I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SEGUNDA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, ESTADO DE TAMAULIPAS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULOS 61 Y 60, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, ASÍ COMO EL SECRETARIO DE GOBIERNO, TODOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LOS DECRETOS IMPUGNADOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, AMBOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RECAE EN LA PERSONA QUE SEA TITULAR DE ESTA ÚLTIMA (ARTÍCULOS 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 3, 21, 23, FRACCIÓN II Y 25, FRACCIONES IV Y XXIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 13 FRACCIÓN XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, AMBOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE [ARTÍCULO 22, NUMERAL 1, INCISO I) DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EL DESISTIMIENTO DEL SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, AL NO ENCONTRARSE LEGITIMADO PARA PRESENTARLO EN TANTO QUE NO EXHIBIÓ LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO OTORGADA POR EL AYUNTAMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (DECRETO NÚMERO LXIV-92 "POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO , A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y OPERACIONES ASOCIADAS, ASÍ COMO LA AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES COMO FUENTE DE PAGO DE LAS MISMAS", PUBLICADO EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2020. MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS. 6 DE JULIO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de julio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 76/2020, promovida por el Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, en contra del Decreto LXIV-92, por el que se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de Financiamiento y operaciones asociadas, así como la afectación de participaciones como fuente de pago de las mismas.
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si existe una afectación a la esfera jurídica del municipio actor, respecto a las participaciones federales.
I. ANTECEDENTES DEL CASO
1. El veintiséis de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Entre las modificaciones a la Constitución que en esa materia destacan en este medio de control de regularidad constitucional, se citan:
a. La adición de un segundo párrafo a su artículo 25, para disponer que: El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
b. La adición de la fracción XXIX-W del artículo 73, estableciendo que, el Congreso de la Unión tiene facultad, "Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;"
c. La reforma al segundo párrafo y la adición de los párrafos segundo y tercero a su artículo 117, para establecer que: " ... Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses."
d. Los siguientes transitorios del Decreto de reformas y adiciones constitucionales de 26 de mayo de 2015: "Segundo. La Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-W del artículo 73 del presente Decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto." "Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada."
2. Asimismo, se consideran algunas normas y transitorios relevantes de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios, que señalan:
"Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: (...) VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente; ( ... )XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; ( ... ) XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; ( ... )"
"Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado".
"Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes: l. a 111. ... Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, cada Entidad Federativa deberá contar con un área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se determinen para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de Inversión pública productiva de la Entidad Federativa correspondiente .... Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales; IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste; V. a VIII. ... "
"Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen costos para su implementación. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 8 La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera de la Entidad Federativa."
"Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas ....... "
"Artículo 24.- La autorización de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local deberá especificar por lo menos lo siguiente: l. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 11. Plazo máximo autorizado para el pago; 111. Destino de los recursos; IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u Obligación, y V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada .... " "Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado .... "
"TRANSITORIOS SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. - Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.
OCTAVO. - El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el artículo 13, fracción 111, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más tardar el 1 de enero de 2018".
3. El martes veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el número 112 del Periódico Oficial del Estado, Tomo CXLI, el "DECRETO No. LXll-985, mediante el cual se reforman los artículos 45 párrafo tercero, 58 fracción VII, 76 párrafo primero y 161 párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas", del que interesa destacar el contenido de la fracción VII de su artículo 58, que reza:
"ARTÍCULO 58.- Son ... 1.- a la VI. - ... VII.- ...... La legislatura, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres ·meses. VIII.- a la LX.- ...."
4. En la misma fecha y en el mismo número del periódico oficial del Estado, se publicó el Decreto No. LXll-986, "MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 9 FRACCIÓN 1, 12 FRACCIÓN XIII INCISOS A), B), C) Y D); 18 PÁRRAFO PRIMERO Y 19 FRACCIÓN 1 Y LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO; Y SE ADICIONAN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 17, LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 19 Y EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL DE TAMAULIPAS". Reforma de la que, para efectos de esta controversia constitucional, se resalta su artículo 19, en la parte que dice:
"ARTÍCULO 19.- Para ... I.- Únicamente podrán contraerla cuando ésta se destine a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas. Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada; II.- y III.- ... Para efectos de esta Ley, deben entenderse por inversiones públicas productivas, todas aquéllas destinadas a la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes del dominio público, la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, siempre que en forma directa o indirecta produzcan incremento en los ingresos del Estado, de los Municipios o de sus respectivos organismos descentralizados, empresas públicas o fideicomisos. El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, se deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de Pago..."
5. En la sesión ordinaria celebrada el miércoles ocho de abril de dos mil veinte, el Pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó, con dispensa de turno a comisiones, a iniciativa del Gobernador, el proyecto de "Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas, la contratación de Financiamiento y operaciones asociadas, así como la afectación de participaciones como fuente de pago de las mismas", cuya invalidez se plantea declarar, mismo que fue identificado como "Decreto LXIV-92".
6. En la edición vespertina del martes catorce de abril de dos mil veinte, número 45, correspondiente al Tomo CXLV, del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, se publicó el Decreto LXIV-92. La publicación oficial del Decreto referido fue realizada previa su promulgación por el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.
7. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el quince de mayo de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Salvador Muñoz Contreras, en su carácter de Síndico Segundo Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo del mencionado Estado.
8. Acto reclamado. El Municipio actor demandó la invalidez del Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de Financiamiento y operaciones asociadas, así como la afectación de participaciones como fuente de pago de las mismas, identificado como "Decreto LXIV-92", emitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas el miércoles ocho de abril de dos mil veinte y publicado en la edición vespertina de fecha catorce de abril de dos mil veinte del Periódico Oficial del Estado, del cual se impugna tanto el procedimiento legislativo y presupuestario como sus artículos Primero al Décimo Tercero y el transitorio"
9. En su escrito de demanda, el Municipio actor considera violados en su perjuicio los artículos 1, 6, 14, 16, 35, 40, 41, primer párrafo, 117, fracción VIII, 124, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 1, 2, 16.1, 23.1, 24, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
10. Conceptos de Invalidez. La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez siguientes:
Primer concepto de invalidez. Invalidez del procedimiento legislativo presupuestario. Omisión de hacer interpretación conforme del artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, frente a la norma prevista en el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero de la Constitución Federal, lo que se tradujo en violación al debido proceso parlamentario.
Se impugna el proceso legislativo y presupuestario, porque al emitir sin previo dictamen el Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de Financiamiento y operaciones asociadas, así como la afectación de participaciones como fuente de pago de las mismas y al aprobarse sin previo análisis de su destino, capacidad de pago y el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, se incumple la norma prevista en el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero de la Constitución y se soslaya la antinomia entre ambos preceptos; lo que se tradujo en violación al debido proceso parlamentario.
Debe declararse la invalidez del procedimiento de aprobación, promulgación, publicación y vigencia del Decreto de autorización, en tanto la iniciativa del Gobernador fue aprobada con dispensa de turno del asunto a comisiones, sin mediar dictamen de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto, Deuda Pública, no obstante que el procedimiento presupuestario requiere el análisis previo, previsto en el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero de la Constitución Federal, del destino de financiamiento a contraer, la capacidad de pago y el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
En la medida que, sin la debida motivación y fundamentación, el órgano emisor del Decreto aplicó el artículo 148 de la Ley del Congreso, en contraposición de las normas supremas, el procedimiento seguido al aprobar el referido decreto también vulnera el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución Federal. Segundo concepto de invalidez. Omisión de especificar en los artículos primero y tercero del Decreto impugnado la relación de proyectos de inversiones públicas productivas. Se impugnan los artículos Primero y Tercero del Decreto No. LXIV-92 mediante el cual se autoriza al gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de financiamiento y operaciones asociadas, así como la afectación de participaciones como fuente de pago de las mismas, dado que no contienen el listado específico de proyectos de inversiones públicas productivas a que se destinarán los montos de los créditos que celebre el Ejecutivo local, por conducto de dicha Secretaría.
Razones y consideraciones jurídicas. Resulta inconstitucional que los artículos Primero y Tercero del Decreto de autorización no incluyan el listado de proyectos de inversión pública productiva y que el tercero solo se refiera a estos en caso de reasignación de recursos a otro rubro de inversión, confundiendo así, los órganos emisor y promulgador, los proyectos de inversión con rubros de inversión a que tales recursos serían destinados, tales como equipamientos, infraestructuras, inmuebles y mobiliario, asignándole inicialmente un destino de gasto, según la tabla del artículo Tercero, misma que a la postre podría el Ejecutivo designar a otro rubro de los señalados, lo que es opuesto al principio de certeza, es ambiguo y superficial.
Al señalar los montos máximos a contratar de dichos empréstitos y obligaciones, se omite garantizar que su destino sea precisamente el constitucional, de contratar inversiones públicas productivas, a la par que se otorga total discrecionalidad al Gobernador para darle el destino que quiera a los montos respectivos, pudiéndolos cambiar de un rubro a otro; en una aparente habilitación reglamentaria que no previó el Constituyente Permanente en la reforma y adición de 26 de mayo de 2015, al artículo 117, fracción VIII, de la Carta Magna en materia de disciplina financiera, en la que solo dispuso la competencia exclusiva de las legislaturas para autorizar los financiamientos requeridos siempre que sea previo análisis de su destino; el cual si no se conoce, al desconocer la relación de proyectos de inversión productiva a los que se asignarían tales recursos, torna inconstitucional dicho Decreto.
El mismo artículo Tercero, en su párrafo final, permite la arbitrariedad del Ejecutivo local de cambiar el destino del monto del financiamiento de un rubro de inversión a otro, en caso de que, previo dictamen del Comité Técnico de Financiamiento se establezca: 1. la imposibilidad jurídica o material (retraso en la asignación de proyectos), 2. las economías en los procesos de adjudicación y desarrollo de los proyectos de inversión pública productiva esto, a condición de solo informar al Congreso del Estado sobre las reasignaciones y su aplicación en los respectivos informes financieros trimestrales, con tal que al hacer las transferencias no se rebase el monto total de financiamiento.
Los artículos Primero y Tercero del Decreto impugnado resultan inconstitucionales porque al tratarse de modificaciones de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2020, y las que se expedirán para subsecuentes ejercicios fiscales, es que contrariando lo previsto en el artículo 70, párrafo tercero de la Constitución del Estado, el Gobernador desde su iniciativa omitió incluir los proyectos de desarrollo e inversión en infraestructura cuya realización requiere de previsiones presupuestales multianuales, sin que esto fuera subsanado por la legislatura en razón de la celebridad de la dispensa de trámite aprobada.
No basta señalar en el Decreto impugnado un destino global o por rubros, aunque aparente, del monto del financiamiento a contratar, pues era necesario incluir los proyectos de inversión plurianuales, en la medida que, bajo los principios de certeza, previsibilidad, legalidad y estabilidad o de equilibrio de las finanzas públicas, la legislatura local debió proceder al previo análisis del destino específico y plurianual del gasto asociado a las asignaciones presupuestales relativas, necesarias para su culminación en los subsiguientes presupuestos. Omisión o deficiente regulación que no solo conculca las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales, de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, sino además, el contenido normativo de los artículos Primero y Tercero, en tanto vulneran los principios de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, los de responsabilidad hacendaria y de disciplina financiera ínsitos en los artículos 25, segundo párrafo, y 117, VIII, tercer párrafo de la Constitución Federal.
Se deduce la invalidez constitucional de los artículos Primero y Tercero del Decreto impugnado, toda vez que no precisan los proyectos específicos de inversiones públicas productivas a que serían destinados los empréstitos, ni los integran al registro de proyectos de inversión pública productiva de la Entidad Federativa.
Tercer concepto de invalidez. Omisión de garantizar en los artículos cuarto, quinto y décimo tercero las mejores condiciones del mercado y la información concerniente al Decreto de autorización; se impugnan dichos preceptos dado que genéricamente facultan al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, a celebrar los instrumentos derivados u operaciones de cobertura relacionados con el financiamiento autorizado por el Congreso, al tener como fuente de pago las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, asignables a los contratos que celebran con instituciones financieras, pero no las identifican, ni justifican que su contratación sea en las mejores condiciones del mercado.
Razones y consideraciones de la invalidez. Las normas impugnadas son inconstitucionales, porque no hay certeza en el artículo Cuarto del Decreto impugnado de que las instituciones financieras, a las que hipotéticamente se refiere, ofrezcan las mejores condiciones del mercado, aunado a que el plazo, monto y demás características de los contratos serán los que determine la Secretaría de Finanzas y se establezcan en los instrumentos jurídicos que documenten dichas operaciones, aun los que requieran previa celebración de proceso competitivo o licitación pública.
Al dejar de garantizar esas mínimas condiciones posibles y no cualquier condición de mercado, se puede concluir que el Decreto impugnado inobserva el principio del artículo 134 de la Constitución.
Por razones similares se plantea la inconstitucionalidad e invalidez del artículo Segundo del Decreto que autoriza a contratar con la institución o instituciones de crédito que determinen y ofrezcan las mejores condiciones crediticias al Estado, hasta por 20 años, a partir de la fecha de la celebración o de la primera disposición de recursos, cuando se sepa esto desde la celebración del crédito bancario, con la posibilidad del plazo de gracia de hasta 12 meses contados a partir de la primera disposición del crédito. Lo que implica falta de certeza y carencia de responsabilidad hacendaria y financiera del actuar gobierno estatal, pues si tales contratos se celebran a fines de 2021 y el actual gobernador sale el 30 de septiembre de 2022, el plazo de gracia, le permitirá eludir el pago en este sexenio, prácticamente de todos los créditos que su administración contrate.
No hay trasparencia ni legalidad constitucionales, pues no forman parte del expediente legislativo y del Decreto los documentos inherentes al cumplimiento de las diferentes disposiciones constitucionales y legales en materia de Disciplina Financiera y Deuda Pública, o los análisis y dictámenes establecidos por los ordenamientos aplicables a las autorizaciones señaladas en la presente acción legislativa, según reza el artículo Décimo Tercero del Decreto, esto pues ni siquiera tuvimos los legisladores oportunidad de contar con copia de la iniciativa previamente a, ni durante la sesión en que se aprobó el Decreto de autorización.
Tampoco se informa en el artículo Décimo Tercero del Decreto impugnado, cuáles serían esos documentos, ni se publicaron en la página de internet del Congreso del Estado ni en el periódico oficial, permaneciendo como secretos e información cerrada bajo un principio de opacidad y no el de máxima publicidad, incluso para las y los diputados. Es así que, en todo caso, esos documentos, dictamen y análisis que deben integrar el referido expediente debieron anexarse a la iniciativa o previos a su discusión en el Pleno, sin que pudieran integrarse a posteriori, por la sencilla razón de que todo dictamen y análisis sobre el destino, la capacidad y la fuente de pago y, en su caso, de la garantía relativa al financiamiento, debieron hacerse con antelación a la sesión de aprobación del Decreto en cuestión.
Subjetivo e inexacto lo aseverado en el artículo Décimo Tercero del Decreto de autorización, porque en realidad la autorización de endeudamiento aprobada por el legislativo incumplió en forma evidente lo previsto en los preceptos constitucionales 117, fracción VIII, tercer párrafo y 134, primero y tercer párrafos de la Constitución Federal. La deficiente regulación del decreto impugnado y la omisión estatal del deber de cumplir el requisito de documentar previamente a su aprobación, los términos del endeudamiento autorizado, puede derivar en opacidad y en un manejo ineficiente del destino del financiamiento o de las condiciones del mercado.
Cuarto concepto de invalidez constitucional. El artículo Décimo del Decreto de autorización es inconstitucional, al modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2020, y al condicionar los subsiguientes presupuestos, sin seguir los mismos trámites de su emisión, requisitos y condiciones que para su aprobación original, vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación.
Razones y consideraciones j
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200873-da76c925/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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