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JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES. AUN CUANDO EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA ABROGA LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO DE MENORES DEL ESTADO DE MÉXICO, DE 20 DE ENERO DE 1995, ELLO NO IMPOSIBILITA SU APLICACIÓN ULTRA ACTIVA EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE HASTA SU CONCLUSIÓN ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES. JUSTICIA PARA ADOLESCENTES INFRACTORES. LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA AL DIVERSO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 12 DE DICIEMBRE DE 2005, NO IMPLICA QUE UNA VEZ FENECIDO EL PLAZO DE SEIS MESES Y CUMPLIDA LA DISPOSICIÓN POR LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y EL DISTRITO FEDERAL, LAS DEPENDENCIAS VINCULADAS CON LA JUSTICIA PARA MENORES CESEN, SUPRIMAN O SUSPENDAN EL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTAN A LOS HABITANTES DE SU ENTIDAD, NI QUE SE ABROGUEN LAS LEGISLACIONES RELATIVAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 185/2006. · Registro digital (IUS): 20227
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 2586.

AMPARO DIRECTO 185/2006.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los conceptos de violación expuestos por ... son infundados, sin que en la especie este Tribunal Colegiado encuentre motivo alguno por el cual suplir la deficiencia de la queja en términos de las fracciones II y V del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.(2)

En atención a una debida elaboración de una sentencia de amparo en materia penal, los motivos de inconformidad planteados por el amparista se contestarán en orden diverso al que fueron planteados.

De esta forma, la primera parte del concepto de violación sintetizado como inciso 1), en el cual aduce el demandante de amparo que la sentencia definitiva reclamada es violatoria de la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haberse respetado los principios de debido proceso y exacta aplicación de la ley penal, resulta infundada, toda vez que del análisis oficioso realizado por este Tribunal Colegiado, se advierte que en el proceso instruido al demandante de amparo, a diferencia de lo que sostuvo, sí fueron observadas de manera cabal las formalidades esenciales del procedimiento, atento a las consideraciones subsecuentes.

De acuerdo al estudio de los autos que integran el expediente en estudio, se constata que el agente del Ministerio Público, durante la integración de la averiguación previa ... al advertir que ... contaba con una edad de dieciséis años, decretó su retención física y material, y declinó su competencia a favor del Consejo de Menores, con sede en Zinacantepec, Estado de México, a quien remitió las actuaciones, por considerarlo como probable responsable en la comisión de la conducta descrita como violación por equiparación, prevista y sancionada en el artículo 273, en directa correspondencia con el diverso 273 bis, en relación con los numerales 6o., 7o., 8o., fracción I, 9o. y 11 del Código Penal para el Estado de México, ilícito considerado como infracción en el numeral 1o. de la Ley de Prevención y Tratamiento de Menores del Estado de México, en agravio de ...

Así, el doce de agosto de dos mil seis se radicó el asunto ante el Consejo de Menores del Estado de México, quien lo registró bajo el número de expediente ... y calificó de legal la detención de ... al haberse efectuado en flagrancia equiparada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 16 del Pacto Federal,(3) así como por la fracción I del diverso 141 y 142 del ordenamiento adjetivo aplicable a la materia y fuero.(4)

El mismo día se recabó su declaración inicial (fojas 51 y 52), la cual se desahogó en presencia del defensor de oficio, así como del comisionado y consejeros en psicología adscritos, durante la cual se le hicieron saber los derechos que a su favor otorga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 37 de la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado de México; y una vez enterado de la imputación que existía en su contra, bajo conocimiento del contenido de la fracción II del numeral 20 de la Ley Suprema de la Unión, manifestó ser su deseo declarar.

El quince del mes y año referido, se resolvió su situación jurídica mediante la resolución técnico-jurídica, en la que se estimó decretar en contra de ... sujeción a proceso con internamiento por aparecer como probable responsable en la comisión de la infracción denominada violación por equiparación, prevista y sancionada por el artículo 273, en relación con el diverso 273 bis, y en correspondencia con los ordinales 8o., fracción I, 9o. y 11, fracción II, inciso c), todos del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de ...

En atención a lo anterior, se fijó el veintidós de agosto siguiente para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, misma que se celebró en sus términos, en la cual la defensa particular del quejoso ofertó las pruebas consistentes en las ampliaciones de declaración de su representado ... así como las testimoniales a cargo de ... los careos constitucionales y procesales; la documental pública consistente en constancia de buena conducta a favor del amparista.

Por su parte, el comisionado adscrito ofertó las ampliaciones de declaración de ... y de ... así como las testimoniales a cargo de ...

Medios de prueba que fueron admitidos en su totalidad, desahogándose únicamente las ampliaciones de declaración de ... y la de ... así como el careo constitucional entre este último y la pasivo. Lo anterior, toda vez que la defensa particular del quejoso se desistió de los medios probatorios restantes (foja 84 vta).

Así, se declaró cerrada la instrucción y se citó para la celebración de la audiencia de conclusiones, en la que la comisionada presentó sus conclusiones de culpabilidad, así como la defensa sus respectivas de inculpabilidad, luego de lo cual, el seis de octubre de dos mil seis resolvió en forma definitiva el expediente ... en la que determinó que ... era responsable de la infracción de violación por equiparación en agravio de ... por lo que ordenó que debería recibir tratamiento rehabilitatorio con internamiento en la Escuela de Rehabilitación para menores "Quinta del Bosque", hasta por un término de ochocientos veinte días naturales.

Inconforme con la resolución anterior ... por conducto de su defensor particular, interpuso el recurso de apelación del que conoció el Colegio Dictaminador, quien el veinticinco de octubre de dos mil seis, dentro del toca ... que constituye ahora el acto reclamado, luego de analizar los agravios expresados resolvió modificar la resolución de primera instancia, para el efecto de que el menor recibiera tratamiento rehabilitatorio por un término de trescientos sesenta y cinco días naturales.

Por ende, se estima que en modo alguno se vulneraron las garantías consagradas en el apartado A del artículo 20 de la Ley Suprema de la Unión, así como las formalidades que rigen el procedimiento establecidas en el diverso 14 del mismo ordenamiento.

En tal contexto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

De igual forma, resultan infundados los conceptos de violación sintetizados como parte de los incisos 1), 2), 2a) y 2b), en los que el demandante de amparo, en atención a la causa de pedir, sostuvo como argumento toral que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en primer lugar, el Colegio Dictaminador que emitió el acto reclamado es un órgano inconstitucional que carece de competencia para resolver la situación legal del infractor quejoso, ello en virtud, que de conformidad con el texto del artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil cinco, mediante el cual se reformó el ordinal 18 del Pacto Federal, textualmente estableció:

"TRANSITORIOS

"...

"Segundo. Los Estados de la Federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del presente Decreto."

El plazo para que las entidades federativas crearan las leyes, tribunales y procedimientos inherentes a la reforma constitucional feneció el doce de septiembre de dos mil seis; sin embargo, el impetrante de garantías fue condenado por resolución de veinticinco de octubre de dos mil seis por tribunales que fueron creados en la Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado de México, vigente desde el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y seis, luego, al emitirse con posterioridad a la fecha límite que estableció el referido transitorio, claramente resulta violatoria de garantías e inconstitucional, pues a partir de esa fecha la autoridad responsable dejó de tener competencia para resolver la situación del gobernado y careció de facultades legales para emitir el acto reclamado.

Además, agregó que se transgredió la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CNUDN), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.

Como se expresó con antelación, los razonamientos en que se sostienen los argumentos del demandante de amparo resultan infundados, ello en atención a las siguientes consideraciones de derecho.

Debido a lo complejo del motivo de inconformidad, se considera necesario utilizar una metodología de lo general a lo particular y realizar de manera preliminar ciertas precisiones jurídicas respecto a los tipos de normas jurídicas, así como los temas relativos a su eficacia, vigencia y permanencia, sin soslayar la naturaleza, contenido e interpretación de los artículos transitorios, pues precisamente son estos tópicos sobre los que radica la pretensión de defensa del justiciable.

Con base en lo anterior, para lograr arribar primeramente a la clasificación de los tipos de normas jurídicas, es válido iniciar con la premisa mayor de que el derecho, como institución jurídica del pueblo mexicano, tiene como fin último el regular las conductas de sus gobernados, por lo que a pesar de contener diversos tipos de formulaciones, es característico que sus enunciados no solamente establezcan un deber ser, sino que sus propiedades dependen del sistema normativo al que pertenecen.

En efecto, desde el punto de vista formal, los enunciados de un sistema jurídico pueden ser considerados como normas cuando, partiendo de una concepción del derecho como sistema, sus enunciados prevén un supuesto de hecho o se relacionan entre sí para vincular uno con una consecuencia jurídica. Entre estos elementos existe una relación de consecuencia lógica que deriva de la estructura condicional de la norma. Afirmar que los enunciados de un sistema jurídico son normas "supone un sistema unitario y complejo que permite, mediante ciertos procedimientos, como son la interpretación y el análisis estructural de las normas, establecer la manera que los elementos de las normas previstos en diversos enunciados se enlazan y se complementan".(5) Sin embargo, a pesar de que las normas jurídicas poseen una estructura lógica común, es posible elaborar diferentes clasificaciones, dependiendo de su función en el derecho, por lo que se puede decir que existen distintos tipos de normas.

Coincide con el anterior argumento Adolphus Hart,(6) quien expresa que "es propio del derecho no solamente prescribir conductas (normas primarias), sino también regularse a sí mismo, por lo que contiene normas secundarias que se refieren al proceso de creación y aplicación de las normas primarias".

Dentro de esta segunda clase de normas, Hart define a la regla de reconocimiento, que permite determinar las normas que pertenecen al sistema, la regla de cambio, fundamental en virtud de la dinámica del derecho y la regla de adjudicación que establece los órganos y procedimientos de aplicación. Esta distinción permite separar los tipos de reglas, según su función en el sistema, lo cual no implica que su estructura lógica sea distinta.

A partir de esta clasificación, parecería correcto sostener que en virtud de su naturaleza, los artículos transitorios son normas que se refieren a otras normas, se podría decir que corresponden al tercer tipo de normas secundarias relativas a la adjudicación, ya que a pesar de que producen un cambio en el orden jurídico son disposiciones jurídicas cuyo objeto es determinar el modo de aplicación de otras normas. Sin embargo, considerando la estructura de las normas, el sujeto normativo no son las normas mismas, aun cuando se determine su vigencia, sino las autoridades que las han de aplicar. Las normas son el objeto respecto del cual se realiza la acción, son un elemento del supuesto, pero no el sujeto a quien se dirige la norma.

Una clasificación similar a la anterior, también es propuesta por Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin, para quienes "el sistema jurídico se integra por reglas de conducta y las reglas que forman parte del sistema del Juez",(7) considerando al primero reglas de conducta, denominado sistema del súbdito, subordinado con el segundo.

Siguiendo a estos autores, se podría decir que los artículos transitorios forman parte del sistema del Juez, más que del súbdito, puesto que el primero se integra por normas de competencia y normas de obligación. Los artículos transitorios podrían caber, dependiendo de su contenido, en el primer grupo, ya que pueden ser constitutivas de la autoridad judicial, sobre todo cuando autorizan la aplicación de normas derogadas (como en el presente caso se demostrará).

Las distinciones anteriores tienen como aspecto relevante evidenciar que las funciones de las normas jurídicas son distintas, pues aunque regulen conductas, ya sean actos, acciones o estados de las cosas, se pueden diferenciar en virtud del sujeto a quienes van dirigidas, así como por su objeto y eficacia. Así, se podría decir que existe un tipo de reglas que tienen como función regular las conductas de los individuos, y otras que se dirigen a las autoridades. Este segundo grupo puede subdividirse en aquellas cuya función es la realización de actos normativos, ya sea de introducción o de eliminación de las normas, atribuir competencias y determinar el modo de aplicación de otras normas. De modo que por su función, es posible distinguir las normas derogatorias, de las que establecen la vigencia o reglas de aplicación temporal de otras normas.

En función del carácter prescriptivo de las normas jurídicas se ha producido la vinculación del derecho a los conceptos de sanción y coacción, principalmente por la identificación de las normas jurídicas con las penales. Es por ello que se ha llegado a afirmar que un sistema normativo es jurídico porque prevé normas que prescriben actos coactivos y órganos que pueden ejecutar decisiones coercitivamente.

Pero si bien, la coercibilidad es una de las notas distintivas del derecho que provee a la eficacia en la aplicación de la norma mediante la ejecución de la sanción, ciertamente no es la única. Así, Hans Kelsen(8) consideraba a la sanción coactiva como elemento definitorio del derecho, puesto que hace posible exigir la realización de la conducta aun en contra de la voluntad del sujeto obligado; de esta forma, la aportación más valiosa de esta tesis, según el Magistrado que suscribe, es que presume una concepción del derecho como unidad, lo cual permite que las normas se interrelacionen y que cada norma esté vinculada de una manera más o menos directa a una sanción coactiva. No obstante, el hecho de que por su naturaleza las normas sean coercitivas, no implica la ejecución de un acto coactivo, ya que habrá de colmarse una hipótesis legal.

Pero la posibilidad de hacer una distinción entre diversos tipos de normas no implica la negación del carácter prescriptivo de los artículos transitorios, no solamente en virtud de su pertenencia al sistema jurídico, sino porque a pesar de ser reglas de aplicación que se refieren a otras normas, establecen obligaciones para los órganos aplicadores. De modo que al prever un deber ser en el supuesto que regulan, tienen que ser consideradas como normas y su contravención puede acarrear diversas consecuencias jurídicas.

Derivado de lo anterior, la funcionalidad o "funcionalismo legal" de las normas jurídicas, sólo puede ser entendida a partir de la operatividad del propio sistema jurídico. Para ello es necesario analizar su dinámica, así, utilizando un criterio temporal pueden diferenciarse diversos conjuntos de normas obligatorias en momentos distintos. Hacer una distinción de fondo entre sistema y orden jurídico,(9) términos que la doctrina tradicionalmente ha usado como sinónimos, pero que en la actualidad son utilizados cada vez con mayor frecuencia con una connotación propia, sirve para explicar el funcionamiento y la obligatoriedad de las normas.

Entre los presupuestos más relevantes sobre el funcionamiento del sistema jurídico se encuentra su naturaleza dinámica, el derecho es un ente en constante movimiento, cambiante, lo cual dificulta el conocimiento de las normas aplicables. Por ello, resulta conveniente hacer una distinción temporal utilizando los términos de sistema y orden jurídicos. El concepto de sistema jurídico es diacrónico,(10) ya que las normas que lo integran poseen eficacia a través del tiempo hacia el futuro y en ocasiones incluso hacia el pasado, esto posibilita en casos específicos tanto la retroactividad como la aplicación de normas no vigentes (como son las excepciones en la aplicación de normas derogadas previstas en artículos transitorios). Por ello, es que se puede decir que al sistema pertenecen, además de las normas vigentes, las que ya han sido derogadas.

Así, se sostiene que en la medida en que la realidad social regulada es esencialmente diacrónica, también debe ser el ordenamiento concebido en forma diacrónica, de donde se infiere que también las normas pretéritas o derogadas existen en cuanto normas, con ello, se actualiza el funcionamiento del sistema cuya estructura y operatividad da cabida a la ultra-actividad de las normas derogadas,(11) cuando así se encuentra previsto en alguna disposición vigente.

Así, resulta que el criterio de vigencia no sirve para identificar las normas que pertenecen al sistema jurídico, sino más bien para determinar su aplicabilidad. En consecuencia, sirve para identificar las normas que forman parte de un orden jurídico, el cual, a diferencia del sistema jurídico, es considerado como sincrónico. El orden jurídico representa al conjunto de normas que tienen aplicación simultánea en un momento determinado, ya que el orden se refiere a las normas vigentes. Como modelo es estático, puesto que al cambiar una sola norma general, ya sea por inclusión o rechazo, cambia el orden jurídico.

De modo que ¿saber cuál es la norma aplicable? depende de la determinación temporal del caso y del orden jurídico vigente, tanto en el momento de los hechos como en el de la emisión de la resolución por parte de la autoridad competente. En ocasiones, el sistema jurídico permite temporalmente y de manera excepcional la aplicación de normas que ya no están vigentes (ultra-actividad), esto es posible porque la derogación no afecta la pertenencia de una norma al sistema, sino su vigencia, por lo que una norma derogada deja de formar parte de los órdenes jurídicos sucesivos a partir del momento de su derogación o abrogación.

Una norma es vigente desde el momento en que una disposición del mismo sistema jurídico así lo prevé, ya sea mediante una disposición de carácter supletorio que establezca la regla general, o un artículo transitorio que lo determine específicamente (vacatio legis), hasta que es derogada o abrogada, sea expresa o tácitamente. La vigencia implica no solamente la aplicabilidad de la norma, sino también su introducción en el sistema, se podría considerar como el inicio de su existencia normativa, sin embargo, su obligatoriedad depende también de su validez.

También la validez de las normas está relacionada con su pertenencia al sistema jurídico, ya que, por una parte, la obligatoriedad de una norma declarada válida es incuestionable y, por otra, en cambio, al declararse la invalidez de una norma (con efectos generales) se podría decir que su eficacia es destruida completamente, ya que no podrá volver a ser aplicada bajo ninguna circunstancia, es decir, pierde no solamente su eficacia futura, sino también su potencial eficacia ultra-activa, la cual, sin embargo, conservan las normas derogadas, ya que solamente pierden su vigencia. Pero si la declaración de invalidez surte efectos particulares, solamente entonces la norma permanece tanto en el sistema como en el orden jurídico, y como se trata de una norma individualizada tampoco se produce un cambio de orden jurídico.

En este sentido, y al cumplir con la metodología propuesta al inicio del concepto de violación que se contesta, para conocer la naturaleza de los artículos transitorios no es necesario realizar un análisis semántico, pues de su denominación se infiere que la función de estos artículos es, en principio, temporal, y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su naturaleza jurídica se define por su función que se refiere a la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición, su aplicación retroactiva, ultra-activa o simplemente su derogación.

Erigiéndose como una característica elemental del "artículo transitorio" el cesar su eficacia una vez que ha cumplido su cometido (instantáneo o permanente), la regla general es que las normas jurídicas son expedidas por las autoridades competentes con el objeto de regular situaciones futuras, ya que se trata de establecer un orden social de determinada manera conforme a los preceptos que para ello se prevean en el sistema jurídico.

Otra peculiaridad de los artículos transitorios es que no regulan las conductas de los particulares, sino de las autoridades aplicadoras, bajo este argumento el filósofo del derecho Georg Henrik Von Wrigh(12) consideró a las normas que regulan conductas como: "normas de primer orden" y a las que establecen actos normativos, es decir, aquellas cuyo acto normativo es el acto de expedir o cancelar normas del primer orden como "normas de segundo orden", dicho concepto incluye las normas competenciales también de modo que, desde esta perspectiva, las normas derogatorias no deben contener normas prescriptivas del primer orden, o en otras palabras, regular las conductas de quienes no realizan actos normativos generales.

Como es bien conocido las normas jurídicas poseen una estructura común que se integra por un supuesto (o hipótesis que se integra por diversos elementos de la realidad regulada), una cópula (o nexo atributivo) y una sanción (entendida como consecuencias jurídicas, ya sean derechos u obligaciones). Los artículos transitorios no solamente forman parte del sistema jurídico, sino que también comparten esta estructura normativa, por lo que desde el punto de vista de su estructura, es válido afirmar que se trata de normas jurídicas en sentido estricto, pues regulan los actos relacionados con la aplicación de otras normas y la establecen como obligatoria, prohibida o permitida.

La diferencia entre los artículos transitorios y otro tipo de normas radica en dos aspectos importantes, por una parte, como se expresó en párrafos anteriores, respecto al sujeto normativo (a quien se dirige la norma), ya que normalmente se dirigen a las autoridades aplicadoras sin establecer obligaciones a los particulares y, por otra, su objeto, puesto que solamente pueden referirse a la vigencia o modo de aplicación de las normas que se expiden, aplican o derogan estableciendo o no condiciones para su aplicación; así, el cambio que las normas transitorias producen en el sistema jurídico, simplemente radica en regular el tránsito de un orden jurídico a otro, pero es de suma importancia dejar en claro que la norma es denominada transitoria en razón de su "función", no de su "estructura".

Además de las normas que prevén la vigencia de una nueva norma, existe otro tipo de artículo transitorio denominado normas derogatorias, cuyo objeto es poner fin a la vigencia de una o varias normas y en ocasiones autorizar su aplicación temporal previendo las reglas correspondientes, por lo que durante un lapso de tiempo coexistirán en el orden jurídico diferentes normas que regulan la misma materia sin incurrir en conflicto, pues se aplicarán diferenciadamente, según las circunstancias prescritas. La ultra-actividad de una norma derogada es viable porque la norma derogada no ha dejado de pertenecer al sistema. Generalmente, la ultra-actividad o supervivencia temporal de las normas derogadas es permitida para su aplicación a casos pendientes de resolución para evitar la vulneración de derechos adquiridos.

Otro aspecto especial de los artículos transitorios es que carecen de autonomía, es decir, solamente pueden existir en vinculación con otras disposiciones normativas. Por decirlo de alguna manera, son accesorios, pero no solamente eso, sino que a diferencia del resto de las normas jurídicas cuya vigencia, en principio, es indefinida, a menos que se estipule lo contrario en alguna disposición transitoria, la relevancia de la vigencia de estos artículos depende de su función, por lo que podría ser considerada como temporal. Por ejemplo, en el caso de las normas derogatorias previstas en un artículo transitorio una vez cumplida su función, la norma a que se refiere queda derogada definitivamente, por lo que si la norma derogatoria perdiera su vigencia, no se produciría ningún efecto respecto de la que ya había sido derogada, es como si una vez realizados sus efectos, su vigencia fuese irrelevante.

De esta forma, se puede afirmar que de acuerdo con su naturaleza existen, entre otras, tres clases de normas transitorias, a saber:

1) Las que determinan la vigencia de una norma, es decir, aquellos que establecen la entrada en vigor o vigencia temporal de las disposiciones a que se refiere a partir del momento de la promulgación o publicación de la norma, la eficacia de estos artículos transitorios es inmediata, por lo que su vigencia podría ser temporal, pues su función se agota al entrar en vigor la norma a que hacen referencia. Sujetando a término o condición la entrada en vigor de las disposiciones, como en el primer caso, su función se agota al entrar en vigor la norma a que hacen referencia. Sin perder de vista que, atento a su modo de aplicación, la vigencia de estas disposiciones debe ser un poco más permanente, ya que mantienen temporalmente vigentes algunas normas derogadas, las cuales versan normalmente sobre materia procesal, en tanto no se resuelven los casos pendientes previstos en el propio transitorio.

2) Las que establecen la derogación de una o varias disposiciones jurídicas, así ponen fin a su vigencia con lo cual su función se agota, ya que las normas derogadas no pueden recuperar su vigencia.

3) Las que establecen un mandato al legislador, independientemente de que esté sujeto a plazo o de que se prevea una sanción en caso de infracción, la vigencia de estos artículos depende del cumplimiento de la condición prevista (teoría de los componentes de la norma).

En relación con las normas que determinan la vigencia de otras normas, el primer y segundo tipo mencionados, ya que también las normas derogatorias se refieren a la vigencia, el sujeto normativo de las mismas es la autoridad que las debe aplicar. El tercer tipo, en cambio, se dirige al legislador o autoridad competente para emitir las disposiciones necesarias para la debida instrumentación de la norma, se trata normalmente de los reglamentos de una ley. Pero todas ellas son normas con carácter obligatorio, por lo que en caso de una infracción a lo prescrito o de una indebida aplicación o interpretación de éstas, su aplicación es impugnable por el afectado y la autoridad aplicadora puede resultar responsable administrativa o judicialmente, ya que la aplicación de una norma derogada o que no ha entrado en vigor vicia el acto y lo hace anulable.

Cierto es que los artículos transitorios que determinan la derogación de las normas presentan, desde la perspectiva teórica, mayores complicaciones, ya que dada su función se vinculan con otra categoría de normas, las derogatorias, cuya naturaleza, se sostiene, sigue en debate en la teoría del derecho.

Este tipo de artículos transitorios se configuran como un mandato a la autoridad que prohíbe la aplicación de las disposiciones derogadas, y por ello tienen una doble función, la primera es la supresión de la vigencia de la norma, y la segunda consiste en impedir la aplicación futura de la norma derogada, por lo que se puede decir que su eficacia es permanente, y en virtud de esta segunda función su eficacia perdura aun cuando las disposiciones derogatorias fuesen derogadas.

Así también, en ocasiones, los artículos transitorios que establecen la derogación de otras normas, al regular la aplicación de las nuevas normas, pueden mantener la obligatoriedad temporal de algunas disposiciones para ciertos fines (generalmente procesales). Cuestión que va íntimamente ligada con la materia del presente estudio y con los presupuestos de derechos adquiridos y expectativas de derecho.

De esta forma, es posible aceptar la convivencia de normas vigentes y derogadas si se admite la distinción entre sistema y orden jurí

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20227-20075efe/justicia-para-adolescentes-infractores-aun-cuando-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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