SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LOS DESIGNADOS Y QUE DEPENDEN DE LOS TITULARES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY QUE LOS RIGE, GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y PUEDEN DEMANDAR ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN ESTATAL LA REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
AMPARO DIRECTO 531/2006. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El estudio de los motivos de inconformidad planteados por el quejoso permite realizar las siguientes consideraciones legales.
El Ayuntamiento inconforme manifiesta que le causa agravio el hecho de que mediante auto pronunciado el treinta y uno de enero de dos mil cinco, se acordó tener por no contestada la demanda presentada, en consecuencia, ni por opuestas excepciones, defensas y sin derecho a ofertar las pruebas, siendo que dicho acuerdo no fue notificado en forma personal a la entidad pública quejosa, ya que como se desprende del mismo, la autoridad ordenó la notificación bajo la frase de "notifíquese a las partes en los términos de ley", debiendo ordenar notificar personalmente a las partes a efecto de no dejarlas en estado de indefensión.
El anterior motivo de inconformidad es infundado, toda vez que el auto a que hace referencia el quejoso se emitió en los términos siguientes: (folios 86 y vuelta).
"... Exp. 629/2004. Mesa B. Guadalajara, Jalisco, a 31 de enero del 2005 dos mil cinco. Se tiene por recibido el escrito presentado en oficialía de partes de este tribunal el día 29 de noviembre del 2004, al cual se acompañan los siguientes documentos: memorando de fecha 30 de abril del 2004 dos mil cuatro, oficio No. 87/02/2004, en dos fojas útiles por un solo lado en copia certificada; oficios números 853/11/04 y 854/11/04 en original; oficio número 105/02/2004 en original; copia certificada de constancia de mayoría de votos de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco; así como copia certificada de credencial para votar expedida por el IFE a favor de Guillermo Rafael Arana Vargas. Visto el contenido del escrito recibido, se hace constar que el mismo no se encuentra firmado por el C. Guillermo Rafael Arana Vargas, quien promueve dicho escrito, únicamente contiene una firma correspondiente al Lic. Jaime Antonio Hernández Hernández, persona ajena al presente asunto, por lo cual, al no contener la firma del promovente, no es posible acreditar la voluntad de éste para dar contestación a la demanda entablada por el C.J. Jesús Saldaña Madrigal. Para robustecer lo anterior, se transcribe la siguiente tesis: (proporciona datos de localización y cita precedentes). ‘FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe.’. Por lo anterior se ordena agregar el escrito de cuenta a los autos sin que surta efecto legal alguno, por las razones y motivos antes expuestos. Igualmente se tiene por recibido el escrito que suscribe el C.J. Jesús Saldaña Madrigal, actor del presente juicio, presentado en oficialía de partes de este tribunal el día 05 de enero del 2005, dos mil cinco. Visto su contenido y como lo solicita el promovente, se hace la aclaración en cuanto a que mediante acuerdo de fecha 07, siete de septiembre del 2004, en su segundo párrafo, por un error involuntario de este tribunal se tuvo por recibido el escrito que suscribe el C.J. Jesús Madrigal Magaña, actor del presente juicio, debiendo ser lo correcto ‘por recibido el escrito que suscribe el C.J. Jesús Madrigal Saldaña Madrigal’, lo cual se asienta para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene al actor del juicio acompañando acuse de recibo del oficio MB/542/2004, del cual se desprende que dicho oficio fue recibido en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Autlán de Navarro, Jalisco, el día 25 de noviembre del 2004, lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Agréguese tanto el escrito como el acuse de recibo de cuenta a los autos para que surtan los efectos legales conducentes. Por recibido el oficio número 03-2888/2004, suscrito por la Lic. Lucía Padilla Hernández, en su carácter de secretaria general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, presentado en oficialía de partes de este tribunal el día 05, cinco de enero del 2005, al cual se acompañan dos oficios números 2114/2004 y oficio número 2119/2004, así como cuadernillo formado por el despacho número 31/2004, formado en razón del oficio número MB/542/2004, respecto del juicio laboral 629/2004-B. Visto el contenido de la documentación recibida, en particular del cuadernillo formado por el despacho 31/2004, correspondiente al juicio laboral anotado al rubro, se da cuenta que del mismo se desprende el acuerdo de fecha 26 de noviembre del 2004, dictado por el Juez Segundo de lo Civil de Autlán de Navarro, Jalisco, mismo que en su reverso contiene la constancia levantada por el notificador adscrito a ese juzgado, de la que se desprende que con fecha 02, dos de diciembre del 2004, se notificó al H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, del acuerdo de fecha 24 de noviembre del 2004, dos mil cuatro, lo que se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar, ordenándose agregar a los autos dicha documentación para que produzca las consecuencias legales correspondientes. Ahora bien, se hace constar que al despacho recibido se acompañan los siguientes documentos: Un sobre que contiene 07 siete recibos en original con números P2994629, P2994329, P2994237, 92436656 (sic), P2994022, P2994106, P2994485; así como los oficios números 2114/2004, documentos que son totalmente ajenos al juicio laboral número 629/2004-B, tramitado ante este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, por lo cual se ordena la devolución de dichos documentos a la C. Secretaria general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el fin de que los mismos se hagan llegar al lugar correspondiente, haciendo de su conocimiento que únicamente concierne a este asunto el cuadernillo de despacho número 31/2004, del cual se desprende el emplazamiento llevado a cabo al H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán, Jalisco, mismo que se ha ordenado agregar a los autos para que surta los fines legales correspondientes. Notifíquese a las partes en los términos de ley. Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, ante la presencia del secretario general que autoriza y da fe."
De lo anterior se observa que, contrario a lo que sostiene el peticionario del amparo, la autoridad del conocimiento actuó de manera correcta al no ordenar la notificación del mismo de manera personal al quejoso, puesto que ello no era necesario al no contener dicho acuerdo algún requerimiento o apercibimiento para el demandado, que sería el caso en el que sí procedería la notificación personal a fin de que estuviese en posibilidad de cumplir con lo requerido, lo que no sucede en el caso a estudio.
De igual forma aduce el inconforme que en etapa procesal sucesiva al acuerdo mencionado, la autoridad del conocimiento se pronunció en el sentido de no tener por contestada la demanda planteada por carecer de firma autógrafa; además de que la autoridad omitió fundamentar la negativa de la admisión de pruebas, con apoyo al numeral de derecho conducente y aplicable al caso concreto, a efecto de hacer válido y jurídicamente procedente el criterio sustentado por la responsable, pues sólo se concreta en invocar una tesis aislada, incumpliendo con las formalidades y reglas esenciales del procedimiento a que se refiere la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Tampoco asiste la razón al inconforme en los anteriores razonamientos, puesto que si bien es cierto que mediante audiencia de dieciocho de febrero de dos mil cinco el tribunal del conocimiento tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, ello se debió a lo que sigue: (folio 123).
"... en cuanto a la solicitud que realiza el apoderado especial de la entidad pública demandada en el sentido de que se le tenga acompañando el acuse de recibo de la contestación de demanda por su parte realizada, dígasele que no ha lugar, toda vez que deberá estarse a lo ordenado en acuerdo de fecha 31 de enero del 2005 y en razón de que el H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, no dio contestación a la demanda entablada en su contra por el C.J. Jesús Saldaña Madrigal, dentro del término que le fue concedido para tal efecto, lo procedente es hacerle efectivo el apercibimiento que se desprende del auto de fecha 07 de septiembre del 2004 y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, lo que se asienta para todos los efectos legales a que haya lugar ..."
Lo anterior se estima correcto, toda vez que en actuaciones que integran el juicio de origen, a folios 68 a 74, se advierte el escrito mediante el cual la parte demandada pretendió dar contestación a la demanda presentada en su contra por el actor J. Jesús Saldaña Madrigal, la que no se encuentra firmada, tal como fue observado por la autoridad del conocimiento mediante auto de treinta y uno de enero de la misma anualidad, lo que equivale a la ausencia de voluntad de la parte demandada.
Ahora bien, sobre las pruebas ofrecidas por la parte demandada, el tribunal mediante interlocutoria de doce de mayo de dicho año estimó lo que sigue: (folio 127).
"... Por lo que se refiere a las pruebas aportadas por la demandada, se da cuenta que en audiencia de fecha 18, dieciocho de febrero del 2005, dos mil cinco, tomando como base el acuerdo de fecha 31, treinta y uno de enero del año que transcurre, se le tuvo a la demandada por contestada la demanda promovida por el C.J. Jesús Saldaña Madrigal en sentido afirmativo, ya que la promoción presentada ante este tribunal con fecha 29 de noviembre del 2004 carece de firma de quien promueve; por lo antes mencionado y debido a que las pruebas aportadas por la demandada dentro del presente juicio no fueron ofrecidas conforme lo estipula el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al procedimiento, el cual atiende a la excepción de cuándo la parte demandada puede ofrecer pruebas si se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, siendo estos supuestos el que argumente que el actor no era su trabajador, que no son ciertos los hechos argumentados en la demanda o que no existió el despido, supuestos para los cuales no fueron ofertados los medios de convicción por la demandada en la audiencia de ley, por lo cual no a admitirse ningún medio de prueba por ser inútiles e intrascendentes, en atención a lo dispuesto por el numeral 779, con relación al artículo 879, ambos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al procedimiento ..."
Como se advierte de lo anterior, la autoridad responsable sí fundamentó la negativa de la admisión de las pruebas de la parte demandada, pues al efecto invocó el numeral 879 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la de la materia, lo que hace infundadas sus manifestaciones.
También refiere que la parte demandada, ahora quejosa, debió de haber sido objeto de prevención al notarse la irregularidad en cuanto a la ausencia de firma del escrito de contestación de demanda, máxime que del mismo se desprende el acuse de recibo en cuanto a su presentación en tiempo y forma, en atención a lo que dispone el último párrafo del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, aplicada supletoriamente, y en atención a que se garantice un justo equilibrio entre las partes litigantes y no dejar sin defensa a la quejosa.
Tampoco asiste la razón al inconforme en sus anteriores manifestaciones, toda vez que el beneficio que contempla el numeral 873 al que alude no le es aplicable en su favor, puesto que el mismo textualmente señala:
"Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días."
Como se aprecia de lo anterior, la autoridad responsable actuó correctamente al no prevenir al demandado por virtud de la ausencia de firma en su escrito, toda vez que la ley no prevé esa circunstancia en su beneficio.
De igual forma dice el quejoso que en el auto de fecha doce de mayo de dos mil cinco, la autoridad responsable, al momento de pronunciarse respecto a la calificación y admisión de pruebas, genera el razonamiento de que las pruebas aportadas por la demandada no son de admitirse, ya que de la contestación de demanda se advierte que carece de firma de quien promueve, mas sin embargo, se hace expresión de que no se cumplen los extremos del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente, ya que el numeral de derecho en cita prevé como excepción que la demandada podrá ofrecer sus pruebas si se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, como en el caso en la especie ocurrió, cuando: "se argumente que el actor no era su trabajador, que no son ciertos los hechos argumentados en la demanda o que no existió el despido", a cuyo efecto la responsable pierde de vista, en perjuicio de la quejosa, que de la propia contestación de demanda y del propio libelo de ofrecimiento de pruebas se advierte con suma claridad que las excepciones y defensas versan en que efectivamente los hechos argumentados por la demandante no son ciertos y en relación a que no existió el despido injustificado argumentado por el trabajador; además, del ofrecimiento de pruebas de la quejosa se desprende que se ofertan medios de convicción tendientes a acreditar hechos como los de la inexistencia de un despido injustificado y, a su vez, que los hechos argumentados por la demandante no son ciertos.
Resultan ser inoperantes e infundados los argumentos que realiza el inconforme.
Cierto, las consideraciones de la autoridad responsable se estiman sustancialmente correctas por las razones que enseguida se darán.
La autoridad responsable desechó los elementos de prueba de la patronal mediante resolución interlocutoria de fecha doce de mayo de dos mil cinco, con base en los razonamientos ya transcritos en párrafos que preceden, siendo que el argumento sustancial del tribunal responsable para desechar las pruebas del patrón-quejoso, consistió en que el ofrecimiento no se realizó conforme a lo dispuesto por el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se estima incorrecto, toda vez que dicho numeral no resultaba aplicable al caso concreto.
En efecto, el tribunal del conocimiento tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo a la parte demandada, toda vez que presentó escrito de contestación de demanda sin firma, siendo que, aunque compareció a la audiencia de dieciocho de febrero de dos mil cinco, la autoridad estimó que no presentó su escrito de contestación dentro del término concedido para ello, pues al efecto manifestó: (folio 123).
"... en cuanto a la solicitud que realiza el apoderado especial de la entidad pública demandada en el sentido de que se le tenga acompañando el acuse de recibo de la contestación de demanda por su parte realizada, dígasele que no ha lugar, toda vez que deberá estarse a lo ordenado en acuerdo de fecha 31 de enero del 2005 y en razón de que el H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, no dio contestación a la demanda entablada en su contra por el C.J. Jesús Saldaña Madrigal, dentro del término que le fue concedido para tal efecto, lo procedente es hacerle efectivo el apercibimiento que se desprende del auto de fecha 07 de septiembre del 2004 y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, lo que se asienta para todos los efectos legales a que haya lugar ..."
Así las cosas, el tribunal del conocimiento al tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, dio como razón para no admitir las pruebas del patrón el que no fueron ofrecidas para probar que: el actor no fue su trabajador; que no existió el despido o que no son ciertos los hechos; y aun cuando el quejoso aduce en su concepto de violación que sí las ofreció con ese propósito, no expresa el porqué de su afirmación, lo que hace inoperante su argumento, pero además, de la redacción de su propia demanda de amparo puede apreciarse que tales pruebas no podían tener ese propósito, pues en ellas expresa que la responsable debió advertir que el cese del actor no fue injustificado por ser empleado de confianza; además, admite que se desempeñó como Juez Municipal, manifestaciones suficientes para establecer que: a) sí fue su trabajador; b) sí fue cesado; y, c) el hecho del despido resulta ser cierto, aunque ahora pretende que fue justificado.
En efecto, de los propios conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías se observan las siguientes manifestaciones:
".... es de explorado derecho de que en nuestro sistema jurídico la ley y sus disposiciones no se encuentran sujetas a prueba, dado que, en la especie, y en el caso concreto que nos ocupa, con independencia de que se tuviere por contestada la demanda en sentido afirmativo, también lo es que en un correcto razonamiento del órgano jurisdiccional natural deberá de entrar al estudio de todas y cada una de las pretensiones reclamadas por el trabajador, y en especial, la que hizo consistir en el cese injustificado de manera oficiosa, a efecto de observar con precisión lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuyo numeral establece el supuesto de que el servidor público de confianza, con cuya categoría laboral contaba el trabajador público demandante, aunado a que el perfil del puesto que desempeñaba era el de Juez Municipal, cuyo cargo se designa por el Pleno del órgano del Ayuntamiento, previa convocatoria pública, requisitos y demás condiciones que se estatuyen en el artículo 56 de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal para el Estado, producen la convicción de que el despido o cese no fue injustificado de ninguna manera ..."
Por lo tanto, su punto de impugnación también resulta ser infundado, al ser evidente que las pruebas no fueron ofertadas para probar ninguno de los supuestos del referido artículo 879 de la ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte quejosa en su demanda de garantías, no se violentó en modo alguno su garantía de audiencia, toda vez que tuvo la oportunidad de defenderse y oponer las excepciones que considerara procedentes en la etapa correspondiente del juicio laboral y no lo hizo; de ahí que resulten inoperantes todos aquellos conceptos de violación en los que se duele del desechamiento de sus probanzas, dado que, como se vio, en todo caso el aludido desechamiento fue objetivamente correcto, por las razones antes expresadas.
En otro aspecto, el inconforme dice que el laudo que reclama es violatorio de las garantías fundamentales de seguridad jurídica, en virtud de que es de explorado derecho que la ley y sus disposiciones no se encuentran sujetas a prueba, dado que, con independencia de que se tuviere por contestada la demanda en sentido afirmativo, también lo es que en un correcto razonamiento del órgano jurisdiccional natural deberá de entrar al estudio de todas y cada una de las pretensiones reclamadas por el trabajador, y en especial, la que hizo consistir en el cese injustificado de manera oficiosa, a efecto de observar con precisión lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuyo numeral establece el supuesto de que el servidor público de confianza, con cuya categoría laboral contaba el demandante, aunado a que el perfil del puesto que desempeñaba era el de Juez Municipal, cuyo puesto es designado por el Pleno del órgano del Ayuntamiento, producen la convicción de que el despido o cese no fue injustificado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8o. de la ley burocrática invocada, en donde se dispone que tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas podrán dictar el cese que termine la relación laboral por pérdida de confianza, sujetándose al procedimiento que se prevé en los artículos 23 y 26 de dicha ley burocrática, a excepción de aquellos servidores públicos que hayan sido designados por el titular de la entidad pública, en cuyo caso podrán ser cesados en los términos del artículo referido, sin necesidad de instauración del procedimiento a que se refieren los artículos 23 y 26 de la ley para los servidores públicos estatales, siendo que la autoridad responsable da por procedente la pretensión reclamada relativa a la del cese injustificado, inobservando los elementos y causas sobre las cuales pudiera actualizarse la pretensión del demandante; además de que omitió entrar al estudio y valoración de los medios de prueba desahogados en autos del juicio natural y en concreto la confesional a cargo del presidente y del síndico municipal, pues del contenido de las respuestas se corrobora la convicción de que el cese fue justificado, en virtud de que en cada una de las respuestas a las preguntas formuladas se expresa la negativa de un despido injustificado y de que los hechos que argumenta el actor-trabajador son inciertos; siendo que, además, independientemente de las excepciones opuestas, el tribunal resolutor se encuentra obligado a estudiar y razonar la procedencia de la acción, por lo que si los hechos y elementos de la acción carecen de los requisitos de procedibilidad y que éstos resultan en consecuencia inadecuados, deberá absolverse respecto de la prestación reclamada, no obstante que la demanda se encuentre contestada en sentido afirmativo, como en la especie ocurre.
Los anteriores motivos de inconformidad son infundados.
En efecto, los artículos 8o. y 9o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecen:
"Artículo 8o. Tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas de que se trate, sin responsabilidad para ellas, podrán dictar el cese que termine la relación laboral si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, sujetándose en lo conducente al procedimiento previsto en los artículos 23 y 26, salvo que se trate de los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o. o de los servidores públicos designados por éstos y que dependan directamente de ellos, quienes en su caso podrán ser cesados en los términos de este artículo sin necesidad de instauración del procedimiento señalado.-Los elementos de las instituciones policiales del Estado y Municipios, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización."
"Artículo 9o. Para los efectos de esta ley, se entenderán como titulares: I. En el Poder Legislativo, el Congreso del Estado, representado por la Comisión de Administración; II. En el Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado y, en sus dependencias, los servidores públicos de mayor jerarquía, conforme lo disponga la ley orgánica de este poder; III. En el Poder Judicial: a) El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, representado por el Magistrado presidente, y b) En los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y de Arbitraje y Escalafón, sus respectivos Plenos, representados por sus presidentes; IV. En los Municipios, los Ayuntamientos representados por el presidente municipal o el presidente del consejo, en su caso; y V. En los organismos descentralizados y empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, quien o quienes desempeñen el cargo de mayor jerarquía, de conformidad con los ordenamientos que los rijan."
De donde puede constatarse que la excepción a que se refiere el artículo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no implica que los servidores públicos designados por los titulares a que se refiere el precepto 9o. de la citada legislación, y que dependan directamente de ellos, no gocen de estabilidad en el empleo.
O sea, lo único que en el citado artículo 8o. se establece es que los trabajadores de confianza, por regla general, tienen el derecho a que se les instaure procedimiento administrativo previo en el que se les otorgue la oportunidad de audiencia y defensa en términos de los diversos numerales 23 y 26 de la citada ley burocrática, salvo los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o. de la ley indicada, y aquellos que sean designados y dependan directamente de ellos; por tanto, dichos servidores públicos de confianza tienen derecho a reclamar ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón la reinstalación o indemnización correspondiente.
Por lo que es inconcuso que contra lo que pretende el Ayuntamiento demandado, el actor posee los derechos establecidos en el referido numeral 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, o sea, estabilidad en el empleo, ya que sólo pueden ser cesados cuando exista un motivo razonable de pérdida de la confianza, salvo la oportunidad de que se le instaure procedimiento administrativo.
Así es, el artículo 8o. de la ley burocrática estatal prevé que tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas de que se traten, sin responsabilidad para ellas, podrán dictar el cese que termine la relación laboral si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, sujetándose en lo conducente al procedimiento previsto en los numerales 23 y 26 de la indicada legislación, salvo que se trate de los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o. o de los servidores públicos designados por éstos y que dependan directamente de ellos, quienes en su caso podrán ser cesados en los términos del citado precepto 8o., sin necesidad de instauración del procedimiento señalado; lo anterior sólo implica que los empleados de confianza, por regla general, tienen derecho a que se les instaure procedimiento administrativo previo en el que se les otorgue la oportunidad de audiencia y defensa conforme a los citados numerales 23 y 26, mas ello no conlleva a que aquellos servidores públicos que sean designados y dependan de los titulares a que se refiere el artículo 9o. de la ley indicada, no gocen de estabilidad en el empleo, sino únicamente que no tienen derecho a la citada investigación previa y, por tanto, dichos empleados de confianza pueden reclamar ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón la reinstalación o indemnización correspondiente, lo anterior se corrobora por el hecho de que el mismo precepto 8o. determina que podrá dictarse el cese si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza.
Al respecto, se reitera el criterio sostenido por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se encuentra publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre de 2003, tesis III.2o.T.90 L, página 1119, que dispone lo siguiente:
"SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LOS DESIGNADOS POR LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY RELATIVA, GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, PARA RECLAMAR SU REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN.-El artículo 8o. de la ley burocrática estatal prevé que tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas de que se trate, sin responsabilidad para ellas, podrán dictar el cese que termine la relación laboral si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, sujetándose, en lo conducente, al procedimiento previsto en los numerales 23 y 26 de la indicada legislación, salvo que se trate de los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o., o de los servidores públicos designados por éstos y que dependan directamente de ellos, quienes, en su caso, podrán ser cesados en los términos del citado precepto 8o. sin necesidad de la instauración del procedimiento señalado; lo anterior sólo implica que los empleados de confianza, por regla general, tienen derecho a que se les instaure procedimiento administrativo previo en el que se les otorgue la oportunidad de audiencia y defensa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20088-e2f83c3d/servidores-publicos-de-confianza-al-servicio-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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