole penal, por lo que al momento de dictarse el fallo correspondiente, al menos el Alto Tribunal del país fije un plazo razonable atendiendo a las circunstancias de tiempo, a efecto de que el gobierno del Estado de Veracruz pueda o tenga oportunidad de presupuestar recursos para el ejercicio fiscal subsecuente y con base en ello se cubran sin problemas los pagos o las responsabilidades que de las sentencias puedan emanar.
h) Es importante precisar que el promovente de la controversia constitucional, sabía y tenía conocimiento de las fechas y/o calendarios de entrega de los recursos a que presuntamente tiene derecho, respecto de los que prevén las leyes y acuerdos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, ello porque los mismos fueron dados a conocer por el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Gaceta Oficial, contenidos en los números extraordinarios 064 de doce de febrero de dos mil dieciséis.
i) En caso de que exista derecho alguno a favor del Municipio actor, éste será únicamente respecto a las cantidades que efectivamente le corresponden, que no le hayan sido entregadas o transferidas, lo cual se demuestra con las documentales que se ofrecen en el escrito de contestación.
j) Tratándose de fondos de aportaciones federales, al no estar sujetas al régimen de libre administración hacendaria municipal, las cuestiones en las que se advierta algún incumplimiento legal deben resolverse, en primer término, con base en lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones federales y locales, así como con base en lo establecido en los convenios que suscribieron las autoridades.
k) En ese sentido, la omisión de pago encuentra protección en los medios de defensa previstos en los anteriores ordenamientos o en las vías pactadas en los convenios de coordinación fiscal, por lo cual no hay duda que sin haber agotado el principio de definitividad el Municipio actor pretenda impugnar tales actos a través de este medio de control constitucional.
l) En este caso no se da el caso de excepción para no agotar los medios ordinarios de defensa, consistente en que se adviertan violaciones directas a la Constitución, ya que, se insiste, el actor tuvo medios de defensa a su alcance para reclamar los actos impugnados.
m) Se sustenta en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, en relación al artículo 45 del mismo ordenamiento en virtud de que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que estos dejen de surtir sus efectos jurídicos, en tanto que la declaración de las sentencias que en este medio de control constitucional se pronuncian no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal. Se prevé que ya cesaron sus efectos al estar condicionados en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, mismo que ha concluido y además está sujeto a una condición de anualidad y no se advierte o que tuvieron y/o tengan ultra actividad para los futuros ejercicios fiscales.
n) En caso de que exista derecho alguno a favor del Municipio actor, éste será únicamente respecto a las cantidades que efectivamente le corresponden, que no le hayan sido entregadas o transferidas, lo cual se demuestra con las documentales que se ofrecen en el escrito de contestación.
9. Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente, a pesar de estar debidamente notificado.
10. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
11. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se avocó a su estudio.
II. Competencia
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Tepetlán, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Precisión de la litis
13. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
14. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor señaló como actos impugnados los siguientes:
a) Las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio por concepto de Ramo General 33, y en particular a:
b) Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año dos mil dieciséis, por el total de $2'249,794.00 (Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).
c) La omisión de pago de los intereses por el retraso injustificado en el pago del FISMDF.
15. Esta Primera Sala considera que del análisis integral de la demanda, lo efectivamente impugnado es la omisión total de pago respecto del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por un monto de $2'249,794.00 (Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis,(2) así como el pago de los intereses correspondientes.
16. Ahora bien, respecto a la retención y la consecuente falta de entrega de los fondos respectivos, el Poder Ejecutivo afirmó que los actos impugnados eran inexistentes, en tanto que el Municipio actor no ha probado que la actual administración del Ejecutivo Local no se encuentre regularizada en la entrega de participaciones. Al respecto, esta Sala considera que el análisis de la existencia de los actos omisivos impugnados debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.
IV. Oportunidad
17. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003(3) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
18. En la controversia constitucional 5/2004,(4) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(5) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
19. En la controversia constitucional 20/2005(6) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(7) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
20. En la controversia constitucional 98/2011(8) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(9) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
21. En la controversia constitucional 37/2012(10) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(11) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
22. En la controversia constitucional 67/2014(12) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que la ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(13)
23. En la controversia constitucional 78/2014(14) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local: 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(15)
24. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(16) Finalmente por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.
25. En la controversia constitucional 73/2015(17) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince, y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugna la falta absoluta de pago de distintos conceptos.
26. En la controversia constitucional 118/2014,(18) promovida el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(19) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(20)
27. De acuerdo con los anteriores precedentes es posible advertir que la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos, b) los pagos parciales, c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales, y d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(21) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.
28. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor impugna la omisión de pago de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) por un monto de $2'249,794.00 (Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis. Al valorarse como una omisión total de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, a diferencia de lo expuesto por el Poder Ejecutivo en su informe y expresado como causa de improcedencia por extemporaneidad, la demanda se interpuso en tiempo.
29. Este criterio ya fue respaldado por esta Primera Sala al resolver las controversias constitucionales 162/2016 y 184/2018, el once de abril de dos mil dieciocho.
V. Legitimación activa
30. El actor es el Municipio de Tepetlán, de Veracruz Ignacio de la Llave y en su representación promueven la demanda Guadalupe Lucero Hernández Ladrón de Guevara y Carlos Romero González, quienes se ostentaron como síndica y presidente municipales, respectivamente. No obstante, en auto de uno de abril de dos mil diecinueve, el Ministro instructor únicamente le reconoció personalidad a la síndica municipal. Dicho carácter lo acreditó con la constancia de mayoría que la acredita como síndica única propietaria expedida por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de la que se advierte que la citada servidora pública fue electa como síndica única propietaria para la integración del Ayuntamiento del Municipio actor.
31. En relación con la representación, el artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz(22) dispone que los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad, y representar legalmente al Ayuntamiento.
32. De acuerdo con las disposiciones anteriores, la síndica única cuenta con la representación del Municipio y, por tanto, tiene legitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia de rubro:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el ‘síndico único’ es el encargado de la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales y de la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, sin que exista ninguna disposición que ordene formalidad o acuerdo previo del Ayuntamiento para llevar a cabo estas funciones, ya que la materia propia de las sesiones que éste lleva a cabo se refiere específicamente a los asuntos sustantivos propios de la administración del Municipio. Por tanto, el ‘síndico único’, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, puede promover y representar legalmente al Municipio en cualquier litigio, como lo es la controversia constitucional, sin que se establezca condición o requisito formal previo para ello."(23)
33. De lo anterior se desprende que, conforme a la legislación local, la síndica única del Municipio de Tepetlán posee la representación jurídica en todos los procesos judiciales, por lo que, como ya se ha establecido, sí procede reconocerle legitimación para interponer el presente juicio.
34. Asimismo, si dicho Municipio es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, facultado para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.
VI. Legitimación pasiva
35. En el auto de admisión de uno de abri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29389-518d0a4e/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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