I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE DETENTE LA TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN [ARTÍCULO 51, PUNTO 1, INCISO A), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL UNO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN RECAE EN LA PERSONA QUE TENGA LA TITULARIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES (ARTÍCULOS 14 Y 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES TIENEN LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO RELATIVO, SIN QUE SE REQUIERA LA CONCURRENCIA DE AMBAS O DE UNA REPRESENTACIÓN COMÚN (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LO CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXOS 1 Y 32, EN EL RAMO 22, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA POR COSA JUZGADA O COSA JUZGADA REFLEJA NO SE ACTUALIZA POR LA EXISTENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 224/2021 CON IDENTIDAD DE PARTES PERO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LO CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXOS 1 Y 32, EN EL RAMO 22, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA POR COSA JUZGADA O COSA JUZGADA REFLEJA NO SE ACTUALIZA POR LA EXISTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-282/2021, AL NO EXISTIR IDENTIDAD EN LA COSA DEMANDADA, EN LA CAUSA, NI UNA INTERDEPENDENCIA ENTRE AMBOS ASUNTOS (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LO CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXOS 1 Y 32, EN EL RAMO 22, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LO CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXOS 1 Y 32, EN EL RAMO 22, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, SIEMPRE QUE LA NORMA O EL ACTO AL QUE SE DIRIGE ESTÉ ÍNTIMAMENTE VINCULADO CON EL IMPUGNADO EN EL ESCRITO INICIAL, AUN CUANDO NO SE TRATE DE UN HECHO NUEVO O UNO SUPERVENIENTE (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LO CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXOS 1 Y 32, EN EL RAMO 22, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LOS ACTOS QUE EL INSTITUTO ACTOR REALIZÓ PARA EJECUTAR EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO, AL TENER ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON DICHO PROCESO SIN QUE SE SUBSANE EL POSIBLE VICIO PLANTEADO (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LO CONCERNIENTE AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXOS 1 Y 32, EN EL RAMO 22, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 209/2021. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 1 DE JUNIO DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y OMAR CRUZ CAMACHO.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día primero de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la que se resuelve la controversia constitucional 209/2021, promovida por el Instituto Nacional Electoral, en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversos artículos y anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación.
I. ANTECEDENTES
1. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional Electoral.(1) El Instituto Nacional Electoral (en adelante, el "INE") remitió al Poder Ejecutivo Federal un anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, para ser incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto de dieciocho mil ochocientos veintisiete millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos ($18,827'742,268.00), con la siguiente distribución:(2)
Ver distribución
2. Asimismo, dentro de las bases generales del anteproyecto de presupuesto 2022, el INE consideró la estructura ocupacional y percepciones de sus trabajadores, en los siguientes términos:
Ver términos
3. Por otro lado, el Consejo General del INE solicitó cinco mil ochocientos veintiún millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos cuatro pesos ($5,821'851,704.00) que serían entregados a los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y franquicias postales y telegráficas.(3)
4. Esto es, en total, el presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2022 ascendía a veinticuatro mil seiscientos cuarenta y nueve millones quinientos noventa y tres mil novecientos setenta y dos pesos ($24,649'593,972.00).
Ver total
5. Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos por parte del Poder Ejecutivo Federal. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022,(4) el cual, en el anexo 1, relativo al gasto total neto correspondiente al ramo 22 del Instituto Nacional Electoral, preveía la cantidad de veinticuatro mil seiscientos cuarenta y nueve millones quinientos noventa y tres mil novecientos setenta y dos pesos ($24,649'593,972.00).
6. Asimismo, en el proyecto se propusieron las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación conforme a lo previsto en el anexo 23, tomando en cuenta el artículo 127 de la Constitución Federal y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Específicamente, en el anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral, se establecieron los límites de la percepción ordinaria total en el INE, en los siguientes términos:(5)
Ver límites de la percepción ordinaria
7. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió el dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022,(6) en el anexo 32, relativo a las adecuaciones aprobadas por la Cámara se precisó que el INE tendría una reducción de cuatro mil novecientos trece millones de pesos ($4,913'000,000.00).(7) En consecuencia, en el anexo 1 del mismo presupuesto, relativo al gasto total neto correspondiente al ramo 22 del Instituto Nacional Electoral se dictaminó adecuada la cantidad de diecinueve mil setecientos treinta y seis millones, quinientos noventa y tres mil novecientos setenta y dos pesos ($19,736'593,972.00), reflejando la reducción correspondiente.
8. Por otra parte, tratándose de las remuneraciones de los servidores públicos, el dictamen hizo las siguientes consideraciones relevantes:(8)
"III. Proceso de análisis
"...
"e. Remuneraciones de los servidores públicos
"...
"Cabe señalar que para la determinación de la remuneración anual máxima aplicable para el ejercicio fiscal de 2022 conforme a lo previsto en el artículo 12, inciso b), de [la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos], se tomó como base la aprobada para el PEF 2021.
"De lo anterior, y con fundamento en el artículo 13, inciso i), de la mencionada ley, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considera correcta la remuneración que se propone para el presidente de la República, así como para los demás servidores públicos de la Federación, ya que se observa que son adecuadas para el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, y proporcionales a sus responsabilidades, por lo que se cumplen con los criterios establecidos en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
"Asimismo, el [Centro de Estudios de las Finanzas Públicas] señala que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) presentan niveles salariales por encima a los del presidente de la República, por lo que sólo cuatro órganos autónomos cumplen cabalmente con dicho ordenamiento.
"...
"IV. Análisis específico y valoración de los argumentos del proyecto
"...
"Órganos autónomos
"Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública observa que las previsiones propuestas por los entes que integran los ramos autónomos presentan una disminución de 0.5 % en términos reales con respecto al presupuesto aprobado para 2021.
"...
"Instituto Nacional Electoral
"Buscará consolidar sus avances para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía conforme a su Plan Estratégico 2016-2026.
"...
"V. Cambios a la propuesta del Ejecutivo Federal
"Respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal y tomando en cuenta las opiniones de las comisiones ordinarias, así como las conclusiones de las mesas de diálogo bajo el esquema de parlamento abierto, se determina lo siguiente:
"...
"o. Finalmente, por lo que se refiere al Decreto de PEF 2022, se incorpora una disposición que establece la obligación para los ejecutores de gasto, de realizar las acciones conducentes y, en su caso, emitir las disposiciones específicas que correspondan para que las percepciones y prestaciones se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2022, a los límites máximos de percepciones y prestaciones previstos en el anexo 23 del Decreto de PEF 2022 ..."
9. En consecuencia, la comisión determinó ajustar las remuneraciones del INE conforme a la siguiente tabla:(9)
Ver tabla
10. Aprobación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones(10) el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.(11) En consecuencia, se le autorizó al INE un gasto total por diecinueve mil setecientos treinta y seis millones, quinientos noventa y tres mil novecientos setenta y dos pesos ($19,736'593,972.00). El veintinueve de noviembre, el presupuesto impugnado se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
II. PROMOCIÓN Y TRÁMITE
11. Presentación de la demanda. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, el INE promovió la presente controversia constitucional, demandando la invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal (PEF) 2022, específicamente, señaló como impugnado:
• El artículo 13, fracción II, en lo relativo a señalar que la remuneración autorizada para el presidente de la República se integrará por los artículos 7, 12, inciso b) y quinto transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
• El anexo 1 (gasto neto total) en el ramo 22 del INE, al fijar un monto de diecinueve mil setecientos treinta y seis millones quinientos noventa y tres mil novecientos setenta y dos pesos ($19,736'593,972.00).
• El anexo 23.1.2. Remuneración ordinaria total líquida mensual neta del presidente de la República.
• El anexo 32. Adecuaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, en lo relativo a la reducción que consigna para el ramo 22 del INE, por un monto de cuatro mil novecientos trece millones de pesos ($4,913'000,000.00).
• El anexo 23.8. Instituto Nacional Electoral y sus correlativos 23.8.1.A.; 23.8.1.B.; 23.8.3.A; 23.8.3.B; 23.8.3.C; 23.8.3.D.
• El artículo vigésimo transitorio
12. El actor en su único concepto de invalidez formuló dos transgresiones esenciales a su autonomía prevista en el artículo 41, base V, de la Constitución Federal, así como a la división de poderes, la primera, dada la reducción injustificada del gasto total del instituto; y la segunda, frente a la modificación de las remuneraciones del personal del INE aprobadas por la Cámara de Diputados.
13. A. Violación a la autonomía del INE. Reducción al gasto neto total. Anexos 1 y 32 del PEF 2022, ramo 22.
14. En la primera vertiente de su argumento, el instituto actor considera que existe una invasión de competencias constitucionales, basada en una violación a su autonomía y, con ello, se obstruye su función electoral.
15. La autonomía prevista en el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Federal constituye un límite para la Cámara de Diputados en lo relativo a decidir de forma arbitraria sobre aspectos presupuestarios del INE, tales como lo relativo a su función electoral.
16. Dicha garantía institucional es necesaria para alcanzar los fines para los que fue creado el INE y permitir el ejercicio de los derechos humanos de carácter político y electoral, en atención a la especialización e importancia social de sus tareas.
17. Se realizó una reducción injustificada al gasto neto total del INE, como se ve en los anexos 1 y 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en lo relativo al ramo 22 Instituto Nacional Electoral, con lo cual se obstruye el ejercicio de sus encomiendas constitucionales, además de que se violenta el correcto y libre goce de los derechos político-electorales de la ciudadanía, al ser el INE el vínculo que posibilita dichos derechos.
18. El INE cuenta con autonomía e independencia funcional y presupuestaria. Así, debe gozar de libertad para establecer su presupuesto conforme a sus atribuciones constitucionales y en relación con su conocimiento especializado en la materia, pues ningún otro órgano tiene competencia para ejercer las funciones al interior del Estado Mexicano que le otorgan los artículos 35, 41 y 49 de la Constitución.
19. Así, el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, establece el alcance de la autonomía presupuestaria para los Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, en el que destacan tres aspectos: a) la autonomía presupuestaria de los entes autónomos, es la misma que gozan los Poderes Legislativo y Judicial respecto del Poder Ejecutivo; b) tanto los Poderes Legislativo y Judicial como los entes autónomos envían sus proyectos de presupuesto para su integración en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda, sin que pueda ser revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; c) en el ejercicio del gasto, no se sujetan a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.
20. Dicha autonomía busca, por un lado, garantizar la función del INE y fungir como mecanismo de protección del ejercicio de los derechos de la ciudadanía y, por el otro, encuentra sustento en la función especializada del instituto, en virtud de la cual se le concibe como el órgano del Estado idóneo para calcular sus requerimientos presupuestarios y realizar su función especializada.
21. Lo anterior no significa que la autonomía presupuestaria sea una habilitación para el uso discrecional y dispendioso de los recursos. El Poder Legislativo ha impuesto una serie de obligaciones para los órganos constitucionales autónomos, establecidas en el artículo 134 constitucional y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otros ordenamientos; además de estar sujeto a los diversos mecanismos de transparencia en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y al control ex post del gasto, en el marco de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
22. En ese marco de autonomía presupuestaria, el INE presentó un presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, por lo que, en la hipótesis de efectuar un cambio, la Cámara de Diputados debía hacerlo en un plano de colaboración, bajo un principio de deferencia, dialogar con ese instituto, siempre sustentando de manera fundada y motivada tal determinación, mas no de manera arbitraria y unilateral, de forma que se impidiera el ejercicio real de atribuciones constitucionales. Sin embargo, dicha Cámara no sustentó en momento alguno la disminución al presupuesto hecho por el INE, pues si bien una de sus atribuciones exclusivas es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ello no lo exime de observar el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, así como el de división de poderes establecido en el diverso 49, en relación con el 41, ambos de la Constitución Federal.
23. El actor estima que en las controversias constitucionales 218/2017 y 232/2017, se robustece lo aducido por el INE en el sentido de que la afectación arbitraria del presupuesto de los órganos autónomos constitucionales constituye el grado más grave de afectación a su autonomía constitucional, ya que genera subordinación hacia el Poder Legislativo, al impedirle ejercer en los hechos sus atribuciones constitucionales.
24. Es fundamental mencionar que los ejecutores de gasto, por ser los entes encargados de la materialización de funciones específicas, son quienes conocen las actividades necesarias para cumplir sus obligaciones constitucionales y, en esa medida, les debe deferencia al poder u órgano respectivo. Esta deferencia implica no realizar modificaciones arbitrarias ni sustanciales, sin involucrar al respectivo órgano en el proceso presupuestario. Suponer lo contrario sería tanto como considerar que la Cámara de Diputados conoce mejor las necesidades institucionales inherentes a las competencias constitucionales de cada poder u órgano autónomo, y soslayar el absurdo de que dicha Cámara se pueda sustituir en el ejercicio de planeación de cada uno de éstos. De ahí que su actuar en la aprobación del PEF deba realizarse mediante una ponderación cuidadosa que respete las garantías constitucionales de motivación en sentido reforzado y en deferencia a los órganos autónomos, como un sano ejercicio de contrapesos constitucionales.
25. En efecto, el principio de deferencia obliga a tener por buenas las decisiones de los órganos del Estado que, por su naturaleza, son los que mejores decisiones pueden tomar en su ámbito de competencia, a menos que haya razones probadas, justificadas y motivadas en contrario, como no es el caso que ocupa la presente controversia constitucional, de que pueden hacerse ajustes sin mermar las funciones constitucionales y legales conferidas, en su doble aspecto cualitativo y cuantitativo.
26. Así, el principio de deferencia que la Cámara de Diputados debe guardar en la aprobación del presupuesto de egresos deriva de tres razones: a) la naturaleza reglada del proceso de planeación y presupuestación del INE; b) la naturaleza especializada del INE como ejecutor de gasto; c) la función que el INE realiza en el marco institucional mexicano, en el que es una autoridad electoral y ejerce una función de garantía del ejercicio de derechos humanos de participación política.
27. Llama la atención que en el caso del presupuesto impugnado, del total de reasignaciones que realiza la Cámara de Diputados a la propuesta consolidada y enviada por el Ejecutivo Federal, el 62 % afectan al INE, con un impacto real a su presupuesto orgánico solicitado de más del 26 %, con lo cual se evidencia la arbitraria violación a la autonomía constitucional del INE, que además constituye un trato diferenciado respecto del resto de los órganos autónomos del Estado Mexicano, pues respecto de ninguno de ellos se realizó un ajuste presupuestario.
28. En todo caso, cualquier ajuste que se haga al presupuesto del INE no puede comprometer jamás las funciones sustantivas del mismo, como sucede en el presente caso, en que por exceder el monto de reducción el presupuesto necesario para la realización del procedimiento de participación ciudadana de revocación de mandato se puede traducir en que éste no pueda llevarse a cabo.
29. La posibilidad que tiene la Cámara de Diputados de modificar el PEF conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a la relación de coordinación entre los poderes que instituye el artículo 49 de la Constitución Federal y en apego al principio de deferencia que busca cumplir con los objetivos constitucionales encomendados a cada poder y órgano autónomo dentro de su especial ámbito de competencia. Al respecto, el legislador buscó que el orden de atención, en primer término, fuera la aprobación de lo solicitado en el proyecto de presupuesto y que, en segundo término, la Cámara de Diputados, previo examen y discusión (lo cual implica ponderar, estudiar, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado las propuestas de los ejecutores de gasto y llegando a considerarlas de alguna manera inviables) pudiera modificar el presupuesto de los solicitantes, debiendo fundar y motivar razonadamente tal determinación; esto es, dichas modificaciones no podrían darse como producto de una mera apreciación subjetiva, sino de forma razonada y razonable.
30. La Cámara de Diputados, a través del arbitrario actuar en la aprobación del PEF, sin respeto a las garantías institucionales ni bajo la realización de análisis técnico, ni parámetros económicos, obstaculiza las funciones constitucionales del instituto actor y, con ello, los fines del Estado mismo y, por supuesto, impide el ejercicio de los derechos humanos que tutela ese órgano.
31. La perspectiva mínima necesaria que la Cámara de Diputados debe tener al momento de ejercer su atribución de modificar el presupuesto de egresos, además de los principios de división de poderes, autonomía constitucional y deferencia, se integra por la rendición de cuentas que hacen los ejecutores de gasto respecto del presupuesto asignado anteriormente e información en materia de ingresos, gastos, deuda pública y crecimiento de la economía nacional, entre otros; sin perder de vista el posible impacto que tenga esa modificación en los fines del Estado y, finalmente, sobre esa base justificar cualquier modificación a dicho presupuesto.
32. La Cámara de Diputados, al no otorgar los recursos solicitados por el INE sin justificación, no sólo viola la jerarquía normativa tutelada por el artículo 133 constitucional, al colocar al presupuesto de egresos por encima de la Constitución, sino que se traduce en una transgresión al orden constitucional del Estado Mexicano, pues elimina contenido protegido mediante esas garantías e impide el ejercicio de derechos humanos por parte de la ciudadanía. En el presupuesto impugnado no hay un sólo análisis, explicación o dictaminación por parte de la Cámara de Diputados o por alguna de sus comisiones, ni sustento alguno respecto de la reducción presupuestal al INE. 33. De esta forma, la práctica extralimitada por parte de ese órgano legislativo en sus atribuciones impide a ese instituto alcanzar los objetivos y proyectos presupuestados para el debido, oportuno y eficaz cumplimiento de sus competencias constitucionales como órgano especializado en materia electoral y garante del Estado democrático, al proteger los derechos políticos-electorales de la ciudadanía y asegurar la renovación periódica de los poderes, así como garantizar cualquier otro ejercicio democrático que establezca nuestra Carta Magna, colocándolo en un estado de indefensión institucional, al constreñirlo a decidir qué obligaciones constitucionales dejará de cumplir, o bien, qué derechos humanos deberá violar o impedir su ejercicio por falta de recursos, con el consecuente peligro de incurrir en responsabilidades administrativas, o de otra índole.
34. Además, el instituto actor afirma que este Alto Tribunal ha señalado que la facultad de la Cámara de Diputados para aprobar o modificar el PEF no puede ser llevada al absurdo, porque ello podría implicar que ese órgano legislativo pudiera suprimir las partidas presupuestarias de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos por disposición constitucional, impidiendo materialmente el ejercicio de sus respectivas funciones. Materialización de ello es la disminución que aplica la Cámara de Diputados al presupuesto del INE por la cantidad de $4,913'000,000.00, afectando con ello, la realización de los ejercicios democráticos de participación ciudadana.
35. Para detallar la relación entre la reducción presupuestal impugnada y el ejercicio de los derechos de participación en mecanismos como el de revocación de mandato o consulta popular, el instituto actor detalla cómo está integrado su presupuesto.
36. Así, especifica que su presupuesto se encuentra conformado de la siguiente manera:
1) Financiamiento de partidos políticos ($5,821'851,704.00), que resulta inamovible, ya que el INE sólo se encarga de enterarlo a los partidos políticos;
2) Presupuesto base y cartera institucional de proyectos ($13,084'168,469.00). El presupuesto base es el presupuesto mínimo e irreductible para cubrir los servicios básicos (se trata de gastos relativos a servicios de energía eléctrica, telefonía, vigilancia, limpieza, Internet, arrendamiento de inmuebles, credencialización o expedición de la credencial para votar, actualización y depuración del padrón electoral, operación de los módulos de atención ciudadana, aseguramiento de bienes patrimoniales y las remuneraciones al personal de plaza presupuesto y honorarios permanente). La cartera institucional de proyectos se integra, entre otras actividades, con las relacionadas con los procesos electorales.
3) Presupuesto precautorio para consulta popular ($1,913'125,708.00) y para revocación de mandato ($3,830'448,091.00). El presupuesto precautorio comprende el necesario para la posible realización de procedimientos de participación ciudadana.
37. Señala que la base de cálculo primaria para la organización de cualquier ejercicio electivo o de participación ciudadana es el listado nominal de electores y el número de casillas o mesas receptoras del voto a instalar, pues es dicho dato el que determina, entre otros aspectos, el número de ciudadanía que requiere insacularse y capacitarse para que las integre, así como la capacidad operativa para llevar a cabo su instalación y proveerles de los materiales electorales suficientes, además de procesar la votación que se emita.
38. En esas condiciones, toda vez que el presupuesto base y cartera institucional no puede ser reducido, al tratarse de servicios esenciales que de no efectuarse llevarían a un colapso institucional y constitucional, la falta de suficiencia presupuestaria, por el recorte arbitrario e injustificado de la Cámara de Diputados al presupuesto del instituto, tiene una incidencia directa en la capacidad institucional para enfrentar los posibles ejercicios de participación ciudadana. De no llevarse a cabo estas funciones, se impide el ejercicio del derecho de la ciudadanía a participar en los mismos y expresarse en términos democráticos.
39. El instituto actor agrega que en la controversia constitucional 203/2020 esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las atribuciones conferidas al INE en materia de consulta y revocación de mandato se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria, lo que revela que es este propio instituto quien debe prever la inclusión de dichos recursos en el anteproyecto de su presupuesto (como se hizo), en tanto es el órgano técnico especializado en la organización y ejecución de los procesos democráticos en el país, por lo que se tiene la posibilidad de determinar de manera precisa y con rigor técnico los recursos económicos que se requieren para realizar tales funciones que constitucionalmente se le confieren.
40. Así, siguiendo las instrucciones de la Primera Sala y, en atención a la autonomía e independencia funcional y financiera del instituto, en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, se contemplaron los rubros correspondientes a la posible consulta popular y/o revocación de mandato; no obstante, la Cámara de Diputados fue omisa en asignar los mencionados recursos, lo que demuestra un actuar arbitrario e ilógico pese a que fue el propio Poder Legislativo quien entabló las bases legales que arrojan al INE la carga de llevar a cabo la programación presupuestaria de dichos ejercicios democráticos.
41. Por tanto, se puede impugnar vía constitucional la falta de presupuestación por parte de la Cámara de Diputados respecto de los recursos para los ejercicios de revocación de mandato y consulta popular, que afecta la autonomía e independencia del INE para cumplir con sus encomiendas constitucionales, así como la imposibilidad de la ciudadanía de ejercer sus derechos a votar en dichos procedimientos.
42. La decisión de la Cámara de Diputados de reducir unilateral y arbitrariamente el presupuesto del INE es una decisión que trastoca por completo el principio de división de poderes, porque no es una decisión que se asuma como contrapeso, sino como imposición de la voluntad de la Cámara de Diputados sobre la autonomía del INE.
43. La reducción unilateral y arbitraria de la Cámara de Diputados del gasto neto total del INE, sin análisis o trabajo técnico alguno que contenga las suficientes razones de dicha reducción, es un acto que produce además de subordinación, violación al principio de división de poderes, al impedir tomar autónomamente sus decisiones, y provoca la transgresión de derechos humanos de los que es garante el instituto, ante dicho impedimento de poder ejercer, por falta de presupuesto, sus atribuciones constitucionales.
44. Expuesto lo anterior, el instituto actor recuerda que los mecanismos de democracia directa, como el referéndum, la iniciativa legislativa popular, la consulta ciudadana, la revocación de mandato, las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, entre otras, proveen las válvulas de escape frente al descontento popular, posibilitan el control de los funcionarios corruptos y, lo más importante, permiten que la mayoría de las voces sean tomadas en cuenta y escuchadas.
45. Asimismo, destaca que la Ley Federal de Revocación de Mandato contempla la existencia de las siguientes etapas y, en todas y cada una de ellas, participa el INE, para otorgar a la ciudadanía una participación con todas las garantías que señalan la Constitución y la ley de la materia.
46. B. El anexo 23.8 INE y sus correlativos, así como el artículo vigésimo transitorio del presupuesto de egresos 2022, vulneran la autonomía del INE, así como los derechos humanos y laborales de sus trabajadores.
47. En la segunda vertiente de su concepto de invalidez, el accionante impugna la fijación de remuneraciones que se estableció en el presupuesto impugnado para el personal del INE, al considerar que fue realizada de forma incongruente tomando como base la remuneración del presidente de la República, situación que afecta los artículos 13 y vigésimo transitorio del presupuesto impugnado, así como el anexo 23.8 y sus correlativos.
48. Lo anterior, plantea que contraviene la autonomía de gestión y los derechos de los trabajadores, ya que la intromisión en las remuneraciones del personal de un órgano implica una transgresión a la autonomía y división de poderes, en la vertiente de estabilidad salarial, permanencia y suficiencia presupuestal, tal como se concluyó en la controversia constitucional 31/2006.
49. Sostiene que se debe tener en cuenta lo decidido al otorgarse la suspensión en la controversia constitucional 211/2020, así como en el recurso de reclamación 68/2021-CA, del índice de este Alto Tribunal, pues se precisó que el INE no tenía obligación de sujetarse a la remuneración fijada para el presidente de la República conforme a la Ley Federal de Remuneraciones al momento de establecer las remuneraciones de sus servidores públicos, pues el primero había sido fijado de forma arbitraria por parte del Poder Legislativo.
50. Inclusive, la Cámara de Diputados no podía tomar en cuenta la base aprobada en el ejercicio fiscal 2021, ya que se encuentra suspendida en virtud de la controversia constitucional 80/2021, derivado de las declaraciones de inconstitucionalidad dictadas en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018.
51. El INE considera que el presupuesto impugnado no podía tomar en cuenta la remuneración anual máxima para el ejercicio fiscal 2021, alegando su fundamento en el artículo quinto transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones, pues fue fijada existiendo un vacío legal y sin un criterio objetivo. Situación que además desatendió la autonomía y especialidad técnica del instituto y los derechos laborales del personal al implicar una reducción salarial.
52. Los argumentos anteriores, demuestran una violación al artículo primero transitori
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30954-bfb0976d/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-instituto-nacional-electoral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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