I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 51, PUNTO 1, INCISO A), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ANEXOS 1, 23.1.2, 31, 23.8, 23.8.1.a, 23.8.1.b, 23.8.3.a Y 23.8.3.b, RELATIVOS AL MONTO QUE SE FIJA PARA EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASÍ COMO LAS REMUNERACIONES Y PERCEPCIONES APLICABLES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE UNA VEZ QUE CONCLUYE SU VIGENCIA, MÁXIME QUE LA SENTENCIA RESPECTIVA NO PODRÍA TENER EFECTOS RETROACTIVOS (PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ANEXOS 1, 23.1.2, 31, 23.8, 23.8.1.a, 23.8.1.b, 23.8.3.a Y 23.8.3.b, RELATIVOS AL MONTO QUE SE FIJA PARA EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASÍ COMO LAS REMUNERACIONES Y PERCEPCIONES APLICABLES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2020. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 23 DE JUNIO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; VOTÓ CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 10/2020, que se promovió por el Instituto Nacional Electoral.
1. ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de enero del dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
2. En su demanda solicitó la declaración de invalidez del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que se refiere a los Anexos 1, 23.1.2, 31, 23.8, 23.8.1.A, 23.8.1.B, 23.8.3.A y 23.8.3.B, relativos al monto que se fija para el Instituto Nacional Electoral, así como las remuneraciones y percepciones aplicables a sus servidores públicos.
3. Antecedentes. Los narrados en la demanda son los siguientes:
1. El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veinte. El presupuesto total era de $17’732’357,976.00 (diecisiete mil setecientos treinta y dos millones trescientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) de los cuales $5’239’001,651.00 (cinco mil doscientos treinta y nueve millones mil seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) representan el monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales para el año dos mil veinte, en tanto que $12’493’356,325.00 (doce mil cuatrocientos noventa y tres millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.M.) son el presupuesto previsto como el gasto neto total. Esto es, de esos recursos, casi la tercera parte corresponde a los recursos que reciben los partidos políticos a través del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus funciones.
2. De los $12’493’356,325.00 (doce mil cuatrocientos noventa y tres millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.M.) que corresponden al Instituto Nacional Electoral, más de diez mil millones se destinan a gastos permanentes que no obedecen a las prioridades específicas del ejercicio fiscal que corresponde. Al ser gastos asociados a actividades permanentes, existe un mínimo grado de flexibilidad en los conceptos de gasto asociados a ese monto.
3. La integración del presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal de dos mil veinte considera los recursos para los Procesos Electorales Locales 2019-2020, en los Estados de Coahuila e Hidalgo y financiar las actividades relacionadas con el inicio del proceso electoral federal y local 2020-2021. Las elecciones federales de dos mil veintiuno en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión coincidirán con comicios locales en los treinta y dos estados de la República.
4. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. Dicho dictamen contempló una reducción de $1’071,562,960.00 (mil setenta y un millones quinientos sesenta y dos mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), respecto del proyecto originalmente aprobado por el Instituto, lo cual representa un impacto sustantivo en los procesos electorales antes referidos, por lo que se pone en peligro la participación del Instituto en la organización de elecciones.
5. El once de diciembre de dos mil diecinueve, el Diario Oficial de la Federación publicó el Presupuesto de Egresos 2020, que entró en vigor el uno de enero de dos mil veinte, conforme al artículo primero transitorio del mismo, en el que prevalecieron las afectaciones mencionadas. En dicho presupuesto no hay explicación ni fundamentación a la disminución al presupuesto propuesto por el Instituto lo cual implica una violación a la autonomía financiera y a la independencia decisoria, funcional y económica.
4. Artículos que se estiman violados. Los artículos 1, 5, 35, 41, base V, apartado A; 49, 74, 75, 123, apartado B, fracción XIV; 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Conceptos de invalidez. En su demanda el Instituto actor planteó diversos conceptos de invalidez los cuales no se transcriben en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
6. Trámite. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 10/2020 y ordenó remitir el expediente a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, a quien correspondió la instrucción del asunto.
7. Por proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, a quienes mandó emplazar para que formularan su contestación así como para desahogar los requerimientos señalados; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien no formuló opinión en el presente asunto.
8. Contestación del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el cuatro de agosto del dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejero Jurídico dio contestación a la demanda.
9. En ella, sostuvo argumentos relacionados a la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
10. Contestación del Poder Legislativo Federal. Mediante escrito recibido el siete de agosto del dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo Federal, a través de la presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda.
11. En el escrito de contestación expuso argumentos para sostener la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo.
12. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia y se puso el expediente en estado de resolución.
13. Avocamiento. Previo el dictamen de mérito, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.
14. Consecuente, con ello, el diez de junio de dos mil veintiuno, la Ministra Presidenta de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, así como que el expediente se remitiera a su ponencia para el dictado del proyecto correspondiente.
2. PRESUPUESTOS PROCESALES
15. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) punto Segundo, fracción I, y Tercero, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) ya que se plantea un conflicto entre un órgano constitucional autónomo, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, aunado a que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno, atendiendo al sentido de la presente sentencia.
16. SEGUNDO. Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
17. En la demanda se solicitó la declaración de invalidez del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que se refiere a los Anexos 1, 23.1.2, 31, 23.8, 23.8.1.A, 23.8.1.B, 23.8.3.A y 23.8.3.B, relativos al monto que se fija para el Instituto Nacional Electoral, así como las remuneraciones y percepciones aplicables a sus servidores públicos; lo cual constituye la materia de la presente controversia constitucional.
18. TERCERO. Oportunidad. En atención a que el objeto de estudio de la presente controversia constitucional se trata de un acto, el plazo de treinta días para la presentación de la demanda se debe computar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación o que se haya tenido conocimiento del mismo o de su ejecución, o al día siguiente en que el Poder actor se ostente sabedor del mismo, lo anterior de conformidad con la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria.(5)
19. Así, para poder establecer si la demanda se presentó oportunamente, es necesario tener en cuenta que en la especie se impugna el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, el plazo de treinta días hábiles para interponer la demanda respectiva, transcurrió del doce de diciembre de dos mil diecinueve al veintitrés de enero del dos mil veinte.(6)
20. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(7) 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con los incisos a), b) y d) del Punto Primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.(9)
21. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de enero del dos mil veinte, es claro que su presentación resultó oportuna.
22. CUARTO. Legitimación activa. El Instituto Nacional Electoral tiene legitimación para cuestionar los actos cuya invalidez reclama, en virtud de que el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias que se susciten entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión, por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
23. Por su parte, de los artículos 10, fracción I;(10) y 11, primer párrafo,(11) de la Ley Reglamentaria se desprende que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que la promueva y deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
24. La demanda de controversia constitucional fue promovida, en representación del Instituto Nacional Electoral, por Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; quien acreditó su personalidad con la copia certificada del acta de sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del once de abril de dos mil catorce en la que se le designó en dicho cargo.
25. Por su parte el artículo 51, punto 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,(12) establece que corresponde al Secretario Ejecutivo representar legalmente al Instituto. En consecuencia, se reconoce personalidad a Edmundo Jacobo Molina quien suscribió la demanda y se concluye que cuenta con las facultades necesarias para representar al Instituto Nacional Electoral, por lo que el actor cuenta con la legitimación necesaria en la presente controversia constitucional.
26. En consecuencia, resulta infundada la causal de improcedencia invocada por los poderes demandados, consistente en la falta de legitimación del Instituto actor.
27. QUINTO. Legitimación pasiva. Para la procedencia de la acción se procede al análisis de la legitimación de la parte demandada.
28. a) Poder Ejecutivo. En términos de los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Ley Suprema y 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal está legitimado para ser demandado en este medio de control constitucional. Ahora, en términos del párrafo tercero del artículo 11 de ese ordenamiento, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.
29. Ahora bien, mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, se tuvo como autoridad demandada al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de su Consejero Jurídico, personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de los dispuesto en el artículo único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno.
30. b) Poder Legislativo. En su representación comparece la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, quien se ostenta como Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, carácter que acredita con copia certificada de un extracto del Diario de Debates de la sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve en la cual consta su designación; acredita su personalidad en términos del artículo 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.(13)
31. Dichos funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputan los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.
SEXTO. Causales de improcedencia.
32. Por ser un tema de estudio preferente y oficioso, se procede al análisis de las causas de improcedencia planteadas por las partes o que, en su caso, advierta esta Segunda Sala de oficio, ello, de conformidad con lo establecido en el párrafo último, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria de la materia.
33. Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo Federal por conducto de su delegado, hizo valer las causas de improcedencia previstas en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia.
34. Al respecto señaló que procede el sobreseimiento en el asunto, toda vez que han cesado los efectos de la norma general o acto impugnado, ya que el actor pretende impugnar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2020, en específico los artículos relativos a la determinación de las remuneraciones de sus servidores públicos, así como la remuneración del Presidente de la República. No obstante que dicho presupuesto es de carácter anual, lo que significa que las remuneraciones que se determinan y autorizan por cada ejercicio fiscal tienen una vigencia que inicia el uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año.
35. Por lo anterior, considera que en el presente asunto cesaron los efectos del acto que la motivó, y la declaración de invalidez que en su caso pudiera emitirse no tendría efectos retroactivos.
36. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera fundada la causa de improcedencia hecha valer por el poder demandado, por las razones siguientes.
37. Del contenido del artículo 19, fracción V,(14) de la Ley Reglamentaria de la materia, se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia, lo cual implica que estos dejen de surtir sus efectos jurídicos respecto del ente que resintió la afectación.
38. Ahora bien, en el presente asunto se advierte que la parte actora solicitó la invalidez del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que se refiere a los Anexos 1, 23.1.2, 31, 23.8, 23.8.1.A, 23.8.1.B, 23.8.3.A y 23.8.3.B, relativos al monto que se fija para el Instituto Nacional Electoral, así como las remuneraciones y percepciones aplicables a sus servidores públicos.
39. De dicho ordenamiento se desprende que el Presupuesto de Egresos emitido por el Congreso de la Unión atiende a la facultad otorgada en el artículo 74, fracción IV constitucional, el cual a la letra señala:
"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
[...]
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
[...]".
40. De ahí que en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto.
41. Al respecto, este Alto Tribunal ha sentado el criterio de que en relación con las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se rigen por el principio de vigencia anual, pues constituyen instrumentos jurídico-financieros cuyo propósito fundamental es poner los medios para el funcionamiento y desarrollo del Gobierno y de la gestión financiera general de los asuntos públicos durante un año fiscal determinado.
42. En términos de la colaboración legal y constitucionalmente fijada, los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la responsabilidad de emitir estas normas para obtener los ingresos necesarios para saldar los gastos que la gestión de los asuntos públicos requerirá durante el mencionado período temporal.
43. En el caso, de acuerdo al transitorio primero del decreto impugnado, éste entró en vigor el primero de enero del dos mil veinte, con lo cual se desprende que su vigencia duró desde esa fecha hasta el treinta y uno de diciembre de la misma anualidad. Lo que pone de manifiesto que el presupuesto cuya invalidez solicita el Instituto actor, ha quedado sin efectos puesto que ha perdido su vigencia y las consecuencias que se hubieran podido producir por su emisión ya no tienen eficacia material ni jurídica en la esfera competencial de la actora.
44. Esta conclusión se robustece al considerar que el treinta de noviembre de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, cuyo primer artículo transitorio establece que dicho decreto entró en vigor el primero de enero de dos mil veintiuno.(15) Por lo tanto, es claro que la posible afectación que pudiera resentir el Instituto actor en su esfera de atribuciones quedó sin efectos.
45. En consecuencia, si la vigencia anual concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno, puesto que no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la invalidez del acto impugnado, la sentencia no tendría efecto en la esfera jurídica de la parte actora, pues por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal(16) y 45 de la Ley reglamentaria de la materia,(17) la declaración de invalidez de las sentencias no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal.
46. En las relatadas consideraciones, al haber dejado de producir sus efectos el decreto impugnado en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 19(18) de la Ley Reglamentaria de la materia.
47. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 54/2001 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS"(19) y por identidad de razón el criterio del Tribunal Pleno, consultable en la tesis jurisprudencial número P./J. 9/2004, de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS".(20)
48. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(21) esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera procedente sobreseer en la presente controversia constitucional.
3. PUNTO RESOLUTIVO
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se SOBRESEE en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente). El Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas.
Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTA Y PONENTE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
La Secretaria de Acuerdos CERTIFICA que esta hoja corresponde a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente relativo a la controversia constitucional 10/2020 en la sesión ordinaria celebrada vía remota el veintitrés de junio de dos mil veintiuno. DOY FE.
EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN XXI, 8º, 23, 24, FRACCIÓN VI, 113 Y 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE, SE PÚBLICA ESTA VERSIÓN PÚBLICA EN LA CUAL SE SUPRIME LA INFORMACIÓN CONSIDERADA LEGALMENTE COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE ENCUADRA EN ESOS SUPUESTOS NORMATIVOS.
________________
1. "Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
[...]
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución."
2. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
[...]
Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
[...]
V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.
[...]".
3. "SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
[...]
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."
4. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
..."
5. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;".
6. Se descuentan del cómputo del plazo los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de diciembre de 2019; 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de enero de 2020 por corresponder a sábados y domingos, así como el 1 de enero de 2020.
7. Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
II. Se contarán sólo los días hábiles, y...
8. Artículo 3o. La Suprema Corte de Justicia tendrá cada año dos períodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.
9. PRIMERO. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles:
a) Los sábados; b) Los domingos; (...); d) El primero de enero; m) Aquéllos en que se suspendan las labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando ésta no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.
10. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
(...)
I.- Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
(...)".
11. "Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
(...)".
12. "Artículo 51.
1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:
a) Representar legalmente al Instituto.
(...)".
13. "Artículo 23. 1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
(...)
l) Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que resulte necesario;
(...)".
14. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
[...]
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;".
15. "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2021, salvo lo dispuesto en el Transitorio Décimo Sexto, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación".
16. "Artículo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200733-49915364/i-controversia-constitucional-el-secretario-ejecutivo-del-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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