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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO POR EL QUE SE INVITA AL CONTRIBUYENTE PARA QUE ACUDA A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD A ACLARAR SU PETICIÓN DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL NO TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA NI LESIONAR EL PATRIMONIO DE AQUÉL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 761/2006. · Registro digital (IUS): 20071
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BONIFACIO REYES ACEVEDO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 1446.

AMPARO DIRECTO 761/2006. BONIFACIO REYES ACEVEDO.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-En el concepto de violación relativo se aduce que la resolución recurrida carece de los requisitos de exhaustividad y congruencia porque en el acuerdo del día veintisiete de marzo de dos mil seis se desechó la demanda de nulidad por considerar que el oficio impugnado carece de definitividad conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y porque en el oficio impugnado mediante el juicio de nulidad se hace una invitación al contribuyente para que acuda con el subadministrador de devoluciones y compensaciones a fin de aclarar su situación; mientras que en la resolución reclamada que confirmó el acuerdo recurrido se consideró que respecto del oficio controvertido no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el párrafo sexto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, con lo cual se mejoró la fundamentación del acuerdo impugnado.

Que es cierto que el referido oficio se emitió para dar respuesta a la solicitud de devolución de saldo a favor deducida de la declaración complementaria y no de la petición realizada a través del formato 32, por lo que en ese aspecto no se configura ninguno de los supuestos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, la "determinación" contenida en el oficio impugnado consistente en "que existen formatos y requisitos para tal efecto", constituye la voluntad definitiva de la autoridad demandada que culminó con el procedimiento iniciado con la presentación de la declaración complementaria, en la que se solicitó el saldo a favor; que de atender la invitación de la demandada implicaría iniciar un nuevo trámite para la devolución del saldo, no obstante que éste ya se efectuó con la presentación de la declaración complementaria.

Que esto es así, porque en el escrito relativo expresó como antecedentes que el veinte de abril de dos mil cinco, a través del formato 13-A, presentó declaración anual complementaria en la que marcó la opción de devolución automática del saldo a favor; que la aludida petición la sustentó en los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación y en la regla 2.2.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil tres; esto es, que en dicho escrito se reiteró la petición de devolución de saldo a favor realizada en la declaración complementaria, por lo que el oficio impugnado en que se dio respuesta a su solicitud constituye una negativa de devolución del saldo que actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Que además, la materia de la litis en el juicio de nulidad no versa únicamente sobre el oficio impugnado, sino sobre la violación del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y de la regla 2.2.2. de la resolución miscelánea fiscal invocada, porque no obstante que se agotaron los trámites legales para la devolución del saldo a favor, la autoridad demandada no hizo la devolución respectiva, negándose tácitamente a devolver dicho saldo, actualizándose la causa de procedencia prevista en el párrafo anterior o bien la prevista en el fracción IV del artículo 11 de la misma ley, porque el oficio impugnado causa al actor un agravio en materia fiscal.

Estos argumentos son infundados.

En principio, es pertinente observar que la litis en el juicio de nulidad se fija atendiendo a las pretensiones de las partes que se deducen del escrito inicial de demanda y, en su caso, del escrito de su ampliación y con el oficio de contestación y de la ampliación de la misma, cuando proceda.

Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de nulidad que la Sala Fiscal responsable adjuntó a su informe justificado se advierte que en la resolución reclamada se confirmó el acuerdo del día veintisiete de marzo del año dos mil seis recurrido, en el que se desechó la demanda de nulidad y se impidió que se emplazara a juicio a la autoridad demandada y, por ende, no se integró la relación jurídico-procesal de las partes contendientes para considerar que la litis del juicio contencioso administrativo debe fijarse en los términos planteados por el quejoso.

Por otra parte, el hecho de que en el acuerdo del día veintisiete de marzo del año en curso (que desechó la demanda de nulidad) se haya citado el artículo 11, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como sustento de dicha determinación, y en la resolución reclamada se hubiese invocado el artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, no implica que se haya mejorado la fundamentación de la resolución recurrida en perjuicio del contribuyente actor, porque ese aspecto sólo es aplicable tratándose de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, quienes están impedidas para mejorar la fundamentación de los actos controvertidos en la instancia administrativa correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero no para los órganos jurisdiccionales, quienes para cumplir con el requisito de fundamentación previsto en el artículo 16 constitucional, están obligados a citar en sus respectivos fallos los preceptos constitucionales y legales, los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que estimen pertinentes, como en el caso en que la Sala Fiscal responsable invocó tanto el artículo 11, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como el diverso numeral 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación para confirmar el acuerdo que desechó la demanda de nulidad.

Finalmente, los artículos 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación y 11, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su orden, dicen:

"Artículo 22. ... Una vez otorgada la garantía, se procederá a poner a disposición del contribuyente la devolución solicitada y, en su caso, los intereses. En caso de que la devolución resulte improcedente, y una vez que se hubiere notificado al contribuyente la resolución respectiva, las autoridades fiscales darán el aviso a que se refiere la fracción II del artículo 141-A de este código. El importe transferido a la Tesorería de la Federación, se tomará a cuenta del adeudo que proceda de conformidad con el párrafo décimo del presente artículo. Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo cuarto sin que se presente dicho aviso, el contribuyente podrá retirar el importe de la garantía y sus rendimientos."

"Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

"... II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales."

A su vez, el oficio impugnado en el juicio de nulidad, dice:

"En atención a su escrito recibido el día 5 de enero de 2006, mediante el cual solicita la devolución del saldo a favor determinado en la declaración del ejercicio fiscal de 2002, se hace de su conocimiento que existen formatos y requisitos para tal efecto.

"Con base en lo anterior y para efecto de aclarar debidamente tal situación, se le invita para que acuda a esta Administración Local de Recaudación ubicada en la calle Chichimeco No. 119, colonia San Luis (a un costado de plaza cristal), con el L.R.I. Gerardo Hernández González, subadministrador de devoluciones y compensaciones de la Administración Local de Recaudación de esta entidad." (foja 27).

Del referido oficio se advierte que la autoridad demandada le indicó al contribuyente los requisitos que debe cumplir para que proceda la devolución solicitada del saldo a su favor (mediante formatos) y le invitó para que acudiera a sus oficinas a efecto de aclarar dicha situación.

Esta determinación reviste las características de un acto intermedio dictado en el procedimiento llevado a cabo para obtener la devolución de saldo a favor del contribuyente, que inició con la presentación de la declaración complementaria del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dos y que concluye con la negativa o pago del referido saldo, razón por la cual no puede considerarse que el oficio controvertido constituya una resolución definitiva para la procedencia del juicio de nulidad.

Además, el referido oficio en que se invitó al contribuyente para que acudiera a las oficinas de la demandada para aclarar lo concerniente a la petición planteada, no constituye una negativa de la autoridad fiscalizadora para devolver el saldo solicitado, como lo aduce el quejoso, por lo que dicha determinación no puede considerarse que lesione el interés patrimonial del contribuyente quejoso ni, por ende, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para la procedencia del juicio de nulidad, como en forma correcta lo consideró la Sala Fiscal responsable para confirmar el acuerdo recurrido que desechó la demanda de nulidad.

En congruencia con lo anterior, el oficio impugnado en que se invitó al contribuyente quejoso para que acudiera a las oficinas de la autoridad demandada para aclarar lo concerniente a la devolución del saldo a favor solicitada a través de la declaración complementaria y reiterada mediante el escrito respectivo, no se traduce en el inicio de un nuevo trámite administrativo, no tiene el carácter de una resolución definitiva ni lesiona el patrimonio del promovente del juicio de nulidad y, por tanto, contra dichas determinaciones deviene improcedente el juicio contencioso administrativo.

Es aplicable al caso la tesis 2a. X/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invoca en la resolución reclamada y que aparece publicada en el Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS.’ ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.-La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan ‘resoluciones definitivas’, y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de ‘resoluciones definitivas’ las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados."

Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver los amparos directos administrativos 644/2006, fallado en sesión de diez de noviembre y 643/2006 y 682/2006 resueltos en sesión del cinco de diciembre, todos de dos mil seis.

Consecuentemente, ante la ineficacia del concepto de violación, procede negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Bonifacio Reyes Acevedo, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta sentencia.

Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes; anótese en el libro de registro; con testimonio de este fallo devuélvanse los autos a su lugar de origen y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Refugio Estrada Araujo, Miguel Ángel Alvarado Servín y del presidente José Luis Rodríguez Santillán, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20071-064076e9/juicio-contencioso-administrativo-es-improcedente-contra-el-oficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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