I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DE LOS ACUERDOS DE INCUMPLIMIENTO APROBADOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, EN SESIÓN DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADOS EN LOS AUTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE R/0122/2020-III/2021-4). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO O DE OTROS PODERES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDOS DE INCUMPLIMIENTO APROBADOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, EN SESIÓN DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADOS EN LOS AUTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RR/0122/2020-III/2021-4).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 226/2022. FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE MORELOS. 10 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en sesión de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del recurso de revisión con número de expediente RR/0122/2020-III/2021-4, así como los efectos y consecuencias que de dicho acto se deriven.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 226/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Mediante escrito enviado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico, y registrado el veintisiete siguiente en la Oficia de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, en su carácter de titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, por la emisión de los siguientes actos:
• El acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno del Instituto Morelense de la Información Pública y Estadística, en sesión de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del recurso de revisión con número de expediente RR/0122/2020-III/2021-4; y,
• Los efectos y consecuencias que de dicho acto se deriven en agravio de ese organismo constitucional autónomo, violentando el principio de división de poderes y el orden constitucional establecido.
2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y su contestación, así como de sus anexos respectivos, se tienen como antecedentes de la cuestión planteada en esta vía, los siguientes:
I. El ocho de enero de dos mil veinte, se presentó una solicitud de acceso a la información, en la que se requirió a la Fiscalía General del Estado de Morelos, en formato Excel, el presupuesto programado y ejercido por esa institución de los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve.
II. El cinco de febrero de dos mil veinte, el sujeto obligado respondió la solicitud de información, entregando en formato Excel los datos del presupuesto programado y ejercido correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del dos mil dieciocho señalando que ello era así, en virtud de la autonomía otorgada a la Fiscalía General del Estado mediante reforma constitucional publicada el quince de febrero de dos mil dieciocho. Del mismo modo proporcionó la información solicitada correspondiente a los meses de enero a septiembre de dos mil diecinueve, manifestando que, por cuanto hace al último trimestre del ejercicio de dos mil diecinueve, no contaba con la información requerida por lo establecido en el artículo 32, quinto párrafo de la Constitución Política local.
III. El cinco de febrero de dos mil veinte, el solicitante de la información promovió recurso de revisión por considerar que la que se le brindó estaba incompleta, pues faltaba la del presupuesto de enero a agosto de dos mil dieciocho y del presupuesto ejercido de octubre a diciembre de dos mil diecinueve.
IV. El trece de febrero de dos mil veinte, el Instituto Morelense de Información Pública admitió el recurso de revisión asignándole el número de expediente RR/0122/2020-III/2021-4.
V. A solicitud de la Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública, el once de noviembre de dos mil veinte el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, emitió el Acuerdo ACT-PUB/11/11/2020.09. aprobando la atracción de diversos recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, entre ellos el del expediente RR/0122/2020-III/2021-4.
VI. El veinte de abril de dos mil veintiuno, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales resolvió el recurso de revisión referido en el punto que antecede, determinando revocar parcialmente la respuesta emitida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, al considerar, en esencia, que por cuanto hace a la información del presupuesto ejercido en el año de dos mil dieciocho, dicho sujeto obligado había hecho una interpretación restrictiva de la solicitud de información, pues la pretensión de la persona inconforme no solo era conocer el presupuesto ejercido a partir de que la Fiscalía General del Estado de Morelos pasó a ser un órgano constitucional autónomo, sino de manera general todos los recursos que ejerció durante el ejercicio fiscal de ese año, lo que abarca los recursos que esa Fiscalía ejerció antes y durante la transición mencionada, es decir, cuando era parte del Ejecutivo estatal.
En cuanto a la información del presupuesto ejercido por el sujeto obligado en el año de dos mil diecinueve, consideró que éste había fundado y motivado la razón por la que no contaba con ella, y por la que solo había proporcionado aquella que ya se encontraba integrada de forma definitiva en sus archivos, considerando que del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos se advertía que los Poderes del Estado, Entidades y Organismos Públicos autónomos de esa entidad federativa, deben presentar la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, a más tardar el día treinta de abril de cada año, a excepción del año en que concluyan un periodo constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada uno por el periodo de su cargo, y deberá ser consolidada y presentada al Congreso por la nueva administración.
No obstante, en esa resolución también se señaló que, no pasaba desapercibido que, en la fecha en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales había recibido la solicitud de atracción por parte del órgano garante local, esto es, el veinte de octubre de dos mil veinte, la Fiscalía General del Estado de Morelos ya se encontraba en aptitud de proporcionar la información relativa al último trimestre de dos mil diecinueve. En ese sentido, determinó, en un esquema de colaboración, invitar al sujeto obligado a proporcionar la información sobre el presupuesto ejercicio de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio dos mil diecinueve.
En vista de lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ordenó al sujeto obligado a revocar parcialmente la respuesta que proporcionó, para los efectos siguientes:
• "Realice una nueva búsqueda amplia y exhaustiva dentro de sus archivos del presupuesto ejercicio de enero a agosto del ejercicio fiscal 2018, en la totalidad de sus unidades administrativas competentes, en las que no podrá omitir a la Coordinación General de Administración, e informe el resultado de la misma a la parte recurrente.
"En caso de que el resultado de la nueva búsqueda instruida resulte en la inexistencia de la información, el sujeto obligado deberá formalizarla a través de su Comité de Transparencia, en términos de lo previsto por los artículo (sic) 23 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, y entregar a la parte recurrente la resolución que al efecto emita el citado órgano colegiado.
• "Atendiendo a la fecha en que se recibió la solicitud de atracción por parte del órgano garante local, respecto del medio de impugnación de mérito, se invita al sujeto obligado a que proporcione a la parte recurrente la información relativa al presupuesto ejercido en los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2019."
Cabe señalar que, en el resolutivo cuarto del recurso de revisión en cuestión, se ordenó lo siguiente:
"CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística la presente resolución, a efecto de que se cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento, en un términos (sic) no mayor a tres días hábiles."
VII. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, fue recibido en la Fiscalía General del Estado de Morelos, el oficio por el cual el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística le hizo de conocimiento la resolución recaída al recurso de revisión reseñado en el punto que antecede, requiriendo a dicho organismo autónomo local para que atendiera el fallo en los términos solicitados dentro del mismo.
VIII. A través del oficio FGE/CGA/DT/196/07/2021 fechado el siete de julio de dos mil veintiuno, el encargado de despacho de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, hizo de conocimiento al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que realizó las gestiones conducentes ante la Coordinación General de Administración y la Tesorería, así como las respuestas brindadas por ambas unidades administrativas, puntualizando lo siguiente:
"De lo anterior se advierte que los pronunciamientos devienen de las unidades administrativas facultadas para tal efecto, y no así del que suscribe, lo cual es resultado de los trámites internos necesarios que esta Unidad de Transparencia realizó a efecto de otorgar cabal cumplimiento a la resolución emitida por el INAI.
"Ante los pronunciamientos realizados por las unidades administrativas y como resultado de las búsquedas exhaustivas por parte de las áreas facultadas de este Sujeto Obligado, se manifiesta que no se cuenta con registros de la información correspondiente al presupuesto ejercido durante el periodo de enero a agosto de 2018, motivo por el cual en términos de lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se hace de conocimiento a este Órgano Garante, que mediante sesión de Comité de Transparencia de fecha 09 de junio de 2021, de esta Fiscalía General del Estado, determinó la inexistencia de dicha información, siendo así que una vez recabadas las firmas, el acta de la misma será remitida mediante un alcance de este ocurso.
"Asimismo, respetuosamente se solicita a ese Órgano Garante, informe al particular que, en relación a la información del periodo de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2019, se deja a salvo su derecho a efecto de que requiera la misma a través de una solicitud de información pública.
"Ante este análisis, se solicita atentamente a ese H. Órgano Garante, tener por atendida la resolución del recurso que nos ocupa."
IX. El trece de julio de dos mil veintidós, el Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística aprobó un Acuerdo en el que, tomando en cuenta lo manifestado en el oficio FGE/CGA/DT/196/07/2021 fechado el siete de julio de dos mil veintiuno, determinó lo siguiente:
"PRIMERO. Por lo expuesto en el Considerando Tercero, se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva aprobada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en fecha veinte de abril de dos mil veintiuno.
"SEGUNDO. Se requiere a Lizette Marolí Reyes Hernández, Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a efecto de que sin más dilación, realice las gestiones necesarias para obtener el pronunciamiento de la unidad administrativa que cuente con facultades para hacerlo respecto del asunto que nos ocupa, así como para que remita la información relativa al presupuesto programado y ejercido del periodo de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio dos mil diecinueve.
"Así como el pronunciamiento emitido por la unidad administrativa facultada. Lo anterior dentro de un plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a aquél en el que se notifica la presente determinación."
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos expuso, en síntesis, en su único concepto de invalidez, lo siguiente:
• Señala que la resolución definitiva del recurso de revisión dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales el veinte de abril de dos mil veintiuno, se invitó a la Fiscalía General del Estado de Morelos como sujeto obligado, a proporcionar la información sobre el presupuesto ejercido de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve. Empero, lo que no se desprende de dicha determinación es que haya sido materia de estudio lo relativo a la forma o términos en que esa institución de procuración de justicia, a través de la Unidad de Transparencia, realizó los trámites y gestiones necesarios para otorgar la información, ni tuvo como finalidad cuestionar las atribuciones de la titular de la referida unidad administrativa para dar contestación a la solicitud de información.
• Es inconstitucional e insostenible que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, al momento de calificar el cumplimiento de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, lo haya realizado en los siguientes términos:
"Ahora bien, debemos precisar que quien se pronunció respecto de la solicitud de información descrita en líneas anteriores, así como al presente recurso de revisión, fue la Unidad de Transparencia del sujeto aquí obligado, la cual de conformidad con el artículo 27, fracción II, IV, V y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, una de sus atribuciones es el de gestionar al interior de la entidad pública la información que con motivo de solicitudes de acceso a la información se le presenten, en ese sentido, dicho servidor público debió haber remitido las documentales mediante las cuales las unidades administrativas facultadas y/o encargadas de generar y resguardar la información materia del presente asunto, hacían entrega de la información que le interesa conocer al hoy recurrente, o en su defecto, el pronunciamiento correspondiente de sus titulares, y no así pronunciarse, ello considerando que todo servidor público encargado de formular, producir, procesar, administrar, sistematizar, actualizar, archivar y resguardar información generada en el quehacer público, es sujeto a responsabilidad en el caso de no cumplir con las normas legales y reglamentarias inherentes a sus funciones, ello de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Estado (sic) de Morelos. [...]".
"Derivado de lo anterior, se tiene por NO CUMPLIDA la resolución definitiva de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; consecuencia de ello, es procedente requerir a Lisette Marolí Reyes Hernández, Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a efecto de que sin más dilación, realice las gestiones necesarias para obtener el pronunciamiento de la unidad administrativa que cuente con facultades para hacerlo respecto del asunto que nos ocupa, así como para que remita la información relativa al presupuesto programado y ejercido del periodo de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio dos mil diecinueve.[...]".
"Por lo expuesto y fundando (sic) el Pleno de este Instituto:
"ACUERDA
"PRIMERO. Por lo expuesto en el Considerando Tercero, se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva aprobada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en fecha veinte de abril de dos mil veintiuno.
"SEGUNDO. Se requiere a Lizette Marolí Reyes Hernández, Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a efecto de que sin más dilación, realice las gestiones necesarias para obtener el pronunciamiento de la unidad administrativa que cuente con facultades para hacerlo respecto del asunto que nos ocupa, así como para que remita la información relativa al presupuesto programado y ejercido del periodo de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio dos mil diecinueve."
• Sostiene que el acuerdo de incumplimiento de trece de julio de dos mil veintidós causa una grave afectación a la autonomía funcional y reglamentaria de esa institución de procuración de justicia, en tanto que las consideraciones ahí vertidas pretenden invalidar las atribuciones que fueron conferidas mediante Acuerdo 04/2022, en favor de la persona titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General, las que le fueron otorgadas atendiendo a las necesidades del servicio para la mejor gestión de las solicitudes de información que se presenten ante dicha Fiscalía como sujeto obligado, en términos de la normativa aplicable.
• El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, refiere dogmáticamente que la función que debe desempeñar la titular de la Unidad de Transparencia es de gestión, por lo que únicamente debe ceñirse a remitir las documentales que acrediten los trámites realizados y no pronunciarse respecto de las solicitudes de información que reciba, de manera que soslaya las atribuciones que esa Fiscalía General otorgó a la unidad especializada de la materia para dar contestación a las referidas solicitudes.
• Aduce que el órgano demandando no cuenta con atribuciones expresas para calificar el cómo es que la Fiscalía General local, gestiona y lleva a cabo los trámites de manera interna para dar atención a las solicitudes de información que se le presenten, pues dichas cuestiones le competen de manera única y exclusiva a esa Fiscalía General atendiendo a su facultad de auto regularse, y atendiendo a lo que para el efecto dispone el primer párrafo del artículo 134 de la Ley General de Transparencia, en el que se establece que los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.
• Advierte que ni la Ley General de Transparencia ni la Ley de Transparencia y su Reglamento, refieren expresamente que las Unidades de Transparencia funjan únicamente como gestoras, pues si ello fuera así, y solo tuvieran una participación limitativa en el sentido de que solo se deben ceñir a turnar las solicitudes de información, esta condición haría innecesaria la exigencia de la ley de que las personas que designen como titulares tengan preferentemente especialización en la materia y certificación en los estándares de competencia.
• Menciona que la Fiscalía General del Estado de Morelos, en uso de su facultad reglamentaria, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, emitió el "ACUERDO 04/2022 POR EL QUE SE REGULA A LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS", publicado el seis de abril de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos.
• Apunta que en ese Acuerdo 04/2022, se estableció a nivel interno, de manera más específica, la forma en que deben atenderse las solicitudes de información que se presenten ante la Unidad de Transparencia adscrita a la Fiscalía General del Estado, las que de ninguna manera atentan en contra del espíritu, sentido o alcance de las normas establecidas en las leyes de la materia. • Sostiene que la Ley de Transparencia refiere de manera general que las Unidades de Transparencia están facultadas para llevar a cabo aquellas funciones necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Sin embargo, en el caso, el órgano garante demandado refiere que la labor de la persona titular de la Unidad de Transparencia es de gestionar al interior de la entidad pública la información que, con motivo de solicitudes de acceso a la información se le presenten, y por tanto, la persona titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Morelos debió haber remitido las documentales mediante las cuales las unidades administrativas facultadas y/o encargadas de generar y resguardar la información solicitada.
• Dicha aseveración vulnera la autonomía funcional y reglamentaria de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en tanto que pasa por alto que la persona titular de la Unidad de Transparencia, en términos del artículo 6 del Acuerdo 4/2022, tiene la atribución de suscribir y dar contestación a las solicitudes de acceso a la información, en representación de las unidades administrativas con base en la información que al efecto le proporcione a estas últimas.
• Destaca que el contenido del Acuerdo 4/2022 no fue combatido ni impugnado de inconstitucional por el órgano demandado, ni por cualquiera de los otros órganos legitimados para promover los medios de defensa constitucional previstos en la Norma Fundamental, por lo mismo no fue afectado de invalidez alguna, de ahí que no pueda desconocerse su contenido, máxime si se toma en cuenta que su expedición se realiza con base en la facultad que el legislador ha concedido a la actora para auto regularse.
• Contrario a los señalado por la demandada, la persona de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General local, sí puede emitir pronunciamientos en representación de los servidores públicos de dicha institución, pues ello atiende a una facultad conferida expresamente en su favor a través de un instrumento jurídico cuya validez no puede ni debe cuestionarse por el órgano demandado.
• Insiste en que, de las leyes de la materia aplicables, no se desprende lo que aduce dogmáticamente el órgano demandado, pues no se plasmó en ellos una prohibición expresa para que las personas titulares de las Unidades de Transparencia puedan emitir sus contestaciones a nombre de los servidores públicos que integran los sujetos obligados, pues en todo caso, el pronunciamiento que se realiza es a nombre de la institución y no de los servidores públicos adscritos a ésta.
• De ahí que, el pronunciamiento realizado por el órgano garante demandado en el sentido de que la persona titular de la Unidad de Transparencia debió limitarse a remitir los documentos emitidos por diversos servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Morelos para garantizar el derecho de acceso a la información, implica que invalida, desconoce y vacía de contenido una disposición legal de observancia general que rige la vida interna de un órgano constitucional autónomo, que se encuentra a la par del órgano demandado.
• Asevera que el órgano garante demandado, se excedió en sus facultades al desconocer una atribución conferida en favor de la persona titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, al señalar que dicha servidora pública únicamente se limite a enviar los oficios de gestión que gire al interior de la institución, imponiendo el ejercicio de una acción que no está expresamente establecida en la ley, lo que implica una intromisión en la libertad y autonomía de las decisiones de la actora, así como en su capacidad de auto regularse, lo que se traduce en una violación a la esfera competencial conferida por la Constitución General de la República en su favor.
• Estima que con la emisión del acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, se actualiza un acto de subordinación en perjuicio de la autonomía e independencia funcional y de gestión con que cuenta la Fiscalía General del Estado de Morelos, pues el órgano garante demandado califica como "NO CUMPLIDA" la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, a partir de una serie de argumentos que invalidan, desconocen, vacían de contenido y soslayan las facultades con que cuenta una persona servidora pública de dicha Fiscalía para cumplir con las obligaciones de garantizar el derecho de acceso a la información que tiene a cargo esa institución, facultades que se plasmaron en un instrumento normativo especializado con base y en ejercicio de la autonomía y facultad reglamentaria de la que se dotó a la actora.
• Afirma que el acuerdo de incumplimiento de trece de julio de dos mil veintidós, implica la violación de los tres grados de violación al principio de división de poderes (intromisión, dependencia y subordinación), y que redunda en agravio de la autonomía e independencia funcional y de gestión con que cuenta la Fiscalía General del Estado de Morelos, pues la tarea del órgano garante demandado no es calificar de constitucional, legal o válido un ordenamiento jurídico emitido por otro ente en pleno ejercicio de su capacidad de auto regularse y en acato a la normativa aplicable, ni mucho menos determinar cómo es que deben ejercerse los trámites y gestiones al interior de los sujetos obligados, pues esto compete única y exclusivamente a los mismos.
4. Trámite. Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós,(1) el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 226/2022 y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
5. Desechamiento. Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós,(2) la Ministra instructora desechó la controversia constitucional, al estimar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, relativa a la falta de interés legítimo del promovente al estimar que en su demanda solo formuló planteamientos de legalidad.
6. Recurso de reclamación. Inconforme con tal determinación, la Fiscalía General del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación, el cual, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés,(3) fue registrado con el número 6/2023-CA y resuelto por la Primera Sala en sesión de siete de junio de dos mil veintitrés,(4) en el sentido de revocar el auto recurrido, por no advertirse la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
7. Admisión. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés,(5) la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandado al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ordenó su emplazamiento y lo requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los antecedentes del Acuerdo impugnado. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
8. Contestación de la demanda por parte del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Por escrito recibido el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrito por Marco Antonio Alvear Sánchez ostentándose como Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, dio contestación a la demanda aduciendo, en síntesis, lo siguiente:
• Señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por estimar que la Fiscalía General del Estado de Morelos carece de legitimidad para promover la presente controversia constitucional, pues si bien es cierto que la fracción I del artículo 105 Constitucional faculta a los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos a promover sendos juicios constitucionales, tal prerrogativa debe entenderse con relación a la inconstitucionalidad respecto de la norma suprema federal y no con relación al orden constitucional local, en la especie la Fiscalía propone la presente controversia respecto de dos órganos constitucionalmente autónomos en una misma entidad federativa, lo que no es técnicamente correcto.
• En este sentido, aduce que la Fiscalía General del Estado de Morelos carece de legitimidad activa para controvertir lo actuado por el órgano garante de transparencia.
• Agrega que el acto reclamado no es definitivo, considerando para ello que existe un medio ordinario de impugnación que permitiría revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, de tal manera que, ante la falta de existencia de este requisito, es oportuno advertir que la controversia es improcedente.
• Considera que la controversia es improcedente, porque en el fondo la Fiscalía pretende como sujeto obligado que se estudie una supuesta invasión de competencias con relación a su reglamentación interior, a partir de las facultades que le otorga la normatividad local y no la Constitución Federal, por lo que el presente medio de control no puede ser procedente con relación a la supuesta violación a la constitución local, pues el presente juicio constitucional debe tener como referente lo que dispone la Constitución Federal.
• También aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al sostener que la parte actora ha consentido los actos señalados al haber dado contestación al acuerdo controvertido el trece de s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200943-5b7cc8eb/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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