COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que la formula el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Querétaro, Querétaro, en relación con una ejecutoria emitida por dicho órgano jurisdiccional.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria de veintiocho de febrero de dos mil ocho, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo fiscal 594/2007, en lo conducente, son las siguientes:
"SEXTO. Los conceptos de violación son infundados, sin embargo, en suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis, fracción III, de la Ley de Amparo, se estima que la resolución reclamada es violatoria de garantías individuales, como se verá a continuación: De las constancias del expediente administrativo 2626/06-09-01-2, se desprenden los siguientes antecedentes: a) El comisariado ejidal del ejido Las Palmas, del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución dictada por el delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, el veinticinco de mayo de dos mil seis, en el recurso de revisión 03/2006, de su índice. Como hechos de su demanda, señaló que el dos de octubre de dos mil cinco se llevó a cabo una asamblea de ejidatarios del ejido Las Palmas, del Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, mediante la cual se tomaron diversos acuerdos; ordenándose en dicha acta, la inscripción de la misma en el Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, por lo que, el once de octubre de dos mil cinco, se solicitó a dicha dependencia la inscripción del acta referida y el treinta y uno de octubre de ese mismo año, le fue negada la inscripción; resolución contra la cual el trece de marzo de dos mil seis, interpusieron (sic) recurso de revisión, el cual, el veinticinco de mayo de dos mil seis, confirmó la calificación registral de treinta y uno de octubre de dos mil cinco. Como pruebas de su parte, el comisariado aquí quejoso, en el juicio de nulidad ofreció las resoluciones antes referidas, las cuales al respecto señalan: Resolución de treinta y uno de octubre de dos mil cinco, mediante la cual se niega la inscripción del acta de asamblea de dos de octubre de dos mil cinco: ‘Consideraciones ... Primero. El suscrito registrador integral es competente para conocer y calificar la presente documentación, de conformidad con lo establecido por los artículos 148, 150 y (sic) fracción VII de la Ley Agraria 4o., 6o., 25, fracciones I y II, inciso i), 35, 36, fracción IX, 38, 42, 53 (sic) 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Segundo. Por lo que hace a la documentación presentada, se desprende que la segunda convocatoria fue expedida dentro del término señalado en el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley Agraria en vigor. Tercero. Que la referida segunda convocatoria, fue expedida por los integrantes suplentes del consejo de vigilancia, lo que contraviene a lo señalado en el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Agraria en vigor ...’. ‘Calificación registral. Primero. En términos del artículo 58, fracción III, del artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional o por lo expuesto en la consideración tercera de la presente resolución, al no reunir los requisitos de fondo, se deniega el servicio registral respecto de la inscripción del acta de asamblea relativo (sic) a la elección de los órganos de representación ejidal, pertenecientes al núcleo agrario denominado «Las Palmas», del Municipio de Tamuín, de esta entidad federativa.’. Resolución de veinticinco de mayo de dos mil seis, dictada dentro del expediente RR. 03/2006: ‘Primero. Se confirma la calificación registral de fecha treinta y uno de octubre de dos mil cinco, que denegó la inscripción del acta de asamblea de ejidatarios de fecha dos de octubre de dos mil cinco, donde se eligieron órganos de representación del ejido denominado «Las Palmas» del Municipio de Tamuín, de esta entidad federativa, en base a lo razonado y fundamentado en la parte considerativa de la presente resolución.’. Como se apuntó, en contra de esta última resolución, el comisariado ejidal de referencia promovió juicio de nulidad, en el que por resolución de diez de octubre de dos mil seis, la Sala Fiscal, determinó que era improcedente el juicio. Inconforme con la decisión, el comisariado ejidal promovió juicio de garantías del que por turno correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, quien en el juicio de amparo directo administrativo 66/2007, el treinta de mayo de dos mil siete, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el tribunal responsable, dejara insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emitiera otra, en la que cumpliera con el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Al dictar la nueva resolución el cinco de junio de dos mil siete, el Tribunal Fiscal sostuvo ser incompetente para conocer de la demanda planteada, en base a las consideraciones ya transcritas (determinación que constituye el acto reclamado en el presente asunto). Hechas las anteriores precisiones, el ejido quejoso alega en su primer concepto de violación, la inconstitucionalidad de los artículos 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, por contravenir los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso y obtención de justicia pronta y expedita consagrados en los artículos 14, 16 y 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior resulta infundado, en atención a lo siguiente: ... En consecuencia, el concepto de violación formulado por el ejido agraviado deviene infundado, sin que se advierta motivo manifiesto que suplir, en términos del artículo 76 Bis, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otro lado, el ejido quejoso sostiene medularmente en el segundo y tercer motivos de disenso, los cuales se analizarán conjuntamente, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, que son ilegales las consideraciones de la resolución reclamada, por las siguientes razones: a) Que el propio Reglamento del Registro Agrario Nacional, establece la procedencia del recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contra la calificación negativa dictada por dicha autoridad ante la presentación de un acta para su inscripción. b) Que en la especie se trata de un problema de materia agraria y no de justicia agraria, por tanto no es aplicable la fracción a que alude el Tribunal Fiscal (sic). c) Que no son aplicables los artículos 1o. y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, porque la naturaleza de lo que se pide no tiene nada que ver con un acto de jurisdicción. d) Que contrario a lo aducido por la autoridad responsable, el artículo 11, fracción XIII, en relación con el diverso 1o., tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí es aplicable en la especie, pues la resolución emitida dentro del expediente RR. 03/2006, de veinticinco de mayo de dos mil seis, es un acto de autoridad que pone fin a un procedimiento administrativo (instancia), que sigue su curso en la resolución de la demanda de nulidad que se plantea. e) Que el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé que dicho ordenamiento se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, misma que está conformada por las secretarías de Estado, entre otras, las cuales cuentan con órganos administrativos desconcentrados, estando así, a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria, entre otros asuntos, tener al corriente al Registro Agrario Nacional, el cual es un órgano desconcentrado de dicha secretaría cuya finalidad es el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de la Ley Agraria y en él se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal (artículo 148 de la Ley Agraria). f) Que aun cuando el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala que dicho ordenamiento legal no será aplicable a la justicia agraria, lo cierto es, que no hace alusión a la materia agraria y aunque la materia agraria abarca el Registro Agrario Nacional, dicho organismo es una autoridad administrativa, cuyas funciones como autoridad registral son declarativas y no constitutivas de derechos; luego, tal organismo no dicta justicia, no imparte justicia agraria, sólo le competen los actos relacionados con el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental (artículo 148 Ley Agraria y 1o. del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional). g) Que la justicia agraria y materia agraria no son sinónimos, la primera es dar a cada quien lo suyo, en tanto que la materia agraria, si bien incluye a la justicia agraria, también abarca lo relativo al Registro Agrario Nacional. h) Que el Registro Agrario Nacional, es una institución análoga al Registro Público de la Propiedad, quien se encarga de dar publicidad a los actos jurídicos y que éstos surtan efectos contra terceros, por lo que el citado Registro Agrario Nacional, carece de facultades para calificar aspectos intrínsecos de los actos jurídicos, por lo que las resoluciones dictadas por éstos, no se ubican en los supuestos de competencia de los tribunales agrarios, ya que en ninguna de las fracciones a que alude el artículo 18 de la Ley Agraria, se prevé que la negativa de inscripción de un acta de asamblea, sea materia de controversia agraria o de nulidad, lo cual es obvio atendiendo a la naturaleza de las características del referido registro agrario; a más de que tampoco tal institución, altera, modifica o extingue algún derecho u obligación derivado de una asamblea. i) Que al fijar el legislador la hipótesis de competencia de la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no fue la de condicionar la procedencia del juicio contencioso administrativo al indefectible agotamiento del recurso de revisión, sino la de incluir dentro del ámbito de competencia del Tribunal Fiscal de la Federación el conocimiento de las controversias que indica. j) Que existe indebida fundamentación en el acto reclamado por las razones expuestas. Los anteriores asertos resultan infundados, ya que es legal la premisa fundamental sobre la que se sustentó el Tribunal Fiscal para declararse incompetente, en atención a que el fondo de la litis sometida a su potestad corresponde a los tribunales agrarios. Para demostrarlo, en primer lugar, es pertinente narrar las consideraciones torales de la resolución reclamada, en las que el Tribunal Fiscal sustentó que si bien la determinación impugnada ante él, derivaba de un recurso de revisión interpuesto en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicable en términos de los artículos 1o. y 63 del Reglamento Interior del Registro Nacional Agrario (sic) no por ello era competente dicha Sala Fiscal para conocer del fondo de la controversia, pues aun cuando la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, expresamente señalaba que ese tribunal conocería de los juicios que se promovieran contra las resoluciones definitivas que fueran dictadas por las autoridades administrativas que pusieran fin a un procedimiento, a una instancia o resolvieran un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimien
o Administrativo, como era el caso, más cierto era, que la materia agraria se encontraba restringida en su conocimiento a los tribunales agrarios, conforme al artículo 27, fracción XIX, de la Constitución, así como en (sic) los artículos 1o. y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que señalaban en esencia, respectivamente, que para la administración de la justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción y que los Tribunales Unitarios Agrarios conocerían de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteraran, modificaran o extinguieran un derecho o determinaran la existencia de una obligación, así como de los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, los resultantes de los actos o contratos que contravinieran las leyes agrarias y de las controversias relativas a los contratos de asociación de tierras ejidales a que hacía alusión el artículo 45 de la Ley Agraria. Que aun cuando en la controversia planteada, correspondía dilucidar la legalidad de la resolución que declaró infundado el recurso de revisión aludido, lo cierto era, que en base a los artículos 1o., segundo y tercer párrafos, y 50, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo (sic) dicho tribunal se encontraría obligado al estudio del acto primigenio que correspondía a los puntos establecidos en el acta de asamblea de dos de octubre de dos mil cinco, cuya inscripción fue denegada; por lo que, aun cuando el Registro Agrario Nacional fuera un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo cierto era, que el análisis del fondo de la controversia, involucraba cuestiones que no correspondían conocer a ese tribunal, al ser actos cuyo origen debía ventilarse a través de la justicia agraria. Que el supuesto regulado en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el que determinaba que dicho ordenamiento no sería aplicable, entre otras materias, a la de justicia agraria, entendida como aquella cuya finalidad es la de ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, resolviendo todas las controversias que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que fuera el origen de éstos, se encontraran pendientes o se suscitaran entre dos o mas núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades; en tanto que, la materia agraria se refería a todo aquello relacionado con el agro mexicano que nacía con los postulados de la revolución; concretizándose en el artículo 27 de la Constitución, creando ordenamientos y regularización para la propiedad rural, que brindaran certeza jurídica a los habitantes del medio rural, así como sentar las bases para solucionar los conflictos derivados de la tenencia de la tierra, por tanto, podían tenerse como sinónimos, el término ‘justicia agraria y materia agraria’, ya que no podían desligarse ni entenderse ajenos al converger uno en el otro. Es legal el proceder de la autoridad responsable, por lo siguiente: Los artículos 1o., 2o., 17 y 41, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen: ‘Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.’. ‘Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada: I. Secretarías de Estado; II. Departamentos administrativos; y, III. Consejería jurídica.’. ‘Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado y los departamentos administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.’. ‘Artículo 41. A la Secretaría de la Reforma Agraria corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... V. Hacer y tener al corriente el Registro Agrario Nacional, así como el catastro de las propiedades ejidales, comunales e inafectables; ...’. Conforme a lo anterior, se desprende que la Secretaría de la Reforma Agraria, es un organismo que forma parte de la administración pública centralizada y que a ella le corresponde entre otras cuestiones, tener al corriente al Registro Agrario Nacional, el cual es un órgano desconcentrado de la referida secretaría, en términos de los artículos 148 de la Ley Agraria y 1o. del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que a su vez establecen: ‘Artículo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.’. ‘Artículo 1o. Este reglamento tiene por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento del Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con autonomía técnica y presupuestal, conforme a las atribuciones y facultades que expresamente le confiere la Ley Agraria, otras leyes y reglamentos, así como los acuerdos e instrucciones del secretario de la Reforma Agraria.’. El dispositivo legal 148 citado, también permite establecer cuál es la finalidad del Registro Agrario Nacional, señalando que es un órgano de control en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y de los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. Previo a la inscripción de los documentos indicados con antelación, el Registro Agrario Nacional por conducto del servidor público denominado registrador, tiene la atribución de calificar los actos jurídicos y documentos que conforme a la ley y reglamentos deben registrarse, así como su ordenación en folios e integración de los índices, y para ello se establece todo un mecanismo regulado de los artículos 35 a 65 del reglamento en cita. En lo que interesa al presente asunto, el artículo 36 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, dispone que son actos jurídicos que se pueden inscribir los que constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos y obligaciones, dentro de los que se encuentran, los relativos a los órganos de representación de los núcleos agrarios (fracción IX). Por su parte, el dispositivo reglamentario 56 establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su más estricta responsabilidad cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos cumplen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normatividad que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad. De esta manera la calificación será negativa, cuando: I. El documento presentado no sea de los que conforme a la ley o sus reglamentos deba inscribirse, o que el mismo no sea idóneo para acreditar el acto jurídico de que se trate; II. El acto jurídico no sea, en los términos de la fracción anterior, susceptible de inscripción; III. El documento no cumpla con las formalidades que establezca la ley de que se trate, se presente incompleto o alterado de manera evidente, o; IV. Los planos no se apeguen en su caso a las normas y especificaciones técnicas emitidas por el registro (artículo 58 idem). De lo hasta aquí señalado, puede concluirse válidamente que el Registro Agrario Nacional, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, que tiene como finalidad llevar el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental de la misma; con atribuciones, incluso, para calificar los documentos y actos jurídicos que se pretenden inscribir. Por otra parte, se advierte que dicha institución no tiene como función dirimir conflictos en relación con la materia agraria, sino más bien dar publicidad a los actos jurídicos relacionados con el régimen de propiedad ejidal o comunal, con el objeto de que éstos surtan efectos contra terceros. Bajo esta temática, conviene precisar que los sujetos de derecho agrario, ante las determinaciones que nieguen el servicio registral, pueden inconformarse a través del recurso de revisión en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 63); y lo resuelto en éste puede a su vez, impugnarse a través de la vía jurisdiccional correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 83, párrafo primero, de la ley en comento, el cual dispone: ‘Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.’. Ahora bien, en ese sentido es necesario traer a colación lo dispuesto, en el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice textualmente: ‘Artículo 27. ... XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, ...’. Del precepto constitucional reproducido, se desprende que éste busca proteger los derechos de los hombres del campo, proporcionándoles seguridad jurídica respecto de la tenencia de la tierra a los núcleos ejidales y comunales, sus integrantes y a los propietarios rurales que no rebasen los límites de la pequeña propiedad. También la disposición constitucional establece que son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así
omo las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Y para esos efectos, y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción. Luego, la impartición de justicia que asumen los tribunales especializados, no se agota en los asuntos de límites y tenencia ejidal o comunal, estrictamente, sino que abarca otros más que se refieren al objetivo primordial de esa disposición, ya que en la norma de mérito se hace alusión tanto a esas cuestiones como ‘en general’ a la administración de justicia agraria, lo que se corrobora de lo manifestado en la exposición de motivos de la reforma al dispositivo en comento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, en la que se les atribuye a los Tribunales Federales Agrarios competencia para resolver ‘entre otros’ los asuntos relativos a la tenencia de la tierra de ejidos y comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites. Por tanto, conforme a la fracción XIX del artículo 27 constitucional, la función jurisdiccional que tutela se extiende a toda la cuestión agraria con la finalidad de salvaguardar la seguridad jurídica, tanto de los núcleos de población ejidales y comunales, ejidatarios y comuneros, e incluso a los propietarios de derecho civil de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, los cuales también pueden acudir en defensa y protección de sus derechos ante los tribunales agrarios creados con ese objetivo. Consecuentemente, la Ley Agraria a fin de tomar en consideración los principios fundamentales consagrados en ese aspecto en la Constitución, establece normas sustantivas y adjetivas, las primeras versan sobre las instituciones centrales del régimen agrario, a saber: política de desarrollo y fomento agropecuario, los sujetos del derecho agrario (los ejidos y comunidades; ejidatarios y avecindados; sociedades rurales; propietarios individuales de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, que no rebasen los límites de una pequeña propiedad; sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales); la tenencia de la tierra, las operaciones a propósito del uso y aprovechamiento de los inmuebles rurales y diversas instituciones llamadas a intervenir en ese ámbito; las segundas, hacen alusión al procedimiento judicial ordinario, cuyo contenido se encuentran en el título noveno de ese ordenamiento jurídico (artículos 163 a 200), denominado: ‘De la justicia agraria’. Así, en este ordenamiento jurídico se clasifica el universo de personas con obligaciones y derechos sustantivos a la luz de las leyes de la materia, y todas pueden participar en el juicio agrario, bien sea como actores o demandados, o bien, como terceros, siempre que la materia del conflicto verse sobre el discernimiento de la aplicación de las normas agrarias, lo que ha de actualizarse cuando en la controversia esté involucrado un derecho agrario, de conformidad con lo previsto en el artículo 163 de la ley mencionada, que dispone: ‘Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley ...’. En efecto, como es fácil apreciar, este precepto legal determina la naturaleza de los juicios agrarios, no por los entes demandantes o por las partes contendientes, sino por la naturaleza de la litis en función de la aplicación de las disposiciones de la Ley Agraria, por falta de esa aplicación o ante la necesidad de que tal ordenamiento se aplique a casos concretos. Sobre lo expuesto con antelación, conviene analizar lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en sus artículos 1o. y 18: ‘Artículo 1o. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.’. ‘Artículo 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer: ... IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; ... XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes.’. Los preceptos reproducidos establecen que los Tribunal (sic) agrarios son órganos dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, señalando cuál será su competencia, para lo que dice conocerán de las controversias suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidal comunal, de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; de la restitución de tierras, bosques y aguas; del reconocimiento del régimen comunal; de juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o exting
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21011-6caf391e/competencia-para-conocer-del-juicio-de-nulidad-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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