I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 37, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA INTERVENIR EN JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO 9, FRACCIÓN XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULOS 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 8, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO; Y 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR LOS ESTADOS A LOS MUNICIPIOS NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR PARA PROMOVER AQUÉLLA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SE TRATA DE UN PLANTEAMIENTO DE TRANSGRESIÓN A ASPECTOS DE LEGALIDAD. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTIVO LOCAL DE MINISTRAR RECURSOS CORRESPONDIENTES A UN MUNICIPIO EN LOS PLAZOS LEGALES PREVISTOS PARA ELLO NO IMPLICA LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR CUANDO IMPUGNA LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (OFICIO NÚMERO 351-A-EOS-0482-2022 DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; LA OMISIÓN DE ENTREGA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES DOS MIL DIECINUEVE, DOS MIL VEINTE Y DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES GENERADOS AL MUNICIPIO DE TECOLUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 195/2022. MUNICIPIO DE TECOLUTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 25 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados:
"IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION CUYA INVALIDEZ DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
A.- Del oficio No. 351-A-EOS-0482-2022 de 11 de Julio del 2022, emitido por la C. Minerva Guevara Verduzco de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuya parte conducente se indica: [...]
B.- La falta absoluta u omisión de pago a mi mandante por la suma de $3'773,796.63 relativa a Participaciones Federales del Ramo 28, correspondiente al ejercicio fiscal del 2020, que fueron materia de la solicitud que recayó la resolución precisada en la letra A que antecede.
C.- El pago de los intereses generados por la falta de pago absoluta de las Participaciones Federales precisado en la letra B que antecede, generados de la fecha en que se tenía la obligación al día del pago.
D.- La falta absoluta u omisión de pago a mi mandante por la suma de $1'060,728.83 relativa a Participaciones Federales del Ramo 28, correspondiente al ejercicio fiscal del 2021, que fueron materia de la solicitud que recayó la resolución precisada en la letra B que antecede.
E.- El pago de los intereses generados por la falta de pago absoluta de las Participaciones Federales precisado en la letra D que antecede, generados de la fecha en que se tenía la obligación al día del pago."
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 195/2022, promovida por el Municipio de Tecolutla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo Federal y Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Salazar Nolasco, en su carácter de Síndico del Municipio de Tecolutla de Veracruz, promovió controversia constitucional en la que señaló como actos impugnados los siguientes:
"IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION CUYA INVALIDEZ DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
Los que se precisan a continuación:
A.- Del oficio No. 351-A-EOS-0482-2022 de 11 de Julio del 2022, emitido por la C. Minerva Guevara Verduzco de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuya parte conducente se indica:
"...
Sobre el particular, en cumplimiento a las tareas que tiene encomendadas la Unidad de Coordinación, de servir como enlace entre las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Entidades Federativas y los Municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracción I y último párrafo, en relación con el diverso artículo 58, fracción III, ambos del Reglamento Interior de esta Secretaría, mediante oficio 351-A-EOS-0.51-2022, se solicitó al Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz información al respecto, con la finalidad de verificar si existió o no el cumplimiento reclamado.
Ante ello, el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, mediante oficio SFP/0812/2022 y anexos, el cual se adjunta al presente, informó los montos efectivamente transferidos al Municipio, así como las razones de las deducciones realizadas con apego al marco normativo local aplicable.
Al respecto, es importante mencionar que de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), corresponde al Congreso Local determinar las bases, montos y plazos para la distribución de participaciones federales correspondientes a sus Municipios, mediante disposiciones de carácter general; considerando que el monto que la Entidad Federativa debe distribuirles, nunca podrá ser inferior al 20% del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, de las cantidades que correspondan al propio Estado.
Derivado de lo anterior, es competencia del Congreso Local verificar que la distribución de las participaciones federales correspondientes a los Municipios, se realice en estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como a su legislación local aplicable.
Es importante destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó y entrega las participaciones federales que corresponden a las entidades en tiempo y forma, de conformidad con los siguientes Acuerdos publicados a través del Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2019, el 30 de enero de 2020, y el 26 de enero de 2021, respectivamente:
i. Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2019.
ii. Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2020.
iii. Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el ejercicio fiscal de 2021.
Finalmente, cabe destacar que los montos de distribución de las participaciones federales dependen del comportamiento de factores económicos, así como de la recaudación nacional, es decir, obedece a criterios estrictamente económicos y técnicos. Por lo tanto, el monto de las participaciones federales que entregan a las entidades federativas, puede ser distinto de los montos estimados al inicio del año, dependiendo de la evolución de las variables económicas referidas.
Por lo anterior, se advierte que la Entidad Federativa entregó las participaciones correspondientes al Municipio de Tecolutla en tiempo y forma.
..."
B.- La falta absoluta u omisión de pago a mi mandante por la suma de $3'773,796.63 relativa a Participaciones Federales del Ramo 28, correspondiente al ejercicio fiscal del 2020, que fueron materia de la solicitud que recayó la resolución precisada en la letra A que antecede.
C.- El pago de los intereses generados por la falta de pago absoluta de las Participaciones Federales precisado en la letra B que antecede, generados de la fecha en que se tenía la obligación al día del pago.
D.- La falta absoluta u omisión de pago a mi mandante por la suma de $1'060,728.83 relativa a Participaciones Federales del Ramo 28, correspondiente al ejercicio fiscal del 2021, que fueron materia de la solicitud que recayó la resolución precisada en la letra B que antecede.
E.- El pago de los intereses generados por la falta de pago absoluta de las Participaciones Federales precisado en la letra D que antecede, generados de la fecha en que se tenía la obligación al día del pago."
2. Conceptos de invalidez. El Municipio actor expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO. Sostiene que los actos impugnados son violatorios del artículo 115, fracción IV, Constitucional, toda vez que indebidamente mediante oficio No. 351-A-EOS-0482-2022 de once de julio de dos mil veintidós, emitido por la C. Minerva Guevara Verduzco de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se determinó al resolver la solicitud de su mandante que "Por lo anterior, de advierte que la Entidad Federativa entregó las participaciones correspondientes al Municipio de Tecolutla en tiempo y forma", lo que es infundado, violando con ello el principio de plena certeza acerca de los recursos de que disponen, la libre administración hacendaria y el principio de integridad de los recursos económicos.
Manifiesta que es ilegal dicha determinación y por tanto debe invalidarse el acto por cuanto que ni en dicho oficio, ni en el diverso No. SFP/0812/2022 de quince de junio de dos mil veintidós que le sirvió de sustento, se determinó que efectivamente variaron los ingresos realmente captados, justificación ilegal que utilizó la entidad federativa para defender la falta absoluta u omisión de pago a su mandante de las participaciones en suma de $3’773,796.63 (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.) y $1´060,728.83 (UN MILLÓN SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N.), respectivamente, relativa a los ejercicios fiscales 2020 y 2021, con la salvedad de que no se demostró dicha variación de captación de ingresos que motivará el supuesto ajuste que justifica la omisión absoluta de pago en las participaciones a que tiene derecho su mandante en los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Refiere que los montos totales que se reclaman, precisados en el capítulo de antecedentes de esta controversia, y que se precisan como no ministrados al Municipio actor, causa perjuicio en su hacienda municipal, tanto en el área a lo que se tiene etiquetado, así como restringe la obligación de cubrir la nómina a los trabajadores al servicio de su representada, agravando la libre administración hacendaria del Municipio.
En ese sentido, sostiene que lo procedente es declarar la invalidez de los actos y ordenar a la autoridad demandada y a la entidad federativa que se le paguen de manera inmediata dichas participaciones que se precisan en el capítulo de antecedentes de esa controversia y el pago de los intereses generados de la fecha en que debieron pagarse dichas participaciones y hasta el día en que se paguen.
SEGUNDO. Señala que suponiendo sin conceder que efectivamente hubiera esa variación de captación de ingresos que alega la entidad federativa ante la autoridad demandada, aún en ese supuesto dicha entidad federativa no puede de mutuo propio realizar dicho ajuste, porque es un acto que corresponde al Congreso Local de Veracruz Ignacio de la Llave.
Precisa que como bien lo reconoce la autoridad demandada en el oficio impugnado corresponde al Congreso Local determinar las bases, montos y plazos para la distribución de participaciones federales correspondientes a sus municipios, luego, en el presente caso, ni en el oficio aludido ni mucho menos en el diverso SFP/0812/2022 de quince de junio de dos mil veintidós, se indica que efectivamente dicho ajuste haya sido ordenado por el Congreso del Estado, siendo inconstitucional que la entidad federativa lo realice de mutuo propio.
Aduce que de la lectura del oficio impugnado se indica que "Es importante destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó y entrega las participaciones que corresponden a las entidades federativas en tiempo y forma, de conformidad con los siguientes Acuerdos...", de donde se desprende que dicha autoridad demandada no indica de ningún modo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubiera disminuido la entrega de las participaciones que corresponden a las entidades federativas.
Manifiesta que, en otras palabras, conforme a dicho oficio quedó demostrado que la Entidad Federativa, ahora demandada, recibió de parte de la federación la totalidad de las participaciones federales que le correspondían, luego entonces, porque la Entidad Federativa no le entregó la totalidad de tales participaciones a su representada que se fijaron en el Presupuesto de Egresos de dicha Entidad Federativa por los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
Refiere que si dicha Entidad Federativa, recibió la totalidad de tales participaciones federales, porque razón argumenta en su oficio SFP/0812/2022 de once de junio de dos mil veintidós, que hubo un ajuste por la captación de ingresos, argumento que fue formulado de manera categórica para justificar una violación flagrante al artículo 115 Constitucional, siendo claro que el Congreso Local no ordenó dicho ajuste o modificación a su Presupuesto de Egresos y no debió realizarla la Entidad Federativa por conducto del Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.
Insiste en que las autoridades demandadas no son competentes para realizar el ajuste que privó de los montos de $3’773,796.63 (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.) y $1´060,728.83 (UN MILLÓN SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N.), de participaciones federales relativas a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, en otras palabras, no pueden modificar el presupuesto de Egresos que proviene del Congreso Local, justamente porque no existe precepto legal que así las faculte, por tanto dichos actos carecen de la debida motivación y fundamentación.
TERCERO. Aduce que su representada a fin de respetar el principio de definitividad en la materia, presentó la solicitud el quince de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que, al ser resuelta en contravención de la constitución federal, es claro que subsiste la inconstitucionalidad de la omisión de pago absoluto de las participaciones federales que se reclaman.
Refiere que atendiendo a los principios fundamentales que en materia hacendaria ordena la Constitución Federal, resulta a todas luces la inconstitucionalidad e ilegal falta absoluta de pago en que incurren las entidades Federativas, respecto de las participaciones federales, pues con ello el Estado y la Secretaría, por conducto de sus titulares, vulneran el principio de libre administración hacendaria del Municipio.
Insiste en que los montos totales que se reclaman, precisados en el capítulo de antecedentes de esta controversia y que se precisan como no ministrados al Municipio actor, causa perjuicio en su hacienda municipal, tanto en el área a lo que se tiene etiquetado, así como restringe la obligación de cubrir la nómina a los trabajadores al servicio de su representada, violando la libre administración hacendaria del Municipio.
Manifiesta que si la Federación decide transferir cierto tipo de recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que entender que el artículo 115 Constitucional garantiza a los Municipios su recepción puntal y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena certeza acerca de los recursos de que disponen, certeza que en el presente asunto no se está respetando, ya que no obstante que la autoridad demandada, Unidad de Coordinación, menciona en el oficio impugnado precisado con la letra en el proemio de esta demandada, participaciones que fueron entregadas en su totalidad por la Federación.
Refiere que si la Federación y los Estados, una vez que han acordado la trasferencia de ciertos recursos a los Municipios, pudieran incumplir o retardar tal compromiso sin mayores consecuencias, estarían privando a los Municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales, situación que acontece en el presente caso y cuya invalidez se denuncia.
Afirma que es claro que las participaciones como las aportaciones federales son recursos que ingresan en la hacienda municipal por ser recursos federales, y que la Federación pueda imponer obligaciones y condiciones a los Municipios beneficiarios, no implica que las entidades federativas puedan incurrir en retrasos o en omisiones una vez que la Federación y los Estados, de acuerdo con sus respectivas competencias, ya han determinado las cantidades que los Municipios percibirán cada mes y las fechas exactas en las que los recursos ingresarán a sus arcas.
Aduce que, en la especie, desde el momento que se emitieron los Presupuestos de Egresos de la Entidad Federativa de Veracruz para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, se determinaron los recursos que habrán de pasar a integrar la hacienda municipal, su efectiva percepción que da constitucionalmente garantizada por el ya citado principio de integración de los recursos económicos municipales.
Afirma que incluso esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que "Es más, puede decirse que no hay verdadero cumplimiento de la obligación de transferir ciertos recursos a los Municipios hasta que estos últimos reciben las cantidades que les correspondían en su valor real, es decir, junto con los intereses correspondientes cuando se ha producido una retención indebida", lo que también se está reclamando, no sólo el pago de las participaciones cuya omisión absoluta de pago se denuncia, sino también los intereses generados por dicha omisión de pago absoluto.
Así manifiesta que es claro que los recursos que habrán de integrar la hacienda municipal, su efectiva percepción queda constitucionalmente garantizada por el principio de integridad de los recursos económicos municipales, principio que no se cumple en el presente caso, ya que para ello es menester que el Municipio, reciba las cantidades en su totalidad fijadas en los presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales del 2020 y 2021, junto con sus intereses.
Así concluye, que legalmente procede que se declare la invalidez de los actos precisados, en primer lugar porque las autoridades demandadas justificaron la omisión absoluta de pago en un supuesto ajuste derivado de la variación de ingresos captados por la Federación, sin que demostraran dicha variación; en segundo lugar, porque suponiendo sin conceder que hubiera variación, las autoridades demandadas no pueden de mutuo propio modificar lo ordenado por el Congreso Local; y en tercer lugar porque suponiendo que efectivamente hubiere dicha variación, desde el momento en que se publicó el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, surgió la certeza y seguridad para su mandante de obtener mediante las ministraciones de la Entidad Federativa los ingresos precisados en los montos concretos, ni más ni menos; por lo que no pudieron variarla; por lo que se debe condenar a la autoridad demandada al pago de las participaciones federales por las sumas de $3’773,796.63 y $1´060,728.83, respectivamente por los ejercicios fiscales del 2020 y 2021, y sus intereses generados, de conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 46/2004, mediante la cual el Pleno de esta Suprema Corte determinó que, conforme al principio de integridad de los recursos económicos municipales, su entrega extemporánea genera el pago de intereses.
3. Radicación de la demanda. Por acuerdo dictado el tres de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 195/2022, que turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el procedimiento.
4. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tomando en consideración lo resuelto por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación 100/2020-CA, derivado de la controversia constitucional 135/2020, fallado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno y sin perjuicio de los motivos de improcedencia que pudieran detectarse al analizar el fondo del asunto. 5. En otro orden de ideas, se tuvo como demandados al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como al Poder Ejecutivo Federal. Al respecto, no se tiene como demandados a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de la citada entidad federativa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que se trata de dependencias de gobierno subordinadas al Poder Ejecutivo local y federal, respectivamente.
6. En este sentido, ordenó emplazar como autoridades demandadas; además, dio vista a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posición de formular pedimento.
7. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio depositado en el buzón judicial el dieciséis de enero del año en curso; recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda.
8. En relación con la procedencia del juicio, dicha autoridad expuso lo siguiente:
• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria, al ser extemporánea la presentación de la demanda.
Refiere que ello es así pues el promovente manifestó el conocimiento expreso del acto impugnado desde el quince de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio número PRES/227/2021, al informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el Estado de Veracruz redujo sus participaciones federales, por lo que, al presentar la demanda hasta el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, transcurrió en exceso el término de treinta días que establece el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria para interponer la presente controversia constitucional.
• Estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción IX, y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria en relación con el diverso 105, fracción I, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el promovente no demuestra violación a su esfera competencial, ya que únicamente argumenta cuestiones de mera legalidad y validez del oficio No. 351-A-EOS-0482-2022 de once de junio de dos mil veintidós, con base en la supuesta omisión de las autoridades estatales en el pago de participaciones federales destinadas al municipio actor.
• Sostiene que han cesado los efectos del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, para los ejercicios 2020 y 2021, por lo que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento que se desprende de los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria.
9. En relación con los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal argumentó, en síntesis, que:
•·Primero. Es infundado que el oficio impugnado violente los principios de integridad de los recursos municipales, de libre administración de la hacienda municipal y del principio de reserva de fuente de ingresos del municipio actor, ya que el oficio impugnado se emitió para comunicarle al municipio actor los fundamentos y las razones que motivaron a la entidad federativa para realizar las retenciones respecto de los montos que le correspondían por concepto de participaciones federales para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, como se acredita con el oficio de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz número SFP/0812/2022 de fecha quince de junio de dos mil veintidós, esto es que sólo se limitó a atender la petición formulada.
Aduce que los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, prevé la facultad de Congreso local de establecer las bases, montos y plazos para la distribución de participaciones federales correspondientes a sus municipios; por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de facultades respecto de los ajustes realizados por las entidades federativas como consecuencia de las obligaciones contraídas por el promovente y que derivaron en la reducción de los montos distribuidos a éste, dicha facultad es competencia de la entidad federativa, en términos de los artículos 5 y 8b Ter de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y Municipios de Veracruz.
Señala que el Poder Ejecutivo Federal, a través de sus unidades administrativas, no realiza el pago de participaciones federales directamente a los municipios, sino que las entidades federativas son las responsables de distribuirlas entre sus municipios, mediante las disposiciones de carácter general que determinen sus congresos locales de conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución Política del Estado de Veracruz y el diverso 8 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios de ese Estado.
Manifiesta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, no violentó "los principios de integridad de los recursos municipales, de libre administración de la hacienda municipal, de ejercicio directo de ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal y del principio de reserva de fuentes de ingresos a los municipios", toda vez que de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregó las participaciones federales en tiempo y forma al gobierno del Estado de Veracruz, de conformidad con los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2019, el 30 de enero de 2020, el 26 de enero de 2021 y 20 de enero de 2022.
•·Segundo. Hace valer que es infundado que deban pagarse los intereses respecto de la omisión de pago de participaciones federales al municipio actor, pues afirma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal ha ministrado las participaciones federales en tiempo y forma al Gobierno del Estado de Veracruz, de conformidad con los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, el treinta de enero de dos mil veinte, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno y veinte de enero de dos mil veintidós.
• Tercero. Estima que se debe reconocer la validez del oficio impugnado, toda vez que la disminución u omisión en los montos que el Estado de Veracruz distribuyó al municipio actor no es atribuible a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Manifiesta que es infundado que la distribución de las participaciones que el Estado de Veracruz hizo al Municipio actor se pueda atribuir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, la entidad federativa es la facultada para calcular el monto de las participaciones a enterar a sus municipios.
Manifiesta que la legislación aplicable que prevé los supuestos para la retención de participaciones, es la establecida por el Congreso Local, la Ley Estatal de Coordinación, el Código Hacendario y demás leyes estatales, cuyo ámbito de aplicación y observancia no corresponde a la Federación, sino al gobierno de la propia entidad federativa como se desprende de lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y Municipios de Veracruz, que al efecto establece la legislatura local es la encargada de vigilar el estricto cumplimiento de dicha ley.
Concluye que el procedimiento para determinar el monto a distribuir por concepto de participaciones correspondientes al municipio de Tecolutla no es competencia de la Secretaría de Hacienda ya que es el Gobierno del Estado el encargado de resolver las inconformidades que se presenten al respecto y por lo tanto no puede existir un procedimiento de agravio en contra del promovente por tratarse de un asunto de mera legalidad.
10. Contestación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz. A través de oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el diecisiete de enero de dos mi veintitrés, recibido el veintiséis siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, dio contestación a la demanda.
11. En relación con la procedencia del juicio, dicha autoridad expuso lo siguiente:
12. Estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción IX, pues no se actualiza una violación a la esfera competencial del Municipio actor.
13. Refiere que compete al Estado por así estar adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente acorde con el artículo 6 penúltimo párrafo de la citada ley y numeral 5, fracción I del Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, que los gobiernos de las entidades federativas deberán publicar a más tardar el quince de febrero del ejercicio fiscal que corresponda, en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de internet del gobierno de la entidad, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas, variables y los montos estimados de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios.
14. Solicita se analicen y estudien de manera oficiosa las causales de improcedencia que prevé el artículo 19, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, pues de resultar la improcedencia de la misma, ello impediría el estudio de fondo del asunto en la controversia.
15. En relación con los conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo Estatal argumentó, en síntesis, que los argumentos son inatendibles al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria.
16. Pedimento.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200915-cbcee55d/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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