FIANZAS PENALES. LA CADUCIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS NO LES ES APLICABLE, EN VIRTUD DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SU COBRO, PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 95 DE LA PROPIA LEY, NO CONTEMPLA ESA FIGURA. FIANZAS PENALES. NO ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL SE PRONUNCIE DE INMEDIATO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA DE PRESENTAR AL FIADO, EN VIRTUD DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL COBRO DE AQUÉLLAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, NO ESTÁ SUJETO AL PLAZO DE CADUCIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 120 DE LA PROPIA LEY. JURISPRUDENCIA. EL REQUISITO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN RELATIVO A SU APLICACIÓN EN UN CASO CONCRETO PARA SU PROCEDENCIA, SE ACTUALIZA CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE CUESTIONA LA EFICACIA DE UN CRITERIO OBLIGATORIO.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 4/2007-PL. TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: ENRIQUE LUIS BARRAZA URIBE.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de octubre de dos mil siete.
VISTOS, para resolver los autos del expediente 4/2007-PL, relativo a la solicitud de modificación de la jurisprudencia formulada por este propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la tesis jurisprudencial P./J. 122/2000, originada al resolverse la contradicción de tesis 22/98-PL, en sesión plenaria de fecha dieciséis de noviembre de dos mil; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nueve de abril de dos mil siete, emitida al resolver la contradicción de tesis 18/2006-PL, se solicitó la modificación de la tesis jurisprudencial emitida por este propio tribunal, de rubro: "FIANZAS PENALES. EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY RELATIVA, SE EMPIEZA A COMPUTAR AL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE VENCE EL PLAZO QUE SE OTORGA A LA AFIANZADORA PARA PRESENTAR AL FIADO SIN QUE HUBIERA CUMPLIDO.", toda vez que, al parecer, existe contraposición con la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Alta Instancia, número 2a./J. 72/2001, de rubro: "FIANZAS PENALES. LA CADUCIDAD INSTITUIDA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS NO LES ES APLICABLE, SI SU COBRO NO SE EXIGIÓ DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN LA PÓLIZA O EN EL TÉRMINO LEGAL CORRESPONDIENTE."
SEGUNDO. Por auto de nueve de mayo de dos mil siete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de modificación de jurisprudencia, formándose al efecto el expediente número 4/2007-PL; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República a fin de que en el término de treinta días expusiera su parecer, y turnó los autos, para su estudio, al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
El procurador general de la República formuló pedimento mediante oficio DGC/DCC/853/2007, presentado el día quince de junio de dos mil siete, en el sentido de declarar improcedente la presente solicitud de modificación de jurisprudencia o, en su defecto, se analice el fondo del asunto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 194, último párrafo y 197, párrafo final, de la Ley de Amparo, y 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción XI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que el presente asunto versa sobre una solicitud de modificación de jurisprudencia del propio tribunal.
SEGUNDO. La presente solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Dicho precepto, en lo conducente, dispone:
"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Del simple texto de la norma antes transcrita se aprecia que es factible la modificación de la jurisprudencia emitida tanto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por sus Salas, y que los legitimados para solicitar la reforma o alteración de sus criterios, debiendo explicar las razones para ello, corresponde a las Salas y a los Ministros que la integren o a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Magistrados que lo integren.
Sin embargo, de una interpretación literal o gramatical de ese precepto, lleva a concluir que también está legitimado para solicitar la modificación de una jurisprudencia el Tribunal Pleno y los Ministros que lo integren, toda vez que de la parte que se subrayó de esa norma legal no se aprecia que excluya al Máximo Tribunal y a sus integrantes la posibilidad de pedir la modificación de su propia jurisprudencia.
En efecto, siendo posible que las Salas y los Ministros que la integran pueden realizar dicha petición, es claro que el Pleno, a través de los Ministros que lo integran, también está facultado para ello, toda vez que si los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo facultan al Tribunal Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar la jurisprudencia, incuestionable resulta que queda implícita la legitimación de este cuerpo colegiado para solicitar la revisión de su propia jurisprudencia, en pos de la seguridad jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general y eficaz; salvaguarda que no puede recaer únicamente en las Salas de esta Suprema Corte sino, además, en el propio Tribunal Pleno, en su calidad de máximo intérprete de la ley y de la Constitución, cuando sus integrantes adviertan que con motivo de uno de sus criterios se atenta contra la seguridad judicial.
TERCERO. Adverso a la opinión del representante social de la Federación adscrito, es procedente la presente solicitud de modificación de jurisprudencia por encontrarse satisfechos los requisitos que para tal efecto se señalan en el artículo citado con anterioridad, del cual se desprende que para su procedencia deben actualizarse los siguientes presupuestos:
1. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina y,
2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación.
Al respecto, son ilustrativas las tesis de rubros, textos y datos de identificación siguientes:
"No. Registro: 181,535
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, mayo de 2004
"Tesis: P. XIII/2004
"Página: 142
"JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODIFICARLA. Los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, facultan al Tribunal Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar su jurisprudencia, para lo cual, como requisitos formales, se requiere solicitud de parte legítima, que previamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las argumentaciones jurídicas en que se apoya la pretensión de modificación. Ahora bien, la palabra ‘modificación’ contenida en el indicado artículo 194, no está constreñida a su significado literal, conforme al cual sólo podrían cambiarse los elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido, esto es, se trata no sólo de interrumpir un criterio jurídico, sino sustituirlo por otro que puede ser, inclusive, en sentido contrario, de manera que acorde con la intención del legislador, ‘modificar la jurisprudencia’ significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir una nueva que la sustituya. Asimismo, es importante señalar que la jurisprudencia tiene, como primer efecto, la interpretación de las leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, así como entre éstos y los órganos del Estado y, como segunda consecuencia, de igual trascendencia, dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincule de manera general, de lo que se sigue que frente a lo estático de las disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretación la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación.
"Solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2002. Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de marzo de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez."
"No. Registro: 205,715
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IX, enero de 1992
"Tesis: P. XXXI/92
"Página: 35
"Genealogía: Gaceta Número 49, enero de 1992, página 94.
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. El artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, una recta interpretación de este dispositivo lleva a concluir que no sería correcto que la Sala o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al órgano respectivo la modificación de la jurisprudencia que lo obligue, retrasara la solución del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que ésta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que así lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estarían contraviniendo las disposiciones relativas que constriñen a los órganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los términos establecidos, sobrevendría otra situación grave que se traduciría en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la Sala, a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulneraría el artículo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una jurisprudencia, ésta debe de acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al órgano respectivo la solicitud de modificación de la jurisprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición aplicándose la tesis jurisprudencial de que se trate.
"Contradicción de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. El proyecto se aprobó por unanimidad de quince votos de los señores Ministros presidente Schmill Ordóñez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Alba Leyva, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón y Chapital Gutiérrez. Ausentes: Castañón León, Adato Green, Rodríguez Roldán, González Martínez y Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa."
Como se estableció, los extremos legales de procedencia de este asunto se encuentran colmados.
1. Que previamente a la solicitud, se resuelva el caso concreto que la origina.
Este requisito se acredita porque "el caso concreto" lo constituye la resolución emitida precisamente por este Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 18/2006-PL, fallada el nueve de abril de dos mil siete, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero del Segundo Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa, en la que el primero de dichos órganos colegiados sustentó su sentencia en la tesis de jurisprudencia por contradicción del Tribunal Pleno con rubro: "FIANZAS PENALES. EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY RELATIVA, SE EMPIEZA A COMPUTAR AL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE VENCE EL PLAZO QUE SE OTORGA A LA AFIANZADORA PARA PRESENTAR AL FIADO, SIN QUE HUBIERA CUMPLIDO."; y el segundo de ellos la basó en la diversa tesis de jurisprudencia por contradicción de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya voz dice: "FIANZAS PENALES. LA CADUCIDAD INSTITUIDA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS NO LES ES APLICABLE, SI SU COBRO NO SE EXIGIÓ DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN LA PÓLIZA O EN EL TÉRMINO LEGAL CORRESPONDIENTE."
Al respecto, este Tribunal Pleno expuso los siguientes razonamientos:
"SÉPTIMO. No obstante que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, este Tribunal Pleno estima que no hay materia para resolverla, de conformidad con las consideraciones que enseguida se suscriben. En efecto, de la lectura de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar los criterios que dieron origen a la presente contradicción de tesis, es posible alcanzar la convicción de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo al considerar que tratándose de fianzas penales no opera la figura de la caducidad, cuando el requerimiento de pago del importe se regula por el procedimiento especial establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y se apoyó en la tesis de jurisprudencia por contradicción de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, página 245, identificada con el número 2a./J. 72/2001. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito otorgó el amparo al considerar que sí opera la figura jurídica de la caducidad tratándose de fianzas penales, con base en la tesis de jurisprudencia por contradicción del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de dos mil, página 13, identificada bajo el número P./J. 122/2000. Como puede advertirse, aun cuando ambos Tribunales Colegiados hicieron suyos los criterios jurisprudenciales mencionados para resolver los asuntos que motivaron la contradicción de tesis, este Tribunal Pleno estima que en el fondo subyace un problema en el que debe resolverse si en relación con este tema, debe prevalecer el criterio jurisprudencial 2a./J. 72/2001 sustentado por la Segunda Sala o bien, el criterio P./J. 122/2000 de este Pleno. En ese sentido, hay que decir que si bien existe la contradicción de criterios, ésta se produce en virtud de que las tesis de jurisprudencia en las que se apoyaron los Tribunales Colegiados contendientes, emitidos por el Tribunal Pleno y por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, son contradictorios, y aun cuando en principio, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la sustentada por este Pleno debe prevalecer por encima de la emitida por la Segunda Sala, este Tribunal Constitucional estima necesario hacer una revisión de la jurisprudencia plenaria P./J. 122/2000, con el propósito de decidir si efectivamente es ésta la que debe prevalecer o bien, realizar una modificación de jurisprudencia para que subsista la sentada por la Segunda Sala. Bajo esas premisas, en el presente asunto no es el caso definir cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, sino que, lo procedente es que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 197, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tramite ante el Pleno una solicitud de modificación a la jurisprudencia P./J. 122/2000, por ser esa la vía técnico-jurídica para tales efectos."
Si bien este Tribunal Pleno al resolver el acto concreto relativo a la contradicción de tesis 18/2006-PL, que motivó la presente solicitud, no aplicó su propia jurisprudencia de la que ahora se pide su revisión, habida cuenta que la sentencia relativa ni siquiera resolvió el fondo de la contradicción, al advertirse que los Tribunales Colegiados de Circuito participantes sólo hicieron suyos los criterios de este Pleno como de la Segunda Sala, de manera respectiva, a fin de resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, resolviéndose en consecuencia dejar sin materia esa contradicción y decidiéndose la tramitación de esta solicitud; sin embargo, es criterio de esta Suprema Corte que ese requisito, previsto en el artículo 197 de la ley de la materia, debe interpretarse en sentido amplio y no entenderse estrictamente que para la procedencia de la solicitud de modificación tenga que resolverse un caso concreto en el que se aplique, forzosamente, la jurisprudencia cuya modificación se solicita.
Resulta oportuna la cita de la tesis siguiente:
"No. Registro: 172,741
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, abril de 2007
"Tesis: 2a. XXVII/2007
"Página: 561
"JURISPRUDENCIA. PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN SE SATISFACE EL REQUISITO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE UN CASO CONCRETO CUANDO EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE ANALIZA UN PUNTO DE DERECHO SEMEJANTE AL EXAMINADO EN OTROS ASUNTOS QUE DIERON LUGAR A UNA JURISPRUDENCIA Y LO DECIDE EN FORMA OPUESTA. Del artículo 197 de la Ley de Amparo se desprende que la solicitud de modificación de una jurisprudencia procede cuando están satisfechos los siguientes requisitos: a) que previamente a la solicitud se haya resuelto un caso concreto en el que se haya aplicado la jurisprudencia cuya modificación se solicita; y, b) que en la solicitud correspondiente se expresen las razones que justifiquen la modificación. Ahora bien, el primer requisito no únicamente debe entenderse en sentido estricto, esto es, que se trate de un asunto en el que la jurisprudencia cuya modificación se solicita se haya aplicado, sino que debe interpretarse en sentido amplio a efecto de concluir que el requisito de que se trata también se satisface cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un recurso de revisión en el que analiza un punto de derecho sustancialmente semejante al que se examinó en la jurisprudencia cuya modificación se solicita, sustentó un criterio distinto del contenido en dicha jurisprudencia.
"Varios 28/2006-SS, solicitud de modificación de la jurisprudencia 2a./J. 22/94. Mariano Azuela Güitrón, en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 28 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga."
Bajo esas condiciones, este Tribunal Pleno coincide en que el requisito que refiere la norma legal en comento no está condicionado a que la jurisprudencia de la cual se solicita su modificación debe ser aplicada necesaria o forzosamente en un caso concreto, sino que acontece cuando en la resolución que dirime el caso particular se cuestiona la eficacia jurídica de un criterio obligatorio de este Máximo Tribunal, tal como ocurrió en la resolución relativa a la contradicción de tesis 18/2006-PL, origen de la presente solicitud formulada por sus integrantes.
Hay que recordar que la finalidad que persigue la modificación de la jurisprudencia es la de revisar el criterio sometido a examen, interrumpir, en su caso, su obligatoriedad y, de ser necesario, emitir uno nuevo que lo sustituya, preservando de este modo la unidad de la interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional que persigue el artículo 197 de la Ley de Amparo, y así dar certeza y seguridad jurídica, tanto para los gobernados como para los órganos encargados de administrar justicia. De ahí que para cumplir con esos fines sea conveniente interpretar de manera extensa el requisito de que se trata y no en forma rigurosa o estricta.
2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación.
De la transcripción que se hizo en líneas precedentes, en su parte conducente, de la resolución dictada por este Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 18/2006-PL, se coligen razonamientos suficientes en que se apoya la presente solicitud, basados en la imperiosa necesidad de revisar el criterio de este propio Pleno, puesto que en este órgano colegiado también recae la responsabilidad de velar porque sus criterios se ajusten a la realidad legal, con la finalidad de dar seguridad jurídica a los expositores del derecho y a los gobernados en general.
Así las cosas, se actualizan los presupuestos que para solicitar la modificación de jurisprudencia establece el artículo 197, párrafo último, de la Ley de Amparo, porque: a) se resolvió el caso concreto, relativo a la contradicción de tesis 18/2006-PL, suscitada entre los Tribunales Colegiados Noveno del Primer Circuito y Tercero del Segundo Circuito, ambos en Materia Administrativa, en la que se hizo referencia al criterio jurisprudencial del que se solicita su modificación, y b) el Tribunal Pleno, en la resolución relativa a ese asunto determinado, expresó los razonamientos legales en que se apoya la pretensión de la modificación de su propio criterio.
CUARTO. Ahora bien, con el fin de revisar la eficacia jurídica de la tesis jurisprudencial de la que se solicita su modificación, se hace necesario hacer referencia tanto al criterio de este Tribunal Pleno como a las consideraciones que dieron origen a su tesis.
La tesis de jurisprudencia relativa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece lo siguiente:
"No. Registro: 190,711
"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Tesis: P./J. 122/2000
"Página: 13
"FIANZAS PENALES. EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY RELATIVA, SE EMPIEZA A COMPUTAR AL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE VENCE EL PLAZO QUE SE OTORGA A LA AFIANZADORA PARA PRESENTAR AL FIADO, SIN QUE HUBIERA CUMPLIDO. La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 120, segundo párrafo y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, conduce a establecer que tratándose de fianzas penales, el cómputo del plazo de ciento ochenta días naturales que debe transcurrir para la procedencia de la caducidad, inicia en la fecha en que se hace exigible la obligación garantizada a la institución afianzadora, lo cual tiene lugar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo fijado a aquélla para la presentación del fiado, sin que lo hubiera hecho. Ello, porque así se dispone en los preceptos legales invocados y se corrobora con lo establecido en el artículo 95 de la propia ley, que prevé el procedimiento para la efectividad de las fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, en el que se impone la obligación a la autoridad judicial de comunicar el hecho del incumplimiento de la afianzadora a la autoridad ejecutora correspondiente, acompañándole la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, a partir del momento en que aquélla se hace exigible. Además, porque dada la hipótesis descrita y con ello el surgimiento del derecho para exigir el pago a la afianzadora, el plazo de caducidad no puede depender del arbitrio o discrecionalidad del juzgador, o del rezago en sus funciones, pues tal eventualidad, además de resultar contraria a lo establecido en la ley, atentaría contra la seguridad jurídica que requiere certidumbre para el cómputo de los plazos que en cada caso dispongan las leyes.
"Contradicción de tesis 22/98-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Octavo Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas."
Las consideraciones que dieron origen a esta tesis de jurisprudencia son, en lo conducente, del tenor siguiente:
"QUINTO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que con el carácter de jurisprudencia debe prevalecer el criterio que sustenta, mismo que coincide, en lo esencial, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. El artículo 120, cuyo párrafo segundo se destaca, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que prevé el supuesto que da lugar a los criterios contradictorios, dispone: ‘Artículo 120.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 130, del mismo ordenamiento, establece: ‘Artículo 130.’ (se transcribe). La interpretación sistemática de los preceptos legales en comento permiten llegar a la conclusión de que, como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la hipótesis legal prevista en el segundo párrafo del invocado artículo 120, el cómputo del plazo de ciento ochenta días naturales que prevé para efectos de que opere la figura que dicho precepto llama caducidad, ha de contarse a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que esto haya ocurrido, esto es, a partir de la fecha en que, por tal razón, su obligación de garante se vuelve exigible. Tal interpretación se corrobora si se toma en consideración lo dispuesto en el artículo 95 de la ley en cita, que prevé el procedimiento para la efectividad de las fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, al establecer, entre otros supuestos, que desde el momento en que se hace exigible una fianza, esto es, al día siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho, atento a lo dispuesto en la fracción III del mencionado artículo 130, la autoridad aceptante, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima, la que a su vez, procederá a requerir de pago a la institución fiadora acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada y además, apercibirá a dicha institución en el mismo requerimiento, de que si en el plazo de treinta días no efectúa el pago requerido, se rematarán en bolsa valores de su propiedad. Como se ve, la exigibilidad de la fianza en la hipótesis que se viene tratando, aparece una vez que transcurre el plazo concedido a la afianzadora para presentar al fiado, momento en que surge el derecho para exigir el pago. Dicho artículo 95, en lo relativo, dispone: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). Por otra parte y congruente con lo anterior, ha de considerarse que el cómputo de ciento ochenta días de la llamada caducidad que se examina, empieza al día siguiente de que vence el plazo de presentación del fiado, de modo que dado este supuesto, el requerimiento de pago debe hacerse dentro de esos ciento ochenta días, porque si no se hace, caduca el procedimiento. Es cierto, además, que la autoridad judicial, como una obligación inherente a sus funciones, debe, desde luego, pronunciarse sobre el incumplimiento de la afianzadora de su obligación de presentar al fiado, lo cual acontece cuando en los términos del artículo 130, fracción II, de la citada Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el juzgador comunica tal pronunciamiento al ejecutor fiscal, acompañándole las constancias relativas. Sin embargo, ha de subrayarse, que el plazo de la caducidad no empieza a contar a partir de que la referida autoridad judicial efectúe la comunicación de que se trata, porque esto sucede con posterioridad al vencimiento del término otorgado a la afianzadora para la presentación del fiado sin que lo hubiera hecho, lo que se traduce en la exigibilidad de la fianza; y el inicio del transcurso del plazo para la procedencia de la caducidad, sólo está sujeto a esta condición y en modo alguno puede válidamente depender de la discrecionalidad o arbitrio del juzgador o inclusive, de su negligencia o del rezago en sus funciones, pues ello, además de que resultaría contrario a lo establecido en la ley, atentaría contra la seguridad jurídica ante la consecuente incertidumbre del momento en que habría de computarse el plazo de caducidad. Consecuentemente, el criterio que debe prevalecer, es el sustentado por este Tribunal Pleno, que coincide en lo esencial con el que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, conforme a las tesis que a continuación se redactan. ‘FIANZAS PENALES. EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY RELATIVA, SE EMPIEZA A COMPUTAR AL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE VENCE EL PLAZO QUE SE OTORGA A LA AFIANZADORA PARA PRESENTAR AL FIADO, SIN QU
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21106-f844ab55/fianzas-penales-la-caducidad-a-que-se-refiere · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- PETICION, DERECHO DE. (s/clave)
- JURISPRUDENCIA. LA PETICIÓN DE SU ACLARACIÓN DEBE TRAMITARSE COMO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 197 DE LA LEY DE AMPARO. (2a. XXXII/2010)
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