Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DIRECTOR JURÍDICO DEL BANCO DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL BANCO DE MÉXICO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA [PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, ESPECÍFICAMENTE EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN LL, Y LOS ANEXOS 23.1.2. "REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (PESOS)" Y 23.1.3. "REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (PESOS)"]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE UNA VEZ QUE CONCLUYE SU VIGENCIA, MÁXIME QUE LA SENTENCIA RESPECTIVA NO PODRÍA TENER EFECTOS RETROACTIVOS [PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, ESPECÍFICAMENTE EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN LL, Y LOS ANEXOS 23.1.2. "REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (PESOS)" Y 23.1.3. "REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (PESOS)"].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 358/2019. · Registro digital (IUS): 200730
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BANCO DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 358/2019. BANCO DE MÉXICO. 23 DE JUNIO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; VOTO CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 358/2019, que se promovió por el Banco de México.

1. ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Banco de México promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. En su demanda solicitó la declaración de invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que se refiere al artículo 18, fracción II, y los anexos 23.1.2. "REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA" y 23.1.3. "REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA." en cuanto determinan la remuneración ordinaria liquida mensual metal y total anual ordinaria del Presidente de la República y pretenden servir como parámetro cierto y válido para fijar las remuneraciones de los servidores públicos del Banco de México.

3. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:

1. El cinco de noviembre de dos mil dieciocho se publicó en Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el que, por una parte se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, por otra parte, se adicionó un capítulo V Bis al Título Undécimo, Libro Segundo del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter.

2. El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. El tres de enero de dos mil diecinueve el Banco de México presentó la demanda de controversia constitucional 2/2019, la cual fue admitida a trámite y se concedió la suspensión para que las remuneraciones de los servidores públicos del Banco de México se fijen sin observar lo dispuesto en los artículos impugnados de la Ley Federal de Remuneraciones, así como tampoco en el Presupuesto de Egresos referido (asunto que se encuentra pendiente de resolución ante este Alto Tribunal).

3. El once de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, adicionalmente en misma fecha el Banco actor emitió el Presupuesto BANXICO, que comprende las remuneraciones de los servidores públicos de dicha Institución.

4. Artículos que se estiman violados. Los artículos 1, 5, 14 28, párrafos sexto y séptimo; 49, 72, 73, 74, fracción IV; 75, 123, 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Conceptos de invalidez. En su demanda la parte actora planteó diversos conceptos de invalidez los cuales no se transcriben en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

6. No obstante cabe mencionar que en sus argumentos señala de manera general que el Presupuesto impugnado da lugar a la invasión de su esfera competencial, de sus atribuciones y su autonomía institucional previstas en el artículo 28, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que no cumple con lo previsto en el artículo 127 constitucional respecto a la retribución del Presidente de la República como referencia normativa, ya que no contempla la totalidad de las percepciones en especie y extraordinarias que recibe el Titular del Ejecutivo Federal ni prevé elementos que lleven a determinar que dicha remuneración cumple con los principios de retribución adecuada y proporcional a sus responsabilidades.

7. Trámite. Por acuerdo de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, la Comisión de Receso de este Alto Tribunal correspondiente al segundo período de dos mil diecinueve,(1) ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 358/2019; admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar al Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que rindieran su contestación; y dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su esfera competencial correspondiera. También, se reservaron proveer lo conducente al turno hasta que diera inicio el primer período de sesiones.

8. Por proveído de dos de enero de dos mil veinte, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, como instructora del procedimiento.

9. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el diecinueve de febrero del dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejero Jurídico dio contestación a la demanda.

10. En ella, sostuvo argumentos para relacionados a la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

11. Contestación del Poder Legislativo Federal. Mediante escrito recibido el diecinueve de febrero del dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo Federal, a través de la presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda.

12. En el escrito de contestación expuso argumentos para sostener la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.

13. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el quince de abril de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia y se puso el expediente en estado de resolución.

14. Avocamiento. Previo el dictamen de mérito, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

15. Consecuente, con ello, el diez de junio del dos mil veintiuno, la Ministra Presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a su ponencia para el dictado del proyecto correspondiente.

2. PRESUPUESTOS PROCESALES

16. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) punto Segundo, fracción I, y Tercero, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) ya que se plantea un conflicto entre un órgano constitucional autónomo, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, aunado a que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, atendiendo al sentido de la presente sentencia.

17. SEGUNDO. Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(5) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

18. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente el artículo 18, fracción II, y los anexos 23.1.2. "REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)" y 23.1.3. "REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)"; lo cual constituye la materia de la presente controversia constitucional.

19. TERCERO. Oportunidad. En atención a que el objeto de estudio de la presente controversia constitucional se trata de un acto, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda se debe computar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación o que se haya tenido conocimiento del mismo o de su ejecución, o al día siguiente en que el Poder actor se ostente sabedor del mismo, lo anterior de conformidad con la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria.(6)

20. Así, para poder establecer si la demanda se presentó oportunamente, es necesario tener en cuenta que en la especie se impugna el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, el plazo de treinta días hábiles para interponer la demanda respectiva, transcurrió del doce de diciembre de dos mil diecinueve al veintitrés de enero del dos mil veinte.(7)

21. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(8) 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) en relación con los incisos a), b) y d) del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.(10)

22. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, es claro que su presentación resultó oportuna.

23. CUARTO. Legitimación activa. El Banco de México tiene legitimación para cuestionar los actos cuya invalidez reclama, en virtud de que el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias que se susciten entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión, por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y el diverso numeral 28, párrafo sexto constitucional prevé, en lo conducente:

"Artículo 28

[...]

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

[...]".

24. En esa tesitura, si el Banco actor es un órgano constitucionalmente autónomo, tiene la posibilidad de promover controversias constitucionales contra actos o disposiciones generales que considere vulneran el ejercicio de sus atribuciones.

25. El Banco de México es representado por Erick Mauricio Sánchez Medina, Director Jurídico del Banco de México, a quien se reconoció dicho carácter en el auto de admisión de demanda de treinta de diciembre de dos mil diecinueve y quien cuenta con la facultad para representar al Banco de México, en términos del artículo 67 de su Reglamento Interior.(11)

26. El promovente acreditó tal carácter con la copia certificada de su nombramiento, expedido por el Secretario de la Junta de Gobierno del Banco de México de treinta de agosto de dos mil dieciocho. Por tanto, el recurso se interpuso por persona legitimada para ello, de conformidad con el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(12)

27. En consecuencia, resulta infundada la causal de improcedencia invocada por los poderes demandados, consistente en la falta de legitimación de la parte actora.

28. QUINTO. Legitimación pasiva. Para la procedencia de la acción se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada.

29. a) Poder Ejecutivo. En términos de los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Ley Suprema y 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal está legitimado para ser demandado en este medio de control constitucional. Ahora, en términos del párrafo tercero del artículo 11 de ese ordenamiento, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

30. Ahora bien, mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veinte, se tuvo como autoridad demandada al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de su Consejero Jurídico, personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de los dispuesto en el artículo único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.

31. b) Poder Legislativo. En su representación comparece la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, quien se ostenta como Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, carácter que acredita con copia certificada de un extracto del Diario de Debates de la sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve en la cual consta su designación; acredita su personalidad en términos del artículo 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.(13)

32. Dichos funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.

SEXTO. Causales de improcedencia.

33. Por ser un tema de estudio preferente y oficioso, se procede al análisis de las causas de improcedencia planteadas por las partes o que, en su caso, advierta esta Segunda Sala de oficio, ello, de conformidad con lo establecido en el párrafo último, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria de la materia.

34. Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo Federal por conducto de su delegado, hizo valer las causas de improcedencia previstas en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia.

35. Al respecto señaló que procede el sobreseimiento en el asunto, toda vez que han cesado los efectos de la norma general o acto impugnado, ya que el actor pretende impugnar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2020, en específico los artículos relativos a la determinación de las remuneraciones de sus servidores públicos, así como la remuneración del Presidente de la República. No obstante que dicho presupuesto es de carácter anual, lo que significa que las remuneraciones que se determinan y autorizan por cada ejercicio fiscal tienen una vigencia que inicia el uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año.

36. Por lo anterior, considera que en el presente asunto cesaron los efectos del acto que la motivó, y la declaración de invalidez que en su caso pudiera emitirse no tendría efectos retroactivos.

37. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera fundada la causa de improcedencia hecha valer por el poder demandado, por las razones siguientes.

38. Del contenido del artículo 19, fracción V,(14) de la Ley Reglamentaria de la materia, se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia, lo cual implica que estos dejen de surtir sus efectos jurídicos respecto del ente que resintió la afectación.

39. Ahora bien, en el presente asunto se advierte que la parte actora solicitó la invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que se refiere al artículo 18, fracción II, y los anexos 23.1.2. "REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA" y 23.1.3. "REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA"; los cuales señalan lo siguiente:

"DECRETO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

"[...]

"Artículo 18. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto, en su Anexo 23 y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"[...]

"II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los límites de remuneración mensual para la Administración Pública Federal se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto y, conforme a lo siguiente:

"a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el Anexo 23.1.1. de este Decreto y comprenden los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de impuestos correspondiente:

"i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y

"ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.

"Los montos de las percepciones ordinarias presentadas en el Anexo 23.1. no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal, las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, ni las adecuaciones a la curva salarial del tabulador;

"b) La remuneración ordinaria total líquida mensual neta autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2020 se incluye en el Anexo 23.1.2. de este Decreto, y

"c) La remuneración total anual de percepciones ordinarias autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2020 se incluye en el Anexo 23.1.3. de este Decreto;

"III. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los límites correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I, primer párrafo, de este artículo, se presentan en los Anexos siguientes de este Decreto:

"a) Anexo 23.2. Ramo 01: Cámara de Senadores;

"b) Anexo 23.3. Ramo 01: Cámara de Diputados;

"c) Anexo 23.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación;

"d) Anexo 23.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación;

"e) Anexo 23.6. Ramo 03: Consejo de la Judicatura Federal;

"f) Anexo 23.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

"g) Anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral;

"h) Anexo 23.9. Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

"i) Anexo 23.10. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia Económica;

"j) Anexo 23.11. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones;

"k) Anexo 23.12. Ramo 44: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

"l) Anexo 23.13. Ramo 49: Fiscalía General de la República, y

"m) Anexo 23.14. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y

"IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se presenta en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos.

"Las dependencias y entidades podrán modificar las percepciones ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 23.1., del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de servicios personales.

"Las entidades que cuenten con planes de compensación acordes con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan de compensación con la política de planeación y administración de personal de la Administración Pública Federal.

"Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las dependencias y entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos.

"Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar; personal de enlace; así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

"Los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.

"No se autoriza a los ejecutores de gasto el pago de Seguros de Separación Individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas en la fracción IV del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"[...]".

40. Ahora bien, del decreto impugnado se desprende que el Presupuesto de Egresos emitido por el Congreso de la Unión atiende a la facultad otorgada en el artículo 74, fracción IV constitucional, el cual a la letra señala:

"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

"[...]

"IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

"[...]".

41. De ahí que en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto.

42. Al respecto, este Alto Tribunal ha sentado el criterio de que en relación con las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se rigen por el principio de vigencia anual, pues constituyen instrumentos jurídico-financieros cuyo propósito fundamental es poner los medios para el funcionamiento y desarrollo del Gobierno y de la gestión financiera general de los asuntos públicos durante un año fiscal determinado.

43. En términos de la colaboración legal y constitucionalmente fijada, los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la responsabilidad de emitir estas normas para obtener los ingresos necesarios para saldar los gastos que la gestión de los asuntos públicos requerirá durante el mencionado período temporal.

44. En el caso, de acuerdo al transitorio primero del decreto impugnado, éste entró en vigor el primero de enero del dos mil veinte, con lo cual se desprende que su vigencia duró desde esa fecha hasta el treinta y uno de diciembre de la misma anualidad. Lo que pone de manifiesto que el presupuesto cuya invalidez solicita la parte actora, ha quedado sin efectos puesto que ha perdido su vigencia y las consecuencias que se hubieran podido producir por su emisión ya no tienen eficacia material ni jurídica en la esfera competencial de la actora.

45. Esta conclusión se robustece al considerar que el treinta de noviembre de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, cuyo primer artículo transitorio establece que dicho decreto entró en vigor el primero de enero de dos mil veintiuno.(15) Por lo tanto, es claro que la posible afectación que pudiera resentir la parte actora en su esfera de atribuciones quedó sin efectos.

46. En consecuencia, si la vigencia anual concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno, puesto que no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la invalidez del acto impugnado, la sentencia no tendría efecto en la esfera jurídica de la parte actora, pues por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal(16) y 45 de la Ley reglamentaria de la materia,(17) la declaración de invalidez de las sentencias no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal.

47. En las relatadas consideraciones, al haber dejado de producir sus efectos el decreto impugnado en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 19(18) de la Ley Reglamentaria de la materia.

48. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 54/2001 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."(19) y por identidad de razón el criterio del Tribunal Pleno, consultable en la tesis jurisprudencial número P./J. 9/2004, de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.".(20)

49. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(21) esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera procedente sobreseer en la presente controversia constitucional.

3. PUNTO RESOLUTIVO

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se SOBRESEE en la presente controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente). El Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas.

Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTA Y PONENTE

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

La Secretaria de Acuerdos CERTIFICA que esta hoja corresponde a la ejecutoria dictada por la Segunda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200730-ff20f7ce/i-controversia-constitucional-el-director-juridico-del-banco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.