I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS 57, 67, FRACCIONES X, XVII Y XVIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 75/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 10 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DEL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impugna los artículos 57 y 67, fracciones X, XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 75/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 57, 67, fracciones X, XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando los artículos 57, 67, fracciones X, XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.(1)
2. Conceptos de invalidez. En dicho escrito se expusieron los siguientes razonamientos.
PRIMERO. El artículo 57 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022, prevé que el pago por concepto de alumbrado público se calculará aplicando un porcentaje al consumo privado de energía eléctrica de los sujetos pasivos, por lo que en realidad se trata de un impuesto al fluido eléctrico, lo cual resulta inconstitucional, ya que el Congreso local no se encuentra habilitado para imponer ese gravamen.
Precisa que el diseño normativo de la contribución toma en consideración elementos ajenos al costo real del servicio y permite que el monto a pagar por ese derecho no sea igual para todos los sujetos obligados, sino que variará dependiendo de la tasa aplicable correspondiente al tipo de tarifa por el servicio que les suministre la Comisión Federal de Electricidad.
En los Apartados A, B y C de la demanda, la Comisión precisa que el parámetro de regularidad aplicable, lo constituye los derechos humanos de seguridad jurídica y principio de legalidad; la naturaleza de las contribuciones; y los principios de justicia y proporcionalidad tributaria aplicables a derechos por servicios, respectivamente.
En el Apartado D se precisa que el precepto reclamado se dota de contenido a partir de la propia Ley de Hacienda Municipal del Estado, por lo que debe leerse como si se tuvieran por reproducidas las normas a las que alude, es decir, los artículos 39 a 44 del ordenamiento mencionado.
Sentado ello, argumenta que la norma impugnada vulnera el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, al establecer una contribución formalmente denominada “derecho” pero cuya naturaleza material es la de un impuesto, toda vez que la base o hecho imponible lo constituye el consumo total de la energía eléctrica por parte de las personas sujetos del derecho por el servicio de alumbrado público.
Si bien de conformidad con la interpretación armónica y sistemática del artículo 115, en relación con el diverso 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), todos de la Constitución Federal, establecen que el municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado público, ello no lo habilita para cobrar impuestos por el consumo de energía eléctrica.
Así, toda vez que la norma impugnada establece una contribución perteneciente a la categoría de impuestos y, en concreto, un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica debe declararse su invalidez a la luz del derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad.
Adicionalmente, argumenta que se vulneran los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, en virtud de que la cuota que deberá pagarse dependerá del porcentaje que se aplique, de acuerdo con el tipo de tarifa eléctrica que corresponda al tipo de contrato que tenga el gobernado con la empresa que suministre la energía eléctrica; es decir, se toma en cuenta un elemento totalmente ajeno al costo real del servicio prestado por el municipio, tratando en forma desigual a las y los gobernados al imponer diversos montos por la prestación de un mismo servicio.
SEGUNDO. En cuanto al artículo 67, fracciones X y XVIII, de la Ley impugnada, establece cobros injustificados y desproporcionados por la simple búsqueda de documentos en general, así como por la expedición de copias certificadas, ya que no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado, por lo que vulneran el principio de proporcionalidad tributaria-
Es decir, las cuotas a pagar por la simple búsqueda de documentos ($150.00) y por copias certificadas adicionales ($70.00), no guardan relación estrecha con los gastos que le representan al Municipio de Santa María Colotepec, la prestación de tales servicios.
Precisa que la porción normativa impugnada se encuentra inserta en los derechos por servicios, por lo que el legislador tiene obligación de observar el principio de proporcionalidad tributaria mediante el establecimiento de montos que representen exactamente las erogaciones que les ocasionan dichos servicios al Municipio de que se trata.
Que ha sido criterio reiterado del Máximo Tribunal que las tarifas relativas a la búsqueda y reproducción en copias simples y certificadas de documentos que no deriven del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública y que no son acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados ni guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados, ni con lo que implica certificar un documento, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.
TERCERO. El artículo 67, fracción XVII, de la Ley impugnada, prevé un cobro injustificado por la reproducción de información pública en copias simples, impresiones, así como la entregada en medios magnéticos digitales CD y DVD, vulnerando el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6, aparado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el Apartado A del concepto de invalidez, la Comisión precisa el marco constitucional y convencional del derecho de acceso a la información.
En el Apartado B, plantea la inconstitucionalidad del precepto impugnado, precisando que conforme a la norma impugnada, la reproducción de información derivada de solicitudes de acceso a la información entregada en hojas tamaño carta u oficio, por cada lado de la foja utilizado tendrá diversas tarifas atendiendo a si es copia simple, en cuyo caso se deberá cubrir $0.50 centavos, mientras que cuando se trate de impresiones en blanco y negro se deberá pagar $2.50 pesos, entretanto por impresión a color se deberá satisfacer la cantidad de $5.00 pesos.
Además se prevé la posibilidad de que la información solicitada sea entregada en medios magnéticos digitales cuyos costos son: $20.00 pesos por CD y $30.00 pesos por DVD.
Precisa que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, impera el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso y el de su certificación; cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la información.
Por tanto, el legislador oaxaqueño al prever una tarifa por la reproducción de la información en copia simple, impresiones y en medios magnéticos digitales CD y DVD que no se encuentre justificado, vulnera ese derecho humano.
Precisa que conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información se debe entregar de manera gratuita cuando no exceda de veinte hojas simples.
En cuanto a la entrega de información en medios magnéticos –CD y DVD– la norma es inconstitucional, pues el legislador no realizó una motivación reforzada de los costos, como tampoco quedó establecida en la norma la posibilidad de que la persona solicitante pudiera proporcionarlo.
El legislador tampoco justificó ni hizo referencia a los elementos que sirvieron de base para determinar las cuotas, esto es, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las copias simples e impresiones, entre otros.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se dio cuenta al entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de la demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien le asignó el número de expediente 75/2022 y designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(2)
4. Mediante proveído veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Ministro Instructor tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca solicitando el informe respectivo a dichas autoridades y le dio vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.(3)
5. Informe del Poder Legislativo Estatal. La Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió informe en el que expresó medularmente lo siguiente:
El artículo 57 de la Ley impugnada, no establece un impuesto al fluido eléctrico, ni contraviene los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, ya que únicamente hace una remisión a la Ley de Hacienda Municipal, la cual no impugna la actora, ni tampoco expresa concepto de invalidez alguno.
Las tarifas previstas en el artículo 67, en las fracciones X y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, no constituyen cobros injustificados ya que se trata de un servicio más proporcionado por el Municipio.
La fracción XVII, del artículo 67, de la Ley en cita, no prevé derechos por los costos de reproducción de la información, por lo que no vulnera los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria.
Concluye que las normas impugnadas no vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que únicamente prevén la tarifa por concepto de servicio de alumbrado público y el pago de derechos por servicios de búsqueda de información en los archivos municipales y reproducción de información pública, lo cual se encuentra razonablemente justificado, como se advierte de los dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de Hacienda.
6. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindió informe en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa manifestando que es cierto el acto que se le atribuye, al cumplir con el mandato de la Constitución Local de promulgar y publicar los Decretos emitidos por el Congreso Estatal.
7. Pedimento. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Gobierno Federal no formularon pedimento ni manifestación alguna en el presente asunto.
8. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(4)
9. El once de noviembre de dos mil veintidós, se entregó a la Secretaría General de Acuerdos el proyecto de resolución del presente asunto en el que se analizaba la constitucionalidad de los artículos impugnados. No obstante, en virtud de las cargas de trabajo del Tribunal Pleno, dicho proyecto de sentencia no pudo ser discutido antes del quince de diciembre de dos mil veintidós, fecha en la que se clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones. En consecuencia, el proyecto se retiró de la lista del Tribunal Pleno y por acuerdo de primero de febrero de dos mil veintitrés se avocó para que fuera resuelto por esta Primera Sala.
I. COMPETENCIA
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General(5) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con el punto Segundo, fracción II, y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés,(7) al tratarse de un asunto en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la resolución.
II. SOBRESEIMIENTO
11. Esta Primera Sala considera que en el caso debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad porque ha sobrevenido su improcedencia por cesación de efectos de las normas impugnadas, por lo que es innecesario el análisis de la oportunidad y la legitimación.
12. El artículo 19, fracción V, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos de los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) textualmente dispone:
"ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; ..."
13. Del artículo antes transcrito se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o el acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.
14. A diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación, las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.
15. Este principio se desprende del artículo 74 de la Constitución Federal, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.
16. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el "Paquete Económico" que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.
17. Este principio es aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal.(9)
18. En el caso, la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio de dos mil veintidós, prevé los cobros relativos a los derechos por la prestación del servicio de alumbrado público, por la búsqueda de documentos en general y expedición de copias adicionales certificadas, y por la expedición de constancias derivadas de solicitudes de acceso a la información, señalando específicamente en el artículo 1º de la propia ley: "En el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, el Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca, percibirá ingresos de gestión estimados por concepto de impuestos, derechos, ..."
19. De esta forma, resulta evidente para esta Primera Sala que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Máxime que la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, fue aprobada en sesión extraordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio legal de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, celebrada el cuatro de abril de dos mil veintitrés y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad el veintinueve de abril de dos mil veintitrés, y de conformidad con el artículo primero transitorio de la Ley referida entró en vigor el día de su publicación.
20. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, debe sobreseerse en las acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(10)
21. Resulta aplicable por analogía la tesis P./ J. 9/2004,(11) de rubro y texto siguientes:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. ", De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria.
III. DECISIÓN
22. Al haberse actualizado la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos de las normas impugnadas, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto.
Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
RESUELVE
ÚNICO.—Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese y, en oportunidad, archívese.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, en contra del emitido por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se reserva su derecho a formular voto particular.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA
MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
PONENTE
MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA
_______________
1. Expediente Electrónico de la Acción de inconstitucionalidad 75/2022.
2. Ibidem, Acuerdo Presidencial de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.
3. Ibidem, Acuerdos de Trámite de veinticinco de mayo de dos mil veintidós.
4. Ibidem, Acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós.
5. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ..."
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
"Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."
6. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
7. "Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: ...
"II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención;..."
"Tercero. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."
8. "Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II."
"Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.
"La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad."
9. "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: ...
"IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"...
"Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución."
10. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: [...]
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ..."
11. Acción de inconstitucionalidad 6/2003 y su acumulada 8/2003. Diputados Federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión y Procurador General de la República. 6 de enero de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200881-09ff0e02/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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