Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN L, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74, PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; ASÍ COMO 9, FRACCIÓN XVI, 12, 13, FRACCIÓN XX Y 36, FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 32 Y 36, FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA CARGA ECONÓMICA IMPUESTA EN EL DECRETO IMPUGNADO, AL HABERSE TRANSFERIDO LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS AL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS TREINTA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2024. · Registro digital (IUS): 201042
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Duodécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 29 DE ENERO DE 2025. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: JULIÁN AGUIRRE GAONA.

SÍNTESIS

El Poder Judicial del Estado de Morelos impugnó el Decreto por el que el Congreso de ese estado concedió una pensión por jubilación a una extrabajadora del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto sin que previamente le haya transferido los fondos suficientes para cumplir con dicha obligación. El presente proyecto de resolución determina sobreseer el asunto, ya que han quedado sin efectos las posibles afectaciones que dicho acto pudiera haber generado.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veintinueve de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 92/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la SCJN consiste en determinar si el Decreto impugnado invade la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió la presente controversia en la que demandó la invalidez del Decreto número 1530 (mil quinientos treinta), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" seis mil doscientos setenta, de diez de enero de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.

2. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos formula los siguientes argumentos:

Los poderes demandados al emitir el decreto impugnado dispusieron de los recursos financieros del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que este tuviera alguna intervención en su emisión.

Además, en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés, no se contempló partida presupuestal alguna para el pago de decretos controvertidos ante la SCJN así, el monto contemplado en el presupuesto apenas es suficiente para pagar las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso y no da certeza de que pueda cubrir pensiones futuras adicionales.

La afectación al presupuesto del Poder Judicial estatal es importante ya que el Poder Legislativo impone la obligación de pagar la pensión por jubilación a partir del día siguiente a la separación de las labores, lo que implica que se haya dispuesto del presupuesto para el ejercicio fiscal.

Si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación siempre que se encuentren asignadas por un decreto legislativo, lo cierto es que el Congreso Local no asignó los recursos económicos para el pago y; por tanto, el Poder Judicial está impedido para realizar el pago.

Lo anterior viola los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 17, 40, 41, 49, 116 y 133 de la CPEUM y 92-A y 131 de la Constitución Local.

Además, es incongruente que el decreto impugnado, publicado en el año dos mil veinticuatro, establezca que su financiamiento provendrá de la partida presupuestal del año dos mil veintitrés.

Asimismo, se omite que, en la fecha de emisión del decreto impugnado, ya había sido aprobado el presupuesto de egresos del Poder Judicial estatal para el ejercicio fiscal del dos mil veinticuatro. Este presupuesto incluyó una partida para pagar los decretos ya existentes, pero no contempló aquellos autorizados posteriormente.

Consecuentemente, el decreto impugnado implica la subordinación del Poder Judicial frente al Congreso estatal, toda vez que viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116 constitucional.

4. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de esta SCJN ordenó formar y registrar el expediente con el número 92/2024. Posteriormente, lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento correspondiente.

5. Admisión. La Ministra Instructora admitió a trámite la demanda por lo que hace al Decreto número 1530 (mil quinientos treinta) y tuvo como demandados solo a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, sin reconocer ese carácter a la Secretaría de Gobierno ya que es un órgano subordinado al Ejecutivo.

6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta SCJN, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos contestó la demanda interpuesta en su contra.

7. Cierre de la instrucción. La Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

8. Manifestaciones. En el auto por el que la Ministra instructora cerró la instrucción, el delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos presentó un escrito mediante el cual solicitó que se sobresea en el presente asunto. Lo anterior, bajo el argumento de que ya fue realizada la transferencia de recursos al Poder Judicial de la entidad para que realice el pago del decreto de pensión impugnado en el presente medio de control constitucional. Para respaldar esta afirmación, adjuntó a su escrito los siguientes documentos:

• Copia certificada del oficio con número de folio DCCA-002056-2024, de uno de agosto de dos mil veinticuatro, por medio del cual se remitió el diverso oficio número LV/MD/AÑO.3/P.O.2/432/2024, de quince de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado LV Legislatura.

Copia certificada del oficio CJ/DGACyA/0452/2024-08, de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, dirigido al Procurador Fiscal y al Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, ambos del Estado de Morelos.

• Copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/3475-AD/2024, de veintiséis de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y su anexo en copia certificada del oficio SH/0920-GH/2024, de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el mismo funcionario.

• Copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/3802-AD/2024, de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, suscrito por el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y su anexo en copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, suscrito por el mismo funcionario.

• Copia certificada de la transferencia interbancaria por la cantidad de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 m.n.).

9. Avocamiento. Derivado de la solicitud de la Ministra instructora en el presente asunto, relativa a que se remitiera el expediente a la Sala de su adscripción para su radicación y resolución, el nueve de diciembre de dos mi veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN, acordó enviar el asunto a esta Segunda Sala del alto tribunal, a la que se encuentra adscrita la Ministra instructora.

10. El siete de enero de dos mil veinticinco el ministro presidente de esta Segunda Sala acordó radicar el expediente en ella, y se avocó a su conocimiento. En consecuencia, ordenó hacer el registro como corresponda y devolver los autos a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para lo que conforme a derecho proceda.

I. COMPETENCIA

11. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h, de la CPEUM;(1)1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM;(2)10, fracción I,(3)y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de esta SCJN y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

12. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(7) se precisa el acto objeto de la presente controversia.

13. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor se duele, en esencia, de que el Decreto impugnado invade la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado, toda vez que el Poder Legislativo demandado, de manera unilateral, determinó conceder una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto, sin brindarle intervención alguna y sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con dicha obligación.

14. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 2o. del Decreto número 1530 (mil quinientos treinta) impugnado; por lo que, esta Segunda Sala de la SCJN lo fija como acto objeto de la presente controversia.(8)

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

15. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados remitieron a este alto tribunal copia del Decreto número 1530 (mil quinientos treinta) por el que se concede pensión por jubilación a Martha Camacho Cantera.

16. Consecuentemente, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(9) aplicado de manera supletoria, se tiene por probada la existencia del acto impugnado.

IV. OPORTUNIDAD

17. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM(10) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.

18. En este caso el acto impugnado es el Decreto número 1530 (mil quinientos treinta), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número seis mil doscientos setenta, el diez de enero de dos mil veinticuatro.

19. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.

20. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del once de enero de dos mil veinticuatro al veintidós de febrero de dos mil veinticuatro(11) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.(12) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. La demanda fue presentada por parte legítima.

22. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(13) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h, de la CPEUM; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(14) y 34 y 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(15)

23. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

24. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia,(16) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.

25. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.

26. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.

27.Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II(17) y 11, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de la materia, en los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.

28. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico,(18)quien conforme a los artículos 74, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;(19) 9 fracción XVI, 12,13 fracción XX y 36, fracciones I II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos(20) y el "Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos" publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número cinco mil seiscientos noventa y siete de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, tiene facultades de representación.

29. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, quien conforme a los artículos 32 y 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(21) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.

30.Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

31. En el presente caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa. En dicha controversia, demandó la invalidez del Decreto número 1530 (mil quinientos treinta), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" seis mil doscientos setenta, el diez de enero de dos mil veinticuatro. Argumentó que la pensión por jubilación establecida en dicho Decreto fue otorgada a una persona con cargo a su presupuesto, sin cerciorarse de que el poder actor efectivamente contaba con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica impuesta, lo que vulneró su autonomía de gestión presupuestal.

32. La cuestión que subyace en este asunto consiste en determinar si el Decreto impugnado vulnera la autonomía del Poder Judicial local. Sin embargo, antes de abordar esa cuestión, es necesario evaluar si los documentos aportados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos resultan idóneos para acreditar el pago de la obligación prevista en el Decreto impugnado. Esto se debe a que, de ser el caso, podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(22) lo que daría lugar a sobreseer el presente asunto.

33. Dicho lo anterior, es importante precisar que el artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, establece que las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. Asimismo, de acuerdo con este mismo precepto, corresponde al Ministro instructor desechar aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.(23)

34. Por otro lado, el artículo 32, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(24) señala que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse, por regla general, en la audiencia prevista en el artículo 29 del mismo ordenamiento.(25)

35. Sin embargo, el artículo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(26) junto con la interpretación que esta SCJN ha realizado en el criterio de rubro: PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS),(27) prevé que el Ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer en todo tiempo. Esto implica que dichas pruebas pueden ser decretadas desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se someta a consideración el proyecto de resolución correspondiente.

36. Tomando en cuenta lo anterior, los documentos aportados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se considerarán en el presente asunto como pruebas para mejor proveer, dado que guardan relación inmediata con los hechos controvertidos.

37. Así, del análisis de dichos documentos se desprende lo siguiente:

• Por oficio JURIDICO/0511/2024, de fecha once de julio de dos mil veinticuatro y dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en respuesta a la solicitud realizada mediante oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/384/2024, remitió la determinación emitida por la Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. En esta determinación, se indicó como monto requerido para cubrir la pensión por jubilación establecida en el Decreto 1530 (mil quinientos treinta), la cantidad de $371,008.16 (trescientos setenta y un mil ocho pesos 16/100 M.N.).

• Derivado de lo anterior por oficio SH/0920-GH/2024 el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo de Morelos informó que se consideró una ampliación presupuestal por $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.). • Por oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/432/2024, de quince de julio de dos mil veinticuatro, y en atención a que el Poder Judicial del Estado de Morelos informó sobre la cantidad requerida para el pago de la pensión por jubilación establecida en el Decreto 1530 (mil quinientos treinta), el Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos solicitó al titular del Poder Ejecutivo la transferencia de los recursos indicados por el Poder Judicial.

• El veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos realizó una transferencia interbancaria al Poder Judicial, por concepto de una ampliación presupuestal, por un monto de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.).

• Por oficio con número de folio DCCA-002056-2024, de uno de agosto de dos mil veinticuatro, la Secretaria Particular de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, remitió el oficio número LV/MD/AÑO.3/P.O.2/432/2024 al Consejero Jurídico y al Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, solicitando la transferencia de recursos al Poder Judicial para el pago del Decreto 1530 (mil quinientos treinta).

• Mediante oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, fechado el cinco de agosto de dos mil veinticuatro y dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informó que, derivado de la ampliación autorizada mediante oficio SH/0920-GH/2024, de dos de julio de dos mil veinticuatro, por un monto de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.), los recursos solicitados para cumplir con lo solicitado en los oficios LV/MD/AÑO.3/P.O.2/432/2024 y DCCA-002058-2024, serían contemplados dentro de la cantidad extraordinaria autorizada en favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el oficio SH/0920-GH/2024.

• Por oficio SH/CPP/DGPGP/3802-AD/2024, de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informó al Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica que, mediante oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, se dio respuesta a la solicitud de trasferencia de recursos para el pago de pensiones realizada por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

38. Al haberse demostrado que se han transferido los recursos financieros necesarios para que el Poder Judicial del Estado de Morelos cumpla con la carga económica impuesta en el Decreto número 1530 (mil quinientos treinta), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número seis mil doscientos setenta, de fecha diez de enero de dos mil veinticuatro, es evidente que han quedado sin efectos las posibles afectaciones que dicho acto pudieran haber generado.

39. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(28) de la Ley Reglamentaria de la materia, debe sobreseerse la presente controversia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.(29)

VIII. DECISIÓN

Por todo lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese, haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTIZEK

PONENTE

MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 92/2024, fallada en sesión de veintinueve de enero de dos mil veinticinco. CONSTE.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...]

2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]

4. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes y tendrá las siguientes atribuciones: [...]

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]

5. Artículo 37. La Suprema Corte contará con dos Salas integradas por cinco Ministros cada una, que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica, bastando con la presencia de cuatro de ellos para funcionar. La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y la Segunda Sala, de las materias administrativa y laboral, en los términos establecidos en el presente Reglamento Interior. Además, conocerán de los asuntos que determine el Pleno mediante Acuerdos Generales. [...]

6. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:

La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y

La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.

7. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]

8. Artículo 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

9. Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201042-aeff71cf/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.