I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (LA RETENCIÓN EN EL PAGO DE RECURSOS FEDERALES, AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL POR PARTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR LOS ESTADOS A LOS MUNICIPIOS NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR PARA PROMOVER AQUÉLLA (OMISIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS POR EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y AJUSTE DEFINITIVO DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO DEL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL DIECIOCHO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SE TRATA DE UN PLANTEAMIENTO DE TRANSGRESIÓN A ASPECTOS DE LEGALIDAD (OMISIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS POR EL TERCER AJUSTO CUATRIMESTRAL Y AJUSTE DEFINITIVO DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO DEL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL DIECIOCHO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTIVO LOCAL DE MINISTRAR RECURSOS CORRESPONDIENTES A UN MUNICIPIO EN LOS PLAZOS LEGALES PREVISTOS PARA ELLO NO IMPLICA LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS POR EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y AJUSTE DEFINITIVO DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO DEL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL DIECIOCHO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR CUANDO IMPUGNA LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, AL SER UN ACTO QUE NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES (OMISIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS POR EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y AJUSTE DEFINITIVO DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO DEL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL DIECIOCHO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 251/2019. MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. 21 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ (PRESIDENTE). PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al veintiuno de octubre de dos mil veinte, emite la siguiente sentencia:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 251/2019, promovida por la síndica municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, en contra del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas de la misma entidad federativa.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO
1. Promoción de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Catalina Vásquez Santiago, en su carácter de síndica del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca (en adelante, el "Municipio"), promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Los actos cuya invalidez reclama son los siguientes:
a) La orden verbal o escrita por medio de la cual el Poder Ejecutivo local solicitó a la Secretaría de Finanzas de la entidad que retuviera y suspendiera el pago correspondiente a los recursos federales que le correspondían al Municipio por concepto de las diferencias (i) del Tercer Ajuste Cuatrimestral, (ii) del Cuarto Ajuste Trimestral del Fondo de Fiscalización y Recaudación y (iii) del Ajuste Definitivo, todos del dos mil dieciocho.
b) La omisión del Poder Ejecutivo de entregar el importe económico de los siguientes recursos: (i) de las diferencias por el Tercer Ajuste Cuatrimestral de dos mil dieciocho, la cantidad de $619,187.00 (seiscientos diecinueve mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), (ii) de las diferencias del Cuarto Ajuste Trimestral de dos mil dieciocho del Fondo de Fiscalización y Recaudación, la cantidad de $29,396.48 (veintinueve mil trescientos noventa y seis pesos 48/100 M.N.) y (iii) de las diferencias por el Ajuste Definitivo de dos mil dieciocho, la cantidad de $237,202.38 (doscientos treinta y siete mil doscientos dos pesos 38/100 M.N.).
2. Conceptos de invalidez. Para combatir los actos impugnados, el Municipio actor formuló el siguiente argumento en su escrito de demanda:
a) De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Federal y el 113 de la Constitución local, los municipios tienen derecho a administrar libremente su hacienda pública. En este sentido, los artículos 6, 8 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca prescribe que las participaciones que le corresponden a los municipios serán cubiertas en efectivo, sin condicionamiento alguno, son inembargables y no podrán ser objeto de deducciones o retenciones. Asimismo, la entrega de estos recursos debe realizarse por los Estados cinco días después a la fecha en la que los reciban por parte de la Federación.
b) De este modo, dado que el Poder Ejecutivo omitió el pago de diversos recursos que le corresponden al Municipio, el mismo violentó su derecho a la libre administración de su hacienda pública, lo que constituye una violación al orden constitucional.
3. Trámite de la demanda. Por auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal dio cuenta de la recepción del escrito y ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el número de expediente 251/2019, designando como instructor del procedimiento, por razón de turno, al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(2)
4. Acuerdo de requerimiento. No obstante, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve (en adelante, la "Comisión de Receso"), previnieron al Municipio para que exhibiera en copia certificada el documento con el que acredite la personalidad de quien promovió la controversia en su representación. Asimismo, requirieron al Poder Ejecutivo Federal para que informara si transfirió los recursos que menciona el Municipio a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, y también requirieron a esta última para que informara si ya había recibido dichos recursos y precisara la fecha que tenía calendarizada para la entrega de los mismos al Municipio actor.
5. Desahogo de requerimiento del Poder Ejecutivo Federal. Por escrito recibido el trece de agosto de dos mil diecinueve, el Poder Ejecutivo Federal desahogó el requerimiento formulado mediante el auto del dieciséis de julio. En su escrito señaló que ya se habían transferido los recursos referidos por el Municipio al Gobierno del Estado de Oaxaca de conformidad con el "Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28, Participaciones a entidades Federativas y Municipios".(3)
6. Desahogo de requerimiento de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. El tres de septiembre de dos mil diecinueve, la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca desahogó el requerimiento formulado por la Comisión de Receso. Al efecto señaló que sí había recibido los recursos económicos que refiere el Municipio actor en su demanda, pero que no existía un calendario específico de pago, pues de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca su entrega se debe realizar dentro de los cinco días siguientes a que sean recibidos. Asimismo, indicó que de los ajustes realizados a cada fondo resulta que existe un saldo a favor del Estado y no del Municipio.(4)
7. Desahogo de prevención por el municipio. El treinta y uno de julio de dos mil diecinueve la Síndica del Municipio actor exhibió copias certificadas de los documentos que acreditan su personalidad.
8. Admisión de la demanda. A partir de lo anterior, mediante auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve el Ministro Instructor admitió la demanda y ordenó emplazar como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Por otro lado, negó el carácter de demandado a la Secretaría de Finanzas del Estado. Esto en razón de que se trata de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo Estatal y en todo caso será este último el que tendrá que instruir a dicha Secretaría para el cumplimiento de esta ejecutoria.
9. También negó la solicitud de tener como tercero interesado a la Dirección de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no advirtió que la presente resolución le pudiera ocasionar ningún perjuicio o afectación.(5) Respecto a la suspensión solicitada, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo con copia certificada de las constancias que integran el expediente.(6)
10. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dio contestación a la demanda por medio del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca. En este escrito se argumentó lo siguiente:
a) Sobre la procedencia de la controversia constitucional sostiene que se actualizan cinco causales de improcedencia.(7) En primer lugar, argumenta que Catalina Vásquez Santiago no demostró la personalidad con la que dice comparecer al presente juicio, pues únicamente adjuntó a la demanda la copia de la constancia de mayoría de elección y la credencial expedida a su favor por la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo el Estado de Oaxaca. Estos documentos, a decir del Poder Ejecutivo, no acreditan su calidad de síndica; en todo caso hubiera sido necesario que presentara las actas de sesión de cabildo mediante las cuales (i) se designó la Sindicatura y Regiduría del Ayuntamiento, (ii) se realizó la protesta de ley para ejercer el cargo de síndico municipal, y (iii) se realizó la instalación del Ayuntamiento.
b) En segundo lugar, plantea que se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la Materia, pues los actos que se le reclaman son inexistentes. En este sentido, niega que se haya dado una orden a la Secretaría de Finanzas para que retenga los recursos que le corresponden al Municipio; asimismo, plantea que no se omitió el pago de los recursos reclamados.
c) De acuerdo con esta autoridad, los ajustes que se mencionan en la demanda tuvieron como resultado un saldo a favor del Municipio de $543,099.00 pesos; no obstante, durante el mismo ejercicio fiscal de dos mil dieciocho el Municipio recibió $1,332,339.26 pesos en exceso por concepto del Fondo Municipal de Participaciones. De este modo, en realidad es el Municipio quien tiene un adeudo con el Estado.
d) En este contexto, dado el resultado de los ajustes fiscales de dos mil dieciocho y el adeudo del Municipio con el Estado lo que ocurrió es una compensación de deuda, y esa es la razón por la que el Municipio no vio reflejado el depósito de los recursos. Es por esto que no existe la retención reclamada por el Municipio en su demanda.
e) El tercer argumento sobre la improcedencia de la controversia consiste en que el Municipio omitió formular conceptos de invalidez en los que explique por qué considera que la Secretaría de Finanzas de la entidad realizó las disminuciones y retenciones que reclama. A decir del Poder Ejecutivo, esta omisión implica que no se haya establecido cual es la lesión o agravio que le originó el acto impugnado, por lo que la controversia resulta improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII y 20, fracción II, en relación con el 22, fracción VII, todos de la Ley Reglamentaria de la Materia.
f) La cuarta causal de improcedencia se basa en la inexistencia de los actos impugnados. A partir de esta premisa, el Poder Ejecutivo razona que en ningún momento se ha invadido la esfera competencial del Municipio actor, por lo que este último no cuenta con interés legítimo para promover la presente controversia.
g) En la última causal de improcedencia planteada se sostiene que han cesado los efectos de las omisiones de pago reclamadas. Esto en la medida en que los recursos que le correspondían al Municipio fueron compensados con la deuda que este orden de gobierno tenía con el Estado de Oaxaca.
h) En cuanto al fondo de la controversia, el Poder Ejecutivo reitera el argumento expuesto en la segunda causa de improcedencia invocada: la inexistencia de los actos reclamados. En la medida en que operó una compensación entre el resultado de los ajustes fiscales y el adeudo del Municipio con el Estado, el único concepto de invalidez que plantea el Municipio en este respecto deviene infundado.
i) Asimismo, esta autoridad objeta la interpretación que realiza el Municipio sobre el artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca. De acuerdo con su interpretación, no es cierto que los recursos que le corresponden al Municipio y que provienen de los ajustes en los ejercicios fiscales se deben pagar cinco días después de que el Estado los recibe por parte de la Federación. Más bien, de acuerdo con el párrafo cuarto de este artículo, el Estado debe apegarse a los plazos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal Federal y no a la local, por lo que el plazo de cinco días es inaplicable.
11. Referencia a la opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.
12. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el veintiocho de enero de dos mil veinte se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante, la "Ley Reglamentaria de la Materia") y se puso el expediente en estado de resolución.(8)
13. Radicación. Mediante escrito de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte,(9) el Ministro instructor solicitó la radicación de la controversia constitucional en el índice de la Primera Sala, lo cual acordó de conformidad el Presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte.(10) Finalmente, en proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, el Presidente de esta Primera Sala acordó el avocamiento para resolver el asunto en dicha sede.(11)
II. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de San Antonio de la Cal y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. PRECISIÓN DE LA LITIS
15. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(12) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados. Esto a la luz de los actos que el Municipio actor señaló como impugnados, los cuales fueron referidos en la parte inicial de esta sentencia.(13)
16. Respecto al citado primer acto reclamado; esto es, la orden verbal o escrita con la que el Poder Ejecutivo solicitó a la Secretaría de Finanzas de la entidad que retuviera el pago de diversos recursos al Municipio, esta Sala llega a la conclusión de que resulta improcedente la controversia constitucional. De las constancias del expediente no se desprende ninguna prueba de esta supuesta orden, de modo que no se probó la existencia del acto que se pretende controvertir.
17. Al respecto, debe destacarse que el Municipio impugnó de manera genérica este acto sin señalar en ningún momento a qué orden se refiere, y no aportó prueba alguna sobre su realización, substanciación o trámite. Asimismo, el Poder Ejecutivo negó su existencia, pues señaló que no ha emitido ninguna orden en el sentido señalado por el Municipio. Así, dada la negativa de esta autoridad y la falta de evidencia sobre su existencia, lo procedente es sobreseer la presente controversia respecto del mismo en términos del artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la Materia.(14)
18. Por otro lado, en relación con el segundo acto reclamado (la omisión de entrega de diversos recursos), esta Primera Sala considera que si bien el Municipio actor implicó que estaba en contra de la retención de ciertos recursos públicos, advirtiendo la causa de pedir, lo que realmente reclamó no fueron los actos específicos de retención, sino la omisión de pago de dichos recursos. Así, con la finalidad de resolver lo efectivamente planteado, se considera que los actos impugnados y reclamados al Poder Ejecutivo local en la presente controversia son los siguientes:
a) La omisión de entregar el importe económico de las diferencias por el Tercer Ajuste Cuatrimestral de dos mil dieciocho por la cantidad de $619,187.00 (seiscientos diecinueve mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), mismo que debía ser entregado al Municipio a los cinco días de que lo haya recibido el Estado de Oaxaca.
b) La omisión de entregar el importe económico de las diferencias del Cuarto Ajuste Trimestral de dos mil dieciocho del Fondo de Fiscalización y Recaudación por la cantidad de $29,396.48 (veintinueve mil trescientos noventa y seis pesos 48/100 M.N.), mismo que debía ser entregado al Municipio a los cinco días de que lo haya recibido el Estado de Oaxaca.
c) La omisión de entregar el importe económico de las diferencias del Ajuste Definitivo de dos mil dieciocho por la cantidad de $237,202.38 (doscientos treinta y siete mil doscientos dos pesos 38/100 M.N.), mismo que debía ser entregado al Municipio a los cinco días de que lo haya recibido el Estado de Oaxaca.(15)
IV. IMPROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
19. Dicho lo anterior y circunscribiéndonos a la materia subsistente de la presente controversia, esta Primera Sala estima que resulta innecesario el estudio de los presupuestos procesales relativos a la oportunidad en la presentación de la demanda y la legitimación de las partes, pues de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(16) en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Federal.(17) El Municipio actor carece de interés legítimo para impugnar los actos reclamados al Poder Ejecutivo local.
20. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, las únicas violaciones constitucionales que son objeto de análisis en las controversias constitucionales son "las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal". Esto delimita los conflictos que se estudian en esta vía a aquellos que "versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional".(18)
21. Bajo esa tónica, el Tribunal Pleno ha reconocido que para que proceda la controversia constitucional basta con un principio de afectación en contra del actor, el cual puede derivar de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente por la Constitución Federal y no solo de la invasión competencial. Sin embargo, este entendimiento amplio del principio de afectación siempre debe ser entendido en el contexto de una afectación a los ámbitos competenciales de los órganos del Estado. Así, resulta improcedente una controversia en la que se aleguen exclusivamente violaciones (a) a cláusulas sustantivas diversas a las competenciales y (b) de estricta legalidad.(19)
22. En este sentido, el último criterio del Tribunal Pleno sobre el reclamo de los municipios por omisiones en la entrega de recursos por parte de los Estados es que, por regla general, dicho reclamo no constituye un conflicto constitucional de invasión de esferas competenciales; de modo que no se actualiza un interés legítimo por parte de los municipios.(20) Esto de acuerdo con la siguiente línea de razonamiento.
23. Para el Tribunal Pleno, cuando los municipios impugnan la falta de entrega de los recursos que les corresponden, ya sea en virtud de aportaciones, participaciones o de algún convenio celebrado con el Estado, lo que en realidad reclaman es la falta de cumplimiento de los plazos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal o de alguna otra disposición secundaria. El análisis de este reclamo, entonces, únicamente entraña la verificación de si los recursos efectivamente fueron transferidos en los plazos previstos, lo que es una cuestión de mera legalidad.
24. Por lo anterior, estos asuntos por regla general no implican la determinación del contenido y alcance del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal ni de ninguna otra disposición constitucional. Al final, no se pone en duda que la facultad de ministrar los recursos reclamados recae en los poderes ejecutivos locales ni se aduce que éstos ejerzan facultades exclusivas de los municipios. Tampoco se discute si los recursos cuya entrega se pretende corresponden a la hacienda municipal en términos del referido artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal. Más bien, el único aspecto a analizar es si los montos fueron transferidos en los plazos establecidos; aspecto que, remarca el Tribunal Pleno, es de mera legalidad.
25. En el caso que nos ocupa, el Municipio actor justamente reclama la omisión de entrega de los recursos que le correspondían por concepto de (a) el Tercer Ajuste Cuatrimestral, (b) el Cuarto Ajuste Trimestral del Fondo de Fiscalización y Recaudación y (c) el Ajuste Definitivo, todos del dos mil dieciocho. Tal cuestionamiento, en términos del último criterio del Tribunal Pleno, implica un reclamo de mera legalidad, pues aun cuando el Municipio actor argumenta una violación al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, dicho argumento deriva de un mero incumplimiento de plazos establecidos en normas legales. El Municipio, entonces, carece de interés legítimo en la presente controversia.
26. Esta Sala no pasa inadvertido que en diversos precedentes ha declarado procedentes e incluso fundadas diversas controversias constitucionales análogas a la planteada por el Municipio actor.(21) No obstante, dichos pronunciamientos son anteriores a la reflexión vigente del Tribunal Pleno en la que se definió el criterio sintetizado en párrafos anteriores y que implica la improcedencia y, por lo tanto, el sobreseimiento del asunto que ahora nos ocupa.
27. En este sentido, se aclara que los integrantes de esta Primera Sala no comparten este criterio del Tribunal Pleno; sin embargo, por ser un criterio plenario, este resulta obligatorio y vinculante para esta Sala.
V. DECISIÓN
28. De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, lo procedente es sobreseer la presente controversia constitucional. Por lo que hace a la supuesta orden de retención dictada por el Poder Ejecutivo demandado, se sobresee en términos del artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(22) pues no se probó la existencia de este acto. Por su parte, en relación con la omisión de entregar estos recursos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(23) en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Federal,(24) ya que el Municipio actor carece de interés legítimo en la presente controversia.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee la presente controversia constitucional.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (ponente) y Juan Luis González Alcántara Carrancá (presidente).
Firman el Ministro Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
PONENTE
MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
_____________________
1. Cuaderno principal, fojas 1 a 9.
2. Ibídem, fojas 56 a 57.
3. En concreto, el Poder Ejecutivo Federal refirió que se habían entregado los "recursos relativos al Tercer Ajuste Cuatrimestral 2018 del Fondo General de Participaciones, Fondo General de Participaciones Fideicomisos, Fondo de Fomento Municipal, IEPS y IEPS Avisos de Reintegro; Ajustes Definitivos 2018 del Fondo General de Participaciones, Fondo General de Participaciones Fideicomisos, Fondo de Fomento Municipal, IEPS y Fondo de Fiscalización y Recaudación 2018". Ibídem, fojas 144 a 145.
4. Ibídem, fojas 167 a 168 vuelta.
5. Ibídem, fojas 265 a 269.
6. Actuando en el cuaderno incidental, el Ministro Instructor negó la suspensión solicitada. Se señaló que la alegada retención es la materia de fondo de esta controversia, además de que en caso de ser cierta esta constituiría un acto consumado. Cuaderno incidental, fojas 95 a 98.
7. En su escrito de contestación el Poder Ejecutivo enumeró nueve causales de improcedencia; no obstante, tres de ellas son repeticiones de otras causales ya mencionadas, por lo que únicamente se sintetiza el contenido de las causales no repetidas.
8. Ibídem, fojas 558 a 559.
9. Ibídem, foja 560.
10. Ibídem, foja 561 vuelta.
11. Ibídem, foja 562.
12. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
[...]".
13. Párrafo 1, pp. 1-2.
14. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: [...]
III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último; y [...]".
15. No obviamos que en varios apartados de la contestación de la demanda el Poder Ejecutivo implica que la retención y la consecuente falta de entrega de los recursos es inexistente y que el Municipio actor no ha probado la irregularidad en la entrega de recursos por su parte. Sobre esta cuestión, se estima que el análisis de la existencia de las omisiones reclamadas está relacionado íntimamente con el fondo del asunto. Esto, porque la omisión de pago constituye justamente el objeto de la controversia y, a decir del Municipio actor, verificar su falta de entrega entrañaría la violación constitucional que reclama. Por ende, debe desestimarse este planteamiento de improcedencia, ya que verificar la existencia o no de estas omisiones totales de pago es justo la materia de la litis.
16. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]
VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley. [...]".
17. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]
i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; [...]".
18. Jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, , Tomo I, diciembre de 2015, página 33, de rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. La controversia constitucional es un medio de regularidad disponible para los Poderes, órdenes jurídicos y órganos constitucionales autónomos, para combatir normas y actos por estimarlos inconstitucionales; sin embargo, atento a su teleología, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional. Ahora bien, en la aplicación del criterio referido debe considerarse que, en diversos precedentes, este Alto Tribunal ha adoptado un entendimiento amplio del principio de afectación, y ha establecido que para acreditar esta última es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías institucionales previstas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales; no obstante, a pesar de la amplia concepción del principio de afectación, debe precisarse que dicha amplitud siempre se ha entendido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios del Estado, lo que ha dado lugar a identificar como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional las relativas a cuando las partes aleguen exclusivamente violaciones: 1. A cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales; y/o, 2. De estricta legalidad. En cualquiera de estos casos no es dable analizar la regularidad de las normas o actos impugnados, pero ambos supuestos de improcedencia deben considerarse hipótesis de estricta aplicación, pues en caso de que se encuentren entremezclados alegatos de violaciones asociados a las órbitas competenciales de las partes en contienda, por mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser procedente y ha de estudiarse en su integridad la cuestión efectivamente planteada, aunque ello implique conexamente el estudio de violaciones sustantivas a la Constitución o de estricta legalidad". Precedente: Controversia constitucional 117/2014. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores. 7 de mayo de 2015. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.
19. Ibídem.
20. Recursos de reclamación 150/2019-CA y 158/2019-CA, derivados de las controversias constitucionales 279/2019 y 252/2019 respectivamente. El primero de los asuntos fue resuelto por el Tribunal Pleno en sesión del tres de diciembre de dos mil diecinueve, mientras que el segundo en la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200708-ce3fa25f/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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