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ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD EMISORA DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA PARA NOMBRAR A LA PERSONA O PERSONAS QUE EFECTUARÁN LA VISITA CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EN EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIN QUE LE EXIMA DE ESTA OBLIGACIÓN EL HABER NOMBRADO A UNA SOLA PERSONA PARA EFECTUARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20210
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, , Pág. 482.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, porque proviene de criterios emitidos en relación con una cuestión que corresponde a la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula una de las partes en los recursos de revisión fiscal en que se sustentan los criterios en conflicto, del índice de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Octavo Circuito.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 195/2006, en sesión de nueve de junio de dos mil seis, en lo conducente, consideró:

"SÉPTIMO. Es infundado el único agravio de la revisión fiscal, en atención a las siguientes consideraciones: Aduce esencialmente la revisionista que en la sentencia recurrida se interpretan y se aplican indebidamente los artículos 237, 238, primer párrafo, fracción II, y 239 del Código Fiscal de la Federación, relacionados con lo dispuesto en el diverso artículo 38, fracción III y 43, de esa misma codificación, toda vez que la Sala Fiscal sostuvo que la orden de visita que antecedió a la multa combatida, carece de la debida fundamentación legal, por no citarse el dispositivo legal que establece la posibilidad de la autoridad fiscalizadora, para designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, lo que en opinión de la revisionista, constituyó una consideración excesiva, por extralimitarse en los requisitos que debe contener el acto administrativo en comento, ya que en la especie, como parte de la fundamentación de la orden de visita controvertida, sí se citó el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, pero en opinión de la a quo, de una manera insuficiente, por no señalarse la fracción específica que previera la facultad ejercida por la autoridad demandada, para designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, provocando un vicio formal en el mencionado mandato de autoridad. La revisionista estima contradictoria esta consideración de la juzgadora, porque si en la sentencia recurrida, quedó reconocido que en la orden de visita se citó el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, luego entonces la sentenciadora no debió haber concluido que su mención se hizo en forma limitada, pues en opinión de la inconforme, con el señalamiento del dispositivo legal en comento, debió entenderse por inserto todo su contenido normativo, incluyendo la facultad de designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, máxime que en el caso, para acreditar la competencia material y territorial de la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se invocaron los preceptos legales y reglamentarios que fundamentaron su facultad para ordenar visitas domiciliarias, lo que comprende la designación del o los visitadores y que puedan actuar en su auxilio, de todo lo cual la revisionista concluye que en la orden de visita combatida, se cumplieron todos los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, consistentes en constar por escrito, ser emitida por autoridad competente, expresar el nombre del visitado y el lugar a inspeccionarse, el objeto de la visita y llenar las demás condiciones que fije la ley de la materia. Este Tribunal Colegiado encuentra infundado el motivo de agravio bajo análisis, toda vez que no le asiste la razón a la revisionista, cuando señala que la Sala se excedió en los requisitos que debe contener una orden de visita, al considerar que la autoridad demandada, si bien es cierto que en su acto de molestia citó el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, de todas maneras dicha mención había resultado insuficiente, por no señalar la fracción y párrafo específicos de dicho numeral, que previera la facultad de designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente en la visita domiciliaria; pues contrariamente a lo que afirma la inconforme, en principio debe decirse que la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, conlleva que todo acto de molestia debe reunir los requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, que viene a ser el mismo requisito previsto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; siendo conveniente señalar al respecto, que el más Alto Tribunal del país ha sostenido que la fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que los actos de molestia a que se alude en el citado dispositivo jurídico fundamental, deben tener como base una disposición normativa general, que prevea la situación concreta en relación con la cual sea procedente realizar el acto autoritario de molestia, esto es, que exista una ley que lo autorice. Así, la fundamentación legal de los actos de autoridad, que causen al gobernado una molestia en los bienes a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad, el cual consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza u ordena en forma expresa; por tanto, es imperativo que en aquellos actos autoritarios que incidan en la esfera jurídica del particular, se citen con precisión los preceptos legales que legitimen a la autoridad para actuar en determinado sentido, porque ello permite al gobernado destinatario del acto de molestia, que tenga la certeza de que el ente autoritario correspondiente, al emitir el acto de molestia condigno, actúa dentro de su respectivo ámbito de atribuciones y que, por ende, aquél está obligado a permitir la intromisión de la autoridad de que se trate, que en el caso de la visita domiciliaria, ocurre en el propio domicilio del contribuyente, como excepción al principio de inviolabilidad regido por el artículo 16 constitucional en comento. Ahora bien, en este punto es conveniente señalar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante ejecutoria de fecha dieciséis de abril de dos mil cuatro, dictada al fallar la contradicción de tesis número 16/2004-SS, estableció que el proceder de la autoridad fiscal cuando notifica una orden de visita, implica un ‘... aspecto que torna a dichos actos de un cariz especial ya que conlleva la intromisión al domicilio del particular, constituyendo una excepción al principio de inviolabilidad del domicilio regido por el artículo 16 de la Constitución Federal ...’, pues al ordenar una visita domiciliaria, la autoridad fiscal debe cumplir indispensablemente ciertas formalidades, que en todo momento se encuentran sujetas al citado precepto constitucional ‘... que establece el derecho subjetivo elevado a la categoría de garantía individual de inviolabilidad domiciliaria, pues la visita domiciliaria se constituye como un acto de molestia que para llevarse a cabo debe satisfacer ciertos requisitos, tales como que la orden respectiva debe ser por escrito, emitida por autoridad competente, fundada y motivada; acto de molestia que, aplicado a la materia fiscal, adicionalmente debe contener los requisitos que la ley de la materia dispone, esto es, los previstos en los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación consistentes en: expresar el nombre del visitado, lugar a inspeccionar y el objeto de la visita, requisitos que de no cumplirse hacen ilegal la orden de visita de que se trata ...’ (el subrayado es de este Tribunal Colegiado). En este orden de ideas, se coincide con el fallo emitido por la Sala a quo, en el sentido de que si bien es cierto, que el funcionario público que emitió la orden de visita domiciliaria, entre otros dispositivos legales y reglamentarios, se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación; empero, no menos cierto resulta que el servidor público emisor de la orden de visita, fue omiso en invocar expresamente en el cuerpo de ese acto de molestia, la fracción y párrafo específicos que prevengan la facultad de designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, contraviniendo con ello el principio de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora de un acto de molestia, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya que como quedó establecido en la contradicción de tesis número 16/2004-SS antes aludida, la orden de visita obligatoriamente debe contener los requisitos que la ley de la materia dispone, esto es, los previstos en los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, y que para el caso de la designación del o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, citar con precisión la fracción y párrafo específicos que contemplen dicha facultad, pues en caso contrario, se provoca la ilegalidad de la orden de visita de que se trata; de ahí que si la autoridad fiscal, al emitir la orden de visita controvertida, no mencionó con precisión la parte de la norma que prevé dicha atribución a favor de la autoridad, entonces dicho acto de molestia atenta en contra del citado principio de fundamentación de la competencia, mismo que es menester observar en todo acto de autoridad. Lo antes precisado es así, toda vez que la premisa esencial establecida en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causal legal del procedimiento, se traduce en que los actos de molestia desplegados por las autoridades administrativas, consistentes en introducirse al domicilio para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que el contribuyente se encuentra afecto, no constituyen el ejercicio de una facultad irrestricta, sino que los entes tributarios al llevar a cabo esos actos, se encuentran legalmente compelidos a observar tales formalidades, cuyo cumplimiento evidencia el respeto a la esfera jurídica del gobernado. Así las cosas, no cabe sino concluir, que si en la orden de visita domiciliaria bajo análisis, el administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, no señaló con precisión el fundamento legal que prevé la facultad para designar al o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente en la visita domiciliaria; en consecuencia, como se señala en la sentencia recurrida, dicho mandato de autoridad se encuentra viciado de ilegalidad, por no cumplir el requisito formal de fundar debidamente el acto de molestia; sin que obste a lo anterior, los argumentos de índole jurídica esgrimidos por la ahora inconcordante, los cuales esencialmente hace consistir en que la autoridad emisora de dicha orden de visita, solamente se hallaba obligada a especificar en la misma, los numerales en los cuales se le otorga competencia material y territorial para emitir ese mandamiento de visita, lo que incluye la designación del o los visitadores y que puedan actuar de manera conjunta o separada, y por lo mismo, la afirmación correlativa no requería ser fundada y motivada, y aun en el evento de que así fuera, en la orden de visita sí se invocó el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, el que por esa razón debía entenderse inserto en todo su contenido normativo, incluyendo la facultad de designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente. Ya que respecto a dichos argumentos, este Tribunal Colegiado considera que no le asiste la razón a la revisionista, porque lo pretendido en ellos no es verídico, en atención a que entre las exigencias a que alude como aquellas que deben observarse en las órdenes de visita, conforme lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyen la de llenar los demás requisitos fijados en las leyes de la materia, esto es, los previstos en los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, requisitos que también se encuentran sujetos a los principios de fundamentación y motivación consagrados en el artículo 16 constitucional, y por lo mismo, para su debida satisfacción requieren que se cite con exactitud el precepto que contemple la facultad ejercida, que en el caso incluye la fracción y párrafo específicos, que establezcan la posibilidad de que la autoridad emisora de la orden, pueda designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, tal como se establece en el artículo 43, fracción II y párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, que a la letra establece: ‘Artículo 43.’ (se transcribe). Como se observa en la transcripción anterior, en la fracción II del precepto legal bajo análisis, se establece que en la orden de visita se deberán indicar los nombres de la persona o personas que podrán efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente; mientras que en el párrafo segundo de dicha norma, se especifica que los visitadores designados por la autoridad emisora de la orden de visita, podrán efectuar la visita conjunta o separadamente. En ese contexto, resulta indudable que al estatuir el diverso artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que los actos administrativos deben estar fundados y motivados, es claro que ello hace ineludible que en el cuerpo de la orden de visita domiciliaria controvertida, se citara el dispositivo jurídico en el cual se le otorga a la autoridad emisora de dicho acto de molestia, la facultad legal de designar el o los visitadores y que puedan inmiscuirse al domicilio de un determinado causante, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que el contribuyente se encuentra afecto, ocasionándole así una afectación a su esfera jurídica; toda vez que la observancia de tal requisito, es precisamente lo que da certeza a los actos desplegados por la autoridad tributaria, a lo cual no puede oponerse el razonamiento de que la cuestión de la designación del o los visitadores, no constituye la causa legal del procedimiento, y por lo mismo, no requiere ser fundada y motivada, como sucedió con la orden de visita que se señala. Esto es así, porque es evidente que para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional, es indispensable que se citen con precisión las partes de la norma que contengan la facultad ejercida, lo cual no sucedió en la orden de visita cuestionada, cuando se mencionó el artículo 43 del Código fiscal de la Federación, pero sin especificar la fracción y el párrafo que contuviera la facultad ejercida. En efecto, este Tribunal Colegiado ha sostenido reiteradamente, que no es válido estimar que una facultad legal ejercida, pueda considerarse debidamente fundada y motivada en el mandamiento de autoridad, con solamente invocar de manera general un precepto legal, sino que para tal efecto es indispensable, que se mencione con precisión la parte de la norma que consagre dicha facultad, en este caso para que en el mandamiento de visita condigno, la autoridad fiscal pueda designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, de tal manera que no se necesiten inferencias para deducir la facultad legal ejercida; puesto que no debe perderse de vista que los actos de la autoridad fiscalizadora deben ceñirse estrictamente a la ley, pues sólo así se cumplen íntegramente los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 constitucional, y a los que de manera absoluta deben constreñirse los actos autoritarios destinados a afectar la esfera jurídica de los gobernados, sin que por lo demás, tal como ya se dijo, resulte dable jurídicamente obtener una determinada facultad de la autoridad tributaria, con base en deducciones, sino que siempre debe basarse en el dispositivo, acuerdo o decreto que expresamente otorgue dicha competencia, y en caso de que el precepto legal de que se trate, contenga varias fracciones, inciso o subincisos, entonces también se especifiquen con exactitud en el mismo acto de molestia. Sobre esta cuestión, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su actual integración, al resolver la contradicción de tesis número 94/2000-SS, sustentó el criterio de que ‘... la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, atendiendo al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico ...’, por lo que en este contexto, dicho Alto Tribunal considero que la formalidad de fundar en el acto de molestia, la competencia de la autoridad que lo suscribe ‘... constituye un requisito esencial del mismo, toda vez que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido realizado por el órgano de la administración de que se trate, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorice a ejecutarlas’. Las consideraciones antes transcritas, mismas que este Tribunal Colegiado hace suyas para resolver la litis puesta a debate en la presente revisión, originaron que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentara la jurisprudencia clave 2a./J. 57/2001, visible en el Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, noviembre de 2001, página 31, que a la letra establece: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ (se transcribe). En este sentido, como lo ha establecido la Segunda Sala de este Alto Tribunal, si la garantía de fundamentación prevista en el artículo 16 constitucional, conlleva la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales, que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, como en la especie es una orden de visita, luego entonces, resulta indispensable, por lo que hace a la facultad ejercida en un acto de molestia, que en el documento que se contenga, se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora, para tomar una determinación que sustente la legalidad de una facultad de comprobación ejercida en el domicilio de los gobernados; por lo que en este orden de ideas, si como ha quedado analizado con anterioridad, en el caso de la multa impugnada en el juicio de nulidad, el mismo administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, en la orden de visita de la que se derivó dicho gravamen, no cumplió con el requisito de citar con precisión la fracción y el párrafo del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, que prevenga su facultad para designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, en consecuencia, esa omisión se traduce en una falta de exactitud en la cita del precepto legal, lo cual, de conformidad con las consideraciones sustentadas por el más Alto Tribunal de nuestro país, provoca la ilegalidad del acto de molestia, por no mencionar la fundamentación necesaria para que en una orden de visita domiciliaria, se pueda designar el o los visitadores y que puedan actuar conjunta o separadamente, y de ahí lo infundado del único agravio de la revisión. En este orden de ideas, cabe agregar que no impide llegar a la anterior conclusión lo alegado por la revisionista, en el sentido de que en la orden de visita solamente se autorizó a un solo visitador; y ello se dice así, ya que esa circunstancia de que se hubiera autorizado a un solo visitador no exime a la autoridad para fundar su competencia a efecto de poder designarlo y además que éste pudiera actuar de manera separada o conjunta, pues independiente de que sea uno o más, en la especie, el hecho que se sanciona es precisamente la omisión de la autoridad para fundar su competencia, a efecto de que pudiera designar visitador; de ahí que tampoco importa que la designación de un solo visitador pueda ser conjunta o separada, toda vez que esa circunstancia de manera alguna subsana el vicio formal en que incurrió la autoridad de omitir fundar debidamente la facultad ejercida de designar visitador; de ahí que en este aspecto, también resulte infundado el único agravio de la revisión. Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado en sesiones del veintitrés de junio, siete y catorce de julio, seis de octubre de dos mil cinco, dieciséis de marzo de dos mil seis, y ocho de mayo de dos mil seis, al resolver los recursos de revisión fiscal 124/2005, 132/2005, 138/2005, 203/2005, 55/2006 y 149/2006, respectivamente. Por ende, al ser infundados los argumentos que conforman el único agravio de la autoridad revisionista, y al subsistir la causal de nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia recurrida."

Igual criterio sostuvo el citado Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 413/2006, en sesión de treinta de noviembre de dos mil seis.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver la revisión fiscal 242/2006, en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil seis, en lo conducente, consideró:

"QUINTO. Los agravios que expresa el administrador de la Administración Local Jurídica de Torreón, en representación de la autoridad demandada, resultan infundados por una parte y fundados y suficientes para revocar la sentencia combatida, por otra. Consta de autos, que Jorge Fragoso Serena, en representación de El Color de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, acudió ante la Tercera Sala Regional Norte Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 324-SAT-05-III-B2-8553, de treinta y uno de agosto de dos mil cinco, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, mediante la cual se determina una multa a cargo de la empresa, por la cantidad de nueve mil setecientos ochenta y tres pesos. La autoridad demandada, contestó a la instancia sosteniendo la legalidad del acto impugnado. La Tercera Sala Regional Norte Centro II, dictó sentencia en la que declaró la nulidad del acto impugnado. Esta resolución constituye la materia del presente recurso de revisión fiscal. En síntesis propone la autoridad recurrente en su único agravio, que se viola en su contra lo dispuesto en los artículos 38, fracción III, 237, primer párrafo y 239 del Código Fiscal de la Federación, pues la Sala indebidamente invoca argumentos que no se hicieron valer en el juicio de nulidad, pues la litis a dilucidar era establecer si la autoridad, Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, fundó debidamente su competencia para designar visitadores, y las consideraciones de la a quo, son excesivas, pues para satisfacer las exigencias del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es suficiente que el mandamiento de autoridad conste por escrito, sea emitido por autoridad competente, exprese el nombre de la persona a visitar y el domicilio en el que deba efectuarse la visita, el objeto que se persigue y los demás requisitos que señalan las leyes de la materia, requisitos que fueron cubiertos en la orden de verificación. Continúa manifestando la autoridad disconforme, que si bien es cierto, que las órdenes de visita deben estar debidamente fundadas y motivadas, también lo es que no se debe llegar al extremo de lo resuelto por la Sala, pues estima que en las órdenes de visita, lo que debe citarse son las disposiciones que otorgan competencia material y territorial. Que no es verdad que forzosamente deba citarse el artículo 43, fracción II y segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues ese precepto constriñe a que en las órdenes que se emitan para realizar una visita domiciliaria, se expresen los nombres de las personas que deban efectuar la visita, quienes podrán hacerlo conjunta o separadamente, lo cual no implica, la cita del mencionado numeral en las referidas órdenes de visita, pues se debe interpretar en el sentido de que se puedan designar visitadores aislados o en grupo, para que, en forma individual o colectiva, efectúen la visita respectiva. Argumenta la autoridad recurrente que es suficiente con que en la orden de visita domiciliaria se hubieran citado los preceptos legales y reglamentarios que establecen la competencia específica para ese tipo de actuaciones pues de ellos se desprende la cita del que faculta al administrador para ordenar ese tipo de actuaciones. Que en el caso, se citó el artículo 18, primer párrafo, apartado A, fracción II, párrafos segundo y penúltimo, en relación con el 16, fracciones VIII, IX, X y XXII, y penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el último de los cuales en la fracción IX, faculta a la autoridad a ordenar y practicar visitas domiciliarias y si el penúltimo párrafo del artículo 18, fracción II, apartado A, señala que los administradores estarán asistidos por sus auxiliares en el ejercicio de sus funciones, por la imposibilidad de que el propio administrador sea quien ejecute todas las funciones, y resulta absurdo, considerar que no tiene facultades para designar visitadores. Plantea la recurrente, que de considerarse acertado lo propuesto por el actor, sería el administrador quien tendría que practicar todas las funciones a que se contraen las facultades que le son conferidas, lo cual obviamente, haría imposible el desempeño de sus funciones. Que en la especie, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, actuó con estricto apego a derecho, pues fue precisa y clara, al señalar su competencia para emitir la orden de visita domiciliaria y actuó en los términos en que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria lo faculta; que es cierto que la designación de los auditores actuantes es resultado del ejercicio de la facultad de comprobación, pues el administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón, ordenó la actuación al personal que las necesidades del servicio requirió, en el caso, a los visitadores y, es claro que su actuación se ajustó a derecho y el único visitador autorizado, fue Óscar Saúl Salas Sánchez, visitador adscrito a la administrador (sic) Local de Auditoría Fiscal de Torreón, quien practicó la visita a la actora por lo cual, no se materializa una afectación real que haya afectado sus defensas y menos que haya trascendido al sentido de la resolución impugnada, puesto que aun y cuando del texto de la orden de visita se desprenda que los visitadores designados podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separada, únicamente se señala un visitador y no a múltiples visitadores. Invoca el criterio de rubro: ‘VISITADORES DESIGNADOS PARA EFECTUAR LA VISITA DOMICILIARIA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ESTA ÚLTIMA SEA REALIZADA SÓLO POR ALGUNO DE ELLOS NO LE RESTA VALIDEZ.’. Es infundado lo expuesto por la autoridad recurrente, en lo que atañe a que en el caso se viola el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues contrario a lo que expone, la Sala resolutora no desatendió la litis propuesta, ya que precisamente en el primero de los conceptos de nulidad propuestos, la actora hizo valer la inadecuada fundamentación de la orden de verificación de comprobantes fiscales, por la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad para designar visitadores, que actuaran de manera conjunta o separada, que fue precisamente la materia del análisis realizado por la Sala. Por otra parte, es fundado el argumento de la recurrente en cuanto sostiene que solamente se requiere que se citen los preceptos que facultan a la autoridad para emitir la orden de visita y en el caso, se designó un solo visitador, por lo cual, no era necesario que se invocara la fracción inciso o subinciso del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, como lo exige la Sala recurrida. En efecto, aun cuando este tribunal al resolver las revisiones fiscales 163/2006 y 200/2006, sustentó el criterio de que aun cuando fuera un solo verificador designado, en la orden de visita debe citarse el precepto que autoriza al administrador a designar múltiples visitadores y que éstos realicen la visita de manera conjunta o separadamente; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema en el caso que nos ocupa conduce a este tribunal a variar el criterio anteriormente señalado, en atención a las siguientes consideraciones: En el caso, se cuestiona si al designar a un verificador, la autoridad administrativa debe señalar el precepto que le autoriza a hacer la designación y, si no obstant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20210-6e7db393/orden-de-visita-domiciliaria-la-autoridad-emisora-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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