PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACION POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTAMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO.
CONTRADICCION DE TESIS 19/94. ENTRE EL TERCER Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Como cuestión previa a cualquier otra, debe establecerse si efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
En relación con lo anterior, debe decirse que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene la tesis jurisprudencial visible en la página 71 de la Gaceta número 41 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice:
"PRUEBA PERICIAL, VALORACION DE LA.-La prueba pericial se integra con los dictámenes de los peritos de todas y cada una de las partes, y en su caso, con la del perito tercero en discordia; por tanto, al valorar la misma, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben apreciar legalmente no sólo el dictamen cuyo criterio consideren fundado, sino también los demás que se hubiesen emitido, debiendo expresar en sus laudos las razones por las cuales les conceden o nieguen valor probatorio."
Este criterio se sustentó por el tribunal de referencia, entre otras, en las ejecutorias pronunciadas al resolver los amparos directos números 1213/91 y 2503/91, promovidos por Tecnopesca Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente; los razonamientos vertidos en dichas resoluciones son los que, en lo conducente, a continuación se transcriben:
"En cambio, es sustancialmente fundado el quinto concepto de violación y suficiente para conceder el amparo sin que haya necesidad de estudiar los restantes, dados los efectos para los que se concede el amparo. En él se alega que la Junta omitió efectuar el estudio conjunto de los dictámenes de la prueba pericial caligráfica y grafoscópica ofrecida por las partes, con objeto de que técnicamente se determinara si la firma de la carta renuncia que aparece en el folio treinta y tres de autos corresponde al actor, pues en el laudo no se exponen las razones particulares por las cuales se diga por qué les concede o niega valor probatorio, pues únicamente tuvo en cuenta el dictamen del perito tercero en discordia. Ahora bien, en la audiencia de ley (foja treinta y nueve vuelta), en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la demandada ofreció de su parte, entre otras, la documental consistente en la carta renuncia del actor del dos de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, y anunció la prueba pericial caligráfica grafoscópica y grafométrica para el caso de que fuera objetada la misma a cargo de la perito MAGALI JAIMES MACEDO, al tenor de las cuestiones que describió en la propia audiencia. El actor objetó la prueba desconociendo la firma de la renuncia y a su vez ofreció la prueba pericial. La Junta admitió la prueba condicionándola en cuanto a su aceptación y desahogo al resultado de la prueba confesional del actor. Por su parte, el demandante al absolver posiciones, en la marcada con el número once negó que fuera suya la firma que calza el documento consistente en la carta renuncia exhibida por la empresa demandada para demostrar que aquél había renunciado voluntariamente a su trabajo, por lo que procedió al desahogo de las periciales, externando cada uno de los peritos su opinión técnica respecto del punto debatido; la perito de la empresa Tecnopesca Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinó que sí era rúbrica del actor la que aparecía en la renuncia (foja cincuenta y siete); el perito oficial del actor que no correspondía a su puño y letra (foja sesenta y siete), y el perito tercero en discordia designado por la Junta concluyó que la firma no pertenecía por la ejecución al puño y letra del actor (foja setenta y uno). La Junta responsable en el laudo combatido al proceder al análisis y valoración de la prueba en comento, razonó que: '... A fojas 54 y 69 de autos obran los peritajes en grafoscopía ofrecidos por las partes y al encontrarse en contradicción los mismos respecto a la renuncia del actor, la Junta designó un perito tercero en discordia para que determine respecto a la firma de la carta renuncia de 2 de octubre de 1989 y que obra a foja 33 de autos y, al concluir el perito tercero en discordia Dionisia Teresa Domínguez Escobedo manifestó: 'no pertenece, por su ejecución al puño y letra del C. Hernández Arrieta Jesús, la firma que se presenta en el documento cuestionado descrito al inicio del presente', a dicha prueba se le otorga valor probatorio y beneficia a los intereses de la parte actora. Al final del laudo concluyó '... la demandada Tecnopesca Mexicana, S. A. de C. V., no acreditó en autos que el actor haya renunciado, en virtud de que la renuncia que exhibió con las periciales se probó que el actor no firmó dicha renuncia ...', consideración ilegal, en razón de que omitió externar las razones legales y humanas por las cuales no merecieron valor probatorios los dictámenes del actor y de la demandada, pues únicamente sujetó su decisión al estudio del dictamen del perito tercero en discordia, sin que tampoco haya estimado por qué a su juicio merecía eficacia probatoria el emitido por el tercero en discordia, incurriendo con ello en violación del principio de congruencia derivado de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le imponen la obligación de examinar todas y cada una de las pruebas propuestas en el juicio por las partes y externar las razones que tengan en cuenta para negarles o concederles eficacia probatoria, siendo aplicable al caso el criterio de este propio tribunal, sostenido al fallar los amparos directos números 6643/90, 9303/90 y 10113/90, en los cuales se dio la siguiente tesis: 'PRUEBA PERICIAL. VALORACION DE LA.-La prueba pericial se integra con los dictámenes de los peritos de todas y cada una de las partes, y en su caso, con la del perito tercero en discordia; por tanto, al valorar la misma, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben apreciar legalmente no sólo el dictamen cuyo criterio consideran fundado, sino también los demás que se hubieren emitido, debiendo expresar en sus laudos las razones por las cuales les concedan o nieguen valor probatorio'. Consecuentemente, ante la infracción de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el cual efectúe un examen comparativo de la prueba pericial rendida en el procedimiento, exponiendo las razones legales y humanas por las cuales conceda o niegue valor probatorio a los dictámenes que la integran y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que proceda en derecho."
"TERCERO.-Es fundado y suficiente para conceder el amparo el concepto de violación que se hace valer. En efecto, asiste razón al quejoso cuando afirma que la Junta responsable valoró indebidamente la prueba pericial ofrecida por las partes en el juicio laboral, en virtud de que después de referirse a las conclusiones a que arribaron los peritos de la parte actora y de la demandada, así como a las técnicas utilizadas para elaborar sus respectivos dictámenes, hizo alusión a la diversa opinión del perito tercero en discordia, estimando que ésta tenía pleno valor probatorio porque 'coincide en todas y cada una de sus partes con el peritaje rendido por el perito médico de la parte actora' y porque al ser rendido, 'el Instituto sólo se concretó a formular manifestaciones subjetivas, sin repreguntarlo, para desvirtuar dicho dictamen'; condenando al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer al actor los padecimientos reclamados, y por tanto a cubrirle pensión por incapacidad parcial permanente y demás prestaciones reclamadas; pero omitió determinar razones lógico jurídicas, motivos o circunstancias en que se apoyó para soslayar el análisis de los dictámenes rendidos a nombre de las partes actora y demandada en juicio y externar, en su caso, si merecieron o no valor probatorio; además de que la preferencia del peritaje del tercero en discordia para dilucidar la controversia no está debidamente motivada, ya que no basta que éste fuese coincidente con el peritaje del ofrecido por el actor y no haber sido desvirtuado por medio de repreguntas, para que se le otorgara pleno valor probatorio, y con ello tener por cierta la procedencia de lo reclamado, atento a que esta prueba por su carácter colegiado, debe ser valorada con todas las opiniones especializadas que al efecto se rindan en juicio, debiendo atender a los fundamentos de cada dictamen y apreciarlos en relación con las constancias de autos, para decidir a cuál de los peritajes se le otorga valor probatorio suficiente para orientar la decisión del tribunal, haciendo constar esos argumentos en la resolución, señalando asimismo los motivos por los que se niegue valor y eficacia a los restantes dictámenes rendidos en juicio; por tanto, al no ser suficiente la razón que expuso la responsable para acoger el peritaje del médico tercero en discordia y no expresar los motivos por los que a su juicio los demás peritajes no le merecían valor, es evidente que su proceder conculca en perjuicio del quejoso los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y por consiguiente las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Sírvase de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos DT. 6643/90, 9303/90, 10113/90 y 1213/91, que a la letra dice: 'PRUEBA PERICIAL, VALORACION DE LA.-La prueba pericial se integra con los dictámenes de los peritos de todas y cada una de las partes, y en su caso, con la del perito tercero en discordia; por tanto, al valorar la misma, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben apreciar legalmente no sólo el dictamen cuyo criterio consideren fundado, sino también los demás que se hubiesen emitido, debiendo expresar en su laudo las razones por las cuales les conceden o nieguen valor probatorio.'"
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene la tesis de jurisprudencia visible en la página 203 de la Gaceta número 22-24, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"DICTAMENES, ES FACULTAD SOBERANA DE LAS JUNTAS, LA VALORACION DE LOS.-Si ante lo contradictorio de los dictámenes de los peritos, la Junta optó por conceder valor al rendido por el perito tercero en discordia, sin explicar el porqué de su decisión, este proceder no es violatorio de garantías, pues no podría exigírsele que adujera razones técnicas para inclinarse por uno u otro dictamen."
El anterior criterio se sustentó por dicho tribunal, entre otras, en las sentencias pronunciadas al resolver los amparos directos números 10666/88 y 1256/89, promovidos por Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente; los razonamientos vertidos en dichas resoluciones son los que, en lo que interesa, a continuación se transcriben:
"Por otra parte, contrariamente a lo alegado por Pemex, no puede afirmarse que la Junta responsable haya omitido el estudio y valoración de los dictámenes rendidos en el juicio laboral correspondiente, sino que, ante lo contradictorio de los dictámenes de los peritos de las partes optó por dar valor al dictamen del perito tercero en discordia, que consideraba la incapacidad del actor en un 50% y que fue favorable para la parte actora. Entonces, al otorgarle valor probatorio al dictamen del perito tercero en discordia lo hizo en uso de la facultad soberana que tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para apreciar la prueba pericial que ante ella se rinda sobre cuestiones técnicas, y, esa actitud asumida por la Junta no es violatoria de las garantías individuales del quejoso, en atención a que la responsable tiene la facultad de elegir el dictamen médico que en su concepto sea el más apegado a la verdad, máxime que no está obligada a aducir cuestiones técnicas para inclinarse por uno y otro dictamen (sic), además debe hacerse notar que dadas las condiciones de la litis la responsable no pudo haber expuesto otro tipo de razonamientos sino esencialmente apoyarse en la opinión técnica que estimó eficaz, ya que la prueba idónea para hacer llegar al conocimiento de la Junta la existencia de la incapacidad del trabajador y el grado de la misma, lógicamente es la prueba pericial médica; tiene aplicación la tesis jurisprudencial número 227, visible a foja 210 de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice: 'PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.-Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son soberanas para apreciar la prueba pericial que ante ellas se rinda sobre cuestiones técnicas, y por tanto, dicha soberanía las faculta para dar el valor que estimen conveniente, según su prudente arbitrio, a los dictámenes presentados por los peritos'... Por otra parte, la responsable no deja de observar los criterios sostenidos por la Cuarta Sala, en las diversas jurisprudencias citadas por el quejoso, pues como ya se dijo, la Junta tiene la facultad soberana para apreciar la prueba pericial, y su laudo lo funda o apoya en el dictamen del perito tercero en discordia, por lo que es incierto que se haya omitido el estudio de los dictámenes periciales ..."
"TERCERO.-Son infundados los anteriores conceptos de violación; los que por guardar íntima vinculación se estudian conjuntamente. En efecto, contrariamente a lo alegado por el organismo quejoso no puede afirmarse que la Junta responsable haya omitido el estudio de los dictámenes rendidos por el perito de la parte actora y el ofrecido por el perito tercero en discordia (sic), sino que, ante lo contradictorio de los dictámenes de los peritos de las partes optó por dar validez al dictamen del perito tercero en discordia que fue emitido en el mismo sentido que el de la parte actora. Entonces, al otorgarle la responsable valor probatorio al dictamen del perito tercero en discordia, lo hizo en uso de la facultad soberana que tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para apreciar la prueba pericial que ante ella se rinda sobre cuestiones técnicas, y, esa actitud asumida por la Junta no es violatoria de las garantías individuales del quejoso, en atención a que la responsable tiene la facultad de elegir el dictamen médico que en su concepto sea el más apegado a la verdad; máxime que no podía aducir cuestiones técnicas para inclinarse por uno u otro dictamen como pretende el organismo amparista; además, debe hacerse notar que dadas las condiciones de la litis la responsable no pudo haber expuesto otro tipo de razonamiento sino esencialmente apoyarse en la opinión técnica que estimó eficaz."
TERCERO.-De lo transcrito en el considerando que antecede se desprende que sí existe la contradicción de tesis que se denuncia, pues al pronunciarse sobre la valoración de la prueba pericial el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene que al momento de valorarse dicha prueba deben expresarse los razonamientos por los cuales se le concede o niega valor probatorio a cada uno de los dictámenes emitidos, en tanto que el Sexto Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito, considera que no es necesario ese razonamiento dado que las Juntas son soberanas para apreciar la prueba pericial y, en uso de esa facultad pueden elegir el dictamen que en su concepto sea más apegado a la verdad sin tener que aducir cuestiones técnicas para inclinarse por uno o por otro dictamen, ya que no pueden expresar otro tipo de razonamiento sino apoyarse en la opinión técnica que estimen eficaz.
Además, la denuncia de contradicción de tesis fue planteada por parte legítima de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues se formuló por uno de los Ministros de esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO.-Debe prevalecer, en esencia, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Por principio de cuentas, debe señalarse que al no existir en la Ley Federal del Trabajo un capítulo especial sobre valoración de pruebas y en el relativo al de ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial no se da regla alguna para su apreciación, se hace necesario acudir al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que establece reglas generales sobre el particular, al estatuir que:
"Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen."
Sobre el mismo tema, esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio jurisprudencial que aparece publicado en la página 1071, del Volumen correspondiente a la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del tenor siguiente:
"LAUDOS. DEBEN CONTENER EL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS RENDIDAS.-No basta que en un laudo se diga que se ha hecho el estudio y la estimación de las pruebas que fueron rendidas, sino que deben consignarse en el mismo, ese estudio y esta estimación, pues aunque las Juntas no están obligadas a sujetarse a reglas para la apreciación de pruebas, esto no las faculta a no examinar todas y cada una de las que aporten las partes, dando las razones en que se fundan para darles, o no, valor en el asunto sometido a su decisión."
De la interrelación del precepto y tesis de jurisprudencia acabados de reproducir, se deduce, por una parte, que las Juntas de Conciliación y Arbitraje pronunciarán los laudos a verdad sabida y buena fe guardada apreciando los hechos en conciencia, sin que tengan que sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, y por otra, la regla general de que en dichos laudos necesariamente debe constar el estudio y estimación de todas las pruebas rendidas por las partes, expresando las razones en que se apoyan para otorgarles, o no, valor probatorio, esto último para cumplir cabalmente con la debida motivación y fundamentación que exige el citado numeral en acatamiento al artículo 16 de la Constitución Federal de la República.
Ahora bien, en estricto cumplimiento a la regla general antes enunciada, es incuestionable que en tratándose de la estimación de la prueba pericial, es obligación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje efectuar el estudio de cada uno de los dictámenes rendidos por los peritos de las partes y en su caso el del tercero en discordia, además de expresarse en el laudo las razones por las cuales confieren valor probatorio a uno de ellos y se lo niegan a los demás, para cumplir, como ya se dijo, con los requisitos de motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe observar.
En estas condiciones, y por las razones apuntadas, no es legalmente correcto el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en cuanto sostiene que en uso de la facultad soberana de que gozan las Juntas de Conciliación y Arbitraje para apreciar la prueba pericial, pueden elegir el dictamen que les parezca más apegado a la verdad sin tener que aducir otras cuestiones para inclinarse por uno u otro dictamen, ya que además no están en posibilidad de exponer otro tipo de razonamientos, sino apoyarse en la opinión técnica que sustenta el perito; tanto más si se considera que, de aceptarse esa postura del tribunal referido, se estaría permitiendo el ejercicio arbitrario de la aludida facultad soberana en la apreciación de este medio de convicción, al no darse razones para elegir un dictamen y desechar otros.
Las consideraciones precedentes, basadas en una nueva reflexión del tema a la luz de la garantía del artículo 16 constitucional, cuyos principios se recogen en lo conducente por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, llevaron a esta Sala a la conclusión de que debía abandonarse el criterio sostenido en la tesis jurisprudencial invocada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la sentencia de la cual deriva esta contradicción, tesis que aún aparece publicada con el número mil cuatrocientos setenta y seis de la Compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, del tenor literal siguiente:
"PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.-Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son soberanas para apreciar la prueba pericial que ante ellas se rinda sobre cuestiones técnicas, y por tanto, dicha soberanía las faculta para dar el valor que estimen conveniente, según su prudente arbitrio, a los dictámenes presentados por los peritos."
La premisa fundamental sentada por esta tesis, en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje gozan de una facultad soberana para apreciar la prueba pericial, se abandonó por esta Sala luego de considerar que la actuación de los tribunales de trabajo no podía quedar al margen de la garantía de legalidad impuesta por el constituyente para todos los actos de las autoridades y que, en este sentido, la facultad de aquéllas para apreciar en conciencia la prueba pericial no las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, en la parte relativa a la valoración de esta probanza, como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional.
De esta manera, la tesis antes transcrita quedó superada por la diversa jurisprudencia -cuya integración es de fecha posterior a aquélla-, que aparece publicada con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la Compilación antes citada, Segunda Parte, que dice:
"PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA.-La prueba pericial no vincula obligatoriamente al Tribunal de Trabajo, ni rige en relación con ella el principio de la mayoría, en cuanto al número de dictámenes coincidentes; sino que el juzgador debe atender a los fundamentos de cada dictamen y apreciarlos en relación con las constancias de autos, para decidir a cuál de los peritajes le otorga valor probatorio suficiente para orientar la decisión del tribunal, debiendo hacer constar esos argumentos en su resolución, para cumplir con la obligación constitucional del debido fundamento legal, siendo también obligatorio señalar los motivos por los que se niega valor y eficacia a otro u otros de los dictámenes rendidos."
El criterio sostenido en esta tesis, que se reitera al resolver la presente contradicción, no implica desconocer que, como afirma el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, las Juntas carecen de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre la cual versa la pericial, sino tan sólo significa que aquéllas deben examinar, como corresponde a todo juzgador, si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico, razonable y objetivo del problema planteado, pues de ello depende precisamente que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad.
En tales condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la siguiente tesis:
-Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial publicada con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la Compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, bajo el rubro de "PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.", con la cual quedó superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número mil cuatrocientos setenta y seis de la citada Compilación, Segunda Parte, con el título de "PRUEBA PERICIAL, APRECIACION DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.", en la que se establecía que las Juntas gozaban de una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el criterio sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una nueva reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha probanza no las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, pues aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, por cuanto de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.-Debe prevalecer en esencia y con el carácter de jurisprudencia el criterio que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números 1213/91 y 2503/91, promovidos por Tecnopesca Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente.
Notifíquese; remítase la tesis de jurisprudencia contenida en esta ejecutoria al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en esta contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta para su publicación; igualmente, envíense testimonios de esta resolución a los órganos colegiados de los que derivó la contradicción y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros presidente Ignacio Magaña Cárdenas, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras, Carlos García Vázquez y José Antonio Llanos Duarte, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el Ministro mencionado en último término.
Firman el Ministro presidente y demás Ministros que integran la Sala con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2024-f711fece/prueba-pericial-su-estimacion-por-las-juntas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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