CESE O BAJA DE POLICÍA MUNICIPAL. SI LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES EN MATERIA DE TRABAJO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA QUE CONOZCA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA EL LAUDO QUE LO RESUELVE NO PODRÁ CUESTIONAR LA COMPETENCIA Y, POR TANTO, SÓLO SE LIMITARÁ A EXAMINAR EL PROCEDER DE LA AUTORIDAD CON BASE EN LAS LEYES QUE APLICÓ (SEAN LABORALES O NO) PERO ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON EL JUICIO DE ORIGEN.
AMPARO DIRECTO 93/2007. PABLO MAGDALENO SALAZAR VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Previo a tratar el tema de la competencia de este Tribunal Colegiado para conocer del amparo directo que nos ocupa, conviene tener en cuenta que la competencia por materia puede determinarse en función de dos aspectos, a saber:
a) Dependiendo de la autoridad que emite el acto reclamado y por la naturaleza del procedimiento de origen; y,
b) Atendiendo a la naturaleza de la acción, cuando ésta no sea compatible o acorde a la autoridad responsable y al juicio seguido ante ella.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 83/98 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28 del Tomo VIII, diciembre de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda."
Así las cosas, este órgano colegiado fijará la competencia para conocer de este asunto, en función de la naturaleza jurídica de la acción de origen.
En efecto, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracciones V, incisos b) y d), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, incisos b) y d), 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 47/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de agosto de dos mil, en virtud de que se reclama un laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en el que la naturaleza de la acción es eminentemente administrativa, toda vez que la relación controvertida en el juicio de origen se generó entre un policía municipal y el propio Municipio, laudo respecto del cual no procede recurso ordinario alguno por el que pueda ser modificado o revocado.
Vienen al caso las jurisprudencias por contradicción de tesis P./J. 24/95 y 2a./J. 77/2004 del Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 43 y 428, Tomos II, septiembre de 1995 y XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente, que dicen:
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito."
"SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia."
Así las cosas, no hay duda de que la relación jurídica que vincula al aquí quejoso que se ostenta como expolicía municipal (parte actora en el juicio de origen) y la parte tercera perjudicada, Ayuntamiento del Municipio de Chiautla de Tapia, Puebla (parte demandada en el aludido juicio de origen), es de naturaleza administrativa, pues así lo ha determinado jurisprudencialmente el Máximo Tribunal del país; de ahí que se insista, este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente asunto.
SEGUNDO. La sentencia reclamada se sustentó en las consideraciones siguientes:
"I. Que el Tribunal de Arbitraje del Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio con fundamento en lo que establecen los artículos 82, fracción I, 83 y demás relativos aplicables de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis jurisprudencial número 4a./J. 16/91, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, página 29, de rubro: ‘COMPETENCIA TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA. SUS DEMANDAS LABORALES DEBEN SER RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL, MIENTRAS LA LEGISLATURA EXPIDE LA LEY ESPECÍFICA. Como el Congreso del Estado de Puebla no ha cumplido cabalmente con el mandato establecido en el artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Federal y segundo transitorio del decreto de reformas a dicha Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 17 de marzo de 1987, pues a pesar de que ha transcurrido más de un año desde que entró en vigor la reforma al mencionado artículo 115, fracción VIII y con excepción del Ayuntamiento de Puebla, no ha expedido leyes que regulen las relaciones laborales entre los Municipios y sus servidores, debe establecerse que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es el facultado legalmente para conocer las peticiones y demandas que formulen los empleados municipales, en términos de lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal de la propia entidad federativa, que establece que los Municipios observarán, por lo que se refiere a sus trabajadores, las disposiciones que rijan las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, en todo aquello que sea conducente, precepto que se encuentra relacionado por los artículos 76 y 82 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla.’. (cita datos de precedente). II. Que la principal acción ejercitada por el actor en contra del demandado fue la de reclamarle la reinstalación en el trabajo que venía desempeñando, salarios caídos que se generen y se sigan generando, el pago de vacaciones, el pago de la prima vacacional, el pago del aguinaldo, el pago de la jornada extraordinaria de trabajo que laboró para los hoy demandados, el pago de la prima de antigüedad, el pago de los días de descanso obligatorio y días festivos correspondientes; celebrándose la audiencia de ley con fecha veintiocho de febrero de dos mil seis, la parte actora ratificó su escrito de demanda y pruebas, no compareciendo persona alguna por la parte demandada, no obstante encontrarse legalmente notificada, por lo que se tuvo por celebrada la audiencia de ley reconociéndose únicamente la personalidad de la parte actora a través de su apoderado en términos de la carta poder que corre agregada en autos a fojas veintinueve de los mismos; se tuvo por ratificada su demanda y por admitidas sus pruebas por estar formuladas conforme a derecho, y en virtud de que el actor se desistió en su perjuicio de todas y cada una de las pruebas, con excepción de la documental pública de actuaciones, misma que se desahogó por su propia y especial naturaleza. Si bien es cierto como consta en autos, la parte demandada dio contestación a la demanda ante esta autoridad, el día dos de diciembre de dos mil cuatro, con el carácter de presidente, regidor de gobernación y síndico municipal constitucional de Chiautla de Tapia, Puebla, también lo es que la demandada no acompañó constancia por medio de la cual acreditara su personalidad en este juicio, en su carácter de representante del Ayuntamiento demandado. Y al no haber exhibido documento alguno con el que acreditara ser presidente municipal, síndico municipal y/o regidor de gobernación, respectivamente, del Ayuntamiento demandado, se le hicieron efectivos (sic) el apercibimiento decretado mediante acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro y se les tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdidos los derechos a ofrecer pruebas a la parte demandada en términos de los artículos 84, 85, 86, 90 y 92 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. No obstante lo anterior, es decir, que a la parte demandada se le hubiera tenido por no contestada la demanda, la parte actora no probó los extremos de su acción ejercitada, es por ello que carece de relevancia que la demandada no hubiera contestado la demanda y, en este caso concreto, no aplicarse el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, ya que en derecho laboral burocrático no se puede ni se debe presumir la relación laboral, toda vez que en el artículo 2o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado se especifica claramente que un trabajador al servicio del Estado, siempre que labore se debe otorgar un nombramiento a su favor y que éste sea expedido legalmente o que se incluya en listas de raya. Además encontramos que en el artículo 16 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se mencionan los requisitos que debe contener un nombramiento a su favor y que éstos son: ‘I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio. II. Cargo, servicio o servicios que deben prestar, los que se determinarán con la mayor claridad posible. III. Sueldos y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador. IV. El carácter del nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada. V. Lugar o lugares en que prestará sus servicios.’, en este caso, al ser específica la ley que debe aplicarse no opera la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, y toda vez que de las pruebas exhibidas por el actor no se desprende que haya sido trabajador del Ayuntamiento demandado, este tribunal apoyado en las tesis de jurisprudencia que respaldan los razonamientos antes mencionados debe absolver al Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla. ‘No. Registro: 201,068. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, octubre de 1996. Tesis: I.6o.T. J/16. Página: 479. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NOMBRAMIENTO Y RELACIÓN DE TRABAJO DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA DE SU EXISTENCIA. A quien se ostenta como trabajador al servicio del Estado, además de comprobar que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, corresponde también acreditar, como condición específica, que tal situación se generó en virtud del nombramiento que al efecto se le haya expedido por persona facultada para ello, o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; ya que no se puede presumir la existencia de la relación jurídica de trabajo entre el titular de una dependencia y un particular por el simple hecho de la prestación de un servicio, por no ser aplicable en forma supletoria el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo. (Cita datos de precedentes). Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, tesis por contradicción 2a./J 76/98 de rubro: «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES.».’. ‘No. Registro: 186,398. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002. Tesis I.1o.T. J/42. Página: 1222. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NOMBRAMIENTO DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA. El artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado define como trabajador a toda persona que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales; en tales condiciones, corresponde al trabajador demostrar la existencia del nombramiento o que trabaja a lista de raya. (Cita datos de precedente). Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 1057, tesis 1200, de rubro: «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NOMBRAMIENTO Y RELACIÓN DE TRABAJO DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA DE SU EXISTENCIA.» y Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 48, Quinta Parte, página 41, tesis de rubro: «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NOMBRAMIENTO DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.».’. Y toda vez que el actor no demuestra haber tenido la calidad de trabajador, que el Ayuntamiento demandado no hubiera tenido la calidad de patrón, ni que entre el demandante y demandado existió relación laboral, esto es, que el actor haya observado o tenido el deber de obediencia respecto del demandado, y que éste haya tenido el poder de mando respecto del actor, o sea, que entre ambos se haya establecido el elemento primordial de una relación laboral, que es la subordinación, y como tampoco quedó demostrado que el actor percibió un salario por parte del demandado, al no encontrarse reunidos estos elementos legales de la relación laboral es por lo que se reitera la absolución de todas y cada una de las prestaciones e indemnizaciones que el actor reclama de la demandada, resultando inaplicable en cuanto al fondo la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. El presente laudo se encuentra dictado en conciencia a verdad sabida y buena fe guardada. Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. La parte actora, Pablo Magdaleno Salazar Vergara, no probó su acción ejercitada. SEGUNDO. La parte demandada, H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, no opuso excepciones ni defensas. TERCERO. Se absuelve al H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, de las prestaciones reclamadas por el actor, tales como la reinstalación, salarios caídos, horas extras, prima de antigüedad, días de descanso, vacaciones y prima vacacional, por los razonamientos vertidos en el considerando segundo de la presente resolución. CUARTO. Consta en autos que el actor se desistió de sus codemandados físicos CC. Antonio Enríquez Germán y Alejandro Rojas Espinosa. QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes."
TERCERO. Se aduce como concepto de violación el siguiente:
"I. Estimo violatorio de mis garantías individuales y de los dispositivos legales antes invocados en mi perjuicio por la autoridad señalada como responsable, toda vez que existe disposición legal expresa en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado en el sentido de que el artículo 92 de la citada ley establece que: ‘Cuando el demandado no conteste la demanda dentro del término concedido o si no resulta mal representado, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.’. En el caso que nos ocupa, de autos se desprende que la misma autoridad responsable mediante acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil seis, le hizo efectivos los apercibimientos a la parte demandada, H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, decretados mediante auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro, en virtud de que al contestar la demanda no acredita su personalidad y, por ende, se le tiene por contestada en sentido afirmativo, y en esta tesitura legal es de explorado derecho que en el juicio de donde emana la presente instancia constitucional no se entabló la litis y, por tanto, al no existir controversia en el juicio de origen, se deberá de condenar al H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, al pago del cumplimiento de las prestaciones reclamadas por la parte actora, toda vez que la demanda se tuvo por no contestada en sentido afirmativo, ya que de lo contrario no tendría razón de ser y sería obsoleto lo estipulado en el dispositivo legal antes invocado; contradiciéndose la autoridad responsable al absolver a la demandada de las prestaciones reclamadas por la parte actora, ya que por una parte hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, es decir, se tienen por ciertos los hechos narrados por el actor en su demanda inicial, liberándose en este acto la parte actora de la carga probatoria y se revierte la carga de la prueba a la parte demandada, ya que el mismo dispositivo legal le da la oportunidad de ofrecer prueba en contrario, no obstante que la demanda se tenga por contestada en sentido afirmativo, esto es, que no precluye el derecho de la demandada a ofrecer pruebas para desvirtuar los hechos narrados por la actora en su demanda y, por la otra, la autoridad responsable absuelve a la demandada de las prestaciones reclamadas argumentando que la carga de la prueba la tiene el actor cuando no es así, por lo ya manifestado con anterioridad, violándose flagrantemente mis garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 92 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, máxime que de autos consta que la demandada en ningún momento ofreció prueba en contrario a fin de desvirtuar los hechos narrados por el accionante en el escrito inicial de demanda. De la misma forma, el artículo 93 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado establece: ‘El tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que funde su decisión.’. Y en la especie, la autoridad responsable dejó de observar esta disposición legal, al decretar que la parte actora no probó su acción en el juicio de origen absolviendo a la parte demandada de las prestaciones reclamadas por la parte actora, no obstante que de autos se desprende que la misma autoridad responsable le hizo efectivo el apercibimiento a dicho demandado al tenerle por contestada la demanda en sentido afirmativo. En razón de todo lo anterior, pido a este H. Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Materia del Trabajo revoque el laudo dictado por la autoridad responsable y dicte aquél en el sentido de condenarla al cumplimiento y pago de las prestaciones laborales reclamadas por la parte actora."
CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se hace necesario señalar los antecedentes cronológicos del acto reclamado, a saber:
a) Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil cuatro, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, Pablo Magdaleno Salazar Vergara, ostentándose como extrabajador en el cargo de policía preventivo del área de seguridad pública del Municipio de Chiautla de Tapia, Puebla, promovió demanda por despido injustificado en contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Chiautla de Tapia, Puebla, del presidente municipal y del regidor de gobernación, ambos del órgano municipal en comento, de quienes reclamó las siguientes prestaciones:
"1. El cumplimiento efectivo del contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado y como consecuencia la reinstalación forzosa en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando hasta antes del despido injustificado del que fuí objeto. 2. El pago correspondiente a los salarios caídos que se generen y se sigan generando desde la fecha de mi injustificado despido, hasta aquella en que se dé el debido cumplimiento a la reinstalación de mi trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando para los ahora demandados. 3. El pago de las vacaciones correspondientes, desde la fecha de inicio de mi relación laboral con los ahora demandados, hasta el día en que sucedió mi despido injustificado. 4. El pago de la prima vacacional correspondiente, desde la fecha de inicio de mi relación laboral con los ahora demandados hasta el día en que sucedió mi despido injustificado. 5. El pago del aguinaldo correspondiente desde la fecha de inicio de mi relación laboral con los ahora demandados hasta el día en que sucedió mi despido injustificado. 6. El pago de la jornada extraordinaria de trabajo que laboré para los ahora demandados y que se me adeuda, desde la fecha de inicio de mi relación laboral con los ahora demandados, hasta el día en que sucedió mi despido injustificado. 7. El pago de la prima de antigüedad desde la fecha de inicio de mi relación laboral con los ahora demandados, hasta el día en que sucedió mi despido injustificado. 8. El pago de los días de descanso obligatorio y días festivos correspondientes, desde la fecha de inicio de mi relación laboral con los ahora demandados hasta el día en que sucedió mi despido injustificado. Para efectos de la cuantificación de las prestaciones reclamadas en este capítulo de prestaciones, se debe tomar como base el salario que percibí de manera quincenal, siendo la cantidad de $1,650.00 (un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional)."
En la aludida demanda el actor ofreció diversas pruebas para demostrar su acción y prestaciones, así como su relación jurídica con las demandadas, siendo las siguientes:
"1. La documental pública de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las actuaciones que se practiquen dentro del juicio en la parte que favorezcan a los intereses del suscrito, solicitando esta prueba toda vez que tiene relación con los hechos narrados en mi demanda. 2. La confesional. Que estará a cargo del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiautla de Tapia, Puebla y/o H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla; y/o Presidencia Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, a través de quien tenga facultades suficientes de representación para absolver posiciones, y quien deberá comparecer en forma personalísima ante esta autoridad el día y hora que al efecto se señale, a quien se deberá citar a través de su representante legal en el domicilio señalado en autos o por conducto de sus apoderados legales, y conteste el pliego de posiciones que se le formule al momento del desahogo de esta probanza, apercibiéndolo en términos de ley. Solicitando se admita esta prueba, toda vez que tiene relación con los puntos 1, 2, 3 y 4 de hechos narrados en mi demanda. 3. La confesional. Que estará a cargo del ciudadano profesor Antonio Enríquez Germán en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, y quien deberá comparecer en forma personalísima ante esta autoridad el día y hora que al efecto se señale, a quien se deberá citar en el domicilio señalado en autos o por conducto de sus apoderados legales, y conteste el pliego de posiciones que se le formule al momento del desahogo de esta probanza, apercibiéndolo en términos de ley. Solicitando se admita esta prueba, toda vez que tiene relación con los puntos 1, 2, 3 y 4 de hechos narrados en mi demanda. 4. La confesional. Que estará a cargo del ciudadano profesor Alejandro Rojas Espinoza en su carácter de regidor de Gobernación del H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla; y quien deberá comparecer en forma personalísima ante esta autoridad el día y hora que al efecto se señale, a quien se deberá citar en el domicilio señalado en autos o por conducto de sus apoderados legales, y conteste el pliego de posiciones que se le formule al momento del desahogo de esta probanza, apercibiéndolo en términos de ley. Solicitando se admita esta prueba, toda vez que tiene relación con el punto 4 de hechos narrado en mi demanda. 5. La testimonial. Misma que estará a cargo de los testigos Miguel Torres Gil, quien tiene su domicilio en Calle Cinco de Mayo, número veinticinco de Chiautla de Tapia, Puebla, y Aurora Ruiz Tlatench, quien tiene su domicilio en Calle Seis Norte, número dos de Chiautla de Tapia, Puebla, a quienes me obligo a presentar ante esta autoridad el día y hora que al efecto se señale, y se les formule el interrogatorio de preguntas previa la calificación de legales en el momento del desahogo de esta probanza, con los apercibimientos de ley. Solicitando se admita esta prueba toda vez que tiene relación con los puntos 1, 2, 3 y 4 de hechos narrados en mi demanda. 6. La inspección ocular. Que estará a cargo del ciudadano actuario adscrito a este H. Tribunal de Arbitraje, quien deberá constituirse en las instalaciones que ocupa el H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, ubicadas en la planta alta del inmueble marcado con el número uno de la Avenida Cinco de Mayo de Chiautla de Tapia, Puebla, y requiera al representante legal de dicho Municipio para que exhiba las nóminas registradas de estados de origen y aplicación de recursos, contrato de trabajo de fecha quince de febrero de dos mil dos, nóminas de pagos y/o recibos de pago y tarjetas checadoras del periodo comprendido del quince de febrero de dos mil dos al diecisiete de mayo de dos mil cuatro, debiéndose señalar día y hora para el desahogo de esta probanza y apercibiendo al representante legal del H. Ayuntamiento demandado que en caso de no exhibir la documentación antes descrita, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos a que se contrae la probanza, y que deberá desahogarse al tenor de los siguientes extremos a acreditar: a) Que el hoy actor ingresó a trabajar para el H. Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, el día quince de febrero de dos mil dos. b) Que el hoy actor fue contratado el día quince de febrero de dos mil dos para prestar sus servicios como policía preventivo en el área de seguridad pública del H. Ayuntamiento de Chiautla de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20288-3ebff6e1/cese-o-baja-de-policia-municipal-si-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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