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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO POR FALTA DE PAGO DE LA RENTA, EL ACREDITAMIENTO DE LA MORA ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 37/2003).

Tipo de asunto: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2007-PS. · Registro digital (IUS): 20281
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 37/2003.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 6.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2007-PS. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 37/2003.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil siete.

VISTOS para resolver los autos de la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2007, promovida por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Solicitud de modificación. Mediante oficio recibido el veintidós de enero de dos mil siete, los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito solicitaron la modificación de la jurisprudencia 37/2003 de esta Primera Sala, cuyo rubro es: "ARRENDAMIENTO. LA MORA EN EL PAGO DE LA RENTA, COMO CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, SÓLO PODRÁ ANALIZARSE SI FUE HECHA VALER POR LAS PARTES."

SEGUNDO. Trámite de la solicitud. El día dos de febrero de dos mil siete, el presidente de esta Primera Sala ordenó la formación del expediente varios 9/2007-PS y sometió dichos autos a la consideración de los Ministros integrantes de la Primera Sala, para los efectos legales conducentes.

Mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil siete, el presidente de esta Primera Sala, considerando que la misma, en sesión privada ordinaria de veintiuno de febrero de dos mil siete, acordó que se integrara el expediente relativo a la solicitud de modificación, ordenó la formación y el registro por separado del presente expediente; posteriormente, por acuerdo de veintidós del mismo mes, admitió a trámite la solicitud de modificación, dio vista al procurador general de la República, a fin de que expusiera su parecer dentro del plazo de treinta días y ordenó el turno de los autos a su ponencia, a fin de que se formulara el correspondiente proyecto de resolución.

Mediante certificación de veintisiete de marzo de dos mil siete, el secretario de Acuerdos de esta Primera Sala certificó que el plazo para que el procurador rindiera su opinión respecto de la solicitud de modificación correría del veintiocho de marzo al catorce de mayo del presente año.

Por oficio número DGC/DCC/667/2007 del treinta de abril de dos mil siete, el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción manifestó que en su opinión no había lugar a que se resolviera la modificación planteada; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 in fine de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en atención a que se trata de la solicitud de modificación de jurisprudencia emitida por esta Sala.

SEGUNDO. Procedencia de la solicitud. Se estima que la presente solicitud de modificación de jurisprudencia es procedente, porque se hizo conforme lo previene el último párrafo del artículo 197 de la Ley de Amparo.

En efecto, dicho artículo establece diversos requisitos para que pueda solicitarse la modificación de la jurisprudencia, a saber, que:

1. Se solicite por las Salas o Tribunales Colegiados o por sus integrantes.

2. Sea con motivo de un caso concreto, de tal forma que están obligados a resolver como lo establece la jurisprudencia que se solicita modificar, pero una vez hecho ello, pueden disentir de la misma.

3. No basta con que se disienta del criterio que se pretende modificar, sino que necesitan exponerse las razones que justifiquen su pretensión.

1. Legitimación del denunciante. La solicitud de modificación proviene de parte legítima, pues fue realizada por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de conformidad con lo previsto por el artículo 197, párrafo final, de la Ley de Amparo, el cual establece que los Tribunales Colegiados de Circuito o sus integrantes pueden hacerlo.

2. Aplicación a un caso concreto. En el caso, quienes solicitan la modificación resolvieron aplicando la jurisprudencia que se pretende modificar en el amparo 933/2006.

3. Razones para modificar. Ahora bien, para verificar si el tercer supuesto se satisface, debe hacerse un análisis de lo que se expresa en el escrito de solicitud de modificación.

Al respecto, los Magistrados que solicitan la modificación de la jurisprudencia 37/2003 hacen valer distintos argumentos, que pueden agruparse de la manera siguiente:

a) En principio, manifiestan que la tesis que se pretende modificar establece que la mora es un elemento que no debe estudiarse de oficio, sino que tiene que ser hecho valer por las partes para que el Juez puede analizarlo, lo que resulta contrario con otro criterio que se refiere a la compraventa, en la cual esta Primera Sala dijo que cuando se trata de la rescisión del contrato de compraventa, la mora es un elemento de la acción que debe estudiarse oficiosamente por las partes.

b) Señalan los solicitantes que entre la compraventa y el arrendamiento existe analogía porque en los dos la mora es un elemento de la acción, porque la falta de demostración del impago (que necesariamente implica un incumplimiento), total o fuera de tiempo, se traduce en la existencia de la mora, que cuando está vinculada con una obligación a plazo, porque se conoce el tiempo y lugar de pago, se produce con posterioridad a que vence la fecha para que se cumpla con la obligación y, cuando esos datos no se conocen (época y lugar de pago), se produce después de que el deudor es requerido de pago en su domicilio y al negarse a efectuarlo, se demuestra el incumplimiento y, por ende, la mora.

c) También señalan que para dar seguridad jurídica a los gobernados se debe dejar claro si debe estudiarse la mora sólo si las partes lo proponen o también de manera oficiosa por el juzgador, o si se trata de actos distintos (arrendamiento y compraventa), y las reglas para motivar la rescisión son distintas, o si la jurisprudencia más nueva dejó sin vigencia a la anterior.

d) Aclaran que esas dudas no han sido resueltas con el criterio que emitió la Sala en la jurisprudencia 146/2005, en la cual se dijo que la acción de pago de rentas insolutas y la de rescisión eran cuestiones independientes, porque lo único que se dijo en esa controversia, además claro del punto jurídico que resolvió, fue que el emplazamiento era un acto idóneo para determinar a partir de cuándo el arrendatario incurría en mora.

e) Finalmente, aducen que el estudio de la mora no puede soslayarse, pues de otro modo no se entiende el porqué del hecho de que deba requerirse al arrendatario para que cumpla con su obligación de pago y que se diga que el emplazamiento constituye en mora al deudor, porque bajo ese supuesto, el examen de esa institución jurídica procede no sólo a petición de parte, sino de manera oficiosa.

De lo anterior, se concluye que los solicitantes de la modificación cumplen con el tercer requisito para que proceda la solicitud de modificación de jurisprudencia, pues establecen una serie de razones para sostener su pretensión.

Cabe aclarar que a pesar de que algunos de los argumentos que hacen valer los solicitantes se refieren a la aparente incongruencia entre criterios de la Sala, los solicitantes de una modificación de jurisprudencia pueden hacer valer cualquier razonamiento pertinente para su propósito, así sea el consistente en que en un caso idéntico el creador de la jurisprudencia sostuvo un criterio opuesto. En este aspecto los Magistrados solicitantes, entre otros argumentos, se apoyan en un criterio de la propia Primera Sala, aplicado por analogía, para sostener que la mora es un elemento que debe estudiarse de oficio cuando se demanda la rescisión por el incumplimiento del pago de rentas, planteamiento que es válido y pertinente. Precisamente por ello, no asiste razón al agente del Ministerio Público que expresó su opinión en el sentido de que era improcedente la solicitud de modificación porque los argumentos que sostienen la solicitud difieren del punto dilucidado en la contradicción de tesis que dio vida a la contradicción de tesis de la cual derivó la jurisprudencia que se pretende modificar.

TERCERO. Problemática jurídica y cuestiones necesarias para resolverla. La materia del presente asunto consistirá en encontrar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿debe modificarse la jurisprudencia que señala que en los juicios en que se pide la rescisión del contrato de arrendamiento con base en la falta del pago de rentas no puede estudiarse de oficio la figura de la mora?

Para poder resolver la pregunta anterior, deben analizarse los razonamientos que le dieron vida a la jurisprudencia que se pretende modificar y, posteriormente, los que hacen valer los solicitantes de la modificación.

I. Consideraciones de la ejecutoria y tesis jurisprudencial que se solicita modificar. La anterior integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, al resolver la contradicción de tesis 16/2003, lo siguiente:

"SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:

"La presente contradicción de tesis consiste en determinar si en términos de la legislación aplicable en el Distrito Federal, para declarar la rescisión de un contrato de arrendamiento, por falta de pago de la renta, debe o no analizarse si hubo mora en el pago de la misma.

"Como punto de partida para solucionar el anterior diferendo interpretativo, debemos atender a la fracción I del artículo 2425 del Código Civil para el Distrito Federal, que dice: (se transcribe)

"Por su parte el primer párrafo del artículo 2448 E, cuyo texto es el vigente en términos de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, reza: (se transcribe)

"Posteriormente, la fracción I del artículo 2489, atento a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, nos indica: (se transcribe).

"De la interpretación armónica de los anteriores preceptos de la legislación sustantiva civil del Distrito Federal, se deduce que el hecho de que el arrendatario no satisfaga el pago de la renta, en la forma y tiempo convenidos, le genera al arrendador la acción para exigir la rescisión del contrato de arrendamiento respectivo.

"Lo anterior es congruente con lo dispuesto en los artículos 2078, párrafo primero y 2079 de la legislación sustantiva en estudio, que en cuanto al pago como forma del cumplimiento de las obligaciones, dicen: (se transcribe).

"Así pues, tenemos que, salvo pacto en contrario, la obligación de pago debe cumplirse del modo pactado y en el tiempo designado en el contrato y, en el caso del arrendamiento, la omisión de tal cumplimiento le genera al arrendador la acción para exigir la rescisión del contrato.

"Al respecto es aplicable, en la parte relativa, el siguiente criterio:

"‘Quinta Época

"‘Instancia: Tercera Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Tomo: LXII

"‘Página: 233

"‘RESCISIÓN, NORMAS DE LA. Es cierto que nuestra legislación civil está tomada, en lo general, de las disposiciones del Código Español, el que a su vez tomó su estructura del Código de Napoleón, y aun algunos de los textos, en toda su integridad; pero también lo es que los preceptos de nuestro código fueron redactados en lo general, en forma distinta, introduciendo modalidades que transforman fundamentalmente en ciertos aspectos el contenido de sus disposiciones, por lo que, en puridad de razón, no es correcto aplicar totalmente la doctrina y la interpretación que los tribunales y autores franceses y españoles han producido cuando se trata de decir cuestiones de hermenéutica, en nuestra propia legislación. Ahora bien, tratándose de rescisión de contratos, mientras que el precepto relativo del Código Francés deja ver, por los términos de su redacción, la necesidad de la intervención de los tribunales, cuando hay condición resolutoria, en el artículo relativo del Código Español, de una manera expresa se requiere la intervención del tribunal, para que decrete la resolución del contrato, y mientras en el primero se habla de condición resolutiva, en el segundo no se usa de este concepto jurídico y se indica que la facultad de resolver las obligaciones, se encuentra de manera implícita en las recíprocas. Pudiera decirse que el examen gramatical de los preceptos legales relativos de nuestra legislación y de sus antecedentes en la legislación extranjera, determina la forma en que han de resolverse los contratos, haciendo indispensable para ellos la intervención de los tribunales, pero una de las primeras dificultades con que se tropieza es definir si el artículo 1349 del Código Civil de 1884, establece una condición resolutoria, o lo que en el tecnicismo jurídico se conoce con el nombre de pacto comisorio, y aparentemente esta dificultad resulta obvia, atendiendo únicamente a la redacción del precepto, pero lo cierto es que la doctrina y la jurisprudencia se han puesto de acuerdo para convenir en que no es una condición resolutoria la que establece la ley, sino que es el pacto comisorio, y sólo por defectos conceptuales, pudo llamársele condición resolutoria, y no lo es, porque del estudio de los orígenes y evolución del mismo se llega a la conclusión de que no la constituye, porque ni sus orígenes ni la forma de realizarse, opera como una condición resolutoria; efectivamente, es axiomático en derecho civil, que la condición resolutoria, una vez cumplida, produce la resolución de la obligación y repone las cosas en el estado que tenían antes de pactarse, concepto elevado a la categoría de ley, conforme al artículo 1332 del Código Civil; así pues, la condición resolutoria no es más que una manifestación de voluntad incluida en los contratos, los cuales, mientras no se realice el acontecimiento incierto en que consiste, surten todos sus efectos, y sólo al cumplirse la condición, deja de existir el contrato, por haberlo convenido así los contratantes. Desde luego puede observarse que no es lo mismo la extinción de un contrato, previa la estipulación respectiva de las partes, que su resolución por falta de cumplimiento del mismo, dado que el resolver las obligaciones significa cosa distinta de extinguirlo; pero como quiera que sea, lo cierto es que la realización de la condición resolutoria extingue la obligación como consecuencia inmediata de la manifestación de voluntad de los contratantes, lo que no sucede cuando uno de ellos falta al cumplimiento de las prestaciones que son a su cargo en los contratos bilaterales, porque entonces es cuando la ley, en su calidad de supletoria de la voluntad de los contratantes, dispone que el afectado por el incumplimiento puede exigir de su contraparte, ya sea el cumplimiento de la obligación contraída, o la rescisión del contrato, con el pago de daños y perjuicios, en uno y otro casos.

"‘Amparo civil en revisión 7187/37. Copropiedad Alamo y Encinas. 5 de octubre de 1939. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.’

"Establecido lo anterior, debemos ver la forma en que la legislación adjetiva civil aplicable en el Distrito Federal, contempla la forma de tramitar las acciones provenientes del incumplimiento de las obligaciones del pago de la renta en los contratos de arrendamiento.

"Así, tenemos que el título décimo sexto bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuyos artículos 957 a 966 son acordes con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, y los artículos 967 y 968 se desprenden de la reforma publicada en el mismo órgano oficial de difusión de siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, se refiere a las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, en los términos siguientes: (se transcribe).

"Ahora bien, dado que el título transcrito nada dice en cuanto a la forma de fijar la litis en los juicios relativos al contrato de arrendamiento, debemos atender a las reglas generales que al respecto se consagran en el citado Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

"Así tenemos que los artículos 255 y 260, vigentes en términos de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, contenidos en el capítulo I del título sexto de la legislación adjetiva civil en estudio, señalan al respecto lo siguiente: (se transcribe).

"De los artículos transcritos tenemos que la litis se fija en los escritos de demanda y de contestación puesto que en ella las partes plantean los hechos en que fundan su petición, los fundamentos de derecho, la clase de acción que intentan (en lo que hace a la parte actora) y las excepciones que se hagan valer (en lo que toca a la parte demandada).

"De tal suerte, en tales escritos quedará establecida la materia sobre la que versará el juicio y respecto de la cual habrá de pronunciarse el órgano jurisdiccional.

"Al respecto, es aplicable, en su parte relativa, el siguiente criterio:

"‘Quinta Época

"‘Instancia: Tercera Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Tomo: CXVII

"‘Página: 443

"‘LITIS, FIJACIÓN DE LA. La litis no se fija sólo por la demanda, sino por ésta y por la contestación. Por tanto, si en el juicio seguido para obtener la celebración del contrato escrito de arrendamiento, el demandado impugna directamente la facultad del actor para arrendar, es claro que el punto relativo a si existe o no dicha facultad, como propietario o bien como persona autorizada, no sólo forma parte de la litis, sino que es parte principalísima de ella y, por tanto, no puede hablarse de desviación improcedente si se estudia, máxime que sería imposible estudiar la excepción sin tocar el punto. Tampoco puede dársele razón al actor, si dice que el inquilino carece de derecho y de interés jurídico para obtener su facultad de arrendar, porque además de ser libre de oponer cuantas excepciones juzgue pertinentes, resultaría un contrasentido obligarlo a celebrar contrato de arrendamiento con persona carente por completo de derecho de arrendar.

"‘Amparo civil directo 1925/52. Jumilla Elvira C. 23 de julio de 1953. Mayoría de tres votos. Disidentes: Rafael Rojina Villegas y Gabriel García Rojas. La publicación no menciona el nombre del ponente.’

"En complemento a lo anterior, el artículo 81 de la ley procesal en cita, en términos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, dice: (se transcribe).

"De lo anterior se desprende que en la materia procesal civil, en términos de la legislación analizada, nos encontramos ante lo que se denomina litis cerrada, en la cual el juzgador sólo puede conocer de aquello que las partes hayan hecho valer en sus escritos de demanda y contestación, no pudiendo ir más allá so pena de infringir la legalidad aplicable.

"En consecuencia, para los efectos de que un órgano jurisdiccional, en términos de la legislación aplicable en el Distrito Federal, declare la rescisión de un contrato de arrendamiento por falta de pago de la renta, sólo podrá analizar si hubo mora en el pago de la misma, si tal situación fue hecha valer por las partes en los respectivos escritos de demanda y contestación, pues de otra manera estaría introduciendo un elemento ajeno a la litis del procedimiento en contravención a los artículos 255 y 260 en relación con el 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

"En estas condiciones debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Primera Sala, redactado con el siguiente rubro y texto:

"‘ARRENDAMIENTO. LA MORA EN EL PAGO DE LA RENTA, COMO CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, SÓLO PODRÁ ANALIZARSE SI FUE HECHA VALER POR LAS PARTES. De la interpretación armónica de los artículos 2425, fracción I, 2448 E, párrafo primero, y 2489, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende que el hecho de que el arrendatario no satisfaga el pago de la renta, en la forma y tiempo convenidos, le otorga el derecho al arrendador para ejercitar la acción rescisoria del contrato de arrendamiento respectivo, en virtud de que, acorde con los artículos 2078, párrafo primero, y 2079 del código citado, la obligación de pago debe cumplirse del modo pactado y en el tiempo designado en el contrato. Por otra parte, de conformidad con los artículos 255 y 260, en relación con el 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con los escritos de demanda y de contestación queda establecida la materia sobre la que versará el juicio, respecto de la cual habrá de pronunciarse el órgano jurisdiccional, toda vez que se trata de un procedimiento de litis cerrada. En consecuencia, para los efectos de que el órgano jurisdiccional declare la rescisión de un contrato de arrendamiento por falta de pago de la renta, sólo podrá analizar si hubo mora en dicho pago, si tal situación fue hecha valer por las partes en los respectivos escritos de demanda y contestación, pues de otra manera se introduciría un elemento ajeno a la litis del procedimiento en contravención a los artículos citados de la legislación adjetiva civil del Distrito Federal.’."

II. Solicitud. Las razones en las que los solicitantes basan su pretensión son las que a continuación se resumen:

Se solicita la modificación de la jurisprudencia 37/2003 de la Primera Sala de rubro: "ARRENDAMIENTO. LA MORA EN EL PAGO DE LA RENTA, COMO CAUSAL DE RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, SÓLO PODRÁ ANALIZARSE SI FUE HECHA VALER POR LAS PARTES."

En dicha jurisprudencia se sostiene que al pedir la rescisión del contrato de arrendamiento por incumplimiento en el pago de la renta, el juzgador sólo puede conocer aquello que las partes le hacen valer en su demanda y contestación, por el principio de litis cerrada, por lo que la mora debe ser propuesta por los litigantes, ya que de otro modo, no podría resolverse esa cuestión, pues un estudio oficioso al respecto implicaría la introducción de una cuestión ajena a la controversia.

Ahora bien, en la jurisprudencia 46/2001 de la misma Sala se establece lo siguiente:

"ACCIÓN RESCISORIA DE CONTRATO. LA MORA O INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA Y SU ACREDITAMIENTO DEBE SER ESTIMADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR. En términos de lo dispuesto en los artículos 376 del Código de Comercio, y 1778 y 2154 del Código Civil del Estado de México, referidos a contratos de compraventa, para que el contratante-acreedor esté en posibilidad de demandar ante el órgano jurisdiccional la rescisión de contrato, debe acreditar ante éste, además de haber cumplido con su obligación, el hecho de que el contratante-deudor ha incumplido con la suya y, por tanto, incurrido en mora. Ahora bien, tratándose de contratos de compraventa en los que no se haya designado lugar de pago, operará conforme a lo previsto en los artículos 2082 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente en materia mercantil y 1911 del Código Civil para el Estado de México, la regla general que establece que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor; en consecuencia, para que el deudor se constituya en mora, debe ser requerido en su domicilio por el acreedor, hecho este último que, por constituir una condición o requisito para la procedencia de la acción rescisoria de contrato, debe acreditarse ante el juzgador y éste la debe estimar, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de los requisitos de la acción, con independencia de que haya o no alegación de la parte demandada en vía de excepción."

Como se puede ver, esta jurisprudencia tiene un punto distinto respecto de la anterior, porque aunque se trata de una acción de rescisión de un contrato de compraventa, se sostiene que la mora es un elemento de esa acción y su estudio es de oficio.

Así, aun cuando se trata de contratos distintos (arrendamiento y compraventa), existe un tema común a ambos: la rescisión, sólo que para el primero de esos contratos se requiere que las partes hagan valer la mora para que su estudio, mientras en el segundo se establece que debe ser de oficio el análisis de ese elemento.

En las dos situaciones existe un denominador común que justifica la procedencia de la acción rescisoria, esto es, la existencia de la mora, pues de no actualizarse ese supuesto, el éxito de esa pretensión estaría en duda, porque la falta de demostración del impago (que necesariamente implica un incumplimiento), total o fuera de tiempo, se traduce en la existencia de la mora, que cuando está vinculada con una obligación a plazo, porque se conoce el tiempo y lugar de pago, se produce con posterioridad a que vence la fecha para que se cumpla con la obligación y, cuando esos datos no se conocen (época y lugar de pago), se produce después de que el deudor es requerido de pago en su domicilio y al negarse a efectuarlo, se demuestra el incumplimiento y, por ende, la mora.

Entonces, es menester dejar en claro si debe estudiarse la mora sólo si las partes lo proponen o también de manera oficiosa. De hecho, puede que se estime que al estar en presencia de dos actos jurídicos distintos, las reglas para motivar la rescisión de los mismos sean distintas, pero en ese supuesto procede dilucidar si la primera de esas jurisprudencias superó a la referida en segundo lugar o si siguen rigiendo las dos.

Sólo así se garantiza la seguridad jurídica que debe prevalecer en la aplicación de las jurisprudencias, por lo que debe establecerse cuándo procede la rescisión o no de las compraventas y de los arrendamientos y cuáles son las reglas que debe atender el tribunal para examinar la legalidad de las autoridades responsables.

Cabe aclarar que esos razonamientos no han sido resueltos en la jurisprudencia 146/2005 de la Primera Sala, cuyo rubro es: "ARRENDAMIENTO. LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RELATIVO Y EL RECLAMO DE LAS RENTAS INSOLUTAS, SON ACCIONES INDEPENDIENTES QUE PUEDEN PLANTEARSE EN LA MISMA DEMANDA."

En efecto, en esa jurisprudencia no se resolvió la interrogante sobre si el estudio de la mora cuando se ejerce la rescisión de un contrato de arrendamiento o de compraventa por falta de pago debe estudiarse a petición de parte o de oficio o si son reglas distintas para hacer procedente esa acción, por tratarse de actos jurídicos distintos, porque mediante esa jurisprudencia se trató el tema sobre la independencia de las acciones de rescisión y el pago de rentas y se estableció cuáles son los elementos de cada una de ellas. Además, en dicho criterio se establece que el emplazamiento a juicio hace las veces de interpelación, lo cual constituye un acto idóneo para determinar a partir de cuándo el arrendatario incurre en mora.

Así, quedan latentes las dudas planteadas porque en la ejecutoria de la cual deriva la jurisprudencia mencionada, se alude a la mora tanto para la rescisión de un contrato de arrendamiento como del pago de rentas, con independencia de que este aspecto no forme parte de los elementos de esta acción.

De esta manera, el estudio de la mora no puede soslayarse, pues de otro modo no se entiende el porqué del hecho de que deba requerirse al arrendatario para que cumpla con su obligación de pago y que se diga que el emplazamiento constituye en mora al deudor, porque bajo ese supuesto, el examen de esa institución jurídica procede no sólo a petición de parte, sino de manera oficiosa.

CUARTO. Resolución de la solicitud. Para estar en aptitud de resolver el problema planteado en el presente asunto, deberá seguirse el siguiente procedimiento.

I. En principio, se hablará de cómo procede el estudio oficioso de la improcedencia de la acción por la falta de alguno de sus elementos constitutivos.

II. En segundo lugar, se hará un estudio sobre la figura de la acción de rescisión de los contratos de arrendamiento, explicando cuáles son los supuestos de procedencia de la terminación anticipada de ese tipo de pactos por la falta de pago del arrendatario, y cuáles son los elementos de la acción de rescisión.

III. Hecho lo anterior, se estudiará la figura de la mora en el cumplimiento de la generalidad de las obligaciones.

IV. Con posterioridad se analizará la figura de la mora en el pago de la renta.

V. Con los datos anteriores podrá llegarse a una conclusión sobre la respuesta al cuestionamiento de los solicitantes.

I. El estudio oficioso de la improcedencia de la acción en materia civil.

La acción, entendida como el derecho de obtener del órgano jurisdiccional una resolución favorable, requiere para su procedencia de ciertas circunstancias prácticas que deben verificarse en la realidad.

A dichas circunstancias prácticas se les denomina, indistintamente, condiciones de la acción o requisitos de la acción o de la procedencia de la acción y de su existencia depende que el órgano judicial, una vez valorado su fundamento, esté en posibilidad de acoger la petición del demandante y dictar la providencia solicitada.

La doctrina señala entre las condiciones o requisitos de la acción, la legitimación para obrar, el interés jurídico y la relación entre un hecho jurídico y una norma de derecho. Sólo si estas circunstancias se acreditan ante el órgano jurisdiccional es que puede surgir el derecho de acción, entendido este último como el mérito de la demanda que obliga al juzgador a acogerla y, en su caso, a emitir la resolución favorable solicitada. Por el contrario, la falta de cualquiera de estos requisitos de la acción hace que la demanda sea infundada.

Como la acció

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20281-63288df5/arrendamiento-cuando-se-reclama-la-rescision-del-contrato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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